La Fiscalía General de la Nación citó a indagatoria para el próximo 8 de julio de 2022 al exconsejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, en medio de la investigación preliminar que se adelanta por las presuntas irregularidades que se habrían presentado en el manejo de recursos destinados a proyectos en los municipios más afectados por el conflicto, con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
Cerca de $500 mil millones de pesos de los llamados “recursos para la paz” se habrían utilizado para fines totalmente diferentes a su objetivo. Tras la firma del Acuerdo de Paz se fijó que para desembolsar estos dineros el Sistema General de Regalías debía avalar los proyectos en diferentes municipios golpeados por la pobreza y el conflicto armado, a través del llamado OCAD-Paz, entidad que depende del Departamento Nacional de Planeación.
Para recibir la “bendición” del OCAD-Paz, los 170 municipios debían conseguir que el DNP, la Agencia de Renovación del Territorio, la Contraloría (que actuaba con dos delegados), y el respectivo Ministerio los avalara. Aquí, presuntamente, apareció la corrupción puesto que se habrían hecho cobros indebidos o se avalaron proyectos que jamás se cumplieron, o no se terminaron o fueron mal ejecutados; o por el contrario fueron descartados proyectos en municipios que no contaban “con padrinos políticos”, cercanos a los intereses de los funcionarios que hoy están en la picota pública.
Lo cierto es que detrás de este nuevo escándalo de corrupción, además de Archila, que es el primero en ser llamado a responder por la Fiscalía, están tres personajes que curiosamente, están en la lista de quienes aspiran a reemplazar al contralor general de la República, Carlos Felipe Córdoba, tamaño despropósito.
El primero es nada menos y nada más que el candidato del Gobierno saliente, el exdirector de Planeación Nacional y exviceministro de Hacienda de Duque, el economista conservador Luis Alberto ‘Pollo’ Rodríguez.
Nació en Valledupar, pertenece al partido conservador. Fue asesor de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y con su apoyo ingresó al gobierno de Iván Duque como viceministro técnico del exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla. Fue director del Departamento Nacional de Planeación entre septiembre del 2019 y julio del 2021.
Como dato adicional, fue quien nombró a Álvaro Ávila como director de Regalías del DNP, quien también está en el ojo del huracán por el escándalo de los recursos para la paz.
Rodríguez ha sido vinculado a la investigación por la pérdida de los recursos del OCAD-Paz, pues fuentes testimoniales y documentos consultados por la emisora Blu Radio, que fue la que destapó el escándalo, confirmaron que el empeño puesto por gastar al máximo los recursos de regalías para la paz se dio en 2021, antes de que Rodríguez y Ávila salieran del DNP. La conclusión es simple: rasparon la olla, según los testimonios y las denuncias se habrían apropiado de recursos de la paz y los proyectos que fueron aprobaron y ejecutados, se eligieron con criterios políticos y clientelistas.
Rodríguez tenía a su favor para aspirar a contralor a las bancadas del Centro Democrático y del Partido Conservador, donde milita.
Rodríguez también había tenido acercamientos con congresistas de Cambio Radical, especialmente de la casa Char, para asegurarse el apoyo de esta colectividad.
Pero, tras el escándalo, su nombre ha venido perdiendo fuerza, especialmente porque en la Casa de Nariño hay molestia por el impacto que esto tendrá en la imagen del Gobierno saliente. Además, en la bancada conservadora se empezaron a generar dudas.
Otros nombres que están en la lista de aspirantes son los de Aníbal Quiroz, contralor delegado de la Unidad de Regalías y Juan Carlos Gualdrón, contralor delegado para el posconflicto. Ambos también salpicados por el escándalo de los recursos para la paz.
Ambos cuentan con el respaldo del actual contralor Córdoba, al punto que pocas horas después de estallar la polémica, la Contraloría emitió un comunicado en el que los defendió
“La Contraloría General de la República respalda a los funcionarios Juan Carlos Gualdrón y Aníbal José Quiroz en cada una de sus actuaciones y conmina respetuosamente, en el marco de la colaboración armónica entre las instituciones, a que la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación investiguen a profundidad cada una de las actuaciones realizadas por los funcionarios mencionados, de manera que determinen si su accionar implica alguna responsabilidad en lo penal o disciplinario, y se llegue hasta las últimas consecuencias al respecto”, dice el comunicado
Estos dos nombres eran bien recibidos en los sectores que han venido apoyando a Córdoba, pero tras el escándalo ven como un costo político alto el llegar a elegirlos. Además, el Pacto Histórico, que tiene la bancada más grande del Senado, ya anunció que rechazará la aspiración de estos candidatos.
“La Contraloría es un antro de corrupción. Pido a la bancada del Pacto Histórico impedir que el actual contralor siga ejerciendo en cuerpo ajeno, después de manipular la lista de elegibles”, aseguró el senador petrista Gustavo Bolívar.
Resulta que Gualdrón y Quiroz eran dos de los miembros del Ocad que decidieron sobre los proyectos de 2021, que además integraban Archila, los alcaldes de La Paz, Cesar, Martín Zuleta; y de La Uribe, Meta, Marcelino Chacón; y el entonces gobernador de Arauca José Facundo Castillo, hoy preso e imputado por la Fiscalía por tres delitos contra la contratación pública.
Además, como invitados permanentes estuvieron los representantes a la Cámara del Partido Conservador Waldtih Manzur, de Córdoba, y Yamil Arana de Sucre.
El contralor delegado de la Unidad de Regalías, Aníbal Quiroz, fue denunciado por rechazar proyectos aún cuando ya tenían todos los vistos buenos de las otras entidades, tampoco daba razones claras para que los municipios pudieran hacer las correcciones necesarias: “los conceptos emitidos por la Contraloría, ejerciendo el control preventivo, fueron poco `técnicos´ livianos e injustificados para apretar alcaldes y tumbar proyectos para que el comité Ocad-Paz no les diera luz verde”.
En una carta enviada por la Alcaldía de Vista Hermosa el 13 de agosto de 2021, dirigida a los titulares de la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, Planeación y el Ministerio de Transporte, también se señala a Quiroz de encontrar reparos, que no explica bien, en tres proyectos de transporte para los cuales el Ministerio “ratificó los conceptos sectoriales favorables”.
En su contra hay varias quejas y denuncias ante los entes de control. Entre ellas, una comunicación enviada por los miembros del Grupo Motor Pdet del municipio de Vista Hermosa, con fecha del 13 de agosto 2021, donde lo acusan de obstaculizar el trámite de proyectos. Señalan que a pesar de que los proyectos cumplen con todos los requisitos exigidos “simplemente expresa que tienen reparos (…) pero no dice nada más, no ha emitido ningún informe técnico en el que exprese a las Entidades Territoriales en qué consisten los problemas que encuentra en los proyectos y observadas las distintas comunicaciones se podrá advertir que son prácticamente las mismas, y en sus listados se incluyen o excluyen proyectos con reparos sin obedecer a criterios objetivos o técnicos, más bien parece un ejercicio absurdamente discrecional o interesado”.
Nació en Valledupar, donde fue asesor de Planeación Municipal en la alcaldía de Fredys Socarrás, acusado por la Fiscalía por prevaricato y contrato sin cumplimiento de requisitos legales por inconsistencias que se presentaron en el Programa de Alimentación Escolar, PAE, en el año 2014.
Actualmente tiene un proceso abierto en la Fiscalía por prevaricato por omisión. Es hermano del presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien tiene varios familiares en entes de control.
Mientras que Juan Carlos Gualdrón, oriundo de Pereira, contralor delegado para el posconflicto llegó a la Contraloría de Felipe Córdoba gracias a la ampliación de la planta de esa entidad.
Ha sido denunciado por no fiscalizar adecuadamente los recursos que asigna el Ocad-Paz, de pedir coimas a cambio de “beneficiar” la aprobación de algunos proyectos y de presionar, en asocio con Álvaro Ávila, a funcionarios del Ministerio de Transporte para que “se retire la favorabilidad de más de la mitad de los proyectos de vías que ya cuentan con concepto favorable (…) utilizando su poder de investigaciones indiscriminadas para ejercer presión sobre el ministerio”, de acuerdo con documento enviado al consejero presidencial, Emilio Archila.
Es amigo de los demás protagonistas y hace parte de la lista de diez aspirantes para ocupar el cargo de Co9ntralor General.
En entrevistas realizadas por Blu Radio, varios alcaldes de los municipios Pdet, quienes prefirieron omitir sus nombres, ratificaron que para que un proyecto llegara a una sesión del Ocad-Paz necesitaba tener un padrino y, por tanto, pagar entre 6 % y 15 % de dádivas. Además, señalan con nombre propio a funcionarios del Gobierno y a congresistas conservadores como Samy Merheg y Ape Cuello.
A propósito, si se mira la cantidad de dinero adjudicado por departamento entre 2019 y 2022, Cesar recibió 652.852 millones de pesos mientras que Guanía obtuvo 1.500 millones de pesos. Según varios testimonios, esto fue posible gracias a los favores recibidos por políticos y funcionarios con trayectoria en esa zona del país.
Resulta entonces increíble por decir lo menos, y que solo ocurre en Colombia país del ‘Sagrado Corazón’, que tres personajes, cuestionados y acusados de corrupción y de repartir coimas, estén hoy en la lista de aspirantes a ocupar el primer cargo de una de las entidades de control más importantes del país.
Hilando delgado, y haciendo conjeturas, lo más probable es que tales coimas y dádivas a congresistas tenían como propósito asegurarse su elección en la Contraloría.
