Mientras 48.000 niños esperan su ración alimentaria, la licitación más jugosa del departamento se disputa entre empresas con oficinas fantasmas, detrimento patrimonial de $25.000 millones e investigaciones por intoxicación masiva. Esta es la radiografía forense del sistema que convirtió la alimentación escolar en botín político.
27 de Enero de 2026 Atlántico, Colombia
El 15 de enero de 2026, la Gobernación del Atlántico publicó la Licitación Pública LP 0004-2026 por valor de $73.176 millones de pesos para adjudicar el Programa de Alimentación Escolar (PAE) que debe alimentar a 48.000 estudiantes en los municipios no certificados del departamento.
Pero detrás de los números técnicos y el lenguaje burocrático del pliego de condiciones se oculta una historia que repite los mismos patrones de corrupción, clientelismo político y captura del Estado que han convertido la alimentación de los niños más vulnerables en uno de los negocios más lucrativos —y oscuros— de la contratación pública colombiana.
Esta investigación, basada en el cruce de cinco fuentes independientes (SECOP, CHIP-CUIPO, informes de Contraloría, documentos de la Fundación PARES y registros de la Gobernación del Atlántico), revela un sistema perfectamente diseñado donde los mismos actores se rotan los contratos, las «fundaciones» se transforman en oficinas fantasmas, los políticos protegen a sus operadores y los niños terminan intoxicados o sin recibir las raciones que el Estado ya pagó.
La corrupción no solo se denuncia. Se disecciona.
EL MECANISMO EXPUESTO: La Anatomía de un Sistema de Captura
La Licitación del Cuarto de Billón
El proceso LP 0004-2026 no es una licitación cualquiera. Con $73.176 millones de pesos en juego, representa uno de los contratos más apetecidos del departamento del Atlántico durante 2026. Oficialmente, su objetivo es «suministrar un complemento alimentario a la población escolar que contribuya al acceso, permanencia y reducción del ausentismo escolar«.
La realidad es más compleja.
Un análisis forense del histórico contractual del PAE en el Atlántico, cruzado con los datos del SECOP y los informes de la Contraloría General de la República, revela un patrón sistemático que se repite año tras año:
Patrones de Irregularidad Identificados
- Falta de pluralidad de oferentes: Según el informe de la Fundación PARES «PAE: El Negocio del Hambre en Colombia» (2024), en el 87.9% de los procesos de licitación pública del PAE a nivel nacional solo se presenta un único oferente. Esta ausencia de competencia no es casualidad: es el resultado de un cartel perfectamente orquestado.
- El «carrusel de fundaciones»: Los operadores cambian de razón social constantemente para aparentar pluralidad mientras mantienen el control real del negocio. La Corporación Agrosocial y la Corporación Fonvisol —que hoy conforman la Unión Temporal Atlántic— antes operaban como «UT Rivera del Río». Mismos dueños, diferente membrete.
- Exoneración de estampillas: En una jugada que beneficia exclusivamente al contratista ganador, la Asamblea del Atlántico aprobó exonerar del pago de siete estampillas departamentales al operador del PAE. El «regalo» asciende a $2.549 millones de pesos sobre un contrato de $20.558 millones (11.8% del valor total).
- Cobrar por lo no entregado: La Contraloría General documentó que los operadores del PAE cobraban el 100% de las raciones contratadas pero entregaban en promedio solo el 57%. El 43% restante era ganancia pura, obtenida mediante certificaciones falsas de entrega, estudiantes fantasmas y facturas adulteradas.
Las estampillas exoneradas financian: cultura (2%), desarrollo económico (2%), electrificación rural (2%), hospitales universitarios (2%), ciudadela universitaria (0.9%), tercera edad (0.9%) y hospitales de primer y segundo nivel (2%). Todo para «ampliar cobertura» del PAE, aunque nunca se explica por qué un contratista millonario necesita ese «alivio fiscal» para cumplir un contrato que ya genera márgenes de utilidad superiores al 15%.
La Crisis de Abril 2025: Cuando se Detiene el Negocio
El 29 de abril de 2025, la Contraloría General de la República emitió una alerta pública: el Programa de Alimentación Escolar se había suspendido en 20 municipios del Atlántico, afectando a 43.325 estudiantes.
¿La razón? El contrato con SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN N.P. S.A. (La Vianda) finalizó el 1 de abril de 2025 y la Gobernación no había logrado adjudicar un nuevo proceso contractual a tiempo.
Durante casi un mes, decenas de miles de niños llegaron a sus escuelas sin recibir el desayuno o almuerzo que constituye, en muchos casos, su única comida del día.
Queremos hacerle una alerta a la Gobernación del Atlántico porque son más de 43 mil niños... que por un efecto de una mala planeación... vamos a tener aproximadamente 20 días que los niños no van a recibir alimentación.— Carlos Mario Zuluaga, Vicecontralor
La Gobernación terminó adjudicando el contrato de suministro No. 202501642 a la Unión Temporal Cosecha Atlántico por valor de $19.882 millones de pesos, a ejecutarse en un plazo de cuatro meses. Una solución de emergencia que evidencia la ausencia total de planeación estratégica.
LOS ACTORES Y SUS ROLES: La Red que Controla el Hambre
Protagonista 1: La Unión Temporal Atlántic y sus Oficinas Fantasmas
La Unión Temporal Atlántic, representada por Aleiris Esther Martínez Salas, está conformada por dos «corporaciones sin ánimo de lucro«: la Corporación Agrosocial y la Corporación Fonvisol.
Estas mismas entidades, operando previamente bajo el nombre de «UT Rivera del Río«, registraron una dirección en Soledad que resultó ser el hogar de dos adultos mayores. Una oficina fantasma en toda regla.
Pero lo más grave no es la dirección falsa. Es el detrimento patrimonial. Según informes de la Contraloría General citados en la denuncia original, estas corporaciones están vinculadas a un detrimento patrimonial de $25.000 millones de pesos en los municipios de Soledad y Malambo.
En 2021, durante la pandemia, cobraron por raciones no entregadas cuando las escuelas permanecían cerradas por el confinamiento. Facturaron alimentos fantasma para estudiantes que estaban en casa. Y el Estado pagó.
Protagonista 2: La Vianda S.A. y el Imperio de los Navarro Polanía
Del otro lado de la licitación está la familia que convirtió un modesto negocio de almuerzos en 1980 en un imperio alimentario de miles de millones: los Navarro Polanía.
María del Socorro Polanía y Ricardo Navarro son miembros de la alta sociedad barranquillera. Propietarios de Servicios de Alimentación N.P. S.A. —comercialmente conocida como La Vianda—, han construido durante más de cuatro décadas una empresa que hoy entrega 120.000 almuerzos diarios a corporaciones como Monómeros y Cervecería Águila.
Pero su verdadero negocio ha sido el Estado. Entre 2020 y 2022, La Vianda obtuvo contratos por $122.000 millones de pesos entre la Gobernación del Atlántico y la Alcaldía de Barranquilla.
El vínculo político es innegable. La Vianda es descrita por múltiples fuentes como «aliados incondicionales de la Casa Char«, el clan político que ha controlado el poder en Barranquilla y el Atlántico durante las últimas dos décadas.
El Caso de los 174 Niños Intoxicados
El 24 de octubre de 2025, ocho instituciones educativas de Barranquilla reportaron casos de intoxicación alimentaria que afectaron a 174 estudiantes. Los colegios fueron: Olga Emiliani, María Inmaculada, José María Velaz, David Sánchez, Corazón del Santuario, Nuestra Señora del Rosario y Cañahuate.
El proveedor del PAE en Barranquilla en ese momento: La Vianda S.A.
No es la primera vez. La investigación reveló que el año anterior (2024) se abrió una investigación contra La Vianda porque 170 niños en 8 colegios públicos terminaron intoxicados. Los síntomas reportados: cólicos estomacales, náuseas, vómito. Ningún caso revistió gravedad, según las autoridades. Pero 174 niños enfermos por la comida que el Estado pagó millones para garantizar su nutrición y permanencia escolar no es un «incidente menor«. Es una falla sistémica.
Protagonista 3: El «Zar del PAE» y el Modelo de Captura Nacional
Para entender la dimensión real del problema, hay que conocer a Alejandro Hernández Vidal, el llamado «Zar del PAE» del Caribe colombiano. Durante la audiencia de imputación de cargos contra Dagoberto Barraza en 2019, la Fiscalía reveló que Hernández Vidal era el cerebro detrás del desfalco del PAE 2016. A través de un entramado de fundaciones, logró obtener al menos 500 contratos PAE por más de $720.000 millones de pesos.
Las visitas de control de Salud Departamental encontraron: murciélagos, heces de ratones y alimentos podridos en las instalaciones de almacenamiento.
EL IMPACTO REAL: Cuando las Cifras Tienen Rostro
En 2025, la Contraloría General de la República realizó 40 actuaciones de control fiscal y auditorías a 68 entidades territoriales certificadas. El resultado: hallazgos fiscales por $53.117 millones de pesos relacionados con sobrecostos, pagos sin soportes de ejecución, fallas en la ejecución contractual e incumplimiento de los lineamientos del PAE.
Mientras los contratistas se enriquecen, la cobertura real del programa es insuficiente. Según la Contraloría, cerca de 1.200.000 niños en Colombia aún no reciben el servicio de alimentación escolar, a pesar de que el presupuesto nacional del PAE creció un 68% entre 2022 y 2025.
En el Atlántico, los niños viven una realidad devastadora:
- Abril 2025: 43.325 estudiantes pasaron 20 días sin recibir alimentación por falta de planeación.
- Octubre 2025: 174 estudiantes intoxicados en Barranquilla.
- 2021: Operadores cobrando por raciones no entregadas en pandemia.
Cuando un niño de 6 años llega a la escuela con hambre y lo único que recibe es un alimento descompuesto, podrido o inexistente, el Estado no solo está fallando en su obligación constitucional. Está cometiendo un acto de violencia institucional contra los más vulnerables.
EL SISTEMA QUE LO PERMITE: Anatomía de la Impunidad
El profesor Alejandro Nieto, en su obra «El Desgobierno de lo Público», describe con precisión quirúrgica lo que sucede en Colombia: el Estado ha sido secuestrado por una casta política que actúa como un parásito corporativo. El PAE del Atlántico es un caso de manual de captura del Estado.
El Modelo de Negocio de la Corrupción:
El PAE no es un «caso de corrupción«. Es un modelo de negocio perfectamente estructurado donde cada actor cumple su función:
- Los políticos adjudican los contratos a sus operadores de confianza a cambio de financiación electoral.
- Los contratistas inflan costos, reducen la calidad nutricional y cambian de razón social cuando acumulan denuncias.
- Los funcionarios públicos aprueban pagos a pesar de los hallazgos y exoneran estampillas.
- Los órganos de control formulan hallazgos que se archivan o se estancan.
- La ciudadanía observa con resignación.
La impunidad no es un accidente. Es el sistema. Alejandro Hernández Vidal, el «Zar del PAE«, tiene procesos desde 2019 y sigue libre. Dagoberto Barraza estuvo en casa por cárcel dos años y desde 2021 está libre sin sentencia. La Vianda S.A., con dos eventos de intoxicación masiva documentados, continúa siendo el principal operador.
METODOLOGÍA Y FUENTES
Transparencia en la Investigación
Esta investigación se basa en la metodología de periodismo forense que cruza múltiples fuentes independientes para verificar cada afirmación:
Fuentes primarias:
- SECOP I y II: Consulta directa de procesos contractuales (LP 0004-2026, contratos 2024-2025).
- Contraloría General de la República: Informes de auditoría 2025, hallazgos fiscales nacionales y departamentales.
- Gobernación del Atlántico: Resoluciones, pliegos de condiciones, circulares PAE 2026.
- CHIP-CUIPO: Reportes de ejecución presupuestal PAE.
Datos clave verificados:
- Valor licitación LP 0004-2026: $73.176.273.807 (Pliego de condiciones).
- Hallazgos Contraloría nacional: $53.117 millones (Informe CGR 2025).
- Detrimento patrimonial UT Atlántic: $25.000 millones (Denuncia corroborada con informe PARES).
- Intoxicación estudiantes: 174 niños, 8 colegios (Secretaría de Educación Barranquilla, Caracol Radio).
Todos los documentos citados son de acceso público y están disponibles en las plataformas oficiales del Estado colombiano o en medios de comunicación verificados.
La Pregunta que No Podemos Seguir Evitando
En el Atlántico, se invierten más de $100.000 millones anuales en el PAE. Sin embargo, los niños pasan semanas sin comer, terminan intoxicados cuando comen, y los operadores con antecedentes de detrimento patrimonial y oficinas fantasmas siguen siendo los únicos proponentes en las licitaciones.
Los hallazgos fiscales se acumulan. Las investigaciones se abren. Los funcionarios capturados quedan libres. Los contratistas cuestionados cambian de razón social y vuelven a ganar. Y los niños siguen con hambre.
¿Cuántos hallazgos fiscales más necesitamos?
¿Cuántos niños intoxicados más son aceptables?
¿En qué momento vamos a entender que la corrupción en el PAE no es un «problema de gestión», sino un crimen contra la niñez?
La licitación LP 0004-2026 por $73.176 millones ya fue publicada. Los mismos actores están en fila esperando su turno. El sistema que lo permite sigue intacto.
La pregunta ya no es si hay corrupción en el PAE del Atlántico.
La pregunta es: ¿hasta cuándo vamos a permitirlo?
Nota editoal: Este artículo es parte de la serie «Anatomía del Hambre: Cómo se Saquea la Alimentación Escolar en Colombia» de corrupcionaldia.com. Si tiene información adicional sobre irregularidades en el PAE, puede contactarnos de manera segura y confidencial.
La corrupción no solo se denuncia. Se disecciona.
Hipólito Palencia
Dirección Editorial corrupcionaldia.com
Investigación especial con verificación de cinco fuentes independientes
