La captura del expresidente de Fedegán confirma lo que muchos sabían: el poder ganadero financió el terror paramilitar mientras bebía whisky con Carlos Castaño
La élite ganadera con dos caras: diplomático de día, asesor paramilitar de noche
Hay capturas que no sorprenden, solo confirman. La detención de Jorge Aníbal Visbal Martelo el pasado 6 de enero en un retén rutinario de la Policía en Ponedera, Atlántico, es una de esas. Porque mientras el expresidente de Fedegán, exsenador y exembajador en Canadá y Perú disfrutaba de una libertad que nunca debió tener, las familias de cientos de víctimas del paramilitarismo seguían preguntándose cuándo la justicia llegaría para quienes financiaron, asesoraron y legitimaron el terror en Colombia.
La respuesta llegó tarde —como siempre en este país— pero llegó: nueve años de prisión confirmados en agosto de 2025 por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia por el delito de concierto para delinquir agravado. ¿El cargo real? Ser parte del engranaje que permitió que las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) masacraran, desplazaran y aterrorizaran comunidades enteras bajo el pretexto de «defender al sector ganadero«. Pero esta historia va más allá de una condena judicial. Es la radiografía de cómo las élites económicas colombianas convirtieron sus intereses privados en ejércitos privados, y cómo el sistema político los blindó durante décadas.
El hombre de dos mundos: del Consejo de Paz a las fincas de los Castaño
Jorge Visbal Martelo no es un criminal cualquiera. Es el tipo de personaje que Colombia ha perfeccionado: el político-empresario con curriculum impecable en público y expediente criminal en privado. Entre 1998 y 2005 fue presidente de Fedegán, la poderosa Federación Colombiana de Ganaderos. Simultáneamente, formó parte del Consejo Nacional de Paz, ese organismo creado supuestamente para buscar diálogos con grupos armados. Un puesto que, en teoría, lo convertía en mediador institucional. En la práctica, era su pase VIP para reunirse con Carlos Castaño Gil, máximo líder de las AUC, sin levantar sospechas.
Las investigaciones judiciales revelaron que Visbal Martelo no iba a esas reuniones con la comitiva oficial del Consejo de Paz. No. Iba solo. A fincas con nombres evocadores en el departamento de Córdoba: La 7, La 21 y La 53. Campamentos paramilitares donde el ganadero y el criminal compartían whisky, estrategias militares y planes de expansión territorial. Así lo confirmaron testimonios de exjefes paramilitares como Salvatore Mancuso y Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna‘, quienes bajo juramento declararon que Visbal Martelo no solo mostraba «afinidad ideológica» con las autodefensas, sino que les sugería zonas de expansión: territorios ganaderos con «alta presencia guerrillera» que necesitaban ser «limpiados«.
La Corte Suprema fue clara en su fallo: «Visbal Martelo acudía a los jefes paramilitares para pedirles que hicieran presencia en aquellos territorios o zonas ganaderas con alto predominio guerrillero«. Traducción: este hombre usaba su posición como dirigente gremial para señalar objetivos, para convertir vacas en coartada y paramilitares en sicarios del agronegocio.
Los 12 Apóstoles: cuando los ganaderos jugaron a ser Dios
Pero la cosa no queda ahí. Porque Jorge Visbal Martelo no solo asesoraba, también formaba parte de la estructura de poder paramilitar. La investigación determinó que integró el llamado «Grupo de los Doce» o «Los 12 Apóstoles«, un selecto comité de empresarios, políticos y ganaderos que funcionaba como órgano asesor de Carlos Castaño. Una especie de junta directiva del terror, donde las decisiones se tomaban entre tragos y se ejecutaban con plomo.
Este grupo no era cualquier cosa. Era el cerebro político de las AUC. El que legitimaba, el que financiaba, el que tejía las redes de complicidad que permitían que los paramilitares actuaran con impunidad. Y Visbal Martelo estaba ahí, codo a codo con otros miembros de la élite antioqueña y cordobesa que convirtieron la «defensa ganadera» en genocidio sistemático.
Vale recordar que Los 12 Apóstoles no es solo un nombre bíblico mal usado. Es una marca de infamia. Ese mismo nombre fue usado por el grupo paramilitar que operó en Yarumal, Antioquia, entre 1992 y 1998, responsable de al menos 533 asesinatos, y en el cual estuvo involucrado Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe, recientemente condenado a más de 28 años de prisión. Que dos estructuras criminales con vínculos directos a las AUC compartieran ese nombre no es casualidad: es simbología del poder que se cree intocable.
Financiación del terror: cuotas de sangre a cambio de «seguridad»
Las pruebas judiciales no dejan espacio para la duda: Jorge Visbal Martelo y el sector ganadero que representaba pagaban cuotas periódicas a las AUC. ¿El pretexto? «Seguridad» para sus fincas y negocios. La realidad: financiación directa de masacres, desplazamientos forzados y desapariciones. Porque eso es lo que hacían las autodefensas: matar campesinos, quemar veredas, apropiarse de tierras. Y todo bajo la bendición económica de empresarios como Visbal Martelo.
La sentencia de la Corte Suprema señala que el expresidente de Fedegán «financió a las AUC, a la que pagaba cuotas para su sostenimiento a cambio de seguridad«. Es el eufemismo perfecto del sistema: llamar «seguridad» al exterminio, llamar «autodefensa» al terrorismo, llamar «líder gremial» al cómplice de crímenes de lesa humanidad.
Este modelo de financiación no era exclusivo de Visbal Martelo. Era sistémico. El paramilitarismo en Colombia no fue un fenómeno espontáneo de campesinos armados defendiendo sus tierras. Fue un proyecto empresarial de las élites económicas que usaron la violencia como herramienta de acumulación de capital. Y Fedegán, bajo el liderazgo de Visbal Martelo, fue uno de los motores de ese proyecto criminal.
El blindaje político: de senador a embajador sin perder privilegios
Mientras las investigaciones avanzaban lentamente —porque en Colombia la justicia para los poderosos siempre es lenta— Jorge Visbal Martelo seguía escalando posiciones. En 2006 intentó llegar al Senado por voto popular pero fracasó. No importó: en 2007 ingresó de todas formas, reemplazando a un senador fallecido. Y cuando la Corte Suprema le abrió investigación preliminar en 2009 por sus nexos paramilitares, simplemente renunció. ¿Consecuencias? Ninguna. Fue nombrado embajador en Perú entre 2010 y 2012 durante el gobierno de Juan Manuel Santos.
Sí, leyeron bien: un hombre investigado por paramilitarismo representando a Colombia en el exterior. Porque en este país, el escudo de la diplomacia sirve para lavar expedientes y proteger criminales de cuello blanco.
En 2012, cuando la presión judicial aumentó, Visbal Martelo fue enviado a prisión preventiva. Pero en menos de un mes salió libre porque la Fiscalía determinó que «no representaba peligro para la sociedad«. ¿Cómo no iba a representar peligro alguien que asesoraba paramilitares? Ah, cierto: en Colombia el «peligro» solo aplica para los pobres.
La JEP como refugio y la expulsión por evasivo
En un intento desesperado por eludir la justicia ordinaria, Jorge Visbal Martelo solicitó su ingreso a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal creado tras el Acuerdo de Paz con las FARC. La JEP lo admitió bajo el compromiso de que aportaría verdad sobre su rol en el conflicto armado. Spoiler: no lo hizo.
Según fuentes judiciales, la actitud de Visbal Martelo en la JEP fue «evasiva». No quiso hablar. No quiso reconocer. No quiso aportar a las víctimas. Simplemente quería el blindaje jurídico que ofrece ese tribunal especial. Ante su falta de colaboración, la JEP lo expulsó y devolvió su caso a la justicia ordinaria. En agosto de 2025, la Corte Suprema cerró definitivamente todos los recursos y confirmó los nueve años de prisión. Además de la condena, Visbal Martelo deberá pagar una multa de 4.680 millones de pesos.
La captura: de embajador a preso en un retén
El 6 de enero de 2026, Jorge Visbal Martelo circulaba tranquilamente por la vía Oriental del Atlántico cuando fue detenido en un retén policial en Ponedera. Los uniformados verificaron sus documentos y descubrieron la orden de captura vigente. No hubo operativo especial. No hubo gran despliegue. Solo un control rutinario que terminó con la detención de uno de los hombres más poderosos del sector ganadero colombiano.
La imagen de su captura dice todo: un hombre de 72 años, delgado, demacrado, custodiado por dos policías. Ya no es el presidente de Fedegán con traje elegante. Ya no es el embajador con pasaporte diplomático. Es un condenado que finalmente irá a la cárcel. Y no, no tendrá derecho a prisión domiciliaria porque su condena supera los ocho años.
Un puesto merecido en la Galería de Corruptos
Jorge Aníbal Visbal Martelo merece un lugar destacado en la Galería de Corruptos de Colombia no solo por lo que hizo, sino por lo que representa. Representa a esas élites económicas que construyeron su fortuna sobre cadáveres. Representa a esos políticos que usaron el Estado para proteger sus negocios criminales. Representa a esos empresarios que convirtieron gremios legítimos en fachadas para financiar el terror.
Su caso es un espejo donde Colombia debe mirarse sin anestesia: durante décadas, el paramilitarismo no fue combatido porque estaba financiado y asesorado por quienes tenían el poder económico y político. Fedegán, bajo su presidencia, no fue solo un gremio ganadero. Fue un actor armado encubierto. Y Visbal Martelo no fue solo un dirigente gremial. Fue un operador criminal con credenciales institucionales.
La pregunta incómoda es: ¿cuántos Jorge Visbal Martelo más siguen sueltos? ¿Cuántos empresarios que financiaron masacres siguen siendo tratados como «líderes de opinión»? ¿Cuántos exembajadores con condenas pendientes siguen dando entrevistas y opinando sobre el país?
El sistema que protege a los suyos
Este caso desnuda la impunidad estructural que denuncia el texto «Corrupción estructural» que fundamenta el proyecto de corrupcionaldia.com: «Los mecanismos legales y políticos en Colombia han favorecido tradicionalmente a los gobernantes. Desde el aforamiento de diputados y senadores hasta la lentitud de los procesos judiciales, pasando por el escudo de la burocracia y la complicidad de ciertos sectores judiciales; sin duda, el sistema está diseñado para proteger a la élite política«.
Jorge Visbal Martelo cometió delitos entre 1998 y 2005. Fue condenado en primera instancia en 2018. La condena quedó en firme en 2025. Y fue capturado en 2026. Veintiocho años desde que inició sus actividades criminales hasta que pisó una cárcel. ¿Eso es justicia o es teatro?
Mientras tanto, ¿cuántos jóvenes pobres están presos por robar un celular? ¿Cuántos campesinos cumplen condenas por cultivar coca para sobrevivir? La justicia colombiana tiene dos velocidades: express para los de abajo, geológica para los de arriba.
La lección que Colombia no aprende
El caso Visbal Martelo debería ser una alerta nacional sobre cómo se construyó el paramilitarismo en Colombia. No fue un fenómeno de extrema derecha marginal. Fue un proyecto de clase, financiado por empresarios, legitimado por políticos, ejecutado por sicarios y protegido por instituciones.
Las fincas donde se reunían con Carlos Castaño no eran escondites clandestinos. Eran propiedades legales en Córdoba. Las cuotas que pagaban no eran dinero ilegal. Salían de las arcas de empresas formales. Los acuerdos no se hacían en la clandestinidad. Se hacían mientras el presidente de Fedegán también integraba el Consejo Nacional de Paz.
Esa doble cara —institucional y criminal— es la esencia de la corrupción estructural colombiana. Y Jorge Visbal Martelo es su rostro perfecto.
Reflexión final: ¿Y ahora qué?
La captura de Visbal Martelo no cierra ningún capítulo. Apenas abre preguntas. ¿Qué pasará con Fedegán como institución? ¿Se investigará cómo el gremio ganadero se convirtió en fuente de financiación paramilitar? ¿Habrá reparación para las víctimas de las masacres que indirectamente financió este hombre?
Probablemente no. Porque en Colombia preferimos celebrar capturas que hacer justicia real. Preferimos condenar individuos que desmontar estructuras. Preferimos castigar síntomas que curar enfermedades.
Pero ahí está Jorge Aníbal Visbal Martelo, con su lugar ganado a pulso en la Galería de Corruptos de Colombia. Empresario exitoso, político influyente, diplomático respetado. Y criminal condenado. Las cuatro caras de una misma moneda podrida.
Que su caso sirva al menos para recordarnos que el poder en Colombia huele a whisky compartido con asesinos, a vacas que esconden cadáveres, y a trajes elegantes que ocultan manos manchadas de sangre.
Este artículo fue elaborado con base en información verificada de fuentes judiciales, testimonios de exparamilitares y documentos de la Corte Suprema de Justicia. La investigación demuestra cómo las élites económicas construyeron el paramilitarismo como herramienta de poder.
Para más información sobre casos de corrupción estructural en Colombia, visite corrupcionaldia.com
