El 23 de enero de este año que va terminando, Transparencia Internacional dio a conocer el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2019, con una calificación de 37 puntos sobre 100, siendo 0 corrupción muy elevada y 100 ausencia de corrupción. En esa edición, Colombia se ubicó en el puesto 96 entre los 180 países evaluados, mejorando tres puestos en comparación con el 2018, pero sin lograr una variación significativa de puntaje que se mantiene entre 36 y 37 sobre 100 desde el año 2012.
Entre los países de América Latina, Colombia se ubicó por debajo de Uruguay (71 puntos), Chile (67), Argentina (45) y Ecuador (38). Los países que obtuvieron puntajes más bajos que Colombia fueron Perú (36), Brasil (35), Paraguay (28) y Venezuela (16) que se ubica en el último lugar de la medición entre los países de la región.
Y si algunos pensaban que la ocurrencia de la pandemia del coronavirus iba a permitir modificar este puntaje, se equivocaron, ya que sucedió todo lo contrario. La llegada del Covid-19 al país se convirtió para los corruptos en la mejor excusa para evadir principalmente, la normatividad contractual vigente en el país y los casos se sumaron a los escándalos a los que el país está acostumbrado.
Así lo ratificó la misma Fiscalía General de la Nación, que reveló que en los contratos para enfrentar la pandemia, ya han sido sido vinculados a procesos penales: 40 alcaldes, tres gobernadores y 14 contratistas.
Los procesos se siguen por compra de ayudas alimentarias a la población en medio de la cuarentena, compra de elementos de bioseguridad, medicamentos, contratación de transportes, etc.
Según la Procuraduría General de la Nación, desde que comenzó la emergencia sanitaria en marzo hasta octubre de este año iban 837 registros con inicio de actuación disciplinaria, que comprenden 417 alcaldías, 26 gobernaciones y 32 concejos municipales y lo que es más alarmante es que la cifra es muy superior a la que se manejaba en años anteriores, por ejemplo en el 2017, los fallos del ente de control contra personas que fueron elegidas popularmente sumaron 1.094.
En una investigación adelantada por los docentes de la Universidad del Rosario, Jorge Gallego, Mounu Prem y Juan Vargas, se analizaron casi 360.000 contratos suscritos durante la primera ola de la pandemia y evidenciaron que en aquellos lugares en donde la capacidad estatal es menor y ya se han detectado antes altos niveles de venalidad, la presencia de sobrecostos es elevada. Además, los beneficiarios de los giros resultaron ser en alta proporción los donantes de campañas políticas.
Y asegura el profesor Gallego que “La contratación directa acabó siendo habilitada de manera informal por la declaratoria de emergencia social y esa facultad se dirigió especialmente a compra de bienes y fundamentalmente, alimentos, y que la discrecionalidad se usó mal”.
Esto sin contar que hubo gastos decididos de un plumazo que no estaban directamente relacionados con consideraciones humanitarias o de salud.
Algunos casos
Cada uno de estos contratos tiene el mismo valor ($1.999 millones de pesos -el cual fue ajustado mediante otrosíes a la suma de $1.769.489.095 pesos, como consecuencia de la modificación de la prestación de transporte puerta a puerta por transporte a un punto de acopio).
Y los dos contratos tienen idéntico objetivo: suministrar 13.333 kits con alimentos no perecederos para población vulnerable del municipio.
Presuntos sobrecostos de aproximadamente $2.024.875.880 pesos en el contrato 1.410-59-9.2-3320 del 31 marzo de 2020 suscrito entre la Gobernación del Valle del Cauca y Químocos GM S.A.S, para suministrar elementos de protección individual en bioseguridad, tapabocas, gel antibacterial, guantes y más.
Los implicados
Solo estos casos sirven para dimensionar el “apetito” voraz de los corruptos.
Sin embargo la corrupción no se limitó a los contratos por la pandemia.
Según la Fiscalía, el impacto de la corrupción es tal que, más de 90 billones de pesos de contratos están en riesgo por corrupción. Y este año 2.676 personas fueron vinculadas formalmente a procesos penales por corrupción.
Asimismo, los jueces emitieron 701 condenas a implicados en este tipo de desfalcos que van desde el pago sobornos, el tráfico de influencias y la desviación de recursos de la Nación.
Pero, de la mano de estos hechos, está la impunidad en que quedan estos delitos. De acuerdo a la misma Fiscalía, sólo se resuelven el 38 % de los casos.
Odebrecht y otros
Una muestra palpable de esta falta de efectividad de la justicia es el caso de Odebrecht, uno de los grandes escándalos de corrupción, a nivel internacional y que aún sigue sin resolverse y donde se investigan más de 35 personas de participar en el entramado, pero solo están condenados:
El exviceministro Gabriel García Morales a 5 años de prisión, que paga en su domicilio.
El exsenador Otto Bula, sentenciado a 5 años y 4 meses de prisión.
Y el excongresista Bernardo Elías, condenado a 6 años de cárcel.
En cuanto al proceso por el tráfico de fallos en la justicia conocido como el cartel de la toga:
Se encuentra condenado el exfiscal Anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, quien paga 4 años de cárcel.
Mientras que el exmagistrado Francisco Ricaurte enfrenta su proceso en libertad, Gustavo Malo un juicio detenido por orden de la Corte.
Por su parte el exmagistrado Leonidas Bustos salió del país, a la espera de que el Congreso de la República resuelva su situación judicial.
Frente a las irregularidades por la contratación en la refinería de Cartagena, actualmente los expresidentes de Reficar Orlando José Cabrales Martínez y Reyes Reinoso Yanes, enfrentan un juicio por este caso, y a la fecha no ha sido condenado ningún directivo.
Hidroituango
Otro caso que salió a relucir este año, fue el de la construcción de la represa de Hidroituango, en el río Cauca, sobre el que finalmente se reveló que aparentes “errores” técnicos le generaron al proyecto la bicoca de 4 billones de sobrecostos, debido a la inundación del cuarto de máquinas para evitar una inundación de proporciones inimaginadas en pueblos río abajo, lo que dejó al proyecto con una inversión total de 14 billones de pesos.
Desde su planificación Hidroituango presentó inconsistencias graves en términos medioambientales, económicos, políticos y sociales.
Basta decir que la licencia ambiental para desarrollar el proyecto ha sido cuestionada y modificada 12 veces.
La Ñeñepolítica
En marzo de este año el periodista Gonzalo Guillén reveló en su portal la Nueva Prensa, el contenido de varios audios que había interceptado la Fiscalía General de la Nación al ganadero y narcotraficante José Guillermo ‘Ñeñe’ Hernández. En ellos se escuchan conversaciones entre “Ñeñe” Hernández y una mujer, hablando sobre aportes económicos a la campaña electoral del ahora presidente de Colombia, Iván Duque y su destinación para la compra de votos.
Días después se supo que la mujer del audio era Maria Claudia Daza, cercana al expresidente y senador Álvaro Uribe y asesora suya, quien fue citada a declarar ante la Fiscalía por este hecho el pasado 29 de mayo.
En las conversaciones salió a relucir que Hernández habría recibido en 2018 la suma de COP$ 1.000 millones de pesos pertenecientes a la campaña presidencial de Germán Vargas Lleras con el fin de comprar votos en Valledupar. Según las conversaciones, Hernández se ufanó de haberse robado el dinero y en cambio usarlo para comprar votos en favor del entonces candidato presidencial por el Centro Democrático, Iván Duque, quien sería electo luego, Presidente de Colombia. Una mujer identificada solamente por las iniciales “MD” aseguró “me mandó Iván y Uribe para Manaure, Uribia, Riohacha y Maicao” con el fin de aunar esfuerzos para el triunfo de Duque en La Guajira.
En total fueron más de 1.500 interceptaciones a llamadas de María Claudia Daza Cayita, que dejó en evidencia discusiones al interior del Centro Democrático, la planeación estratégica y los recursos económicos de la campaña presidencial de Duque.
A la fecha la mencionada ex asesora de Uribe Vélez se ha negado a hablar sobre el tema, ni siquiera en los estrados judiciales donde ha sido citada.
Uribe en la cárcel
Sin lugar a dudas el caso de mayor impacto y trascendencia que copó durante varios meses la atención de los colombianos fue el de la captura del ex presidente de la República y entonces senador, Álvaro Uribe Vélez.
El 3 de agosto la Sala Especial de Instrucción de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, impuso medida de aseguramiento de detención preventiva, como presunto determinador de los delitos de soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal del senador Álvaro Uribe.
Dicha medida se sustituyó por detención domiciliaria que luego fue revocada.
La providencia obedeció a posibles riesgos de obstrucción de la justicia, respecto al futuro recaudo de pruebas de hechos presuntamente delictivos que involucran tanto al entonces senador, como al representante a la Cámara, Álvaro Hernán Prada Artunduaga. Las conductas reprochadas fueron posteriores al 16 de febrero de 2018, fecha en que la Sala de Casación Penal compulsó copias contra el aforado, al archivar una denuncia formulada por él.
Después de emitido este archivo, al parecer, con la aprobación del senador, personas allegadas a él habrían emprendido probables actos de manipulación de testigos.
El proceso contra Uribe por este caso surgió por la denuncia que hiciera el también senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, por el presunto delito de manipulación de testigos.
Tras permanecer dos meses y siete días con detención domiciliaria, la Juez 30 de Garantías de Bogotá, decretó que el expresidente Uribe quedara en libertad el 10 de octubre.
Además, en virtud a que a los pocos días de su detención renunció a su curul en el Senado, el proceso pasó de la Corte Suprema de Justicia a la Fiscalía General de la Nación, bajo la Ley 906 de 2004, y la libertad se decretó bajo el entendido en que a través de esta ley el expresidente no ha sido imputado y por lo tanto se levantó la medida de aseguramiento.
El senador Eduardo Pulgar
Otro escándalo que alcanzó a copar varios meses del año, casi hasta el final del 2020 fue el del entonces senador, Eduardo Pulgar daza, quien permanece en la Picota tras ser capturado el primero de diciembre por orden de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por el delito de tráfico de influencias en concurso homogéneo.
Esto, luego de que se conociera un audio en el que se le oye ofrecer “200 barras” (que serían $200 millones) a un juez para que favoreciera a un amigo.
Dentro de un sinnúmero de actuaciones corruptas que han precedido su vida política cabe recordar que pulgar había inhabilitado para ejercer cargos públicos por 18 años, pero en 2014, la procuraduría de Alejandro Ordóñez le reversó dicho fallo y también salió avante del proceso por el hallazgo en su oficina de 112 cédulas y 2 millones de pesos, en plenas elecciones locales de 2003.
En los audios de 2017 revelados por el periodista Daniel Coronell en julio de este año, se le oye a Pulgar ofrecer “200 barras” al entonces juez promiscuo de Usiacurí (Atlántico), Andrés Rodríguez Caez, para supuestamente hacer una “vueltecita”: favorecer en un proceso al grupo de su amigo Luis Fernando Acosta Osío, dentro de la pelea familiar por el manejo de la Universidad Metropolitana.
Para la Corte es claro que había un interés electoral detrás de esa solicitud porque, de nuevo citando los audios, se oye decir a quien sería el senador que esperaba recibir de los directivos de la universidad “platica” y becas para su campaña.
Pero la defensa de Pulgar, en cabeza del penalista Jaime Granados, insiste en que los audios están viciados.
De hecho, solicitó que antes de que se le resolviera la situación jurídica a Pulgar se contestara una objeción de error grave que radicó, tras allegar su propio peritazgo sobre las grabaciones.
La defensa de Pulgar ya pidió un control de legalidad sobre la medida de aseguramiento e insiste en que se le violaron sus derechos y en que es urgente un traslado de lugar de reclusión por su delicado estado de salud.
En cuanto a su vida política, el Partido de la U, le apartó su respaldo y lo expulsó y la Comisión de Ética del Senado, lo suspendió de su cargo el pasado 15 de diciembre.
En resumen el 2020 no fue muy distinto a años anteriores, en material de corrupción en Colombia, pero en esta ocasión tuvo un ingrediente que, en vez de amainarla, la aumentó.
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