El hombre que construyó su fortuna defendiendo al presunto operador financiero de Nicolás Maduro ahora pide los votos de Colombia. La historia que no aparece en sus mítines.
Hay una arrogancia particular en la política colombiana que merece su propio estudio. Es la capacidad de ciertos personajes para saltar del lodazal al estrado sin molestarse siquiera en cambiarse los zapatos. Abelardo de la Espriella es un caso de manual: dos décadas como abogado de narcos, paramilitares extraditados, empresarios investigados por corrupción, y el más lucrativo de todos ellos, Alex Nain Saab Morán, el hombre señalado por fiscales de tres continentes como el principal testaferro de Nicolás Maduro.
Doce millones de dólares en honorarios, desplazamientos en jet privado cubiertos por el cliente, y columnas de periódico pidiendo «la muerte del tirano» mientras firmaba los recibos del hombre del tirano. Hoy, con la misma cara con que escribía esas columnas y cobraba esos cheques, De la Espriella le pide a Colombia la presidencia. No es cinismo solamente. Es algo peor: es la lógica de un sistema que convierte la impunidad en escalera electoral. Esta es la historia que no encontrará en los titulares que él mismo ayuda a moldear.
El mecanismo expuesto
La Red Subterránea no se construye de una vez. Se teje con paciencia, con capas, con el pretexto respetable de «ejercer la profesión«. Abelardo de la Espriella lo entendió antes que nadie: la mejor manera de estar siempre cerca del poder es ser indispensable para quienes lo ejercen desde las sombras.
Desde 2013, De la Espriella fue el abogado oficial de Alex Saab, el barranquillero que comenzó vendiendo llaveros promocionales y terminó firmando contratos millonarios con el gobierno de Hugo Chávez frente al mismísimo Juan Manuel Santos, sin que Santos supiera siquiera quién era. El secreto de Saab no era talento empresarial, sino algo mucho más eficiente: la corrupción como metodología de negocios. Sobornos a los hijastros de Maduro, empresas fantasma en Hong Kong, Ecuador, Italia, México y Emiratos Árabes, doble contabilidad desde 2004, exportaciones ficticias por cientos de millones. La Fiscalía colombiana lo imputó. La DEA lo investigó. La OFAC lo sancionó. El gobierno de Italia le incautó un apartamento en la Vía Condotti de Roma, valorado en $4,8 millones de euros. Y mientras todo eso ocurría, De la Espriella estaba ahí, al lado, como quien sostiene el maletín.
El periodista Gerardo Reyes, director del equipo investigativo de Univisión, documentó en su libro sobre Saab el papel que jugó el abogado barranquillero en esta arquitectura. No era simplemente un defensor. Era, según Reyes, «hablantinoso amigo, asesor y guía«. La diferencia es crucial: un abogado defiende a su cliente; un guía orienta el camino. Y el camino de Saab pasó en más de una oportunidad por información privilegiada que llegó oportunamente para salvarlo de la justicia colombiana.
El caso más grave ocurrió en septiembre de 2018. La Fiscalía y la DIJIN planeaban una operación de captura contra Saab y su familia en Barranquilla. La operación fue filtrada. Un patrullero de la DIJIN llamado Eddie Andrés Pinto alertó a la firma de abogados de Abelardo de la Espriella. Saab huyó a Venezuela esa misma noche. Pinto fue capturado, imputado y aceptó los cargos de cohecho y violación de comunicaciones oficiales. Pero la pregunta que los documentos judiciales no responden todavía, con apartados aún tachados en los archivos oficiales, es cuánto sabía el bufete con exactitud y qué hizo con esa información antes de que Saab tomara el avión.
Los actores y sus roles
Describir a Abelardo de la Espriella solo como «el abogado de Saab» sería un favor que no merece. Es parte de un sistema de poder que opera simultáneamente en lados opuestos del tablero sin que nadie en los grandes medios colombianos parezca considerarlo un problema de magnitud suficiente.
Mientras era el defensor oficial de Saab, De la Espriella publicó en julio de 2017 en El Heraldo una columna titulada «Muerte al tirano«, en la que afirmaba que «la muerte de Nicolás Maduro se hace necesaria para garantizar la supervivencia de la República» y que sería «un acto patriótico moralmente irreprochable«. Lo que la columna no mencionaba, y que De la Espriella nunca aclaró voluntariamente, es que su mejor cliente era precisamente el hombre cuya fortuna dependía de que Maduro permaneciera en el poder y siguiera adjudicándole contratos multimillonarios. Qué casualidad que el que gritaba más fuerte contra el dictador era el que más tenía que perder si el dictador caía antes de que los honorarios llegaran al bufete.
El periodista Jaime Bayly afirmó en 2020 que De la Espriella recibió cerca de doce millones de dólares en honorarios de Saab, con desplazamientos cubiertos en jet privado. De la Espriella no negó que Saab fue uno de sus mejores clientes. Lo que hizo fue algo más revelador: declaró que «las diferencias políticas no tienen nada que ver con el ejercicio de su profesión«. Efectivamente. Para De la Espriella, escribir «maten al tirano» mientras se cobra del hombre del tirano no es hipocresía. Es ejercicio profesional.
El supuesto rompimiento entre ambos se produjo en julio de 2019, exactamente después de que Estados Unidos incluyera a Saab en la lista de sanciones de la OFAC. Qué conveniente. Roberto Deniz, de Armando.info, quien ha investigado exhaustivamente la corrupción en el chavismo, confirma que la amistad entre Saab y De la Espriella era estrecha, y que cuando este empezó a defenderlo «ya había sobrados indicios de que era un hombre cercano a Maduro«. Pero claro, los indicios no pagan honorarios.
Las investigaciones posteriores descubrieron vínculos societarios entre Daniel Peñaredonda, colaborador cercano de De la Espriella, y las operaciones cuestionadas de Saab. Los beneficiarios finales de parte del dinero que fluyó hacia servicios jurídicos siguen siendo, según los documentos judiciales consultados, materia cubierta por apartados tachados. Reyes escribió que continuó «esperando la respuesta» a las preguntas enviadas tanto a Peñaredonda como a De la Espriella. Silencio elocuente.
El impacto real
¿Qué cuesta todo esto para el ciudadano colombiano y venezolano? Más de lo que cualquier titular ha cuantificado.
El esquema de Saab no fue un delito en el vacío. Los 350 millones de dólares documentados en la acusación de Miami corresponden a recursos que debían haber construido viviendas dignas para familias venezolanas de bajos ingresos. El contrato original de 685 millones de dólares firmado en noviembre de 2011 ante los presidentes Chávez y Santos era para kits de construcción de viviendas prefabricadas. Las familias venezolanas esperaron las casas. Saab y sus socios se llevaron la diferencia entre el dólar preferencial y el paralelo. Las cajas CLAP de alimentos que distribuyó como alternativa llegaron con leche en polvo vencida y adulterada, documentada por análisis de laboratorio entre septiembre y diciembre de 2017. Las empresas y personas involucradas terminaron pagando tres millones de dólares a ACNUR como acuerdo con México. Las familias que comieron esa leche no recibieron nada.
En Colombia, el impacto es de otro tipo pero igualmente concreto. Una operación de captura fue saboteada desde adentro, con información que pasó presumiblemente por el bufete de De la Espriella. Un patrullero de la policía fue a la cárcel. El imputado principal huyó. Y el hombre que presuntamente recibió esa información, cobró doce millones de dólares y llamó a Saab «mi amigo y gran abogado» desde las páginas de El Espectador en 2021, hoy solicita al electorado colombiano su confianza para la primera magistratura del país.
El costo de oportunidad merece ser nombrado en cifras que el cerebro pueda procesar: con doce millones de dólares en honorarios de un solo cliente, Colombia podría haber financiado aproximadamente 400 becas universitarias completas de cuatro años, o equipado completamente cuatro hospitales de nivel secundario en zonas rurales del Caribe colombiano. Ese dinero existió. Pasó por algún lado. Los documentos con apartados tachados sugieren que parte pasó por donde no debía.
El sistema que lo permite
Colombia tiene una característica que sus propios ciudadanos deberían estudiar con alarma: la capacidad de su clase política y jurídica para reciclar credenciales sin rendición de cuentas. El Estado Profundo no es una conspiración de película. Es una red de intereses donde los abogados de los operadores financieros de dictaduras se convierten en candidatos presidenciales, donde las columnas de periódico sirven simultáneamente para construir imagen pública y para blindarse jurídicamente frente a preguntas incómodas, y donde las investigaciones judiciales terminan con apartados tachados, preguntas sin responder y un policial en la cárcel mientras el pez gordo vuela a Caracas en la madrugada.
El sistema legal colombiano, que tardó años en imputar a Saab y que en mayo de 2024 lo absolvió en primera instancia en Barranquilla de todos los cargos de lavado de activos, es el mismo sistema que hoy permite que su abogado principal solicite la presidencia sin que esa historia sea considerada un impedimento político evidente por quienes controlan la conversación pública.
Aquí opera el sesgo cognitivo del statu quo: preferimos la inacción porque el esfuerzo de cambiar «parece arriesgado«. Ese sesgo es exactamente el mecanismo que personajes como De la Espriella explotan con maestría. Mientras el ciudadano mira hacia otro lado, la Red Subterránea avanza. Mientras nadie hace las preguntas incómodas, los apartados en los documentos judiciales permanecen tachados. Y mientras los medios que dependen de la pauta oficial eluden el tema, el candidato afina su discurso de campaña.
El Ciclo Secreto es desconcertantemente simple: se defiende a quien tiene el dinero, se construye reputación pública con columnas de periódico y declaraciones grandilocuentes, se rompe la relación públicamente cuando el cliente cae en desgracia internacional, y luego se pide el voto ciudadano como si nada de lo anterior hubiera ocurrido. No es un secreto. Es una fórmula. El problema es que funciona porque hay suficiente resignación ciudadana y suficiente complicidad institucional y mediática para que nadie la interrumpa.
«Es un gran abogado y amigo«, dijo Saab sobre De la Espriella en abril de 2021, desde su celda en Cabo Verde. Lo dijo como quien hace un favor. Y quizás lo era.
La pregunta que Colombia tiene derecho a hacerse no es si Abelardo de la Espriella fue un buen abogado para Alex Saab. Eso ya lo respondió el cliente agradecido. La pregunta es si un hombre que cobró doce millones de dólares defendiendo al presunto testaferro de una dictadura, cuyo bufete recibió información de una operación de captura que le permitió al imputado huir, y cuyos vínculos societarios con operaciones cuestionadas permanecen cubiertos por apartados tachados en documentos judiciales de tres países, tiene algún derecho moral y político a pedir la confianza de una nación que lleva décadas sangrando por exactamente esa clase de poder.
La corrupción no solo se denuncia. Se disecciona. Y cuando se disecciona esta historia, lo que aparece no es el relato de un abogado que ejercía su profesión. Aparece la arquitectura de un sistema que convierte la impunidad en trampolín electoral. La pregunta no es si hubo corrupción. Es si vamos a seguir permitiendo que quienes la lubrican pidan luego administrar el país. Entra a corrupcionaldia.com. La verdad que aquí se cuenta no espera a que las elecciones pasen.
