El 20 de diciembre del 2022, la entonces directora encargada de la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía (Corpoamazonía), Rosa Edilma Ágreda Chicungue, firmó el contrato de obra 0766, por valor de $3.285 millones de pesos y tenía como objetivo Adecuar el Centro de atención y valoración de flora andino amazónica y la construcción de un vivero en el municipio de Sibundoy en la subregión del alto Putumayo.
Tenía un plazo de ejecución de apenas 4 meses y le fue adjudicado mediante licitación pública al Consorcio Andino Amazónico 2022, cuyo representante legal es Orlando Díaz Gómez.
Sin embargo, pasados un año y cuatro meses, la edificación está a medias, y aun así, la actual directora de Corpomazonía Argenis Obdulia Lazzo Otaya, entregó el pasado noviembre, a unos días después de haberse posesionado, el certificado de recibido a satisfacción de las obras.
Pero el tema se vuelve más aberrante porque Lazzo Otaya, fungió de supervisora tanto del contrato como de la interventoría que costó $241 millones de pesos y que ejecutó el Consorcio Interamazónico. Nos gustaría conocer esos informes de interventoría.
Otro detalle que levanta sospechas sobre esta licitación es que solo se presentó un proponente, que fue precisamente al que se le adjudicó.
El senador del partido Verde, Ariel Ávila, quien denunció este hecho de corrupción, al expresar su desconfianza sobre los proponentes únicos, porque regularmente se tratan de licitaciones tipo sastre, hechas a la medida de quien las gana.
Por otra parte, cuestionó que la obra a ejecutar haya sido en el mismo municipio de Sibundoy donde se encuentra la sede de Corpoamazonía, cuando ha podido hacerse en cualquier otro sitio del bajo Putumayo, que es donde se presentan los mayores problemas de deforestación.
Adicionalmente al contratista le fue concedido un anticipo del 50%. Posteriormente, por la ola invernal del año pasado, las obras fueron suspendidas por 43 días en mayo, y se aplazó la entrega de los trabajos para noviembre de 2023.
En ese mes fue que Lasso Otoya se posesionó y a los pocos días entregó el recibido a satisfacción.
En un video Ávila muestra que efectivamente las obras no estaban concluidas en esa fecha, y aún hoy tampoco se han terminado.
⚠️Denunciamos un elefante blanco de $3.000 millones en Sibundoy, Putumayo. La actual directora de Corpoamazonía estaría directamente implicada en esta situación de presunta corrupción.
— Ariel Ávila (@ArielAnaliza) April 6, 2024
A continuación, exponemos las irregularidades encontradas: pic.twitter.com/LZBj4rXC5N
El congresista también pone en duda la transparencia de esta contratación por cuanto no fue firmada por el director titular de la entidad, Luis Alexander Mejía Bustos, quien es un alfil político del exgobernador del Putumayo, Buanerges Rosero Peña, involucrado en varios escándalos de corrupción.
No de otra manera se explica que Mejía Bustos, ya posesionado como director haya nombrado en enero de 2016 a María Janet Rosero Peña, hermana de Buanerge Rosero, en la oficina de Control Interno de Corpoamazonía, por lo que durante el período que estuvo allí su hermana, el gobernador tuvo que ser reemplazado por un delegado para asistir o tomar cualquier decisión de la junta directiva de esa entidad.
Entramado de relaciones corruptas
Cuando llevaba poco tiempo siendo gobernador Rosero Peña fue acusado por la compra de 10 ambulancias en plena pandemia del Covid-19, con un sobrecosto de más del 60%.
El contrato firmado el 1 de abril de 2020, entre la Gobernación de Putumayo y la empresa Carrocería Innovas SAS, tenía un valor inicial de $3.460 millones de pesos. Al ser un supuesto direccionamiento a favor de un único proponente, se generó un sobrecosto de $1.064.626.310, según lo determinó la Fiscalía General de la Nación, el 20 de octubre de 2020. Sobre todo porque la empresa no tenía los vehículos disponibles para cumplir el plazo del contrato y, aun así, recibió un anticipo del 50% del valor total.
Por tal motivo, en febrero de 2021 el ente investigador acusó al gobernador. Lo hizo ante la Corte Suprema de Justicia, por los delitos de celebración de contratos sin requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad en documento público.
En noviembre de 2020, a 10 meses de iniciar su periodo, el gobernador fue enviado a detención preventiva en su lugar de residencia. Sin embargo, el magistrado en función de control de garantías, Dagoberto Hernández Peña, del Tribunal Superior de Bogotá, resolvió dejarlo en libertad por vencimiento de términos, el 12 de agosto de 2021.
Actualmente, a la par de que el proceso judicial contra Buanerges no se resuelve, las ambulancias adquiridas permanecen inutilizadas porque no recibieron la habilitación por parte del Ministerio de Salud, ya que estas ambulancias medicalizadas fueron habilitadas solo para la emergencia.
Así que nada raro sería que este Centro de Valoración de flora Andinoamazónica, así como el vivero, queden a medias, convirtiéndose en otro de los tantos elefantes blancos del país, sin que hasta ahora las autoridades de control y vigilancia hayan hecho nada para evitar este nuevo raponazo a los recursos públicos.
Corpoamazonía respondió con el siguiente mensaje:
Las puertas de nuestro Centro de Atención y Valoración de Flora Andinoamazónica están abiertas.🌿
— Corpoamazonia (@Corpoamazonia1) April 9, 2024
Este espacio, con una extensión de mas de 2000 metros cuadrados, está diseñado para promover la protección y conservación de nuestra Amazonia#CORPOAMAZONIA #AmazoniaParaElMundo pic.twitter.com/NwUvbyiAiP
