Tal parece que así como avanza imparable la pandemia del coronavirus en todo el mundo, dejando ya 46 víctimas fatales y 1485 personas contagiadas en Colombia, del mismo modo crecen los dudosos contratos que amparados en la urgencia manifiesta por cuenta de la presencia del Cvid-19, vienen ejecutando gobernaciones y alcaldías en todo el país.

A los ya escandalosos contratos suscritos por las administraciones locales de Soledad y Malambo en el departamento del Atlántico, se suman contrataciones que vienen siendo cuestionadas en distintos y variados puntos del país.

En el caso de este par de municipios costeños, sus alcaldes firmaron sendos contratos con la misma Fundación El Lirio de los Valles, cuyo objeto es el suministro de marcados para familias vulnerables en aislamiento obligatorio para la mitigación y prevención del coronavirus.

El contrato firmado por la Alcaldía de Soledad es por un valor de $2.100 millones para el suministro de 60 mil mercados, y el de Malambo por  $4 mil millones para la entrega de 80 mil paquetes alimenticios, con un plazo de ejecución de un mes.

Ambos negocios se hicieron bajo la modalidad de contratación directa, basándose en el artículo 42 de la Ley 80 de 1993 que regula la urgencia manifiesta por el Covid-19. Sin embargo, lo que hasta ahora se ha ido conociendo es que la mencionada Fundación no comercializa ningún tipo de productos alimenticios; además donde dice que funciona, solo hay una edificación donde nadie atiende y en la minuta del contrato, no se especificó las marcas de productos a proveer, lo cual es necesario para determinar el valor de los productos a comprar.

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Esta tarde circularon en redes sociales imágenes de lo que recibieron los beneficiarios del contrato y según lo que muestran es menos de lo que se dice les darían, en Soledad por $35 mil pesos y en Malambo por $50 mil pesos.

Estos son los elementos componentes del “mercadito” entregado en Malambo.

 

Situaciones similares se vienen denunciando en Cali, Antioquia, Eje Cafetero, Santander y Tolima.

Por ejemplo en este último departamento se conoció la contratación que hizo la Gobernación a través de la urgencia manifiesta, en 4 días, por más de $19.000 millones de pesos.

En la lista de los contratistas, aparecen varios que son conocidos de contratar continuamente con esa entidad, como Enred Group SAS que es línea de Mercacentro,  firma contratada para el el suministro de 55.000 kit alimenticios y de elementos de aseo para la atención humanitaria de la población tolimense con base a la urgencia manifiesta generada por el CODVID 19, por un valor de $5.500 millones de pesos.

También figura otro contrato con Sierra Pineda SAS para la entrega de 55.000 kit alimenticios y de elementos de aseo por otros $5.500 millones de pesos.

Otro llamativo contrato fue el que hizo esta misma gobernación con la Corporación Hospital I.P.S, para el suministro de insumos médicos para la atención humanitaria de la población tolimense por valor de $1.658 millones de pesos, y cuyo accionista es el médico pediatra Ismael Perdomo Puentes, de quien se dice a viva voz en Ibagué que es un allegado al exmandatario Oscar Barreto.

Pero más llamativo es el contrato suscrito con León Graficas S.A.S, por valor de $1.020 millones de pesos por un período de 2 meses para “ejecutar la estrategia de comunicación “plan de comunicación – emergencia COVID-19–2020 en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica decretada por el gobierno nacional con el fin de mitigar la expansión del COVID-19″.

La indagación aterriza en la ciudad de Pereira donde están ad portas de entregar un contrato por $1.600 millones de pesos para fortalecer acciones sanitarias.

En el departamento de Sucre, la gobernación de Sucre, ofertó paquetes nutricionales y de aseo por $14.868 millones de pesos. Y en el caso de Medellín, firmó un convenio interadministrativo de cooperación por $8.055 millones con el propósito de desarrollar acciones de respuesta y mitigación de la pandemia.

 

Este es uno de los mercados repartidos en el municipio de Malambo.
Esta es la lista de precios de esos elementos , hecha en una tienda de barrio, donde los precios suben hasta un 30%.

La gobernación de Antioquia también firmó un contrato por $2.642 millones para vigilancia epidemiológica del Covid-19 y otro por $272 millones a fin de hacer un plan medios de comunicación por el coronavirus. En Cúcuta se investiga por qué, en plena crisis epidemiológica, se pagaron $58 millones de pesos para hacer un libro digital con la historia del hospital Erasmo Meoz.

En Bogotá se ha denunciado que en plena pandemia la alcaldesa Claudia López contrató por $1.200 millones de pesos un estudio de opinión para medir la satisfacción de los ciudadanos con la gestión de la Alcaldía.

En Santander se contrató por $246 millones de pesos la impresión de 80.000 cartillas sobre la enfermedad para que circulara con dos periódicos locales. Mientras que la alcaldía de Neiva se dio el lujo de contratar cartillas de $295 millones, y una estrategia de comunicación y sensibilización de $450 millones.

Lo peor es que lo que se murmura en pasillos de las entidades públicas es que con estas contrataciones se está favoreciendo a aliados políticos y financiadores de las pasadas justas electorales.

No puede ser más deprimente el panorama, cuando se están desgastando valiosos y escasos recursos públicos que bien pueden ser utilizados para realmente paliar la calamidad de salud pública que representa la pandemia.

Recursos que bien podrían ser invertidos en centros de salud y hospitales públicos, carentes de toda clase de equipos y elementos para funcionar, o en el pago de salarios de médicos y enfermeras que les toca mendigar por su trabajo.

Los órganos de control anunciaron seguimiento a la contratación, pero como suele suceder, se trata de una reacción tardía pues desde que el Gobierno decretó la emergencia por coronavirus, han pasado ya más de dos semanas, tiempo suficiente y aprovechado por las entidades territoriales para hacer “ochas y panochas”, con dineros públicos. O como dicen ¿resultará peor la cura que la enfermedad.

UN EJEMPLO DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN

La Gobernación del Atlántico, contrató con la firma TRADING GROUP INTERNACIONAL S.A.S., la entrega de 400.200 mercados, para la gente más vulnerable del departamento, por un valor de $19.300.000.000, de acuerdo al contrato cada beneficiario recibiría un mercado, por un valor promedio de $47.000.  Este contratista solo se obligaba a trasladar los mercados hacia una bodega en Barranquilla.

Y mediante el contrato No 00949-2020, la Gobernación del Atlántico, la empresa TRI FIT S.A., lleva a cabo la prestación del servicio de empaque y transporte, de los 400.200 mercados, de la bodega en Barranquilla a los diferentes municipios, corregimientos y veredas del departamento del Atlántico.  El valor del contrato fue de $1.377.600.000.

En aras de la transparencia la gobernación debería publicar el contenido de las cajas de mercado y el valor de cada uno de los elementos allí depositados.

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