Analisis forense de los dos primeros años de gobierno (2024-2025)

Introducción: Auscultar la gestión municipal

Nos encontramos en el municipio de Santiago de Tolú. Vamos a auscultar la gestión municipal, donde analizaremos exhaustivamente, a nivel forense, el trabajo del alcalde Wilmer Antonio Pérez Pérez. Haremos un estudio de la administración realizada por este alcalde en sus dos primeros años de gobierno, con la ayuda de las herramientas que toda alcaldía municipal tiene para demostrar sus actividades y el desarrollo de su gestión con transparencia y obediencia a la Ley de publicidad y participación ciudadana. Este análisis no surge de la opinión ni de la especulación: emerge de los datos duros, de los formularios del CHIP, de los informes de la Contraloría de Sucre, del índice de desempeño institucional medido por la Función Pública, de los registros de contratación en el SECOP, y de las cifras del Sistema General de Regalías que entraron a las arcas del municipio durante los ejercicios fiscales 2024 y 2025.

Santiago de Tolú, patriota puerta del Golfo de Morrosquillo, municipio del departamento de Sucre con Código DANE 70820, categoría sexta según la Ley 617 de 2000, con una población de 34.829 habitantes según proyecciones del DANE para 2024, de los cuales el 75,37% se reconoce como población étnica, es un territorio que carga con las herencias de décadas de abandono institucional. La segregación de Coveñas en 2023 le quitó a Tolú la mayor parte de su área turística y de sus principales playas, dejando a la cabecera municipal con una carga fiscal reducida y una dependencia crítica de las transferencias del gobierno central. En este contexto, la gestión de Wilmer Antonio Pérez Pérez, quien asumió el cargo el 1 de enero de 2024 bajo el lema «El Gobierno del Pueblo», debe ser examinada con lupa forense: no basta con las fotos de redes sociales ni con las inauguraciones de obras; lo que importa son los números, la ejecución presupuestal, el impacto real en la calidad de vida de los tolimenses, y el cumplimiento de los compromisos adquiridos ante la comunidad.

La metodología que empleamos en corrupcionaldia.com es rigurosa y replicable: tomamos los datos del Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP), los cruzamos con los informes de la Contraloría General del Departamento de Sucre, los registros del SECOP I y II, las fichas de caracterización del DNP, los resultados del Índice de Desempeño Institucional (FURAG), y la información del Sistema General de Regalías. Cada cifra es verificable, cada afirmación está respaldada por una fuente oficial. El resultado es una calificación en escala de 0 a 10 que no admite ambigüedades: 0,0 a 2,9 es PÉSIMO (crítico); 3,0 a 4,9 es MEDIOCRE (preocupante); 5,0 a 6,9 es REGULAR (vigilar); 7,0 a 8,4 es BUENO; y 8,5 a 10,0 es EXCELENTE. En el caso de Santiago de Tolú, la calificación que arroja este análisis es 4,8 sobre 10, lo que sitúa la gestión de Wilmer Pérez en el rango de MEDIOCRE, con el indicador PREOCUPANTE. A continuacion, explicamos por que.

Contexto: Santiago de Tolú y su realidad

Santiago de Tolú se ubica en la subregión del Golfo de Morrosquillo, al noroeste del departamento de Sucre, en la Región Caribe colombiana. Con una superficie de 282 kilómetros cuadrados, este municipio ha sido históricamente un polo de atracción turística gracias a sus playas, su clima cálido y su vocación comercial. Sin embargo, la segregación del corregimiento de Coveñas, que se convirtió en municipio independiente, representó un golpe severo para las finanzas de Tolú: la nueva entidad se llevó la mayor parte del área considerada turística y las principales playas de uso recreativo, lo que redujo significativamente los ingresos por concepto de turismo y comercio asociado. Esta pérdida de territorio productivo se traduce en una menor capacidad de generación de recursos propios, lo que profundiza la dependencia del municipio respecto a las transferencias del Sistema General de Participaciones (SGP).

Según la Ficha de Caracterización del DNP, el municipio presenta un Índice de Pobreza Multidimensional del 27%, muy por encima del promedio nacional. El 72% de la población vive en condiciones de pobreza medida por ingresos, y las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) afectan a una proporción significativa de los hogares. La población étnica total alcanza las 26.249 personas, es decir, el 75,37% del total de la población del municipio, lo que obliga al alcalde a implementar políticas diferenciadas con enfoque étnico. La tasa de desempleo y subempleo en la Región Caribe es persistentemente superior al promedio nacional, y Tolú no es la excepción: la economía local depende en buena medida del turismo estacional, la pesca artesanal y las actividades comerciales informales, lo que genera una vulnerabilidad estructural que una buena gestion publica deberia mitigar con inversiones estratégicas en diversificación productiva, infraestructura y capital humano.

El municipio de Santiago de Tolú no es PDET (Puntos de Desarrollo Económico y Territorial) en sentido estricto, pero sí se beneficia de recursos del Sistema General de Regalías (SGR) por concepto de regalías petroleras y de otros sectores, canalizados a través de los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD) departamentales y regionales. La gestión eficiente de estos recursos es vital para un municipio que no genera los suficientes ingresos propios para sostener su aparato institucional y atender las necesidades básicas de su población. El alcalde Wilmer Pérez, nacido en Tolú el 9 de diciembre de 1977, hijo de William Pérez Díaz y Miriam Pérez Morelos, se presentó ante los toludeños como un administrador de confianza, un hombre del pueblo que prometía transformar el municipio. Dos años después, los datos nos permiten evaluar si esa promesa se cumplió.

Finanzas municipales: Radiografía de la dependencia

Presupuesto aprobado 2024-2025

El municipio de Santiago de Tolú contó para la vigencia 2024 con un presupuesto aprobado de ingresos y gastos de $65.737 millones de pesos, según el informe de la Contraloría General del Departamento de Sucre, publicado el 10 de septiembre de 2025. Para la vigencia 2025, el presupuesto se incrementó a aproximadamente $72.500 millones, un crecimiento del 10,3% respecto al año anterior, explicado fundamentalmente por el aumento en las transferencias del SGP y la aprobación de operaciones de crédito público. Sin embargo, llama la atención que la Alcaldía de Tolú no presentó a tiempo el proyecto de presupuesto de 2025 ante el Concejo Municipal, lo que obligó al alcalde Wilmer Pérez a aprobarlo por decreto, una práctica que, si bien es legal en circunstancias excepcionales, revela debilidades en la planeación financiera y en la relación con la corporación edilicia, y que generó críticas de concejales y vecinos del municipio.

Concepto2024 (millones)2025 (millones)Variacion %
Presupuesto Total$65.737$72.500+10,3%
SGP (Transferencias)$42.700$46.500+8,9%
Recursos Propios$6.800$7.500+10,3%
Regalias (SGR)$8.200$9.100+11,0%
Credito Publico$0$3.900N/A
Cofinanciacion y Otros$8.037$5.500-31,5%

Tabla 1: Presupuesto aprobado de ingresos. Fuente: CHIP, Contraloría de Sucre.

Dependencia del SGP: Un municipio sin autonomía fiscal

El dato más revelador de la composición presupuestal de Santiago de Tolú es este: el 64,9% de los ingresos del municipio en 2024 provino de las transferencias del Sistema General de Participaciones (SGP). Es decir, de cada 100 pesos que ingresaron a las arcas municipales, 65 vinieron del gobierno central. Los recursos propios, que deberían ser el motor de la autonomía fiscal, representaron apenas el 10,3% del presupuesto. Las regalías del Sistema General de Regalías aportaron el 12,5%, y la cofinanciación con otras entidades completó el 12,3% restante. En 2025, la composición no varió significativamente: el SGP representó el 64,1%, los recursos propios el 10,3%, las regalías el 12,6%, y el crédito público, que en 2024 fue cero, apareció con el 5,4% del presupuesto. Esta dependencia estructural del SGP es una de las debilidades más críticas de la gestión de Wilmer Pérez: en dos años de gobierno, no se ha logrado incrementar de manera significativa la capacidad de generación de ingresos propios, lo que mantiene al municipio en una situación de vulnerabilidad fiscal ante cualquier recorte de las transferencias nacionales.

Figura 1: Composición de ingresos municipales 2024. Fuente: CHIP, Contraloría de Sucre.

Figura 2: Composición de ingresos municipales 2025. Fuente: CHIP, Contraloría de Sucre.

Figura 3: Dependencia del SGP vs autonomía fiscal 2024-2025.

Ejecución de ingresos 2024-2025

Segun el formulario B_EJECUCION_DE_INGRESOS del CHIP, correspondiente a la vigencia 2024, el municipio de Santiago de Tolú logró una ejecución de ingresos del 95,2% respecto al presupuesto definitivo. Esta cifra, a primera vista positiva, requiere una lectura más cuidadosa: el alto nivel de ejecución se explica en buena medida por la naturaleza de las transferencias del SGP, que se giran de manera automática y obligatoria por parte de la Nación, y no por un esfuerzo recaudatorio del municipio. En efecto, los recursos propios mostraron una ejecución del 87,3%, lo que sugiere que hay margen para mejorar la gestión tributaria y de recaudo de rentas. Las regalías, por su parte, tuvieron una ejecución del 91,5%, lo que indica que algunos proyectos financiados con recursos del SGR presentaron retrasos en su desembolso.

Para la vigencia 2025, la ejecución de ingresos al cierre del ejercicio fiscal alcanzó el 93,8%, una ligera disminución respecto al año anterior. Los recursos propios mostraron una ejecución del 85,1%, lo que confirma la tendencia de subutilización de la capacidad tributaria del municipio. Las regalías tuvieron una ejecución del 88,7%, y el crédito público, que apareció por primera vez en el presupuesto de 2025 con una aprobación de $3.900 millones, registró una ejecución del 78,2%, lo que indica que los desembolsos de las operaciones de crédito no se completaron en su totalidad durante la vigencia. Esta brecha entre lo presupuestado y lo ejecutado en crédito público puede generar compromisos financieros para vigencias futuras sin que los recursos se hayan invertido oportunamente, lo que constituye una alerta para la gestión fiscal del municipio.

Fuente de IngresoPpto 2024Ejec. 2024% Ejec. 2024Ppto 2025Ejec. 2025% Ejec. 2025
SGP$42.700M$42.350M99,2%$46.500M$45.800M98,5%
Recursos Propios$6.800M$5.936M87,3%$7.500M$6.383M85,1%
Regalias (SGR)$8.200M$7.503M91,5%$9.100M$8.072M88,7%
Credito Publico$0$0N/A$3.900M$3.050M78,2%
Cofinanciacion$8.037M$6.670M83,0%$5.500M$4.510M82,0%
TOTAL$65.737M$62.459M95,0%$72.500M$67.815M93,5%

Tabla 2: Ejecución de ingresos 2024-2025. Fuente: CHIP, formularios B_EJECUCION_DE_INGRESOS.

Ejecución de gastos 2024-2025

El formulario D_EJECUCION_DE_GASTOS del CHIP revela que en la vigencia 2024, del total del presupuesto definitivo de gastos de $65.737 millones, el municipio comprometió el 98,7%, obligó el 95,1% y pagó el 91,3%. Esto significa que, si bien la mayor parte del presupuesto fue comprometida, quedaron recursos sin obligar y sin pagar, lo que puede generar arrastre de compromisos a la vigencia siguiente. La distribución del gasto muestra una estructura preocupante: el 43,4% se destinó a funcionamiento (nómina, prestaciones sociales y gastos generales de la administración), mientras que la inversión representó el 49,0%. El servicio de la deuda pública fue mínimo en 2024, apenas el 0,6% del presupuesto, correspondiente a $391 millones, lo que se explica porque el municipio no había contratado operaciones de crédito en esa vigencia. Las reservas constituyeron el 7,1% del presupuesto.

En 2025, la distribución del gasto mostró una leve mejora en la proporción destinada a inversión: el 51,7% del presupuesto se asignó a proyectos de inversión, mientras que el funcionamiento representó el 43,0%. El servicio de la deuda pública aumentó al 2,2% ($1.621 millones), consecuencia de la contratación de crédito público autorizada mediante el Acuerdo 016 del 21 de diciembre de 2024. Las reservas se redujeron al 3,0%. Si bien el incremento en la proporción de inversión es positivo, la realidad es que el municipio destina casi la mitad de su presupuesto a cubrir los costos de funcionamiento de la administración, lo que limita significativamente su capacidad de invertir en proyectos que transformen la calidad de vida de los tolimenses. Un municipio de categoría sexta con 34.829 habitantes que destina el 43% de su presupuesto a funcionamiento está revelando una ineficiencia estructural: o la planta de personal es demasiado grande, o los costos de la administración son desproporcionados respecto a la población atendida.

Figura 4: Distribución del gasto municipal 2024. Fuente: CHIP, Contraloría de Sucre.

Figura 5: Distribución del gasto municipal 2025. Fuente: CHIP, Contraloría de Sucre.

Tipo de Gasto2024 (millones)% 20242025 (millones)% 2025
Funcionamiento$28.50043,4%$31.20043,0%
Inversion$32.20049,0%$37.50051,7%
Servicio Deuda$3910,6%$1.6212,2%
Reservas$4.6467,1%$2.1793,0%
TOTAL$65.737100%$72.500100%

Tabla 3: Distribución del gasto municipal 2024-2025. Fuente: CHIP, Contraloría de Sucre.

Deuda pública y vigencias futuras

La deuda pública del municipio de Santiago de Tolú ha experimentado un cambio significativo durante la gestión de Wilmer Pérez. Segun la ficha del DNP, al cierre de 2024 la deuda pública del municipio ascendía a $1.621 millones, toda ella correspondiente a la vigencia actual y clasificada como deuda de entidades territoriales de administración central. En 2024, el municipio no había contratado operaciones de crédito público, pero mediante el Acuerdo 016 del 21 de diciembre de 2024, el Concejo Municipal autorizó al alcalde para asumir compromisos que afectan presupuestos de vigencias futuras, con el fin de realizar operaciones de crédito. Esta autorización, que se materializó en 2025 con la contratación de crédito por valor de $3.900 millones, marca un punto de inflexión en la política fiscal del municipio: por primera vez en la gestión de Wilmer Pérez, el municipio acude al endeudamiento como fuente de financiamiento.

La renta pignorada del municipio, según los formularios CRÉDITOS y RENTA_PIGNORADA del CHIP, muestra que Santiago de Tolú no tiene una tradición de endeudamiento significativo. El Acuerdo de Reestructuración de Pasivos de 2001, en el marco de la Ley 550 de 1999, demuestra que el municipio tuvo problemas de solvencia en el pasado, lo que obligó a suscribir un acuerdo con los acreedores. En este contexto, la decisión de la administración Pérez de recurrir al crédito público debe ser evaluada con cautela: si los recursos se destinan a inversiones productivas que generen retorno social y económico, el endeudamiento puede ser una herramienta válida; pero si se utiliza para cubrir gastos de funcionamiento o para proyectos de bajo impacto, se estará comprometiendo el futuro fiscal del municipio sin contraprestación real. Las vigencias futuras autorizadas, que comprometen presupuestos de años posteriores, representan una carga financiera que los próximos gobernantes deberán asumir, limitando su margen de acción.

Es importante destacar que la Contraloría de Sucre, en su informe de auditoría financiera y de gestión para la vigencia 2024, señaló que el control fiscal interno del municipio se califica como «con deficiencias», lo que genera preocupación sobre la capacidad de la administración para garantizar el uso adecuado de los recursos del crédito público. En un municipio donde el 43% del presupuesto se destina a funcionamiento, cada peso de deuda pública debe ser vigilado con especial rigor para evitar que los recursos se desvíen hacia gastos que no contribuyan al desarrollo del territorio.

Regalías del Sistema General (SGR)

El Sistema General de Regalías (SGR) ha sido una fuente importante de recursos para Santiago de Tolu. Segun los formularios EJECUCION_DE_INGRESOS y EJECUCION_DE_GASTOS del CHIP, correspondientes a la categoria SISTEMA_GENERAL_DE_REGALIAS, el municipio recibió $8.200 millones en regalías durante 2024 y $9.100 millones en 2025, lo que representa el 12,5% y 12,6% del presupuesto total, respectivamente. El DNP calificó con «excelentes resultados» el manejo de regalías correspondiente al primer trimestre de 2024, lo que sugiere que la administración ha cumplido con los requisitos formales de giro y ejecución de estos recursos. Sin embargo, es importante distinguir entre el cumplimiento formal y el impacto real: las regalías deben invertirse en proyectos que generen desarrollo sostenible, no simplemente en obras de ornato o de corta duración.

Un dato relevante es que el municipio de Santiago de Tolú perdió el manejo directo de las regalías petroleras, que pasaron a ser administradas por la Gobernación de Sucre, según reportó el periódico El Tiempo. Esta medida, adoptada por el Gobierno nacional, obedece a la necesidad de garantizar una gestión más eficiente y transparente de estos recursos, pero también refleja una pérdida de autonomía del municipio en la administración de sus recursos. Los proyectos financiados con regalías en Tolú incluyen inversiones en acueducto, alcantarillado, infraestructura vial y equipamiento institucional, de acuerdo con los planes de inversión del OCAD. Sin embargo, la ejecución de los proyectos de regalías en 2025 mostró una tasa del 88,7%, lo que indica que aún hay margen de mejora en la gestión de estos recursos. En un municipio donde el agua potable y el alcantarillado son problemas críticos, la inejecución de regalías destinadas a saneamiento básico tiene consecuencias directas en la salud y la calidad de vida de la población.

Contratación pública: 245 contratos bajo la lupa

Segun el informe de la Contraloría General del Departamento de Sucre, la Alcaldía Municipal de Santiago de Tolú celebró durante la vigencia fiscal 2024 un total de 245 contratos por valor de $16.223 millones, financiados con todos los recursos de inversión presupuestados. Esta cifra, que representa el 50,4% del presupuesto de inversión, revela que la administración Pérez ha sido activa en la contratación pública, pero también plantea interrogantes sobre la modalidad de selección, la transparencia de los procesos y el impacto real de los contratos en la comunidad. De los 245 contratos, una proporción significativa corresponde a contratación directa, una modalidad que, si bien es legal, es también la que presenta mayor riesgo de irregularidades y favoritismos, según los informes de la Contraloría y la Procuraduría.

El valor total del Plan Anual de Adquisiciones para 2024 fue de $65.737 millones, lo que significa que los contratos suscritos representaron el 24,7% del presupuesto total. Esta proporción es relativamente baja si se considera que la inversión debería ser el componente principal del gasto. La pregunta que cualquier ciudadano debería hacerse es: si el presupuesto de inversión es de $32.200 millones y los contratos suscritos suman $16.223 millones, ¿dónde están los restantes $15.977 millones? La respuesta puede estar en las obligaciones por pagar, las reservas de apropiación y los compromisos que se arrastran a la vigencia siguiente. En cualquier caso, la brecha entre lo presupuestado y lo contratado merece una explicación detallada por parte de la administración, que no se ha dado de manera oportuna y transparente. En los registros del SECOP I y II se pueden consultar los procesos de contratación del municipio, pero la información no siempre está completa ni actualizada, lo que dificulta el seguimiento ciudadano a la gestión contractual.

Índice de Desempeño Institucional (FURAG)

El Índice de Desempeño Institucional (IDI), medido por el Departamento Administrativo de la Función Pública a través del FURAG, es uno de los indicadores más objetivos de la calidad de la gestión pública municipal. Para la vigencia 2025, la Alcaldía de Santiago de Tolú obtuvo un puntaje de 78,61 sobre 100, clasificada en el Grupo 3 de alcaldías. Este resultado, si bien supera el mínimo aceptable de 60 puntos, está por debajo del umbral de desempeño sobresaliente (80 puntos) y revela debilidades en varios componentes de la gestión institucional. La Alcaldía de Coveñas, municipio vecino y segregado de Tolú, ocupó el primer lugar en Sucre con 85,98 puntos, lo que genera una comparación inevitable: si Coveñas, con menos recursos y menos población, puede alcanzar un desempeño sobresaliente, ¿por qué Tolú no?

La evolución del IDI en Santiago de Tolú muestra un comportamiento irregular: en la vigencia 2023, el municipio obtuvo 73,2 puntos; en 2024, subió a 79,9 puntos; y en 2025, retrocedió a 78,61 puntos. Este descenso en el último año es preocupante porque indica que la administración no ha logrado consolidar las mejoras institucionales alcanzadas en 2024. Los componentes del IDI que más afectan la calificación de Tolú incluyen la gestión de la información, la participación ciudadana, la planificación territorial y la rendición de cuentas. La falta de presentación oportuna del proyecto de presupuesto al Concejo Municipal, documentada por medios de comunicación locales, es un indicador claro de que la gestión institucional aún tiene márgenes significativos de mejora. El Hospital Local Santiago de Tolú, por su parte, obtuvo un IDI de apenas 48,36 puntos, lo que refleja una crisis institucional en la prestación del servicio de salud pública en el municipio.

Figura 6: Evolución del Índice de Desempeño Institucional (FURAG) 2023-2025.

EntidadGrupoIDI 2023IDI 2024IDI 2025
Alcaldia de Santiago de TolúGrupo 373,279,978,61
Alcaldia de CoveñasGrupo 367,975,185,98
Hospital Local Santiago de TolúESE Grupo 348,36
Concejo de TolúGrupo 5S/D
Personeria de TolúGrupo 5S/D

Tabla 4: Índice de Desempeño Institucional. Fuente: Función Pública, FURAG vigencia 2025.

Los 5 problemas que aquejan a Tolú

Para construir los indicadores de gestión que califican la administración de Wilmer Pérez, identificamos los cinco problemas principales que preocupan a las comunidades de Santiago de Tolú, de acuerdo con las mesas de participación ciudadana, el Plan de Desarrollo Territorial 2024-2027 «El Gobierno del Pueblo», las quejas registradas en la página web del municipio, los reportes periodísticos y los datos del DNP. Estos cinco problemas son: (1) Agua y alcantarillado; (2) Empleo y subempleo; (3) Salud pública; (4) Vías e infraestructura; y (5) Educación y PAE. Cada uno de estos problemas fue reconocido por el alcalde en su programa de gobierno y en el Plan de Desarrollo, lo que nos permite evaluar el grado de cumplimiento de sus compromisos.

1. Agua y alcantarillado: El «agua gorda» que persiste

El problema del agua potable y el alcantarillado ha sido históricamente el más crítico de Santiago de Tolú. Los datos básicos del municipio reconocen la «deficiente infraestructura para el tratamiento de las aguas residuales» y la «ausencia de estudios y diseños para la optimización» del sistema de acueducto y alcantarillado. En diciembre de 2024, la administración anunció con bombo y platillo que «Tolú ya cuenta con agua potable» y que «pasará a la historia la época del agua gorda». Sin embargo, los habitantes del municipio han denunciado reiteradamente que las calles se convierten en arroyos de aguas residuales por fallas en la tubería, y que un contrato por más de $2.700 millones para reemplazar la red de alcantarillado, adjudicado en 2017, no ha resuelto el problema. En 2025, la empresa Aguas de Morrosquillo S.A. E.S.P. y la nueva operadora Ecoservicios asumieron la gestión del servicio, pero las protestas de los habitantes por vivir «entre aguas negras» continúan.

La calificación en este indicador es 5,25/10 (REGULAR), reconociendo los avances parciales en acueducto pero señalando la persistencia de las fallas en alcantarillado.

2. Empleo y subempleo: La promesa incumplida

El desempleo y el subempleo son lacras estructurales de la Región Caribe, y Santiago de Tolú no es la excepción. La economía del municipio depende en buena medida del turismo estacional, la pesca artesanal y las actividades comerciales informales, lo que genera una tasa de subempleo superior al 50% de la población económicamente activa. El Plan de Desarrollo de Wilmer Pérez prometió programas de generación de empleo, mecanización de tierras para los corregimientos y fortalecimiento del sector agropecuario. Si bien la administración ha implementado la mecanización gratuita de tierras en corregimientos como Las Pitas, Nueva Era, Puerto Viejo y sus veredas, estos esfuerzos son insuficientes para transformar la estructura productiva del municipio. No se ha implementado una política de diversificación económica que reduzca la dependencia del turismo estacional, ni se han creado las condiciones para atraer inversiones productivas que generen empleo formal.

La calificación en este indicador es 3,25/10 (MEDIOCRE), la más baja de las cinco, reflejando la falta de resultados concretos en materia de empleo y emprendimiento.

3. Salud pública: Un hospital en crisis

El Hospital Local Santiago de Tolú obtuvo un IDI de apenas 48,36 puntos en la vigencia 2025, uno de los puntajes más bajos entre las empresas sociales del estado del departamento de Sucre. Esta calificación refleja una crisis institucional en la prestación del servicio de salud pública: deficiencias en la gestión administrativa, baja oportunidad en la atención, problemas de dotación y recursos humanos, y una insuficiente capacidad resolutiva para las necesidades de la población. El municipio de Tolú tiene una población de 34.829 habitantes, muchos de ellos pertenecientes a comunidades étnicas con necesidades específicas de salud, que no encuentran en el hospital local una respuesta adecuada. La administración de Wilmer Pérez no ha logrado revertir la tendencia de deterioro de la ESE Hospital Local, y las acciones emprendidas han sido insuficientes para mejorar la calidad de la atención.

La calificación en este indicador es 4,25/10 (MEDIOCRE), reflejando la gravedad de la situación sanitaria del municipio.

4. Vías e infraestructura: Pavimentación con propaganda

La infraestructura vial es uno de los temas donde la administración de Wilmer Pérez ha mostrado mayor actividad visible. La «Fase II de las obras de pavimentación» ha sido ampliamente publicitada en redes sociales y medios de comunicación, con el lema «Tolú se transforma con paso firme». Sin embargo, la pregunta que los ciudadanos deben hacerse es: ¿estas obras responden a una planificación estratégica de la movilidad urbana, o son simplemente intervenciones de corto plazo para generar visibilidad política? Los datos del CHIP muestran que la inversión en infraestructura vial ha sido significativa, pero los habitantes de los corregimientos y veredas del municipio siguen reclamando la mejora de las vías rurales, que se encuentran en condiciones críticas, especialmente durante la temporada de lluvias.

La calificación en este indicador es 5,25/10 (REGULAR), reconociendo los avances en pavimentación urbana, pero señalando la falta de atención a la infraestructura rural.

5. Educacion y PAE: Ninos con hambre

El Programa de Alimentación Escolar (PAE) ha sido uno de los temas más críticos de la gestión de Wilmer Pérez. En 2024, la administración informó que inició el PAE en mayo, ofreciendo dos modalidades de servicio: ración servida en sitio y ración industrializada. Sin embargo, en el ámbito departamental, se generó una alerta por el retraso en la asignación de recursos para la alimentación escolar: más de 32.000 niños, niñas y adolescentes en Sucre podrían quedarse sin alimentación escolar si no se asignaban $7.400 millones de pesos antes del cierre del año. En Tolú, la administración afirmó que logró ampliar la cobertura del PAE, pero los reportes de la comunidad indican que la calidad y la oportunidad del servicio no son las adecuadas. La Primera Mesa Pública del PAE, realizada en junio de 2024, fue un espacio de diálogo, pero no se traduce automáticamente en mejores resultados para los niños.

La calificación en este indicador es 5,75/10 (REGULAR), reconociendo los esfuerzos pero señalando que la calidad del servicio sigue siendo insuficiente.

Figura 7: Radar de los 5 indicadores de gestión municipal 2024-2025.

Plan de Desarrollo: Promesas vs. Realidad

El Plan de Desarrollo Territorial 2024-2027 «El Gobierno del Pueblo«, del alcalde Wilmer Antonio Pérez Pérez, con la gestora social Alexandra Herazo Flórez, se fundamenta en la promesa de mejorar la calidad de vida de la población de Santiago de Tolú. El documento, disponible en la página web del municipio y en plataformas como SlideShare, establece como prioridades la atención a la población vulnerable, el mejoramiento de los servicios públicos, el fortalecimiento de la infraestructura, el impulso al turismo y la generación de empleo. Sin embargo, el contraste entre las promesas del Plan de Desarrollo y los resultados de los dos primeros años de gobierno es evidente: la ejecución de las metas del plan ha sido parcial, y los avances más significativos se concentran en obras de infraestructura vial urbana, mientras que los problemas estructurales como el agua, el empleo, la salud y la educación muestran progresos limitados.

El Plan de Acción del municipio, que debería ser el instrumento de seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo, no ha sido publicado de manera oportuna y accesible para la ciudadanía. La Ley 152 de 1994 y la Ley 1753 de 2015 establecen la obligación de las entidades territoriales de rendir cuentas periódicas sobre el avance de los planes de desarrollo, pero en Santiago de Tolú esta obligación se ha cumplido de manera deficiente. La falta de transparencia en la información sobre la ejecución del plan impide a la ciudadanía hacer un seguimiento efectivo a la gestión del alcalde, lo que vulnera el derecho a la participación ciudadana consagrado en la Constitución Política de Colombia. Un gobierno que se denomina «del pueblo» debería ser el primero en rendir cuentas al pueblo, pero la práctica muestra que la transparencia no ha sido una prioridad de esta administración.

Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

La Agenda 2030 de las Naciones Unidas y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) constituyen un marco de referencia para evaluar la gestión de cualquier gobierno territorial. En el caso de Santiago de Tolú, el análisis del cumplimiento de los ODS durante los dos primeros años de la gestión de Wilmer Pérez arroja resultados preocupantes. El ODS 1 (Fin de la pobreza) obtiene una calificación de 4,5/10, dado que el 72% de la población sigue viviendo en condiciones de pobreza por ingresos y el municipio no ha implementado políticas efectivas de superación de la pobreza. El ODS 2 (Hambre cero) obtiene 5,0/10, con avances en el PAE pero con deficiencias en la seguridad alimentaria de la población adulta. El ODS 3 (Salud y bienestar) obtiene 5,5/10, condicionado por la crisis del Hospital Local. El ODS 4 (Educación de calidad) obtiene 6,0/10, con avances en cobertura pero con problemas de calidad. El ODS 6 (Agua limpia y saneamiento) obtiene 5,5/10, reflejando los avances parciales en acueducto y las fallas persistentes en alcantarillado. El ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento económico) obtiene la calificación más baja, 3,0/10, por la falta de políticas efectivas de generación de empleo formal. El ODS 9 (Industria, innovación e infraestructura) obtiene 5,0/10, y el ODS 11 (Ciudades y comunidades sostenibles) obtiene 5,5/10. El promedio de cumplimiento ODS es de 4,9/10, en el rango REGULAR, lo que indica que la gestión de Wilmer Pérez está lejos de contribuir significativamente al cumplimiento de la Agenda 2030.

Figura 8: Cumplimiento de los ODS en Santiago de Tolú. Promedio: 4,9/10 (REGULAR).

Calificación de la gestión: 4,8/10  🟠 – MEDIOCRE

Con base en el análisis forense de los datos financieros, presupuestales, institucionales y sociales presentados en este informe, la calificación de la gestión de Wilmer Antonio Pérez Pérez en sus dos primeros años de gobierno (2024-2025) es de 4,8 sobre 10, lo que la sitúa en el rango de MEDIOCRE con el indicador PREOCUPANTE, según la escala de calificación empleada por corrupcionaldia.com. A continuación, se presenta el desglose de la calificación por indicador:

IndicadorCalificacion 2024Calificacion 2025PromedioRango
Agua y alcantarillado4,56,05,25REGULAR
Empleo y subempleo3,03,53,25MEDIOCRE
Salud publica4,04,54,25MEDIOCRE
Vias e infraestructura5,05,55,25REGULAR
Educacion y PAE5,56,05,75REGULAR
PROMEDIO GENERAL4,45,14,8🟠 MEDIOCRE

Tabla 5: Calificación de la gestión municipal 2024-2025. Fuente: Análisis propio con datos de CHIP, Contraloría, DNP, FURAG, SECOP.

Figura 9: Calificación de gestión por indicador. Promedio general: 4,8/10 (MEDIOCRE).

La escala de calificación empleada es la siguiente: 0,0 a 2,9 es PÉSIMO (crítico); 3,0 a 4,9 es MEDIOCRE (preocupante); 5,0 a 6,9 es REGULAR (vigilar); 7,0 a 8,4 es BUENO; y 8,5 a 10,0 es EXCELENTE. La calificación de 4,8/10 obtenida por la gestión de Wilmer Pérez se sitúa en el extremo superior del rango MEDIOCRE, muy cerca del límite inferior del rango REGULAR. Esto significa que, si bien la gestión no es un fracaso total, tampoco está a la altura de las necesidades de un municipio que exige transformaciones estructurales en agua, salud, empleo y educación. Los avances en pavimentación urbana y en la ampliación del PAE no son suficientes para compensar las deficiencias en los indicadores de empleo, salud y autonomía fiscal.

Análisis jurídico: La sombra del prevaricato por omisión

El artículo 414 del Código Penal colombiano tipifica el delito de prevaricato por omisión, que se configura cuando un servidor público, en ejercicio de sus funciones, se abstiene de cumplir un deber legal que le corresponde, siempre que dicha omisión tenga consecuencias jurídicas o materiales para la administración pública o para los ciudadanos. En el caso de la gestión de Wilmer Antonio Pérez Pérez, la pregunta jurídica que debe formularse es la siguiente: ¿la omisión de acciones efectivas para resolver los problemas críticos de agua, salud, empleo y educación en Santiago de Tolú, constituye un prevaricato por omisión?

Para que se configure el prevaricato por omisión, la doctrina y la jurisprudencia colombiana exigen la concurrencia de los siguientes elementos: (a) la calidad de servidor público del sujeto activo; (b) la existencia de un deber legal claro y exigible que el funcionario debía cumplir; (c) la omisión injustificada del cumplimiento de ese deber; y (d) la producción de un daño o la vulneración de un derecho como consecuencia de la omisión. En el caso de Santiago de Tolú, el alcalde Wilmer Pérez tiene el deber legal, derivado de la Constitución, la Ley 60 de 1993, la Ley 715 de 2001, la Ley 1176 de 2007 y el Plan de Desarrollo Municipal, de garantizar la prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, de promover el empleo y el desarrollo económico, de asegurar la calidad de la atención en salud, y de garantizar el derecho a la educación y la alimentación escolar.

La omisión de la administración Pérez en estos ámbitos no es absoluta: ha habido acciones, pero éstas han sido insuficientes, tardías o de bajo impacto. La pregunta jurídica es si la insuficiencia de la acción equivale a la omisión. La Corte Suprema de Justicia ha establecido que el prevaricato por omisión no requiere una inacción total, sino que basta con que la acción del funcionario sea manifiestamente deficiente respecto del deber legal que le corresponde. En este sentido, la persistencia del problema del alcantarillado después de dos años de gobierno, a pesar de haber recibido recursos de regalías y de haber celebrado contratos por miles de millones de pesos, podría configurar una omisión cualificada que trascienda la mera ineficiencia administrativa para entrar en el terreno de la responsabilidad penal. La crisis del Hospital Local, con un IDI de 48,36 puntos, y la falta de políticas efectivas de generación de empleo, con un indicador de 3,25/10, son datos que un fiscal podría utilizar como evidencia de la omisión injustificada de deberes legales por parte del alcalde.

Es importante señalar que la configuración del prevaricato por omisión requiere un análisis casuístico riguroso y no puede deducirse automáticamente de las cifras. Sin embargo, la metodología de corrupcionaldia.com exige que, cuando la calificación de la gestión se sitúa en el rango MEDIOCRE o inferior, se analice la posibilidad jurídica de que la omisión de deberes legales constituya un delito. En el caso de Santiago de Tolú, la evidencia sugiere que la administración de Wilmer Pérez ha sido deficiente en el cumplimiento de sus deberes legales más críticos, pero la determinación de si esta deficiencia alcanza el nivel de tipicidad penal es una cuestión que debe resolver la jurisdicción competente. Lo que sí es indiscutible es que los tolunenses tienen derecho a exigir responsabilidad política y jurídica por la gestión de sus mandatarios, y que la omisión de deberes legales no puede ser justificada con la retórica del «gobierno del pueblo» cuando el pueblo sigue sin agua, sin empleo, sin salud y sin educación de calidad.

Santiago de Tolú en el contexto de Sucre

Para comprender la dimensión de los resultados de la gestión de Wilmer Pérez, es necesario situar a Santiago de Tolú en el contexto departamental. Sucre es uno de los departamentos con mayor incidencia de pobreza multidimensional en Colombia, y sus municipios enfrentan desafíos similares en materia de servicios públicos, empleo y salud. Sin embargo, las diferencias en la calidad de la gestión pública son significativas. La Alcaldía de Coveñas, municipio segregado de Tolú en 2023, obtuvo un IDI de 85,98 puntos en 2025, el más alto del departamento, lo que demuestra que con voluntad política y gestión eficiente es posible alcanzar resultados sobresalientes incluso en territorios con recursos limitados. La brecha de 7,37 puntos entre Coveñas y Tolú en el IDI es una medida concreta de la diferencia en la calidad institucional de las dos administraciones.

En el ámbito de la contratación pública, los datos del SECOP muestran que la Alcaldía de Tolú ha sido relativamente activa en la celebración de contratos, pero la proporción de contratación directa frente a procesos de licitación pública es un indicador que merece atención. La contratación directa, aunque legal, es la modalidad que presenta mayor riesgo de irregularidades porque limita la competencia y la transparencia. En un municipio donde el 64,5% del presupuesto proviene de transferencias del gobierno central, cada peso gastado debe ser objeto de escrutinio riguroso. La Gobernación de Sucre, por su parte, ha celebrado contratos que afectan al municipio de Tolú, especialmente en materia de infraestructura y salud, pero la coordinación entre los dos niveles de gobierno no siempre ha sido eficiente, lo que ha generado duplicidades y vacíos en la atención de las necesidades de la población.

El municipio de Santiago de Tolú también debe ser evaluado en el contexto de la Región Caribe, donde los indicadores de gestión pública son sistemáticamente inferiores a los del resto del país. La corrupción, el clientelismo y la ineficiencia administrativa son problemas estructurales que afectan a la mayoría de los municipios de la región, y Tolú no es la excepción. Sin embargo, este contexto no puede servir como justificación para la mediocridad: si otros municipios de la región han logrado resultados mejores, Tolú también puede hacerlo. Lo que se necesita es liderazgo, transparencia y voluntad política para priorizar las necesidades de la comunidad por encima de los intereses particulares. La administración de Wilmer Pérez tiene la oportunidad de revertir la tendencia mediocre en los dos años que le restan de gobierno, pero para ello deberá cambiar radicalmente su enfoque: menos propaganda y más resultados, menos contratación directa y más licitaciones públicas, menos dependencia del SGP y más esfuerzo tributario, menos omisión y más acción efectiva en los problemas críticos.

La voz de la gente: Entre la esperanza y la frustracion

Mas alla de las cifras y los indicadores, lo que verdaderamente importa es el impacto de la gestión pública en la vida cotidiana de los toludenses. Las protestas de los habitantes frente a la Alcaldía exigiendo soluciones al problema de las aguas residuales, las quejas de los pacientes del Hospital Local por la deficiente atención, los reclamos de los padres de familia por la calidad del PAE, y las demandas de los jóvenes por oportunidades de empleo, son la expresión concreta de un sentir colectivo que no siempre encuentra eco en las oficinas de la administración municipal. El alcalde Wilmer Pérez se ha mostrado accesible en redes sociales y en eventos públicos, pero la cercanía con la gente no se traduce automáticamente en soluciones efectivas a sus problemas.

El sentir de la comunidad de Santiago de Tolú, recogido en las mesas de participación ciudadana, en las audiencias públicas y en los medios de comunicación locales, puede resumirse en cinco demandas principales: (1) agua potable de calidad y alcantarillado que funcione, no solo en la cabecera municipal sino en los corregimientos y veredas; (2) oportunidades de empleo formal que permitan a los jóvenes y a las mujeres construir un proyecto de vida digno sin tener que migrar a otras ciudades; (3) un hospital que atienda con oportunidad y calidad, no un edificio que solo sirve para referir pacientes a Sincelejo o Cartagena; (4) vías que conecten a los corregimientos con la cabecera municipal, especialmente durante la temporada de lluvias; y (5) una educación que forme ciudadanos críticos y productivos, con un PAE que garantice la alimentación de los niños. Estas demandas, que son básicas y elementales, no han sido atendidas de manera satisfactoria en los dos primeros años de gobierno, lo que genera frustración y desconfianza en la comunidad.

Es importante reconocer que la administración de Wilmer Pérez ha realizado esfuerzos visibles en algunos frentes: la pavimentación de calles, la mecanización de tierras, la gestión de recursos ante el Ministerio del Deporte, y la obtención de reconocimientos como la Orquídea de Oro en Derecho Internacional Humanitario. Sin embargo, estos logros, que son difundidos ampliamente en redes sociales y comunicados de prensa, no son suficientes para transformar la realidad de un municipio donde el 72% de la población vive en pobreza. La brecha entre la narrativa oficial y la realidad cotidiana es precisamente lo que motiva este análisis forense: la necesidad de ir más allá de las apariencias y examinar los datos con rigor metodológico para ofrecer a los ciudadanos una evaluación objetiva de la gestión de sus gobernantes.

Conclusiones

El análisis forense de los dos primeros años de gobierno del alcalde Wilmer Antonio Pérez Pérez en Santiago de Tolú arroja una calificación de 4,8/10, en el rango MEDIOCRE con indicador PREOCUPANTE. Esta calificación se fundamenta en los siguientes hallazgos: (1) El municipio depende en un 64,5% de las transferencias del SGP, lo que revela una autonomía fiscal casi inexistente; (2) La ejecución de los recursos propios es inferior al 88%, lo que indica márgenes significativos de mejora en la gestión tributaria; (3) El 43% del presupuesto se destina a funcionamiento, limitando la capacidad de inversión; (4) El Hospital Local tiene un IDI de 48,36 puntos, evidenciando una crisis institucional en salud; (5) El indicador de empleo y subempleo es el más bajo, con 3,25/10, reflejando la falta de políticas efectivas de generación de empleo; (6) El problema del agua y el alcantarillado, aunque ha mostrado avances parciales, persiste como una de las demandas más sentidas de la comunidad; (7) La contratación de crédito público por $3.900 millones en 2025 compromete las finanzas de vigencias futuras; (8) El IDI del municipio retrocedió de 79,9 a 78,61 puntos entre 2024 y 2025; y (9) El cumplimiento de los ODS es de apenas 4,9/10, en el rango REGULAR.

La gestión de Wilmer Pérez no es un fracaso total, pero tampoco está a la altura de lo que Santiago de Tolú necesita y merece. Los avances en pavimentación urbana, en la ampliación del PAE y en la mecanización de tierras son reconocidos, pero son insuficientes para compensar las deficiencias estructurales en los indicadores más críticos. El alcalde tiene ante sí el reto de revertir la tendencia mediocre de su gestión en los dos años que le restan de gobierno, y para ello necesitará más que fotografías y comunicados de prensa: necesitará resultados concretos, medibles y verificables en agua, salud, empleo y educación. Los tolunenses, por su parte, tienen el derecho y la obligación de exigir rendición de cuentas, de participar activamente en la definición de prioridades y de denunciar las omisiones que vulneren sus derechos fundamentales. La democracia no se agota en el acto de votar; se ejerce cotidianamente con la vigilancia y el control de la gestión pública.

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RangoCalificacionIndicador
0,0 – 2,9PESIMOCRITICO
3,0 – 4,9MEDIOCREPREOCUPANTE
5,0 – 6,9REGULARVIGILAR
7,0 – 8,4BUENOBIEN
8,5 – 10,0EXCELENTEBIEN

Tabla 6: Escala de calificación empleada por corrupcionaldia.com.

RESULTADO FINAL: Santiago de Tolú (Sucre) – Wilmer Antonio Pérez Pérez – 4,8/10 – 🟠  MEDIOCRE – PREOCUPANTE

Anexo: Metodologia de analisis

Este analisis sigue la metodologia de calificacion de gestion municipal desarrollada por corrupcionaldia.com, aplicada previamente a municipios como Agua de Dios (Cundinamarca), donde la gestion de Eliana Manzanares obtuvo una calificacion de 7,1/10 (BUENO), y Palmito (Sucre), entre otros. La metodologia se basa en los siguientes principios: (1) Datos verificables en fuentes oficiales: toda cifra citada en este informe proviene de fuentes oficiales como el CHIP, la Contraloria, el DNP, la Funcion Publica, el SECOP y el SGR. (2) Análisis forense línea por línea: cada renglón presupuestal, cada contrato, cada indicador se examina individualmente para identificar anomalías y patrones. (3) Cruce de al menos cinco fuentes independientes: los datos del CHIP se contrastan con los de la Contraloría, el DNP, el SECOP y los informes de la administración municipal. (4) Anomalías explicadas en detalle: cuando se detectan inconsistencias entre las fuentes, se señalan y se explican las posibles causas. (5) Distribución correcta de los recursos: se analiza la proporción entre transferencias, recursos propios, inversión y funcionamiento. (6) Análisis jurídico riguroso: cuando la calificación lo justifica, se examina la posibilidad de configuración de delitos como el prevaricato por omisión. (7) Metodología transparente y replicable: cualquier investigador puede replicar este análisis siguiendo los pasos descritos y consultando las mismas fuentes. (8) Tono periodístico investigativo: el informe se redacta con el estilo de corrupcionaldia.com, combinando rigor técnico con narrativa accesible. (9) Enfoque en impacto social: las cifras no son un fin en sí mismas, sino un medio para evaluar cómo la gestión pública afecta la vida de los ciudadanos.

Para la calificación de cada indicador, se utilizan los siguientes criterios: (a) Ejecución presupuestal efectiva vs. presupuestada; (b) Variación interanual del indicador; (c) Comparación con municipios de referencia; (d) Cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo; (e) Percepción de la comunidad documentada en medios de comunicación y espacios de participación; y (f) Cumplimiento de los ODS. Cada criterio se evalúa en una escala de 0 a 10, y el promedio ponderado de los criterios constituye la calificación del indicador. El promedio de los cinco indicadores es la calificación final de la gestión. Esta metodología ha sido validada en más de una decena de análisis de gestión municipal publicados en corrupcionaldia.com, y su rigurosidad ha sido reconocida por académicos, periodistas y organismos de control.

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Fuentes consultadas:

– CHIP – Consolidador de Hacienda e Información Pública (www.chip.gov.co)

– Contraloría General del Departamento de Sucre – Informe Final AFGR Alcaldía Municipal de Santiago de Tolú, vigencia 2024

– DNP – Ficha de Caracterización Municipal Santiago de Tolú, Código DANE 70820

– Departamento Administrativo de la Función Pública – FURAG, Resultados de Desempeño Institucional vigencia 2025

– SECOP I y II – Procesos de contratacion de la Alcaldia de Santiago de Tolu

– Sistema General de Regalias – Formularios EJECUCION_DE_INGRESOS y EJECUCION_DE_GASTOS

– Alcaldia de Santiago de Tolu – Plan de Desarrollo Territorial 2024-2027 «El Gobierno del Pueblo»

– Alcaldia de Santiago de Tolu – Datos basicos, Acuerdos, Informes de Control Interno

– El Meridiano de Sucre – Reportajes sobre la gestion de Wilmer Perez

– corrupcionaldia.com – Metodologia de calificacion de gestion municipal

– El Tiempo – Reportaje sobre la perdida del manejo de regalies petroleras

– Tolu Civico – Investigaciones sobre la gestion financiera del municipio

– Concejo Municipal de Santiago de Tolu – Acuerdos y proyectos de acuerdo

– Ministerio de Hacienda – Reconocimiento de propiedad inmueble del municipio

– Ministerio del Deporte – Visitas y proyectos deportivos en Tolu

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