Justo una semana después de que fuera hundido en la Comisión Séptima del Senado de la República, el proyecto de Reforma a la Salud, el cual tenía como objetivo principal, precisamente quitar el manejo de billones de dineros públicos a las Empresas Promotoras de Salud (EPS), se destapa un nuevo escándalo de corrupción, el más vergonzoso de la historia de Colombia, que las involucra.
Un informe de auditoría de la Contraloría General de la República asegura que 18 EPS “gastaron” casi $9 billones de pesos durante los años 2020 y 2021, en plena época de pandemia del Covid-19, en rubros que no tuvieron que ver con atención en salud.
El informe concluyó que, en esos años, esas 18 EPS desviaron esos $9 billones de pesos de la UPC, que es lo que paga el Ministerio de Salud a estas entidades por el aseguramiento de cada uno de los afiliados y cuya destinación no puede ser diferente a la prestación de los servicios de salud.
El organismo fiscalizador encontró irregularidades como el giro de anticipos, transferidos de las EPS a sus propias Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), lo que se conoce como intermediación vertical, prohibida por la ley; así como la aprobación de pagos a esas mismas IPS, que aparentemente nada tenían que ver con los servicios que se habían prestado.
«La conclusión principal es que se utilizaron recursos de la UPC en actividades no permitidas, como adquisición de inversiones. Y se constató que algunas EPS pagaron deudas de otras vigencias ya vencidas con recursos de la UPC, lo cual está prohibido», dice la Contraloría.
Además, habría gastos en honorarios personales, pago de multas y sanciones, compra de inmuebles, infraestructura, uniformes, entre otras cosas.
Lo cierto es que al haber tomado parte de los recursos de la UPC y gastarla en actividades que no debían ser, se pudo haber cometido el delito de peculado por apropiación de dineros públicos.
Estas cuantiosas y graves irregularidades en los estados financieros de las EPS fueron contrastadas con los registros que tiene la Dian y la Superintendencia Nacional de Salud, por lo que se advierte que si las EPS quieren negar la información o controvertirla tendrían que corregir la información que ellos mismos les entregaron a esas entidades.
Para realizar una auditoría la Contraloría se toma unos 3 meses, pero esta, lleva seis meses y aún faltan 10 días para concluir, y está a la espera de la respuesta de las EPS, frente a las observaciones.
Toca recordar entonces que quienes más celebraron el hundimiento del proyecto de reforma a la Salud, fueron precisamente las EPS. Y que la responsabilidad del archivo del proyecto, estuvo en manos de nueve congresistas que admitieron haber recibido financiación para sus campañas políticas por parte de algunas EPS.
Los escándalos por corrupción
Este nuevo escándalo por corrupción en el manejo de los recursos de la salud, se suma a una larga lista de hechos en los que se han visto envueltas distintas EPS.
El de la desaparecida Saludcoop fue tal vez el más sonado por la cantidad de recursos públicos que Gustavo Palacino y sus socios esquilmaron al erario; pero los años posteriores no han dejado de estar en la palestra pública, bien por las recurrentes quejas de sus afiliados por falta de atención, o bien por irregularidades en negociaciones como la venta de Cafesalud a la EPS Medimás, en la cual resultaron involucrados hasta interventores nombrados por la propia Superintendencia Nacional de Salud.
Más recientemente durante los casi dos años que duró el trámite de la fallida reforma, también salió a relucir que la mayoría de las EPS no cumplían con su obligación de mantener reservas técnicas, requisito fundamental para cualquier aseguradora.
Varios estudiosos del tema, entre ellos la propia Supersalud y la Contraloría, han confirmado que de las 24 entidades de aseguramiento (18 EPS, 4 Cajas de Compensación Familiar y 2 adaptadas) que deben cumplir con indicador del régimen de inversiones de la reserva técnica, 20 no cuentan con los recursos suficientes para cubrir esa reserva. (Sura, Sanitas, Compensar, Nueva EPS, Famisanar, Salud Total, Savia Salud, EPS Familiar de Colombia, Mutual Ser, Asmet Salud, Cajacopi, Capital Salud, Capresoca, Comfenalco Valle, Comfachocó, Comfaoriente, Emsanar, EPM, Ferrocarriles Nacionales y SOS)
Y solo 4 entidades cumplen con el indicador (Aliansalud, Coosalud, Salud Bolívar y Salud Mía).
Posteriormente la propia Supersalud corrigió la cifra e informó que diez EPS sí cumplen con esas reservas técnicas y que el faltante por ese concepto es de $5,5 billones de pesos.
De otra parte, la deuda que mantienen las EPS con clínicas y hospitales por servicios prestados es de $16 billones de pesos, pero al mismo tiempo el Gobierno debe a las EPS más de $5 billones de pesos.
Este informe fue socializado este lunes entre el contralor general, Carlos Mario Zuluaga, la procuradora general, Margarita Cabello; la fiscal general, Luz Adriana Camargo, y el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
En respuesta esta mañana la Fiscalía General de la Nación anunció sendas investigaciones tanto a EPS como a IPS, con el fin de establecer la gravedad y el daño causado de comprobarse tales actuaciones corruptas.
Acemi responde
A su turno, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), gremio de las EPS del régimen contributivo, respondió que la Contraloría aún no ha concluido el informe que serviría de base para configurar un hallazgo fiscal contra las EPS.
Acemi afirma que desde el 3 de abril fueron notificados sobre el informe, teniendo un plazo de tres días hábiles para responder, pero hasta la fecha no se ha publicado ningún informe de cierre de la actuación especial de fiscalización por parte de la entidad.
La agremiación sostiene que las empresas miembro cuentan con los respaldos necesarios de la información suministrada a la Superintendencia Nacional de Salud y los soportes de las cuentas maestras que registran los movimientos financieros del sector.
Con relación al proceso de investigación anunciado por la Fiscalía, Acemi destaca la importancia de la transparencia y la claridad en las cifras del sector salud. En ese sentido, señalan que la Contraloría ha propuesto un espacio de mesa técnica para revisar la metodología utilizada en la determinación de los saldos de cartera de proveedores y el cálculo de la reserva técnica, el cual se llevará a cabo el próximo jueves 11 de abril.
Finalmente Acemi hizo un “llamado a la ponderación, rigor y cautela por parte de todos los actores involucrados en el sector salud”.
Es decir, ahora sí las EPS piden rigor, ponderación y cautela, lo que ellas no han tenido durante las décadas que llevan administrando los recursos de la salud de los colombianos.
