Que la Fiscalía General de la Nación por fin llame a juicio al expresidente Álvaro Uribe Vélez, para que responda por los delitos penales de fraude procesal y soborno a testigos, es un signo apocalíptico para todos aquellos poderosos del país que se creen intocables. Es un signo que revela el fin de un mundo manipulado por grupos de poder políticos y económicos, determinadores absolutos de la Justicia y la aplicación de la Ley.

Pero también es un signo de esperanza para los colombiano que creen en la necesidad de un cambio urgente en la Justicia, para que la impunidad y la corrupción por fin comiencen a sentir el peso de la Ley.

Este caso del expresidente Álvaro Uribe, por ejemplo, que arrancó desde el 2018 se había mantenido en el limbo por seis años durante el período del fiscal Francisco Barbosa, pero que con la llegada de la nueva fiscal, Luz Adriana Camargo desde hace tan solo un mes, se reactiva.

Incluso con Barbosa, la misma Fiscalía había pedido en dos ocasiones el cierre de la investigación, pero dos jueces de circuito negaron esa petición y mantuvieron el proceso abierto.

El nuevo llamado de este martes cambia el rumbo para el expresidente, quien ahora tendrá que volver a los tribunales para defenderse de las acusaciones, y no solo para argumentar junto a la Fiscalía que el caso no tiene lugar y debe precluirse.

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Importante precisar que esta determinación tuvo en cuenta nuevos elementos de prueba, como las declaraciones de Deyanira Gómez y Juan Guillermo Monsalve”, dijo la oficina de prensa de la Fiscalía al compartir la noticia. Monsalve es un exparamilitar quien ya ha declarado contra Diego Cadena, exabogado de Uribe, alegando que el penalista le pidió, a nombre del expresidente, testificar contra el senador de izquierda Iván Cepeda. Deyanira Gómez es expareja de Monsalve, y también ha sido testigo clave en los casos contra Uribe y Cadena.

El caso completo arrancó en septiembre del 2014, cuando el entonces senador Iván Cepeda, llevó a cabo un debate en el Congreso en el que señalaba alianzas entre el expresidente Uribe (para entonces senador), su hermano Santiago Uribe, y el paramilitarismo en Antioquia. En medio de su argumentación, presentó dos testimonios en los que señalaban al expresidente y a su hermano de fundar el Bloque Metro de las AUC.

En respuesta, Uribe reaccionó, como era de esperarse: salió del Capitolio en medio del debate para presentar una denuncia contra Cepeda en la Corte Suprema, acusándolo de manipular testigos.

Sin embargo, cuatro años después en el 2018, y tras resolverse la acusación contra Cepeda, el caso tuvo un giro inesperado, pues la Corte volteó el caso en contra del expresidente: cerró el proceso contra el senador de izquierda y dijo tener evidencia para abrir uno contra Uribe, señalando que quien realmente intentaba conseguir falsos testigos para enlodar a Cepeda era el mismo expresidente.

En el 2020, cuando la Corte encontró más elementos para detener a Uribe en prisión domiciliaria, el expresidente renunció a su curul en el Senado, para conseguir que el caso pasara a la Fiscalía, y así evitar que la Corte Suprema siguiera investigándolo.

Y era un secreto a voces entre seguidores del expresidente, pero que advertían sus opositores Uribe, buscaba con ello un investigador que le favoreciera más a su causa.

Álvaro Uribe Vélez, Ai caricature Pixar style.

Y al parecer lo encontró en el fiscal Francisco Barbosa, uno de los mejores amigos del presidente -uribista- Iván Duque. Tanto, que en dos ocasiones la misma Fiscalía pidió precluir el caso.

Tal petición, no obstante, pasó por dos jueces quienes consideraron que no había que cerrar el caso porque la Fiscalía no demostraba que hubiera hecho todo a su alcance para aclarar si había suficiente evidencia relevante para llevar al expresidente a juicio.

Según lo establecido en el Código Penal colombiano, los delitos de fraude procesal y soborno a testigos en actuación penal conllevan penas severas que oscilan entre los 6 y 12 años de cárcel. Además de la privación de libertad, quienes sean hallados culpables de estos delitos enfrentarán multas significativas y la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante un período considerable.

El fraude procesal, según el artículo 453 del Código Penal, se define como el acto de inducir en error a un servidor público para obtener una sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley. Esta acción conlleva no solo penas de prisión, sino también multas y la inhabilitación para ejercer funciones públicas. Es importante destacar que este delito atenta contra la integridad del sistema judicial y socava la confianza en el Estado de derecho.

Por otro lado, el soborno en actuación penal, como se define en el artículo 444 del Código Penal, implica la entrega o promesa de dinero u otras ventajas a un testigo de un hecho delictivo con el fin de influir en su testimonio o hacer que se retracte de su declaración. Este tipo de conducta es especialmente grave, ya que socava la búsqueda de la verdad y obstaculiza la administración de justicia.

«El que en provecho suyo o de un tercero entregue o prometa dinero u otra utilidad a persona que fue testigo de un hecho delictivo, para que se abstenga de concurrir a declarar, o para que falte a la verdad, o la calle total o parcialmente, incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años y multa de cincuenta (50) a dos mil (2.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes», se lee en el Código Penal de Colombia.

Lo que no cabe duda es que el proceso judicial que enfrentará Uribe Vélez no solo será un juicio en el tribunal, sino que también será un juicio en la opinión pública. Durante décadas, el exmandatario ha sido una figura polarizadora en Colombia, admirado por algunos como un líder fuerte y carismático, mientras que otros lo han criticado por sus políticas y métodos. Ahora, el tan cacareado legado político que defienden a ultranza sus seguidores, está en juego mientras se enfrenta a estas graves acusaciones.

Un mes después del cambio de fiscal general, ahora con Luz Adriana Camargo, el juicio finalmente arrancará. Camargo fue ternada por el actual presidente Gustavo Petro, elegida por la Corte Suprema, y es una jurista reconocida por su valiente trayectoria contra la corrupción.

Hace casi dos décadas, en la Corte Suprema ella era una de las investigadoras de la parapolítica: casos en los que políticos se aliaron con los ejércitos paramilitares, varios de ellos cercanos al expresidente Uribe y hoy en la cárcel. Años después fue reconocida por su trabajo como investigadora en la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CIGIG), que puso a varios políticos en juicio por corrupción. En los dos casos trabajó junto al hoy ministro de Defensa, el jurista Iván Velásquez.

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