El expediente de la Contraloría General documentó cómo a través de ocho contratos irregulares se gastaron esos recursos que debían destinarse en la salud de los más pobres. Foto: Juan Carlos Escobar / Archivo EL TIEMPO
Entre el 2011 y el 2014 la gobernación de Caquetá, a través de la Secretaría de Salud, pagó más de 7.433 millones de pesos a dos IPS para darles, supuestamente, medicamentos de alta calidad a cinco pacientes enfermos de hemofilia severa en el departamento, para quienes se habían tramitado tutelas.
El expediente de la Contraloría General, conocido por EL TIEMPO, documentó cómo a través de ocho contratos irregulares se gastaron esos recursos que debían destinarse en la salud de los más pobres. El primer contrato del 17 de noviembre del 2011 se hizo con Suiphar de Colombia, cuando se compraron 99 ampolletas (cada una por 1,9 millones de pesos) para un total de 188 millones.
La primera irregularidad consistió en que esa contratación se hizo sin cumplir con los requisitos legales, pues la Gobernación hizo el negocio a dedo, de manera directa, sin pasar por un proceso de licitación. Aunque el ente territorial afirmó que no se hizo un concurso porque no había más oferentes, la Contraloría dice que sí existen “diferentes importadores y distribuidores del producto adquirido en el país”.
En los siguientes años la compra se hizo a Distrimedical’s, también sin una licitación. Una de esas compras, del 27 de julio del 2013, costó 2.750 millones de pesos por 2.000 dosis.
Para poder cobrar esas medicinas a un mayor costo y sacarlas del Plan Obligatorio de Salud (POS), lo que implica que su valor no lo asumen las EPS sino el ente territorial con recursos públicos, la Gobernación cambió en el papel el tipo de medicina que estaba comprando.
Aunque el producto que ingresó al almacén de la Secretaría de Salud fue Fandhi 500 UI Factor VIII Antihemofílico, que está contemplado en el POS, la Gobernación los hizo pasar como Factor VIII de alta pureza enriquecido con Von Willebrand para que no estuviera incluido en el plan de salud. “Se evidencia que desde la vigencia 2011 hasta el 2014, la Secretaría de Salud departamental recibió un producto que no cumplía con las características técnicas descritas en los contratos y que de conformidad con las especificaciones relacionadas en el registro sanitario del producto”, dice la Contraloría.
Lo más grave es que aunque los pacientes para los que se hizo la transacción en realidad sí tienen hemofilia (caso diferente al cartel de Córdoba, en donde los enfermos en realidad no existían) las medicinas solo se le entregaron a uno de ellos, lo que implica que las demás ampollas jamás llegaron a sus beneficiarios.
El Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo fue el único que reportó haber atendido a un usuario, a quien el 18 de marzo del 2014 se le formularon 135 ampollas y el 18 de julio del 2014 otras 135, cuyo valor ascienden los 371 millones de pesos.
Con esas irregularidades, la Contraloría abrió un proceso fiscal contra el exgobernador Víctor Isidro Ramírez, y quien en consecuencia era el operador del gasto en calidad de representante legal del ente territorial y, al secretario de Salud de la época, Luis Eduardo Campo.
Una práctica similar se detectó en Huila, donde la Contraloría recuperó 1.000 millones de pesos luego de que una Caja de Compensación regresó el dinero que la Gobernación le había pagado de forma presuntamente irregular por medicamentos de hemofilia.
El paciente que costó 190 millones
El mismo engaño con la compra de medicinas genéricas de hemofilia que se hacen pasar como especializadas se detectó en Bolívar, en donde entre el 2011 y 2014 se hicieron pagos irregulares por 22.000 millones de pesos. En ese departamento, además, se encontró que la Gobernación pagó por tratamientos integrales que ya estaban cubiertos o que no se prestaron. La Contraloría detectó en una factura, por ejemplo, que en un solo día a un paciente lo vieron 27 profesionales, lo que costó 190 millones.
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