TOMADO DE CONNECTAS (Ver artículo original aquí)

El 3 de abril de 2016 se desató una tormenta en el bufete panameño de abogados Mossack Fonseca (Mossfon) por la filtración de 11.5 millones de documentos de sus clientes. Obtenidos por el diario alemán Süddeutsche Zeitung, compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés) y revisados por un centenar de medios en el mundo, los archivos dejaron al desnudo secretos económicos de jefes de Estado, políticos, empresarios, deportistas o artistas. La firma panameña quedó expuesta como depositaria de esos secretos, aprovechando las leyes laxas de ese país en asuntos financieros.

Según autoridades de diversas naciones, también quedaron en evidencia prácticas del buffete para ayudar a evadir impuestos, y se adelantan procesos judiciales para determinar si además se facilitaban delitos como lavado de dinero. Los reflectores fiscales y penales de distintos países buscan determinar si los directivos de Mossfon y sus empleados conocían las irregularidades. Tras la investigación periodística y las pesquisas de las autoridades, los abogados emprendieron un plan de contingencia con largas jornadas de trabajo, para responder solicitudes o hacer correcciones, buscando decirle al mundo que todo estaba en regla.

Los detalles de ese “tras bambalinas” empresarial después de la primera filtración de documentos en abril de 2016, se conocen ahora gracias a una nueva entrega de los Panama Papers. Esta vez, el diario alemán Süddeutsche Zeitung logró 1.2 millones de documentos, que igualmente compartió con el ICIJ, y que fueron evaluados por la alianza periodística entre El Espectador y la plataforma de periodismo colaborativo CONNECTAS. En el análisis y el procesamiento del segundo capítulo Colombia participaron los periodistas Pilar Cuartas, Edilma Prada, Sol Lauría, Priscila Hernández y Carlos Eduardo Huertas.

A través de decenas de correos electrónicos, muchos de los dueños de sociedades offshore que aparecieron en los informes de la primera filtración, reclamaron a Mossack Fonseca. Algunos se quejaron de que, “por falta de cuidado, los habían puesto en una posición compleja”. Otros admitieron que “accionistas se vieron en la necesidad de dar explicaciones”. Incluso hubo quienes, más preocupados por las revelaciones, exigieron certificaciones para quedar bien parados en eventuales citaciones de autoridades fiscales, y señalaron de “negligencia” a la compañía que les provocó “problemas mayúsculos”.

Como la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) empezó a indagar a quienes figuraron en la base de datos, proliferaron las peticiones de información de clientes colombianos a Mossack Fonseca. “Para atender solicitudes de la DIAN y de los bancos, que como ustedes saben están originadas en la publicación de los Papeles de Panamá, deseamos solicitarles que nos permitan una constancia de que estas sociedades fueron liquidadas”, se lee en uno de los mensajes. Otro cliente reconoció que ya paga sanciones a la DIAN. Algunos preguntaron si la firma había reportado sus nombres a la autoridad fiscal.

El tsunami provocado por las revelaciones de 2016 y la falta de suficiente información sobre los antecedentes de sus clientes, llevó a la firma Mossfon a abrir una operación especial denominada “Proyecto Colombia”, para conocerlos al cien por ciento. La estrategia consistió básicamente en cubrir sus vacíos de información y requerir documentación sobre la procedencia de los fondos, pruebas de residencia o copias de pasaportes, entre otros aspectos específicos. Con estas solicitudes quedó en evidencia que Mossfon no conocía completamente a sus clientes y que tampoco fue riguroso a la hora de aceptarlos.

El 21 de mayo de 2016, una comunicación interna del bufete de abogados admitió que, de sus 10.551 sociedades registradas en Panamá, en el 75 por ciento de ellas  desconocía quiénes eran sus beneficiarios. En Islas Vírgenes Británicas, donde Mossfon también tenía una sede, el desconocimiento de los verdaderos dueños de sus 28.427 sociedades activas llegó al 72 por ciento. Sobre la oficina de Colombia, cerrada en 2017, tras la lectura de uno de los correos enviados por empleados de Mossfon, se concluye que existió la costumbre de registrar sociedades con clientes que nada tenían que ver con ellas.

Uno de los clientes colombianos que pidió certificación para entregar a la DIAN fue el exalcalde de Sincelejo Jesús Antonio Paternina Samur. En septiembre de 2016, el político sucreño, que negó su vínculo con una empresa en Panamá cuando se conocieron las revelaciones, pidió a Mossfon un certificado de inactividad y ausencia de bienes de su sociedad Willowmead Holdings. Cuando el bufete recibió esa petición, revisó los antecedentes de su cliente y pidió explicaciones sobre una información. Según el portal La Silla Vacía, Paternina enfrentó acciones en la Fiscalía y la Procuraduría por desbordar los topes de su campaña política en 2007 y mentir al Consejo Nacional Electoral.

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Jesús Paternina. Ilustración: Jonathan Camilo Bejarano

El exalcalde envió una declaración juramentada para argumentar que esas pesquisas no querían decir que él fuera culpable. A Mossfon no lo convenció su respuesta y el 13 de marzo de 2017 renunció a ser agente residente de Willowead. “Esa sociedad se creó para prestar servicios de consultoría y asesoría en temas de administración pública. Solo se creó en papeles. Jamás se consignó capital ni se abrió cuenta. No tiene activos ni pasivos. Fue liquidada a raíz del bololó (Panama Papers). La DIAN nos investigó y por eso pedí la certificación. Esa investigación ya se archivó”, respondió Paternina a El Espectador y CONNECTAS.

Otra de las solicitudes a Mossfon después de los Panama Papers la remitió el senador Juan Samy Meregh Marun, un empresario pereirano que siguió los pasos políticos de su hermano Habib. Este último ha evadido la justicia tras acumular señalamientos de presuntas relaciones con paramilitares y narcotraficantes, y de haber sido sindicado de la compra irregular de baldíos en Vichada. El nombre de Juan Samy Meregh aparece asociado a las compañías panameñas Ardle International S.A., abierta el 13 de enero de 2015, y Millenio Holding Propert S.A., registrada el 20 de diciembre de 2013, cuando ya oficiaba como congresista por el Partido Conservador.

El 11 de abril de 2016, el senador Juan Samy Merehg pidió a Mossfon “cambiar las acciones de las dos sociedades” para que quedaran a nombre suyo, con fecha de cambio retroactivo a mayo de 2015. Al respecto, una de las empleadas de Mossfon mencionó: “Al cliente hay que preguntarle el porqué del cambio de acciones con fechas retroactivas (…)  y encontré unos resultados adversos”. ¿Por qué Meregh quería una fecha retroactiva para los documentos de sus sociedades? La alianza periodística El Espectador-CONNECTAS se lo preguntó al senador, pero no obtuvo respuesta.

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Juan Samy Merheg. Ilustración: Jonathan Camilo Bejarano

Hace dos años, tras la primera publicación de Panama Papers, Meregh aseguró que Ardle International S.A. se creó para “identificar y adelantar oportunidades de negocios en el exterior”, pero insistió en que “nunca ha desarrollado actividades, no ha realizado ningún tipo de inversión, ni ha aperturado cuentas bancarias en instituciones del exterior”. Es decir, en palabras del propio Meregh, “dicha sociedad no ha sido utilizada para ningún propósito, ni comercial ni familiar”. Sin embargo, sus respuestas dejan dudas porque únicamente se refirió a Ardle International S.A. y nada agregó sobre Millenio Holding Propert S.A.

Hernán Maestre Castro es otro personaje poderoso en los liderazgos regiones de la costa Caribe y reapareció en los documentos filtrados para esta segunda versión de Panama Papers. Actualmente es miembro de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Barranquilla y fue gerente de la campaña de reelección del presidente Juan Manuel Santos en 2014. Aunque en la primera filtración de los papeles de Mossfon, en abril de 2016, Hernán Maestre negó tener empresas en Panamá, en junio de 2016 pidió reactivar la sociedad Mikron Equities, donde aparecía como accionista. Luego se arrepintió de hacerlo.

“Al momento de la constitución de Mikron Equities S.A., los accionistas eran personas que nunca usaron esa sociedad y la devolvieron a Mossfon. Así quedó libre y con mis hermanos la adquirimos. Sin embargo, su proceso de activación nunca se completó, pues Mossfon solicitó información sobre mí que no se suministró. En junio de 2016 quisimos liquidarla, pero para hacerla había que reactivarla. Desistimos de hacerlo y continuamos sin pagar anualidades de mantenimiento para que las autoridades registrales la dieran de baja. En síntesis, esa sociedad siempre estuvo inactiva, nunca fue utilizada”, afirmó Hernán Maestre a esta alianza.

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Hernán Maestre. Foto: Jonathan Camilo Bejarano

A la par de las solicitudes de los clientes a Mossfon tras las revelaciones de Panama Papers, la DIAN incrementó sus averiguaciones y detectó cuatro grupos de empresas vinculadas con Mossfon. Las que establecieron sociedades en el exterior sin irregularidades; las que crearon empresas de papel, pero no evadieron impuestos; las que giraron dinero al exterior con facturas y contratos válidos y, finalmente, aquellas que usaron documentos falsos y facturas ficticias. Estas últimas comprenden un capítulo aparte que pasaron a ser investigadas por la Fiscalía.

Esta pesquisa concluyó que Mossfon ofrecía un entramado financiero y societario que vendía facturas falsas a empresas nacionales a través de sociedades en el exterior. Esas compañías registraban gastos en su contabilidad por servicios no prestados. Por este “modus operandi” fueron capturados en octubre de 2017 Juan Esteban Arellano, ex representante de Mossfon en Colombia, y Luz Mary Guerrero, una de las dueñas de Servientrega. Cuando fue capturada Guerrero, Mossfon renunció a ser agente residente de sus nueve sociedades offshore. Según las pesquisas, a través de ellas se habrían sacado del país 14.000 millones de pesos. Por casos similares al de Servientrega, el capítulo Colombia ya suma 44 personas imputadas. La mayoría revisores fiscales, representantes legales o contadores.

Mossfon también ofreció su cuestionado servicio de refacturación a sociedades del empresario Carlos Gutiérrez Robayo, concuñado del excandidato presidencial Gustavo Petro. Gutiérrez creó 15 compañías en Islas Vírgenes Británicas. El 28 de enero de 2014, una empleada de Mossfon escribió en un correo electrónico que se reunió con una abogada de la firma Trenaco, que tenía como socio a Gutiérrez. “Le mencionamos nuevamente el tema de refacturación para que se lo proponga al gerente y puedan sacar los excedentes de dinero de la compañía. Quedó muy interesada y me dijo que me contaba la respuesta de su jefe”, se lee en el correo. En respuesta a un cuestionario, Gutiérrez dijo que Trenaco en Colombia no usó ese servicio de refacturación y que sus 15 sociedades offshore están liquidadas. Por el cese del pago de sus deudas, la Superintendencia de Sociedades decretó el 19 de septiembre de 2016 el inicio de la liquidación judicial de Trenaco, transportadora del sector petrolero. Al cierre del primer semestre, la compañía reportó activos por 41.242 millones de pesos, pasivos por 109.276 millones y patrimonio negativo del orden de los 68.034 millones. Desde septiembre de 2014, Mossfon renunció a ser agente residente de las compañías de Gutiérrez tras artículos de prensa sobre su posible injerencia en negocios del Distrito durante la administración Petro. Sin embargo, un año después, Mossfon aceptó como cliente a Jairo Gutiérrez Robayo, hermano de Carlos Gutiérrez. Los documentos prueban que fue beneficiario de la sociedad “Utari sociedad anónima”, registrada el 2 de octubre de 2015 en Costa Rica. “Se tuvo la intención de que fuese utilizada como vehículo para el manejo y administración de un proyecto en etapa de estructuración. No obstante, no se materializó y, por tanto, no podría ser beneficiario de la misma. La revisión a la sociedad para su legalización conllevó más tiempo del inicialmente previsto, lo que generó el desistimiento”, comentó Jairo Gutiérrez

Mossfon también renunció a ser el agente residente de polémicos clientes como Leo Eisenband Gottlieb, dueño de la empresa Fedco, procesado por supuestas irregularidades en la compra del centro comercial Villa Country en Barranquilla; y del empresario Juan Gonzalo Ángel, exdueño de CableNoticias, hermano de Guillermo “Guillo” Ángel, reconocido narcotraficante de los años 80 que hizo parte del grupo de los llamados 12 del patíbulo, quienes negociaron con la Fiscalía sus cuentas judiciales a cambio de aportar información clave para desmantelar la estructura criminal del capo Pablo Escobar Gaviria.

En síntesis, como lo refiere la Fiscalía, con colaboración de la DIAN y las autoridades de Panamá, hasta ahora son 14 las sociedades colombianas rastreadas por la transferencia irregular de recursos al exterior o falsificación de contabilidad, lo cual se traduce en imputaciones a 44 personas naturales vinculadas al escándalo Panama Papers. De estas causas la que ha sido más visible es la captura de Luz Mary Guerrero, accionista y representante de las empresas Efectivo Ltda y Circulante S.A., y dos de sus asesores: Sara Guavita Moreno, ex representante legal suplente de Servientrega; y Jorge Humberto Sánchez Amado, ex revisor fiscal de Efectivo Ltda y Circulante S.A.

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Luz Mary Guerrero. Foto: Jonathan Camilo Bejarano

Según la Fiscalía, por diversos cargos, han tenido que comparecer ante la justicia, de la firma Inversiones Zambrano Pinzón Asociados S.A.S., su representante legal, Pedro Julio Zambrano; el contador Juan Víctor Rozo; y la revisora fiscal Ángela Rocío Rincón. Con funciones similares, también han sido vinculados a procesos penales directivos o empleados de las sociedades Artextil S.A., El Heraldo S.A., Rymel Ingeniería Eléctrica S.A.S., Medicina Nuclear Diagnostica S.A.S., Broquel S.A.S., Soluciones Empresariales y de Mercadeo S.A.S., Prodisur S.A., Servinsumos S.A., MAS S.A.S., Moreno Restrepo S.A. y FAACA S.A.S.

De igual manera, la publicación de los Panama Papers en abril de 2016 ha permitido abrir investigaciones en 79 países, donde se evalúan casos de evasión fiscal o lavado de dinero. Según el ICIJ, al menos 500 bancos y sus filiales registraron empresas fantasmas a través de Mossfon. El escándalo ha repercutido en los cinco continentes, con capítulos incidentes como la caída del primer ministro de Islandia, Sigmundur Gunnlaugsson,quien renunció luego de demostrarse que él y su esposa tenían una compañía en Islas Vírgenes Británicas, no declarada antes de entrar al parlamento.

A nivel de América Latina, los Panama Papers han tenido repercusión en Argentina, Brasil, Bolivia, Chile Costa Rica, Cuba, Ecuador, Salvador, Guatemala, Honduras, México, Perú, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela, Colombia y, por supuesto, Panamá. En este último país, el escándalo se  centró en la debacle de Mossfon que llegó a tener 45 oficinas en el mundo, y la captura de sus socios fundadores Jürguen Mossack y Ramón Fonseca. Ambos fueron arrestados a comienzos de 2017, pero por sus nexos con el proceso de origen brasilero Lava Jato, relacionado con la apertura de cuentas bancarias en paraísos fiscales para que Odebrecht canalizara los pagos de sus sobornos.

Desde Panamá, Guillermina McDonald, abogada de Mossfon para los temas penales reconoció que ha sido un duro golpe para la firma panameña, pero que “todo no se puede cerrar como quien apaga una luz”. La abogada McDonald explicó que la mayoría de los trabajadores tenía entre 20 y 30 años de trabajo con Mossfon, y para ellos el impacto ha sido tan difícil como para sus promotores, que ya son abuelos. “El licenciado Mossack se siente muy mal porque lo tienen estigmatizado como un delincuente, y él sabe que no lo es, y los que trabajaron con él tampoco”, afirmó la abogada.

“En Panamá la firma Mossack Fonseca no es la única que se dedica al derecho corporativo”, insistió Guillermina McDonald en defensa de su cliente, y aseguró que el ataque viene de quienes pretenden que Mossfon sea recaudador de impuestos, pues otros utilizaron sus estructuras para ocultar bienes y no pagar tributos. La abogada se quejó de que la denuncia interpuesta por el bufete por hackeo de su base de datos, no prosperó en la justicia. “Además, lo absurdo es que las fiscalías panameñas repitan cosas que dice Brasil en el tema Lava Jato, cuando en Panamá eso es legal, lo mismo que en Nevada (EE.UU.), o en otras jurisdicciones”.

“La justicia panameña tiene que hacer algo para satisfacer al mundo, pero todo lo que se hizo está bajo el amparo de las leyes y las diferentes jurisdicciones que se usan para hacer sociedades”, concluyó Guillermina McDonald. Lo cierto es que, tras el escándalo Panama Papers, cientos de sociedades pidieron cambiar de agente residente y abandonaron a Mossfon. La firma anunció en marzo de este año su cierre, “por el daño irreparable, el deterioro reputacional, la campaña mediática, el cerco financiero y las actuaciones irregulares de las autoridades panameñas”. La pregunta que todos se hacen ahora es: ¿Y a qué firma se mudaron sus clientes?

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