En una publicación anterior titulada Una “hermandad” de abogados corruptos se tomó la educación superior en Barranquillahttps://corrupcionaldia.com/una-hermandad-de-abogados-corruptos-se-tomo-la-educacion-superior-en-barranquilla/ , el abogado y periodista, Gaspar Hernández Caamaño, describió cómo un conjunto de juristas tejieron una telaraña de corrupción, que, apoyados por clanes políticos, se han tomado algunos claustros universitarios de la ciudad y el manejo de contratos afines a la educación y las capacitaciones en entidades gubernamentales. La Corporación Autónoma Regional del Atlántico, CRA, sirvió de nido a esta banda de delincuentes, como lo vamos a demostrar a continuación.

La figura jurídica clave en este entramado es la ONG-ESAL, Corporacion Educativa para la investigación y Desarrollo y Talento Humano, Finanzas y Tecnología, CEIFIT, con Nit: 900.159.842-3, una firma que ofrece la “creación, implementación y desarrollo de programas de investigación tecnológica y cultural aplicados al desarrollo y al talento humano, que enriquezcan las competencias emprendedoras y contribuyan a la formación personal y profesional del individuos de manera integral”.

En primera instancia, el director general de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico CRA, Jesús León Insignares, que en momentos de las contrataciones con la Corporación Educativa para la investigación y Desarrollo y Talento Humano, Finanzas y Tecnología, CEIFIT, era secretario general de la entidad que hoy dirige, debe responder de manera detallada, al igual que el jefe de control interno de la CRA, todo lo relacionado con estas contrataciones que hacen sospechar de una estructura corrupta enquistada en su institución.

Los contratos

Por el momento vamos a iniciar con dos contratos que muestran que el otro medio ambiente que completa la misión de esta entidad está invadido por la maleza de la corrupción. Se trata del contrato No. 0197 de 2017, por valor de $100.000.000, y el No, 0298 de 2017, valor de $200.000.000 que realizó la Corporación Autónoma Regional del Atlántico CRA con la Corporación Educativa para la investigación y Desarrollo y Talento Humano, Finanzas y Tecnología, CEIFIT.

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El primero (No. 0197) se firmó el 5 de abril de 2017 y el segundo (No. 0298), el 15 de mayo de 2017, o sea que hay 28 días hábiles entre el uno y el otro, lo que causa curiosidad, dos contratos seguidos para una misma empresa habiendo otras firmas en el mercado que podían realizar mejor o igual el mismo trabajo. Además, no deja de sorprender cómo en estos 28 días hábiles se firmaron 101 contratos en esta entidad, 3.6 contratos por día.

Ambos se realizaron por modalidad de contratación directa, al punto que en su contenido aparece lo siguiente: “hemos convenido celebrar el presente contrato de Prestación de Servicio y de Apoyo a la Gestión…”.

De entrada, se nota la burda intención de entregar el dinero público de manera impropia, quién sabe para qué fines. Y eso es lo que nos preocupa, porque el nuevo director de la CRA, Jesús León Insignares mantiene las mismas estructuras de corrupción en la entidad. Veamos.

El contrato No. 0197, por valor de $100.000.000, tenía como objeto capacitar, actualizar, profundizar y complementar los conocimientos, habilidades y competencias de los funcionarios de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico. Fue entregado a dedo, lo que está absolutamente prohibido por la Ley de Contratación (Ley 80) Estatal, al menos que en la entidad no haya en todo su personal una persona idónea para realizar y llevar a cabo las actividades que se necesita y que en la región no exista otras personas naturales o jurídicas para invitarlas a concursar o competir para la debida contratación.

Si la CRA quería capacitar, actualizar y profundizar los conocimientos y competencias de sus funcionarios, tenía que buscar una entidad de mayor nivel y prestigio tanto académico como investigativo que ella, para una efectiva transferencia de tecnología y nuevos saberes. Pero primó, seguramente, el amiguismo, el contubernio propio de la corrupción, para saldar deudas o compartir el dinero fácil de las arcas públicas.

Le entregaron $100.000.000 a una empresa de garaje con un nombre rimbombante, tal como se puede constatar en su Cámara de Comercio, con una oficina en la calle 85 #50-159, un centro médico al norte de la ciudad de Barranquilla. Además, sin experiencia ni investigaciones en el ramo de la conservación y control del medio ambiente, ¿qué puede enseñarle a curtidos funcionarios que llevan años en ese trajín? Otra cosa sería si las capacitaciones vinieran del Instituto Humboldt, por ejemplo.

Sin poder examinar los resultados e informe final de este contrato (por efecto de la pandemia y la cuarentena), que duró 4 meses, $25.000.000 por mes, nos atrevemos a predecir que no se trató más que de unas charlas insulsas amenizadas con refrigerios para tomar las fotos que respaldaran las cuentas de cobro. Pero prometemos escarbar.

El segundo contrato, el No. 0298, que firmó la CRA con Ceifit, por $200.000.000, 28 días hábiles después del primero, tenía como objeto capacitar en educación ambiental a través de la promoción de soluciones de autogeneración eléctrica con participación de las comunidades de los municipios de Repelón y Sabanalarga.

También fue entregado a dedo, sin asco, justificado por un “requerimiento” indexado en el Plan de Acción 2016-2019 de la CRA, en donde se contempla un proyecto que busque la promoción de soluciones de autogeneración eléctrica a pequeña escala a partir de Fuentes No Convencionales de Energía (FNCER): biomasa, energía solar, eólica, entre otras.

De igual manera, CEIFIT no tenía la mínima experiencia en esta rama tan especializada, no presentó ninguna documentación ni investigación que avalara su experticia en tan puntual y delicada tarea. Pero en 3 meses se llevaron $200 millones de las arcas públicas de la CRA e instalaron unos paneles solares en Repelón y Sabanalarga.

Nos gustaría saber en qué estado están estos páneles y qué desarrollo ha tenido esta inversión que hizo la CRA, por lo que seguiremos escarbando.

No hay justificación

Sí, no se justifica, ni jurídica y racionalmente, entregar así, de buenas a primeras, dos contratos a una sola empresa, al menos que haya una intención por fuera de una gestión honesta y transparente.

En primer lugar, la inobservancia de normas de competencia en los procesos de compra y adquisición de bienes y servicios públicos resulta ser una de las causas de propicia una contratación discriminatoria y corrupta, en la medida en que no sólo deslegitima la acción estatal en los casos en los cuales debería auto reguardarse de prácticas que atentan contra el patrimonio público que administra, sino que también debilita su posición como agente del mercado, pues resta reputación a sus actuaciones y limita el margen de acción para adquirir bienes y servicios a precios competitivos y de calidad.

La CRA no realizó invitación pública alguna para que las empresas u organizaciones competentes en el ramo de cada una de las compras que necesitaba realizar, presentaran propuestas de calidad y precios justos. Por lo tanto, el asunto empeora cuando, con mismo cinismo de “perrateo” de las normas de contratación pública, le entregan otro contrato por $200 millones al mismo contratista.

Siendo una modalidad directa, los dos asuntos que nos ocupa, las normas de contratación pública indican que para otorgar otro contrato a una misma persona o entidad, se deben dar dos condiciones sine quanon: 1. Que no exista en la región otra persona o empresa que sea capaz de realizar la tarea requerida; 2. Que esta misma empresa cuente con la idoneidad financiera (RUP) para responder por el segundo contrato.

En este caso ninguna de las dos condiciones eran pertinentes. Por un lado la región cuenta con numerosas empresas especializadas en la materia requerida: capacitar en educación ambiental a través de la promoción de soluciones de autogeneración eléctrica con participación de las comunidades de los municipios de Repelón y Sabanalarga. Y por otro lado, Ceifit no contaba con el respaldo para responder por $300 millones de pesos, que suman los dos contratos que firmó en ese momento con la CRA.

Estos funcionarios públicos deberían tener en cuenta siempre las directrices de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (2010):Unas condiciones de competencia deficientes conllevan a un mayor esfuerzo económico para las entidades del sector público que contratan bienes y servicios. La promoción de la competencia en el mercado público es consistente con los principios que informan la propia normatividad sobre contratación pública, a saber: la libertad de acceso a las licitaciones, la publicidad y la transparencia de los procedimientos, la no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos, la búsqueda de una eficiente utilización de los fondos públicos mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de oferta económicamente más ventajosa (p.4).

Los actores de estas conductas colusorias

Por el lado de la CRA estaba la cabeza, el director general Alberto Escolar Vega, el equipo jurídico que lo acompañaba y el secretario de planeación J. Emilio Zapata, quien era el encargado de asignar estos contratos.

Y por la Corporación Educativa para la investigación y Desarrollo y Talento Humano, Finanzas y Tecnología, CEIFIT, estaba la representante legal Ninfa Aide Magaldi Vélez, c.c. 22.427.859, y su hijo Jesús Acevedo Magaldi, quien actuaba como secretario, de acuerdo al acta No.3 de esta Ong-Esal. Tres años más tarde, Jesús Acevedo Magaldi sería elegido contralor distrital de Barranquilla.

No es casual que para fortuna de la Corporación Educativa para la investigación y Desarrollo y Talento Humano, Finanzas y Tecnología, CEIFIT, para el año 2017 entró a ser parte del equipo élite de juristas del exgobernador del Atlántico Eduardo Verano de la Rosa, el abogado y ex-rector de la Universidad Libre Rachid Nader Orfale. Le recordamos al lector que el gobernador de entonces, Verano de la Rosa, era el presidente del Consejo Directivo de la CRA.

Los recientes escándalos de corrupción en que está envuelto el ex contralor distrital Jesús Acevedo Magaldi, han mostrado la estrecha relación de “hermandad” entre Rachid Nader Orfale y Acevedo.

A partir de 2017, la Corporación Educativa para la investigación y Desarrollo y Talento Humano, Finanzas y Tecnología, CEIFIT comenzó a ser una de las firmas que más contratos recibía en la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, de acuerdo a la tabla que se transcribe a continuación:

Contratos con la CRA201720182019TOTAL
0197$100.000.000  $100.000.000
0298$200.000.000  $200.000.000
0075 $400.000.000 $400.000.000
0203 $110.000.000 $110.000.000
0298 $711.000.000 $711.000.000
0475 $580.000.000 $580.000.000
0345 $350.000.000 $350.000.000
0349 $400.000.000 $400.000.000
0235  $600.000.000$600.000.000
0236  $500.000.000$500.000.000
0257  $300.000.000$300.000.000
0410  $ 80.000.000$ 80.000.000
TOTAL$300.000.000$2.551.000.000$1.480.000.000$4.331.000.000

Al asociar tres nombres de todos estos actores (J. Emilio Zapara – Rachid Nader Orfale – Jesús Acevedo Magaldi) con los sucesos de hoy, durante la pandemia, y que llevaron a Acevedo a presentar renuncia de su cargo como contralor, descubrimos cómo se mueve esta telaraña de corrupción en los diferentes estamentos de la ciudad. Zapata es hoy un elemento importante en la gestión del nuevo rector de la Universidad Autónoma del Caribe, Mauricio Molinares, “hermano” de Rachid Nader, quien también está en la nómina de esa institución educativa como docente y cobra salarios, pero quien dicta las clases es, según fuente fidedigna, su protegido Jhonny Mendoza, el mismo abogado que celebra los contratos en la Contraloría Distrital de Barranquilla.

OTRAS INCONSISTENCIAS

Con los contratos No. 0197-2017 y el No. 0298-2017, que suman $300.000.000, tienen irregularidades de fondo, por lo que la Corporación Autónoma Regional del Atlántico debe responder por OMSIÓN, ya que no describen las cláusulas compromisorias, como la cláusula de las Multas (que es de obligatorio cumplimiento y que será calculado de acuerdo al valor del contrato por el 0,5% en forma diaria), y la Cláusula Penal Pecuniaria (que es por el equivalente al diez por ciento (10%), del valor del contrato).

Lo anterior está reglamentado en la Ley 1474 del 2011, Art 86, Imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento. Y demás normas que rigen la contratación.

Por ello deberán responder los supervisores de los contratos que son funcionarios de la CRA, pero además debe responder el Interventor o el supervisor que le hace el seguimiento y control por medio de una Auditoría Externa.

Continuará…

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