Alfredo Molano Jimeno

Samy Merheg, el enmaniguado del Guaviare

Samy Merheg

Cuando Fernando Londoño aseguró que en el gobierno de Duque harían trizas el Acuerdo de Paz nunca imaginamos las formas que tomaría esa amenaza.

Presentimos, sí, que en el Congreso tratarían de desvencijar las reformas que materializaron lo pactado, como intentaron; también era previsible que recortaran los recursos para la Jurisdicción Especial de Paz o la Comisión de la Verdad, que igualmente hicieron; pero nunca imaginamos que enviarían a una bandola de piratas legislativos a saquear los dineros de los 170 municipios priorizados por el Acuerdo de Paz.

Una investigación de los periodistas Sebastián Nohra y Valeria Santos destapó, esta semana, el modus operandi y algunos de los nombres de los corsarios.

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En febrero de este año publiqué una columna que alertaba sobre la deforestación en el Guaviare por cuenta de la ganadería y las obras de infraestructura (léase carreteras o condominios), y advertí que me resultaba extraño que San José del Guaviare estuviera inundado de publicidad del senador Juan Samy Merheg, del Partido Conservador, fiel representante de una familia de larga tradición de filibusterismo y mercadería.

En ese momento no cuadraba que a un político risaraldense le diera por el repentino amor por la selva amazónica, ni que se desplazara en una docena de ocasiones hasta el Guaviare para fundar un bastión electoral.

Pero las llaves aparecieron de la mano de los periodistas: un desfalco de más de $500.000 millones a través de los dineros del OCAD Paz que los parlamentarios se luchaban en Bogotá para repartirlo en coimas y obras. Coimas que les cobraban a alcaldes y gobernadores, y obras con las que hicieron campaña para conseguir votos en la región.

La denuncia trajo nuevas informaciones que ayudan a cerrar el círculo. Por ejemplo, el economista guaviarense Johan C. Rodríguez-Bareño se dio a la tarea de organizar la información pública que relaciona a Merheg con este escándalo y encontró cómo el parlamentario, en 2020 y 2021, sacaba pecho como el redentor del Guaviare.

En sus publicaciones en Twitter posó de haber conseguido más de $38.000 millones para obras entre la Macarena y el Guaviare, se autodenominó el padre de la vía 7506 entre San José, El Retorno y Calamar, cuyo valor, dicho por el mismo senador, fue de más de $320.000 millones.

Con esto, las cuentas empezaron a cuadrar, pues entre la publicidad que se da el congresista por la gestión de obras y los 4.519 votos que Merheg obtuvo en el Guaviare (el 16,71 % del total) hay un entramado de corrupción por descubrir y las pistas están dispersas, pero están.

El 19 de julio de 2021, Merheg participó en una amigable entrevista en Caracol Radio con dos de sus socios: el gobernador Heydeer Palacios y Alexánder Bermúdez, representante a la Cámara por el Partido Liberal.

Ante la retahíla de proyectos y platas conseguidas por el gobernador en llave con sus amigos parlamentarios, Merheg dijo: “¿Sabe qué me preocupa, gobernador? Que vayamos a terminar malcriando o mimando mucho a nuestra gente del Guaviare.

Hay que entender que este es un mensaje de la línea del presidente. Lo que hacemos los congresistas es impulsar, acelerar, ayudar, gestionar para que los proyectos puedan salir adelante, pero estos tres años del presidente Duque son definitivos para el Guaviare”. De esa misma línea del presidente y Merheg son el polémico exgobernador Nebio Echeverry; Álvaro Ávila Silva, exdirector de Regalías; Aníbal José Quiroz, contralor delegado de la Unidad de Regalías; Ramón Rojas, contratista de Máquinas y Máquinas, quien le hizo toda la campaña en el Guaviare a Merheg con sus empleados y su logística, campaña gerenciada por Octaviano Rivera, otro exgobernador que aprovechó todo el motor electoral de Alexánder Quevedo, candidato y congresista electo por el Partido Conservador; y Ricardo Báez García, quien unas veces actúa como subdirector de Modernización de Carreteras Nacionales de Invías y otras como contratista para la construcción de obras.

Esta es la zona donde se presentan efectos graves de deforestación, conflictos de uso del suelo, problemas de ordenamiento territorial y grandes áreas de baldíos apropiados indebidamente. Una razón más para darle fuerza a la Ley de Delitos Ambientales que atacaría a los grandes caimanes de la tierra pública. Y una razón más para defender ese artículo de la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por los interesados en carreteras, deforestación o tierras públicas.

Interesados que han consolidado una red poderosa que les ha sacado provecho a los recursos públicos de la paz, viene construyendo una aceitada maquinaria electoral y goza de la protección presidencial, el favor de los funcionarios del Gobierno y la presbicia de los entes de control y las autoridades judiciales. Pero manejar esos entramados es un arte familiar que comparte Juan Samy con su hermano Habib, quien ha estado metido en parapolítica, acaparamiento de tierras en el Vichada, lavado de activos, plagio y evasión de impuestos, pero siempre sabe salir airoso de estos enredos.

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