El escándalo de corrupción que estalló el año pasado por cuenta de las andanzas de la firma brasileña Odebrecht en Colombia, acaba de cobrarla primera condena en contra de un congresista. La Corte Suprema Justicia condenó al suspendido senador Bernardo Miguel Elías Vidal, mas conocido como el Ñoño Elías, por los delitos de cohecho y tráfico de influencias, que él mismo aceptó, por sus vínculos con las irregularidades que se dieron en la adjudicación de varios contratos de la malla vial en el país con la multinacional de Brasil.
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El alto tribunal ordenó que el suspendido senador debe cumplir una pena de seis años y ocho meses en prisión, pero aclaró que el congresista todavía debe responder por los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir, un expediente que ya está en estudio en la Sala Penal de la Corte Suprema en donde se definirá si es llamado a juicio o no.
Según la investigación que adelantó la Fiscalía, varios testigos claves en el caso de Odebrecht denunciaron que el congresista de Sahagún (Córdoba) recibió millonarios sobornos con el fin de favorecer las pretensiones de Odebrecht en el año 2014. Elías fue parte fundamental, según declararon, en el plan de Odebrecht para recibir los contratos de infraestructura vial en Colombia.
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Lo hizo, explicó el ente investigador, moviendo influencias en el Congreso y logrando, finalmente, que a la firma brasileña se le adjudicara el contrato de construcción de la vía Ocaña-Gamarra le fuera entregado de manera directa como adición a la Ruta del Sol II. Las pesquisas de la Fiscalía en este caso han mostrado que el Ñoño Elías también habría intervenido en procesos que se adelantaban en la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).
Algunas de las declaraciones que tuvo en cuenta la Corte para condenar al suspendido senador, son las del exsenador Otto Bula y las del empresario y amigo de Elías, Gabriel Dumar. En cuanto a la versión del primero, el excongresista del Partido Liberal señaló que el suspendido senador Elías había aceptado participar en la feria de sobornos que ofreció Odebrecht para presionar por la adición de Ocaña-Gamarra, a cambio de recibir el 2% del valor del contrato, que inicialmente se estimaba por $670.000 millones.
Dumar, por su parte, le contó a la justicia que se prestó para recibir a través de la empresa que representaba legalmente, el consorcio Sion, un contrato ficticio. “El contrato era por $10.062 millones y me entregan (en marzo de 2014) el 20% del anticipo de $2.000 millones. Es cuando me dicen que esa plata hay que entregársela a Bernardo Elías. Como tenía buena amistad quise hacerles un favor a unos amigos”, relató el empresario.
De acuerdo a lo que el ente investigador ha podido establecer, el suspendido senador visitó en varias oportunidades las oficinas de la ANI para averiguar sobre el contrato. El propio expresidente de la agencia, Luis Fernando Andrade, le contó a la Fiscalía que sí recibió al ÑoñoElías en su oficina. Con la condena al suspendido senador Elías, lo que sigue en el alto tribunal es clave para terminar de aclarar cómo funcionaba el entramado de corrupción entre Odebrecht y funcionarios públicos, y quiénes participaron.
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La sentencia en contra del Ñoño Elías es clave en este asunto pues significa que el suspendido senador se convertirá en un testigo clave para el proceso. El Espectador, en su edición del pasado 24 de septiembre, reveló que el alto tribunal y el hoy condenado congresista estaban trabajando en una matriz de información en la que se ratificaba su compromiso de colaborar con la justicia, a cambio de una rebaja en su condena.
En ese documento, el suspendido senador pidió también protección para su familia y a cambio, explicó que está dispuesto a entregar toda la información que tenga sobre la manera en que recibió los sobornos; la presunta relación de intereses entre la exministra Cecilia Álvarez, el expresidente de la ANI y el abogado Javier Hernández López.
Por último, y no menos importante, aportaría información sobre el papel de Roberto Prieto, el exgerente de la campaña del presidente Juan Manuel Santos y los recursos que habrían entrado a la campaña a través de los departamentos de Córdoba, Sucre y La Guajira.