La Fiscalía General de la Nación judicializó al alcalde de Neiva, Gorky Muñoz Calderón, y a otras seis personas al encontrarlos responsables de posibles irregularidades detectadas en un contrato suscrito al amparo de la emergencia sanitaria por el COVID – 19, el cual buscaba garantizar la alimentación de los estudiantes durante el periodo de aislamiento preventivo decretado por el Gobierno Nacional.
El contrato, pactado en $5.250 millones de pesos, estableció que debía entregarse 105.000 kits alimentarios para preparar en casa. Al parecer, el mandatario intervino ilícitamente para que el contrato fuera direccionado y quedara en manos de una empresa con sede en Tumaco (Nariño).
Los elementos de prueba dan cuenta de que el alcalde, habría querido favorecer a un contratista que tenía su centro de funcionamiento en un punto distante a Neiva porque quería retribuirle el apoyo y financiación que le habría brindado a su campaña política. La persona, presuntamente beneficiada es el concejal de Tumaco, Haiden Otoniel Vergara Quiñones.
Por estos hechos, un fiscal de Administración Pública, articulado con la Delegada para la Seguridad Territorial y la Dirección Especializada contra la Corrupción, formuló imputación ante un juez de control de garantías al alcalde de Neiva; al secretario de Educación de Neiva, Giovanny Córdoba Rodríguez; los asesores jurídicos de la Alcaldía de Neiva, Juan Felipe Molano Perdomo y Andrés Camacho Cardozo; los contratistas Carmen Rosaida Castillo Arboleda y Miguel Alfonso Banguera Jaramillo; y al concejal de Tumaco Haiden Otoniel Vergara Quiñones.
De acuerdo con el posible rol y nivel de participación les imputó los delitos de violación del régimen legal o constitucional e inhabilidades e incompatibilidades; e interés indebido en la celebración de contratos. Los procesados no aceptaron cargos.
El caso
Los contratistas fueron escogidos a dedo en un proceso de contratación exprés para cubrir el excedente sin ejecutar que dejó desde el 2019 la Cooperativa de Inversiones Surcolombiana (antes Alfaba). Esta firma venía operando el Programa de Alimentación Escolar hasta el 5 de marzo de 2020. Antes de esa fecha canceló unilateralmente el contrato, argumentando que “registraba pérdidas” y exigiendo un reajuste de precios.
Al no tener una autorización para incrementar el valor de las raciones escolares prefirió cancelarlo dejando un excedente de 5.300 millones de pesos sin ejecutar, lo que demoró el suministro de la alimentación escolar al comenzar el calendario académico.
En estas condiciones y presionados además por la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional para contener la pandemia, el alcalde de Neiva, Gorky Muñoz Calderón inició un proceso a la carrera por el saldo sin ejecutar.
Finalmente, sin licitación y a dedo fue escogida la Asociación de Estudiantes Afrodescendientes de Nariño (Asoformando) como operadora de este contrato.
El contrato 5250 fue suscrito con Carmen Rosaída Castillo Arboleda (una de las imputadas) y con vigencia hasta el 5 de junio.
En total la entidad debía suministrar por este tiempo 105.000 raciones, incluyendo las primeras 35.000 raciones que se entregarían en el primer periodo, de éstas 5.000 para la zona rural de Neiva.
Simultáneamente se expidió la Orden de Servicios de interventoría No. 011 de fecha 6 de abril de 2020. La interventoría le fue adjudicada a la fundación Colombia Florece, representada legalmente por Miguel Alfonso Banguera Jaramillo, miembro principal de la junta directiva de Asoformando, la encargada de suministrar las raciones escolares para preparar en casa, lo que generaba de hecho, una abierta y expresa inhabilidad.
La firma alcanzó a recibir el anticipo, cuando se destapó el escándalo, origen de la investigación disciplinaria que abrió la Procuraduría Provincial de Neiva.
Gorky Muñoz permanece desde mayo con medida de aseguramiento privativa de la libertad en el lugar de residencia.
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