La Unidad de Fiscalía Delegada ante la CSJ adelantará proceso penal con la finalidad de establecer responsabilidades penales imputables al gobernador de La Guajira, Jairo Alfonso Aguilar Deluque, por Ocultamiento, Alteración o Destrucción de Elemento Material Probatorio, Prevaricato por Omisión, Destrucción, Supresión u Ocultamiento de Documento Público.

Aguilar Deluque habría desatendido la obligación legal de entregar documentos y sensibles informaciones pedidos por Verdad & Pruebas y la Veeduría Ciudadana “No Más Corrupción en Colombia” para incorporarlos, como pruebas y evidencias, en denuncias penales contra funcionarios departamentales, alcaldes y contratistas de la gobernación y alcaldías de La Guajira.

Esas denuncias estarían relacionadas con la probable comisión de delitos, tales como Peculado por Apropiación, Enriquecimiento ilícito, Enriquecimiento Ilícito de Particulares, Lavado de Activos y Contrato sin Cumplimiento de Requisitos Legales, por cuenta de subjetivos favorecimientos y la arreglada priorización y aprobación de PROYECTOS DE INVERSION con recursos de asignaciones directas y de la asignación para la inversión local del Sistema General de Regalías; la amañada adjudicación de millonarios procesos contractuales financiados con esos recursos y la sustancial violación de los Principios de la Contratación Pública, lo que deberá ser investigado por la Unidad de Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema en múltiples contrataciones.  

El gobernador Aguilar Deluque sería llamado a interrogatorio en los próximos días.

La Guajira: donde el poder cambia de apellido pero nunca de dueño

Doce gobernadores en menos de un cuarto de siglo terminaron destituidos, presos o con la elección anulada. La maquinaria que los produjo sigue intacta, ahora en manos de dos apellidos que se cruzan en un mismo despacho.

Nos encontramos en Riohacha, capital de La Guajira, el departamento más pobre de Colombia y, al mismo tiempo, uno de los más ricos en carbón, gas y sal. Esa contradicción no es un accidente geográfico. Es el resultado de un diseño. Durante veinticinco años, la gobernación de La Guajira ha funcionado como una puerta giratoria: entra un mandatario, sale esposado o destituido, entra un encargado, se convocan elecciones atípicas, y el ciclo vuelve a empezar. Doce, catorce, dieciséis nombres, según quién cuente. El dato que nadie contabiliza es otro. Mientras los apellidos rotan en el despacho, la estructura que reparte el poder permanece idéntica. Más allá de los titulares que celebran cada captura como una victoria, la verdad guajira es más incómoda. El sistema no se cae cuando cae un gobernador. Se reacomoda.

La contabilidad judicial de La Guajira parece un expediente y es un patrón. Álvaro Cuello Blanchar, gobernador entre 1997 y 2000, fue destituido e inhabilitado por irregularidades en contratos de obra pública. José Luis González Crespo, del período 2004-2007, fue destituido por la Procuraduría en 2010 y condenado por la Corte Suprema en 2012 a diez años de prisión por celebración indebida de contratos. Juan Francisco Gómez Cerchar, el célebre Kiko Gómez, elegido para 2012-2015, fue destituido e inhabilitado por la contratación y condenado por los homicidios de la exalcaldesa Yandra Brito, su esposo y su escolta. Oneida Pinto, la primera mujer elegida gobernadora, duró meses: el Consejo de Estado anuló su elección por inhabilidad y hoy enfrenta procesos penales por contratación. Wilmer González Brito, elegido en unas atípicas de 2016, fue condenado a diez años por delitos electorales, por comprar votos con mercados y materiales de construcción. La lista se lee como una liturgia. Y como toda liturgia, se repite porque cumple una función.

Esa función tiene nombre en la teoría política. James Buchanan, premio Nobel de economía, la llamó la lógica de la búsqueda de rentas. Cuando el Estado concentra recursos y ese control no tiene contrapeso, la política deja de ser una disputa de ideas y se convierte en una competencia por capturar el botín. La Guajira es el laboratorio perfecto de esa lógica. Un territorio con regalías del carbón y del gas, con presupuestos de saneamiento, de alimentación escolar, de acueductos, y con una ciudadanía a la que se mantiene ocupada sobreviviendo. El corrupto guajiro no es un desviado moral aislado. Es un actor racional operando en un sistema que premia el saqueo y castiga la honestidad con la derrota electoral.

El método para conservar ese poder es viejo y eficaz. Wilmer González Brito no llegó a la gobernación con ideas: llegó, según la justicia que lo condenó, comprando votos con mercados y materiales de construcción. Ladrillos y bolsas de cemento a cambio de una marca en el tarjetón. Buchanan lo habría entendido de inmediato: donde el ciudadano es pobre y el Estado es rico, el voto se vuelve mercancía y la democracia, una subasta. Una vez comprada la elección, la contratación paga la factura. El círculo se cierra solo. Lo perverso es que también reprograma la mente del electorado. El sesgo del statu quo, esa tendencia humana a preferir que todo siga igual antes que arriesgarse al cambio, hace el resto del trabajo. El guajiro promedio no vota resignado porque sea indolente. Vota resignado porque el sistema le enseñó, elección tras elección, que rebelarse cuesta y no sirve.

Aquí es donde los apellidos importan, pero no como suele entenderse. El poder en La Guajira no reside en una persona. Reside en clanes que sobreviven a las personas. La Fundación Paz y Reconciliación identifica a la coalición conocida como Nueva Fuerza Guajira como la más poderosa del departamento, liderada por el senador Alfredo Deluque Zuleta, del Partido de la U. El 25 de julio de 2026, el patriarca de ese linaje, el exgobernador Hernando Deluque Freyle, se entregó en el comando de Policía de Riohacha para pagar una condena en firme de siete años, ochenta y cuatro meses, impuesta por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema. El delito: peculado por apropiación, por un contrato de acueducto y alcantarillado de Riohacha firmado en 2001, del que se giró un anticipo superior a mil millones de pesos para una obra que nunca se terminó. Veintiún años tardó la justicia. La obra sigue sin existir. El clan, en cambio, prosperó.

La condena del padre no tocó la maquinaria. Alfredo Deluque llegó al Senado, se ubicó entre los grandes electores del Partido de la U, y desde allí, con aliados como el representante Juan Loreto Gómez, tejió la coalición que llevó al despacho de la gobernación al actual mandatario: Jairo Alfonso Aguilar Deluque, descrito por la Fundación Paz y Reconciliación como su alfil principal. Aquí los dos apellidos se encuentran. Aguilar por línea paterna, una familia que la propia prensa regional reconoce como referente político del departamento, con gobernadores, alcaldes, diputados y concejales en su historia. Deluque por línea materna, el apellido de la maquinaria. Un solo hombre condensa las dos vertientes del poder guajiro. No es coincidencia. Es ingeniería política.

Conviene la precisión, porque la precisión es lo que separa al periodismo de la difamación. Sobre el gobernador Aguilar Deluque no pesa condena alguna. El Consejo de Estado, en sentencia del 4 de julio de 2024, negó la demanda que buscaba anular su elección por una presunta incompatibilidad, y dejó su mandato en firme. No está inhabilitado. Lo que existe, y es un hecho distinto, es una denuncia. Las veedurías ciudadanas Verdad & Pruebas y No Más Corrupción en Colombia sostienen que el mandatario habría desatendido la obligación legal de entregar documentos e informaciones que le fueron requeridos para sustentar denuncias penales contra funcionarios, alcaldes y contratistas del departamento, relacionadas con proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías. Las veedurías piden que la Fiscalía investigue esa conducta bajo figuras como el prevaricato por omisión y el ocultamiento de documento público. Es una denuncia, no una sentencia. Rige, íntegra, la presunción de inocencia. Lo que el periodismo puede afirmar sin temblar es lo otro: que en La Guajira negar información a la veeduría ciudadana es la primera pieza de todo engranaje de impunidad.

Mientras los apellidos se reparten el mapa, los números que sí importan son otros. La Corte Constitucional declaró en la Sentencia T-302 de 2017 un estado de cosas inconstitucional en La Guajira por la violación masiva y sistemática de los derechos de los niños wayuu. Organizaciones humanitarias documentaron más de cuatro mil niños muertos en menos de una década por causas asociadas a la desnutrición. El sesenta y tres por ciento de la población vive en pobreza monetaria. Cerca de un tercio no tiene acceso a agua potable, y apenas cuatro de los quince municipios cuentan con agua de calidad. Esas son las cifras que no aparecen en los discursos de posesión.

Traduzcamos. La Fiscalía documentó una red de contratación, el llamado cartel de Aremca, que entre 2020 y 2026 habría suscrito ciento un contratos con gobernaciones y alcaldías de nueve departamentos, La Guajira entre ellos, por un valor del orden de medio billón de pesos, recursos de regalías destinados a obras civiles, saneamiento y seguridad alimentaria, adjudicados sin licitación mediante un manual de contratación atípico. Medio billón de pesos es la clase de presupuesto con el que un departamento pobre resuelve el agua de varios municipios durante años. En La Guajira ese dinero circuló por contratos amañados mientras las madres wayuu enterraban a sus hijos por hambre y por sed. No hay metáfora en esa frase. Hay una relación de causa estructural. Cada acueducto que se construye tres veces y nunca funciona es un niño que no bebió agua limpia.

El profesor Alejandro Nieto describió el fenómeno con una precisión que parece escrita para La Guajira: el Estado deja de ser gobernado en favor de los ciudadanos y es secuestrado por una clase política que actúa como casta parasitaria. La captura institucional no es el acto de un funcionario. Es la conquista del aparato entero. Los órganos de control llegan tarde, veintiún años tarde en el caso de Deluque. Las elecciones atípicas se convierten en subastas. Los encargados calientan la silla mientras el clan reorganiza la baraja. Y la ciudadanía, agotada, aprende la lección más peligrosa de todas: que da lo mismo, que todos son iguales, que para qué votar. Esa resignación no es un accidente cultural. Es el producto más rentable del sistema, porque un ciudadano que no vigila es un contrato sin auditoría.

Hay quienes llaman a esto Estado profundo, y el término, bien usado, no es una teoría conspirativa. Es la descripción de una red de intereses económicos, jurídicos y mediáticos que sobrevive a los mandatos populares y vacía las reformas desde adentro. En La Guajira esa red no necesita esconderse en las sombras. Se sienta en la primera fila de los homenajes, financia las coaliciones amplias y reparte las curules. La ley de Brandolini, la asimetría entre producir una mentira y desmontarla, hace lo demás: cada versión oficial que llama gestión a lo que fue saqueo circula diez veces más rápido que la denuncia que la refuta.

La pregunta, entonces, no es cuántos gobernadores más caerán. Caerán. La puerta giratoria seguirá girando. La pregunta es si La Guajira, y con ella el Caribe colombiano que la observa como en un espejo, va a seguir confundiendo la captura de un individuo con la derrota del sistema. Cada vez que un apellido entra esposado a una celda y otro apellido de la misma coalición entra sonriente al despacho, el país celebra una justicia que en realidad no tocó nada. El ciclo secreto de La Guajira no se romperá con capturas. Se romperá el día en que entregar un documento a la veeduría ciudadana deje de ser un favor y vuelva a ser una obligación. Ese día, y no antes, el poder dejará de heredarse.

La corrupción en La Guajira no es una sucesión de manzanas podridas. Es un huerto diseñado para producirlas. Mientras el debate público se agote en el nombre del gobernador de turno, la estructura que lo produjo seguirá eligiendo al siguiente. La verdadera víctima no aparece en los expedientes: es el niño wayuu que no llegó a los cinco años, la familia que compra agua tres veces más cara, el pueblo entero al que le enseñaron que resignarse es prudencia. La pregunta no es si hubo corrupción. Es si vamos a seguir aplaudiendo la caída de un apellido mientras el sistema, intacto, reparte el siguiente turno.

La puerta giratoria de La Guajira

Se distinguen condena en firme, sanción disciplinaria, anulación electoral y denuncia en curso. La presunción de inocencia rige en todo proceso sin sentencia definitiva.

Muertes de menores de 5 años por y asociadas a desnutrición en La Guajira. Cifras reportadas por DANE e INS citadas por prensa; varían según fuente y metodología.

Tres expertos debaten

La economista constitucional (elección pública, Buchanan)

El error es moral y debería ser técnico. No hay una plaga de individuos corruptos en La Guajira. Hay una estructura de incentivos que hace del saqueo la estrategia dominante. Donde las rentas del carbón y las regalías son enormes y el control es débil, cualquier actor racional que quiera sobrevivir en política termina jugando a capturar el botín. Cambiar los nombres no cambia el juego. Hay que cambiar las reglas antes de jugarlo: reglas constitucionales que quiten discrecionalidad, que obliguen a la licitación, que abran los libros. Sin eso, el próximo gobernador honesto perderá la elección frente al que reparte cemento.

El jurista administrativista (captura institucional, Nieto)

De acuerdo en el diagnóstico, en desacuerdo en el remedio. Las reglas ya existen. El problema es que el aparato que debe aplicarlas fue capturado. Veintiún años para condenar a un exgobernador no es lentitud, es diseño. El aforamiento, la prescripción, las salas que absuelven y luego revocan, todo eso protege a la casta. La solución no es solo económica: es institucional. Fiscalías autónomas, jueces protegidos, responsabilidad patrimonial del funcionario con su propio bolsillo. Mientras la impunidad sea la norma estadística, ningún incentivo económico alcanza.

La socióloga del Caribe (clientelismo y cultura política)

Los dos tienen razón y los dos se quedan cortos. Cuidado con una cosa: explicar todo por la estructura termina absolviendo a las personas. El clan no es una fuerza abstracta, son hombres con nombre que decidieron comprar votos con ladrillos y negar documentos a la veeduría. La estructura los produce, cierto, pero ellos también la reproducen, y eligen hacerlo. Y hay algo que ni la economía ni el derecho tocan: la resignación. En La Guajira la maquinaria no solo compra votos, compra la creencia de que no vale la pena votar distinto. Romper eso no se logra con una ley ni con un fiscal. Se logra con pedagogía cívica, con veeduría, con gente que vuelva a creer que vigilar sirve.

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