26.000 millones de pesos en equipos de emergencia, un exsenador condenado por soborno, dos empresas de la misma familia concursando como rivales, y el Ministerio del Interior que jura no saber nada. Esto no es casualidad: es arquitectura.
En Colombia, cuando un bombero responde una emergencia, lo hace con equipos que alguien compró. Lo que nadie te dice es quién se quedó con los millones de ese proceso de compra, cómo lo hizo, y qué tiene que ver con eso un exsenador que intentó sobornar a un juez con 200 millones de pesos.
El 20 de agosto de 2025, la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia (DNBC), adscrita al Ministerio del Interior de Armando Benedetti, abrió la licitación LP-001-2025: $32.000 millones de pesos para adquirir kits de protección personal, herramientas y equipos de respiración autónoma para los cuerpos de bomberos del país. Un proceso destinado, en teoría, a salvar vidas.
En la práctica, fue otra cosa. Al final del proceso, $26.000 de esos 32.000 millones de pesos habían sido adjudicados a dos empresas que, a simple vista, parecían rivales. Solo a simple vista. Porque detrás de ambas, como si fuera el truco más viejo del manual de la contratación pública colombiana, estaba la misma familia: los hermanos Infante Barrios. Y detrás de esa familia, las conexiones políticas del clan Pulgar en el Atlántico, el mismo clan cuyo líder, el exsenador Eduardo Pulgar Daza, fue condenado por la Corte Suprema de Justicia a 58 meses de prisión por cohecho y tráfico de influencias.
Esto no es solo información. Es la anatomía de un sistema. Un sistema que funciona exactamente como está diseñado para funcionar: en silencio, a plena luz del día, en plataformas públicas donde la lista de oferentes aparece en blanco.
EL MECANISMO EXPUESTO — LA ARQUITECTURA INVISIBLE
Para entender cómo funciona el Ciclo Secreto que convierte los contratos públicos en botín político, hay que empezar en Usiacurí: un municipio del Atlántico que no llega a 14.000 habitantes, pero que en los últimos años se ha convertido en uno de los fortines del clan Pulgar.
Julio Mario Calderón Padilla ganó la alcaldía de Usiacurí en 2023 con apenas 2.600 votos, avalado por el Partido Liberal. Su esposa, Karen Jadith Infante Barrios, funge como gestora social del municipio. En 2017, Karen fundó una empresa llamada Makei Soluciones y Asesorías S.A.S., de la que era única accionista. En enero de 2021, transfirió el 100% de las acciones a su hermana, Ángela María Infante Barrios, quien hoy figura como representante legal. El hermano de ambas, Merwin Andrés Infante, es subgerente.
Makei fue uno de los oferentes de la licitación LP-001-2025 y se adjudicó un lote por cerca de $10.000 millones de pesos. Hasta aquí, un caso llamativo pero, en apariencia, individual.
El segundo lote de la misma licitación, por casi $16.000 millones de pesos, fue adjudicado a la Unión Temporal Contra Incendios 2025, conformada en un 95% por una firma llamada Multisolutions America SAS, representada legalmente por Kevin Alberto Potes Potes. Dos empresas, dos contratos, una misma licitación. Competencia perfecta, ¿verdad?
Incorrecto. Multisolutions America SAS fue constituida en diciembre de 2021. Sus propietarios al 100%, con 500 acciones cada uno, son Karen Jadith Infante Barrios y Merwin Andrés Infante Barrios: la esposa del alcalde y su hermano. Los mismos que están detrás de Makei. Kevin Alberto Potes Potes, el representante legal de Multisolutions, figuraba meses atrás en su perfil de LinkedIn como contador de Makei Soluciones. Makei y Multisolutions no eran rivales. Eran la misma familia usando dos apellidos distintos.
Dos empresas de la misma familia participando como competidoras en la misma licitación pública. Si eso no es un 'pliego sastre', ¿qué lo es?
LA ANATOMÍA JURÍDICA — UNA VIOLACIÓN LEGAL EN LETRA IMPRESA
La Ley 80 de 1993, Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, no deja lugar a interpretaciones creativas. El artículo 8, numeral 1, literal h, establece una inhabilidad expresa: no pueden participar en la misma licitación sociedades distintas cuyos socios o representantes legales tengan entre sí un parentesco de hasta segundo grado de consanguinidad.
Karen, Ángela y Merwin Infante Barrios son hermanos. Parentesco de segundo grado de consanguinidad. Sus empresas, Makei y Multisolutions, participaron en la misma licitación. La ley dice que eso no puede ocurrir. Ocurrió. Y la Dirección Nacional de Bomberos les adjudicó los contratos.
La directora de la DNBC, Lina María Marín, fue consultada sobre este hallazgo. Su respuesta es una joya del género del ‘no nos dijeron‘: aseguró que la entidad no tenía conocimiento de la convergencia de dueños y empleados entre ambas firmas, y que dicha información no les fue reportada. La licitación, argumentó, se hizo conforme a la ley.
Claro. Conforme a la ley. Como siempre. El problema es que la información de los propietarios de las empresas en Colombia no es confidencial. Está en los registros de la Cámara de Comercio, disponible para cualquier ciudadano que sepa usar un computador. La entidad que adjudicó $26.000 millones de pesos dice que no sabía quiénes eran los dueños de las empresas a las que se los dio.
Eso, en el mejor de los casos, es negligencia estructural. En el peor, es complicidad institucional disfrazada de ignorancia burocrática.
LOS NÚMEROS QUE NO SON COINCIDENCIA — ANÁLISIS FORENSE DE PRECIOS
Si la arquitectura societaria ya era suficientemente escandalosa, los precios terminan de completar el cuadro. Fuentes del sector de insumos para bomberos denunciaron que las especificaciones técnicas del contrato estaban alineadas con los distribuidores exclusivos de las empresas adjudicatarias, limitando la competencia real. Y las cifras lo corroboran.
Al comparar los precios de la Licitación 1 de la DNBC con los precios que la propia familia Infante ofertó en la Licitación 2 del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, adjudicada meses después por $6.850 millones de pesos, los resultados son difíciles de ignorar:
| EQUIPO | PRECIO DNBC | PRECIO BOGOTÁ | SOBRECOSTO EST. |
| Guantes estructurales (par) | $771.000 | $440.000 (KPN Colombia) | +75% |
| Monja protectora / capucha ignífuga | $770.000 | $390.000 (Makei en Bogotá) | +97% |
| Traje estructural de bombero | $18.000.000 | ~$7.000.000 (RQC Soluciones) | +157% |
| Casco profesional | $2.715.000 | <$2.000.000 (mercado int. EE.UU.) | >35% |
Un traje que en el contrato de Bogotá cuesta $7 millones de pesos, se cobró a la DNBC por $18 millones. La diferencia es de $11 millones por traje. Multiplicada por todos los equipos del contrato, la cuenta del presunto sobrecosto supera con creces lo que se perdió. Una fuente del sector estima que el presupuesto de la licitación fue elaborado con precios hasta un 40% superiores a los del mercado.
La empresa Ripel S.A.S. hizo observaciones formales al proceso, señalando que uno de los certificados exigidos para el Lote 2 solo podía ser cumplido por un fabricante en el mundo: la empresa Vallfirest, cuyo representante exclusivo en Colombia es KPN. En otras palabras: los pliegos técnicos estaban diseñados para que solo un proveedor vinculado a la red adjudicataria pudiera cumplirlos. Pliego sastre: el instrumento más sofisticado y más impune de la corrupción en la contratación pública colombiana.
Todas las observaciones de Ripel fueron rechazadas. La lista de oferentes en SECOP II, que debía contener los competidores del proceso, apareció en blanco al momento de la publicación de esta investigación.
LA RED SUBTERRÁNEA — EL MAPA DEL PODER DETRÁS DEL CONTRATO
Para entender por qué 26.000 millones de pesos terminan en las manos de la familia del alcalde de Usiacurí, hay que leer el mapa político con más detenimiento.
El alcalde Julio Mario Calderón llegó al poder avalado por el Partido Liberal, la misma colectividad que impulsó la candidatura al Senado de Yessid Pulgar Daza, hermano del exsenador condenado Eduardo Pulgar. El eslabón que conecta a Calderón con el clan Pulgar es Ronald Emil Padilla Acuña, exalcalde de Usiacurí, descrito por fuentes locales como el ‘asesor de cabecera’ del actual mandatario y el ‘Cacique’ del municipio. Padilla Acuña es, precisamente, el hombre que en 2017 abordó, convenció y llevó al juez Andrés Rodríguez Cáez hasta el apartamento de Eduardo Pulgar en Barranquilla, donde el entonces senador intentó ofrecerle 200 millones de pesos a cambio de una decisión judicial favorable.
En diciembre de 2025, Padilla Acuña fue fotografiado en una reunión política en Usiacurí apoyando la candidatura de Yessid Pulgar al Senado. El círculo se cierra: el hombre que facilitó el intento de soborno del exsenador condenado, es hoy el asesor del alcalde cuya esposa controla las empresas que se quedaron con los contratos de la entidad adscrita al Ministerio del Interior.
El ministro Armando Benedetti fue consultado sobre la licitación. Dijo no conocer al alcalde Calderón y no tener cercanía con Eduardo Pulgar. También afirmó que la DNBC tiene plena autonomía para contratar: ‘Ellos son totalmente autónomos‘. Autonomía que, sin embargo, no le impidió en abril de 2025 emitir un oficio ordenando la suspensión total de los procesos de contratación de esa misma entidad y destituir a su directora, Lourdes Peña del Valle, tras acusarla de ejecutar contratos de manera ‘sospechosa‘. La directora destituida no fue quien firmó los contratos de la familia Infante. Esos contratos se firmaron bajo la nueva dirección.
El exsecretario de Transparencia Camilo Enciso denunció penalmente a Benedetti en febrero de 2026 por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho, señalando que la Dirección Nacional de Bomberos fue uno de los instrumentos utilizados para negociar apoyos legislativos a las reformas del gobierno Petro a cambio de contratos y nombramientos.
El poder no se consigue con las elecciones. El poder se administra en los contratos, en las licitaciones, en los pliegos que nadie lee pero todos firman.
EL SISTEMA SILENCIOSO — POR QUÉ ESTO SIGUE OCURRIENDO
La pregunta que queda flotando después de cada escándalo de contratación en Colombia es siempre la misma: ¿cómo es posible? La respuesta, que incomoda porque no tiene un solo culpable, es que el sistema está diseñado para permitirlo.
El politólogo de la Escuela Constitucional James Buchanan definió la sociedad civil como la comunidad de ciudadanos que pacta las reglas del juego antes de que haya gobierno: ciudadanos que no actúan como súbditos, sino que vigilan el poder y exigen rendición de cuentas. Cuando esa sociedad civil se debilita, el Estado crece sin límites y los recursos públicos se convierten en botín de quienes saben mover los hilos sin que nadie los vea.
En Colombia, los mecanismos para el saqueo sistemático de la contratación pública son conocidos, documentados y denunciados. El pliego sastre —redactar especificaciones técnicas que solo puede cumplir el favorecido—, la atomización de licitaciones para evitar umbrales de control, la participación de empresas relacionadas como si fueran independientes, la intimidación o remoción de los funcionarios que se niegan a firmar: todo está en los manuales académicos de la corrupción estructural. Todo sigue ocurriendo.
El Alejandro Nieto, en ‘El desgobierno de lo público’, advierte que la corrupción estructural no es un fenómeno de casos aislados: es una práctica sistemática integrada al funcionamiento normal del Estado. Los contratos de la familia Infante Barrios no son la excepción al sistema. Son el sistema funcionando exactamente como fue construido para funcionar.
Mientras tanto, el SECOP II sigue mostrando una lista de oferentes en blanco. La Contraloría no ha anunciado auditoría. La Fiscalía no ha abierto investigación pública. Y los bomberos del país siguen apagando incendios con los equipos que alguien decidió comprar muy caros.
LA PREGUNTA QUE EL SISTEMA NO QUIERE QUE HAGAS
La pregunta no es si esto ocurrió. Los documentos lo demuestran. La pregunta es cuándo el Estado colombiano va a decidir que los recursos para los bomberos merecen, como mínimo, la misma vigilancia que la DNBC pone en comprobar si los equipos tienen el certificado correcto.
La familia Infante Barrios se adjudicó, con dos empresas que comparten dueños y empleados, $26.000 millones de pesos de la Dirección Nacional de Bomberos y otros $6.850 millones del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá: $32.850 millones de pesos en total. Todo en menos de un año. Todo en licitaciones donde los pliegos parecían hechos a la medida. Todo dentro del ecosistema político del clan Pulgar.
El exsenador Eduardo Pulgar fue condenado por sobornar a un juez con 200 millones de pesos. Sus aliados han contribuido a que más de $32.000 millones de pesos de recursos públicos lleguen a la familia del alcalde que controla el fortín político que él dejó en el Atlántico. La proporción entre la condena y el botín posterior habla sola.
En Colombia, cuando meten preso al corrupto por 200 millones, el sistema que él construyó sigue extrayendo $32.000. Eso no es una consecuencia del delito. Es el plan.
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