Villanueva (Santander): análisis forense de la gestión REGULAR de José Luis Gómez Mancilla 6,3/10 🟡, que hoy lo tiene tras las rejas

Dos años bajo la lupa forense: pagos ejecutados con precisión de relojería, un FURAG de cuartil alto, el agua que no llega a las veredas y un empréstito de $ 2.225 millones que terminó con el alcalde tras las rejas.

Apertura: nos encontramos en Villanueva

Nos encontramos en el municipio de Villanueva, Santander. Vamos a auscultar la gestión municipal de Villanueva, donde analizaremos exhaustivamente, a nivel forense, la gestión del alcalde José Luis Gómez Mancilla. Haremos un estudio de la administración realizada por este alcalde en sus dos primeros años de gobierno, con la ayuda de las herramientas que toda alcaldía municipal tiene para demostrar sus actividades y el desarrollo de su gestión con transparencia y obediencia a la Ley de publicidad y participación ciudadana.

Este no es un balance complaciente. Tampoco es un libelo. Es una radiografía profunda —una de las que duelen— construida con los datos del Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP) de la Contraloría General de la República, del Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP I y II), del Índice de Desempeño Institucional (IDI-FURAG) del Departamento Administrativo de la Función Pública, del Sistema General de Regalías (SGR), de los formatos FUT de deuda pública y vigencias futuras, y de la prensa regional y nacional que, en octubre de 2026, convirtió a este tranquilo rincón de la provincia Guanentina en el titular judicial del día.

«La corrupción no solo se denuncia, se disecciona.»

La pregunta que guía este ejercicio no es si el alcalde Gómez Mancilla es culpable o inocente —eso lo decidirá un juez, y este texto respeta con rigor la presunción de inocencia que le asiste—. La pregunta es otra, más incómoda y más útil: ¿puede un municipio con indicadores institucionales de excelencia estar fallándole a su gente? En Villanueva, donde diecisiete veredas consumen agua sin tratar mientras el proyecto estructural que la resolvería lleva dos años en la carpeta de los estudios, donde un empréstito de más de $ 2.225 millones para pavimentación fue archivado por el Concejo en noviembre de 2025 y resucitado en 2026 con presuntos sobornos del dos por ciento, donde las regalías se desplomaron casi la mitad y un 2025 entero terminó sin un solo peso de regalías pagado, la respuesta los números la escriben. Y la calificación final, lo veremos, no perdona ni premia: 6,30 sobre 10. Regular. VIGILAR.

El caso de Villanueva es singular en la serie de análisis forenses que publica corrupcionaldia.com porque rompe el molde. No estamos ante un municipio invisible que reporta mal, ni ante una cifra roja que grita desfalco. Estamos ante algo más sutil y más pedagógico: una administración que marca 85,80 puntos en el examen de la Función Pública —cuartil superior del país— y que, sin embargo, no pudo empezar una sola obra estructural sobre el problema número uno de su gente; una administración que paga sus facturas con una eficiencia del 94,9% y que, según la Fiscalía General de la Nación, habría estado dispuesta a comprar con dinero público los votos del Concejo para comprometer el presupuesto del futuro. La lección es espinosa: la buena contabilidad no exime de la mala política, y el formulario perfecto puede convivir con el acto perfecto de corrupción.

El municipio y el joven alcalde de la dinastía

Villanueva descansa sobre la cordillera oriental, en la provincia Guanentina de Santander, a escasos treinta minutos de San Gil, la capital turística de la región. Es un municipio pequeño —6.808 habitantes en el censo del DANE de 2005, una base que las proyecciones recientes acercan a la decena de mil—, clasificado en el grupo 4 del reporte oficial del FURAG, famoso en el departamento por su parque colonial, por su venerable templo, por su vocación artesanal en fique y junco y por un turismo rural que respira en las pistas que rodean el casco. Su economía es la de la Guanentina profunda: comercio de plaza, agro, artesanía, servicios y un creciente flujo de visitantes que suben por el camino real entre Barichara y Curití. Un pueblo, en suma, donde todos saben quién es el alcalde, quién es su papá y quién es el contratista de turno.

Precisamente por eso importa el apellido. José Luis Gómez Mancilla se posesionó el 1 de enero de 2024 como uno de los mandatarios más jóvenes de Santander: tenía 27 años, es politólogo —se presentaba como un profesional «con sueños de construir un país mejor»— y llegó a la Alcaldía con 2.596 votos bajo el aval de la coalición «Villanueva Es Ahora» en las elecciones territoriales del 29 de octubre de 2023. Es hijo del exdiputado departamental José Luis Gómez Patiño, quien también gobernó Villanueva: la política local, como en tantas comarcas colombianas, es un negocio de familias. El joven alcalde heredó el apellido, la maquinaria y —como se verá— también el escrutinio.

El programa de gobierno prometía modernidad con sello joven: gestión con datos, obras de pavimentación, agua para todos, apoyo a la artesanía y al turismo. El Plan de Desarrollo —«Villanueva Es Ahora» 2024-2027— fue adoptado por el Concejo a finales de abril de 2024 tras una construcción participativa con mesas temáticas urbanas y rurales en las que los vecinos volcaron sus prioridades: agua, vías, saneamiento, economía local y, por supuesto, confianza en la administración. Dos años después de aquella posesión con banda de viento en el parque principal, tres de esas cinco palabras —agua, vías, confianza— son hoy las tres patas más frágiles de este balance. Las otras dos, como veremos, sostienen los mejores números del informe.

Metodología: cómo calificamos la gestión municipal

Este artículo aplica la metodología de calificación de corrupcionaldia.com: una escala de 0 a 10 construida como promedio ponderado de seis componentes, cada uno evaluado en relación con el punto de partida del municipio y los recursos disponibles. La escala no es absoluta: un 7,0 en Villanueva no es equivalente a un 7,0 en Medellín, pero los estándares mínimos de transparencia, eficiencia y respeto por la ley son igualmente exigibles. La metodología es pública, replicable y transparente: cualquier lector con acceso a las fuentes oficiales citadas puede verificar cada cifra y refutar cada puntaje.

Tabla 1. Escala de calificación corrupcionaldia.com

Fuente: corrupcionaldia.com — metodología de calificación.

Tabla 2. Componentes y pesos de la calificación

Fuente: corrupcionaldia.com — componentes y pesos.

Las cinco fuentes independientes cruzadas en este trabajo son: (1) CHIP-CUIPO, formularios B_EJECUCION_DE_INGRESOS y D_EJECUCION_DE_GASTOS (vigencia actual, reservas y cuentas por pagar), períodos DIC A DIC 2024 y 2025; (2) FUT de Deuda Pública, módulos CREDITOS, CREDITOS_POR_SECTOR y RENTA_PIGNORADA, período ENE A DIC 2024 y su correlato 2025; (3) FUT de Vigencias Futuras, módulo AUTORIZACIONES, período OCT A DIC; (4) Sistema General de Regalías, ejecución de ingresos y de gastos DIC A DIC de ambas vigencias; y (5) FURAG-MIPG, reporte de la vigencia 2025 publicado por el DAFP en junio de 2026. A ellas se suma la verificación periodística en SECOP, prensa regional y nacional, y portales institucionales.

Componente 1 (25%): FURAG — el termómetro que marca bien

El Índice de Desempeño Institucional (IDI), calculado por el Departamento Administrativo de la Función Pública a partir del Formulario Único de Reporte de Avance de la Gestión, es uno de los indicadores más objetivos de la calidad de la gestión pública municipal. Mide tres dimensiones —Capacidad Administrativa (planeación, talento humano, gestión jurídica, comunicación), Gestión Estratégica (estrategia, información, conocimiento, control) y Gestión Misional (resultados y evaluación)— y su operación estadística está certificada por el DANE. En un país donde más de un centenar de alcaldías ni siquiera completa el reporte, responder bien el FURAG ya es una disciplina.

El resultado de Villanueva en la vigencia 2025 (reporte publicado en junio de 2026) es, sencillamente, sobresaliente: ==85,80 puntos sobre 100==, dentro del grupo 4 de alcaldías municipales. Para dimensionarlo: el rango nacional de las 1.102 alcaldías reportadas va desde 23,85 (San Zenón, Magdalena) hasta 98,90 (Funza, Cundinamarca); la mediana se ubica alrededor de 60. Villanueva supera a más de 900 alcaldías del país —aproximadamente el 83 por ciento—, empató técnicamente con su vecina San Gil (85,34), quedó a distancia de penal de la capital del departamento (Bucaramanga, 95,17) y dejó atrás a municipios turísticos de la misma provincia como Barichara (68,14) y Curití (70,63). En la serie canónica de esta casa, el puntaje es muy superior al de Toluviejo (64,74) y prácticamente idéntico al de Agua de Dios (86,15), el caso que cerró con 7,1/10 y estatus de BUENO.

Gráfica 1. Comparación del IDI-FURAG 2025 de Villanueva con municipios de Santander, los casos canónicos de esta casa y los extremos nacionales. Fuente: DAFP, reporte FURAG vigencia 2025 (17 de junio de 2026).

El desglose por dimensiones no se publica abiertamente en el aplicativo MIPG para cada entidad, por lo que la estructura del formulario permite una estimación razonada a partir del puntaje agregado: un municipio que sostiene 85,80 puntos sin reparos formales de reporte exhibe, con alta probabilidad, un desempeño homogéneo-alto en las tres dimensiones (del orden de 28–29 puntos sobre 33 en capacidad administrativa y gestión estratégica, y 29–30 sobre 34 en gestión misional). Pero lo que el FURAG no mide es igual de importante: no mide la calidad del agua que sale de la manguera, ni el kilómetro de vía pavimentada, ni la integridad del servidor público frente a un soborno. Mide si la maquinaria administrativa planea, reporta y evalúa bien; no mide si el piloto está vendiendo las llaves del carro. En este caso, la Fiscalía General de la Nación sostiene que estaban vendiéndolas, y ese contraste entre formulario e integridad es el corazón dramático de este informe.

Componente 2 (20%): CUIPO — la ejecución presupuestal línea por línea

La Categoría Única de Información del Presupuesto Ordinario (CUIPO) del CHIP es el instrumento oficial que registra, vigencia por vigencia, cómo la alcaldía planeó, recaudó y ejecutó su presupuesto. Para Villanueva, los formularios 2024-2025 cuentan una historia de dos capas: una superficie brillante de gestión financiera y un basamento estructural que no se mueve. El recaudo total general —corrientes ordinarios, recursos de capital y Sistema General de Regalías— pasó de $ 22.544,2 millones en 2024 a $ 24.958,5 millones en 2025 (+10,7%). El municipio recauda más cada año. La pregunta forense, como siempre, es: ¿de dónde salió ese crecimiento y a cambio de qué?

Tabla 3. Ingresos corrientes por rubros principales (formularios CHIP, pesos)

Fuente: CHIP, formulario B_EJECUCION_DE_INGRESOS, DIC A DIC 2024 y 2025. La suma de rubros granulares difiere levemente del total ordinario por líneas menores no desagregadas en el consolidado.

Gráfica 2. Distribución del recaudo total 2024: corrientes (80,3%), capital (6,7%) y regalías (13,0%). Fuente: CHIP-CUIPO.

Gráfica 3. Distribución del recaudo total 2025: el SGR cae a 6,3% del total y las corrientes suben a 84,4%. Fuente: CHIP-CUIPO.

La lectura fina del recaudo: una fiscalización que funciona y un predio que no

Hay una buena noticia tributaria que este análisis reconoce sin ambages: el recaudo de industria y comercio creció un 26,9% combinado entre 2024 y 2025 ($ 466,7 millones a $ 592,5 millones), con el segmento industrial disparado un 44,1%. En un municipio artesanal y turístico, ese salto sugiere fiscalización activa, formalización y una base económica que responde. Es, probablemente, el mejor trabajo silencioso de la administración: cada peso adicional de ICA es recurso de libre destinación, el único dinero verdaderamente soberano con el que cuenta un alcalde.

La mala noticia convive con la buena. El predial rural cayó un 1,0% ($ 556,0 a $ 550,4 millones) en pleno auge de precios de tierras y de flujo turístico rural: no hubo actualización catastral visible, no hubo sinceramiento. Y el esfuerzo tributario total ($ 1.573,0 millones en 2025) apenas representa el 7,7% de los ingresos corrientes —era 8,6% en 2024—: el resto, el 92,3%, llega de la Nación por SGP, ADRES y giros equivalentes. Añadidas las regalías y el capital, la dependencia de fuentes externas roza el 93% del recaudo total. Mientras el SGP de salud colapsaba un 47,1% (reacomodo nacional del régimen subsidiado hacia la ADRES, que subió moderadamente), la libre destinación se duplicó (+124,6%) y otras transferencias crecieron +130,7%: es decir, el crecimiento del presupuesto de 2025 no fue mérito recaudatorio propio sino recomposición de giros nacionales. De cada $100 que entran a Villanueva, más de $90 llegan desde Bogotá.

Gráfica 4. Esfuerzo tributario propio frente a dependencia de transferencias sobre los ingresos corrientes. Fuente: CHIP-CUIPO, cálculo propio.

El gasto: precisión de pago, salto de compromiso

Tabla 4. Ejecución del gasto — vigencia actual y recursos SGR (pesos)

Fuente: CHIP, formulario D_EJECUCION_DE_GASTOS, DIC A DIC 2024 y 2025.

En la ejecución ordinaria, la administración exhibe un 94,9% de eficiencia de pago en ambos años: paga casi todo lo que compromete dentro de la vigencia, sin acumular cuentas por pagar ($ 177,8 millones en 2024; $ 140,8 millones en 2025) y con un superávit fiscal de cierre que se mantiene sobre los dos mil millones ($ 2.756,8 millones en 2024; $ 2.031,2 millones en 2025, con reservas presupuestales por $ 331,9 millones). En tesorería, este es un municipio que paga: proveedores, nómina, obra. En un país donde las alcaldías pequeñas suelen ahogarse en cuentas por pagar arrastradas, esto debe decirse con todas sus letras: es un buen manejo de caja.

Pero dos fenómenos separan la eficiencia de caja de la eficiencia de gobierno. El primero: los compromisos ordinarios saltaron +33,8% en un solo año (de $ 6.675,9 a $ 8.934,9 millones) sin que exista, a la vista pública, una obra estructural nueva ejecutada que lo justifique —más adelante se verá hacia dónde apuntaba buena parte de esa presión presupuestal—. El segundo, ya insinuado en la Tabla 4: en 2025 el municipio comprometió y obligó el 100% de los recursos de regalías ($ 1.567,8 millones) y los pagó en $ 0. Un compromiso de regalías que se obliga y no se paga no es gestión: es una promesa contable que le transfiere el problema a la vigencia siguiente. La caja de 2024 pagó puntual; la caja de 2025 aprendió a comprometer sin desembolsar.

Deuda pública y vigencias futuras: lo que se debe y lo que se amarra

El módulo FUT de Deuda Pública del CHIP —formularios CREDITOS, CREDITOS_POR_SECTOR y RENTA_PIGNORADA— deja ver la única operación de crédito activa del municipio: un empréstito con la banca comercial (Bancolombia) por $ 824,8 millones aprobados, destinado al sector Ambiente y Desarrollo Sostenible —la construcción de alcantarillado sanitario y pluvial—, cuya renta pignorada es el SGP de Propósito General de libre inversión con un 100% de pignoración. La operación fue suscrita por la administración anterior en 2023; el saldo al inicio de 2024 era de unos $ 721 millones.

Y aquí la administración sí merece aplauso medido: en dos vigencias pagó puntual $ 206,2 millones anuales de amortización y redujo su carga financiera a la mitad —los intereses cayeron de $ 92,7 millones en 2024 a $ 51,9 millones en 2025 (−44,0%)—, dejando el saldo en $ 308,7 millones al cierre de 2025. La deuda se saneó sin asfixiar la tesorería y sin contratar deuda nueva. En un cuadro nacional donde los alcaldes pequeños suelen repetir la jugada de comprometer el SGP futuro para cuadrar el presente, la prudencia crediticia de Villanueva es una excepción que conviene subrayar.

Gráfica 5. Evolución del saldo del crédito con Bancolombia y de los intereses pagados. Fuente: CHIP, FUT-Deuda Pública, CREDITOS y RENTA_PIGNORADA.

Lo que ocurre en el módulo de vigencias futuras, en cambio, no tiene lectura inocente automática. Las vigencias futuras son autorizaciones para comprometer gasto no solo en la vigencia corriente sino en las siguientes: una herramienta legítima para obras plurianuales y, al mismo tiempo, un mecanismo que puede hipotecar a la siguiente administración. En octubre-diciembre de 2024 se autorizaron $ 444,9 millones para 2025 —$ 314,2 millones para infraestructura vial regional, $ 70 millones para agua potable, $ 8,5 millones para deporte y $ 52,2 millones para gestión del riesgo—. Cifra razonable para un municipio del tamaño de Villanueva.

Un año después, la autorización para 2026 se multiplicó por 10,7 veces: $ 4.775,9 millones. De ese monto, $ 699,5 millones son inversión en agua potable y saneamiento básico —coherente con la prioridad ciudadana—, pero $ 4.076,4 millones —el 85,3% de la autorización— corresponden a gastos de funcionamiento. Que un municipio cuyos compromisos ordinarios totales de 2025 sumaron $ 8.934,9 millones amarre por adelantado casi la mitad de eso para funcionamiento de la vigencia siguiente es una anomalía forense de primera magnitud: no hay obra que se construya con gasto de funcionamiento, y el instrumento parece haberse usado para descomprimir el presupuesto corriente de 2025 comprometiendo el de 2026. El CHIP registra la autorización; la justificación pública, en los documentos accesibles al ciudadano, no aparece.

Gráfica 6. Autorizaciones de vigencias futuras: composición 2024 frente a 2025. El bloque rojo es gasto de funcionamiento comprometido para el año siguiente. Fuente: CHIP, FUT-Vigencias Futuras, AUTORIZACIONES.

Sistema General de Regalías: el goteo que se seca

Villanueva no es municipio PDET —no figura en los 170 territorios priorizados por el Acuerdo de Paz—, de modo que su acceso al Sistema General de Regalías depende de asignaciones directas y de la formulación de proyectos ante los OCAD. Los formularios SGR del CHIP muestran un fenómeno de dos caras. En la cara de los ingresos: los giros cayeron de $ 2.927,9 millones en 2024 a $ 1.567,8 millones en 2025 (−46,4%), reflejo de la contracción de las rentas nacionales de regalías —petróleo y carbón a la baja— que golpea a todos los receptores. Nada que reprocharle al alcalde: esa es la curva del mercado mundial de combustibles, no la curva de su gestión.

La otra cara es enteramente suya. En 2024, el municipio comprometió, obligó y pagó $ 2.809,5 millones en inversión con regalías —ejecución completa del giro—. En 2025, comprometió y obligó $ 1.567,8 millones y pagó $ 0. Que el 100% del giro de un año se quede obligado y sin desembolsar significa que los proyectos con recursos de regalías quedaron, en la práctica, congelados al cierre de la vigencia: contratados en el papel, dormidos en la obra. Para una comunidad cuya primera demanda es agua —y donde el proyecto estructural de agua, la planta de tratamiento en la represa El Común, de la que se hablará, depende justamente de recursos nacionales y de regalías bien gestionados—, la estampita del «$ 0 pagado» no es un dato de contabilidad: es una foto del problema.

Gráfica 7. Regalías recibidas frente a regalías pagadas: en 2025 el municipio comprometió todo y desembolsó nada. Fuente: CHIP, SGR, ejecución de ingresos y de gastos.

Componente 3 (20%): el Plan de Desarrollo y los cinco problemas de la gente

El Plan de Desarrollo Territorial «Villanueva Es Ahora» 2024-2027 fue adoptado por el Concejo Municipal a finales de abril de 2024, después de un ejercicio de construcción participativa —mesas temáticas urbanas y rurales convocadas en febrero de ese año bajo el lema «vamos todos a construir un gran Plan»—. El propio alcalde posteó entonces la invitación: aporte sus ideas y proyectos para una mejor calidad de vida. La promesa de método era, en sí misma, una promesa de humildad: escuchar primero, gobernar después. Dos años después, la pregunta que este capítulo responde es si el espejo participativo reflejó obras o si solo reflejó fotos.

Para evaluar el avance con la vara de la gente —y no con la vara de los comunicados—, este análisis identifica los cinco problemas principales que las comunidades del municipio han colocado sobre la mesa (en las mesas del Plan, en las veedurías, en la prensa regional y en las redes del propio gobierno municipal) y les asocia cinco indicadores de gestión medibles, analizados periodísticamente. El promedio de los cinco puntajes alimenta directamente el componente de Avance del Plan de Desarrollo de la calificación final.

Tabla 5. Los cinco problemas de la comunidad, sus indicadores y su puntaje

Promedio de los cinco puntajes = 4,6/10 → este es el puntaje del componente Avance Plan de Desarrollo. Fuentes: CHIP, Fiscalía (vía prensa), Vanguardia, Tribunal Administrativo de Santander, alcaldía municipal.

El agua: dos años de estudios y cero metros de tubería

Ningún problema define mejor la distancia entre el formulario y el grifo que el agua. Las comunidades rurales de 17 veredas de Villanueva y Barichara reciben el agua de la represa El Común sin tratamiento alguno: no hay planta potabilizadora en los acueductos comunitarios, el casco urbano ha vivido racionamientos, la empresa de servicios públicos ha tenido que anunciar suspensiones por fugas, y los habitantes han documentado episodios repetidos de escasez. La solución estructural —una planta de tratamiento de agua potable en la represa El Común, con costo de $ 16.000 millones— se intentó en 1991, se intentó entre 2010 y 2011, y en este cuatrienio se intentó por tercera vez: a enero de 2026 existían estudios y diseños presentados por la junta del acueducto comunitario a la Empresa de Servicios Públicos de Santander (ESANT), «en estudio» para conseguir recursos del Gobierno nacional. En dos años de gestión: cero pesos ejecutados sobre los dieciséis mil millones necesarios.

La consecuencia jurídica ya existe: el 19 de enero de 2026 el Tribunal Administrativo de Santander admitió una acción popular para proteger los derechos colectivos de las comunidades rurales, y el 27 de enero siguiente dictó un aviso con cuatro puntos que ordenan inversiones, medidas transitorias —plantas compactas de potabilización y filtros caseros para familias de Acuascoop— y soluciones de largo plazo, con intervención del acueducto comunitario. Cuando un juez tiene que ordenarle a tres alcaldías cómo se bebe el agua de una represa, la omisión ya tiene número de proceso. En julio de 2026, el alcalde presentó la PTAP regional Villanueva-Barichara-Cabrera como bandera ante sus 18 colegas de Guanentá: la bandera es correcta; lo que no hay, dos años después, es el mástil ni el viento —los desembolsos—.

La radiografía financiera en cinco ejes

Tabla 6. Control financiero del mandato en cinco ejes (radar forense)

Fuente: análisis con base en CHIP-CUIPO y FUT.

Componente 4 (15%): SECOP y transparencia — la prueba no era el portal

El Sistema Electrónico de Contratación Pública es la vitrina donde la Ley 80 de 1993 y el Estatuto Anticorrupción obligan a exponer cada proceso: estudios previos, modalidad, contratista, pólizas, adiciones. Para un municipio pequeño, el patrón forense habitual es conocido: predominio de la mínima cuantía y de la contratación directa, procesos fragmentados, y una vitrina que existe más para cumplir que para iluminar. En la revisión realizada para este informe no se identificó, en los accesos públicos verificables en tiempo real, un proceso de licitación pública relevante de la administración en el bienio; la contratación visible se concentra en prestación de servicios profesionales, obras menores y compras de mínima cuantía. Ese hallazgo —la ausencia de procesos visibles de gran porte— merece lectura doble: puede significar prudencia contractuaria, o puede significar que la contratación que importa se decide fuera del portal.

Porque la prueba real de transparencia de este gobierno no se jugó en SECOP: se jugó en el Concejo Municipal. El empréstito de más de $ 2.225 millones para pavimentación era, en rigor, una decisión de financiación —no un contrato—, y por eso no tramita por el portal: tramita por los cinco votos de cinco personas. Según la investigación fiscal difundida por la prensa nacional, esa fue exactamente la brecha explotada: el concejal Fredy Albeiro Pineda Vesga habría ofrecido entre $ 25 y $ 30 millones a un colega en las inmediaciones de la plaza de mercado (julio de 2026), contactó en dos ocasiones a otro concejal (21 de julio), y el propio alcalde habría llamado por WhatsApp a dos concejales (26 de julio y 5 de agosto) y habría escrito en un papel la cifra del 2% —unos $ 44,5 millones sobre el valor del crédito— como comisión por votar favorablemente. Los pagos, siempre según la Fiscalía, se ejecutarían una vez aprobado el empréstito.

La lección institucional merece subrayarse porque es replicable en mil municipios: la transparencia de un municipio no se mide solo por lo que publica, sino por lo que no puede publicar. Un portal SECOP impecable con un Concejo comprado es un sistema de control con las cerraduras cambiadas. En Villanueva, el 2024-2025 cierra con la contratación ordinaria funcionando sin escándalos documentados —y eso se registra—, pero con la gran decisión financiera del cuatrienio contaminada en su génesis, según la tesis fiscal, por ofrecimientos de dinero público.

Componente 5 (10%): los ODS — hasta dónde cumplió el alcalde

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible funcionan aquí como vara de resultado, no de discurso. En el ODS 6 (agua limpia y saneamiento), el balance es el más duro: el alcantarillado avanza por el carril financiero heredado del crédito de 2023, pero el agua potable rural —el derecho colectivo más básico— sigue sin tratamiento y ahora tiene una acción popular admitida que documenta la omisión. En el ODS 8 (trabajo decente y crecimiento económico), la fiscalización de industria y comercio (+26,9%) y el dinamismo industrial (+44,1%) son avances reales, aunque el predial rural estancado muestra que la formalización no tocó aún la tierra. En el ODS 9 (infraestructura) y el ODS 11 (comunidades sostenibles), la infraestructura vial sigue en el papel: el instrumento de financiación elegido fracasó dos veces en el Concejo y la segunda vez explotó judicialmente; las vigencias futuras viales de 2024 ($ 314,2 millones) son el único movimiento efectivo, destinado a la malla regional.

En el ODS 16 (paz, justicia e instituciones sólidas), el cuatrienio recibió el golpe que ya se conoce: el alcalde y un concejal procesados por cohecho propio y asociación para delinquir, con medida de aseguramiento en centro carcelario, en un municipio que ya había visto a su exalcalde condenado por prevaricato por omisión. Nada erosiona más un ODS 16 local que la percepción, fundada en autos fiscales, de que las decisiones se compran. La alineación ODS del Plan de Desarrollo existe en el documento —como en casi todos los planes—; el cumplimiento medible, en estos dos años, es parcial y desigual: 6,0/10, con el agua y las instituciones como las dos heridas abiertas.

Componente 6 (10%): percepción ciudadana — el día que el pueblo dejó de mirar el Facebook

Durante 2024 y 2025, la narrativa oficial fue la de un gobierno joven y comunicador: la fanpage «Gobierno de Villanueva – Santander» documentaba convenios, socializaciones de proyectos de vías, jornadas cívicas y gestiones ante la Gobernación de Santander. La prensa regional recogió con tono amable los anuncios: arreglos de vías, convenios, la bandera provincial de la planta de tratamiento del agua. Es la percepción de gestión en marcha que todo municipio pequeño construye bien, y Villanueva la construyó mejor que el promedio.

Pero la percepción que quedó grabada en el bienio tiene otra cara, la de las quejas que no llegan a los comunicados: los episodios de racionamiento y de agua sin tratar en las veredas, las fugas anunciadas por la propia empresa de servicios públicos, la sensación de un casco que florece para el visitante de fin de semana mientras el acueducto del vecino se abre con llave inglesa. Y en octubre de 2026 esa cara se volvió la única: la imagen del alcalde de Villanueva siendo conducido por la Dijin en Bucaramanga, la audiencia en el juzgado de Coromoro, la foto del concejal «Pana» Pineda —el más votado de 2023— entrando a la cárcel. El Tiempo, Vanguardia, Caracol, Blu Radio e Infobae contaron al país la historia del joven politólogo que habría intentado comprar los votos para su empréstito. La administración mantiene presunción de inocencia; la percepción ciudadana, no mantiene nada: se devalúa al instante.

Metodológicamente, este componente evalúa la ventana 2024-2025 con extensión contextual hasta la fecha de corte, como se hizo en los casos Toluviejo y Agua de Dios: la conducta imputada se gestó en el ciclo de decisión del empréstito que arrancó en 2025, dentro del bienio. Con esa nota, la calificación del componente es 4,0/10: comunicación oficial activa y pruebas de gestión cotidiana, combatidas por la queja hídrica documentada y arrasadas por el escándalo de integridad que definió la memoria reciente del municipio.

La calificación final: 6,30/10 — REGULAR (VIGILAR)

Tabla 7. Calificación final ponderada de la gestión 2024-2025

Resultado: 6,30/10 — REGULAR (VIGILAR). Escala corrupcionaldia.com.

Gráfica 8. Radar de la calificación: un FURAG que sobresale del umbral, una percepción que se hunde y un Plan de Desarrollo por debajo de la línea de aprobación. Fuente: elaboración propia.

Comparada con los casos canónicos de esta casa, la gestión Gómez Mancilla queda en un punto intermedio revelador: por encima de Toluviejo (5,59/10 — Regular), cuyo alcalde no enfrentaba proceso penal conocido en su bienio, y por debajo de Agua de Dios (7,1/10 — Bueno), cuya alcaldesa exhibía IDI similar (86,15) pero con avances reales de obra y sin procesados. La diferencia entre 6,30 y 7,1, se note bien, no está en los formularios —que son casi idénticos— sino en los grifos, las vías y los tribunales.

La etiqueta final es REGULAR (VIGILAR), y la palabra VIGILAR —amarilla, incómoda, nunca casual en esta casa— adquiere en Villanueva un significado literal: el seguimiento ciudadano que este semáforo exige ya lo está haciendo, gratuitamente, la Fiscalía General de la Nación. Porque al quedar por debajo de 6,9, la metodología obliga a desarrollar el análisis jurídico del Prevaricato por Omisión. Adelante: la sección siguiente lo hace, con la prudencia que impone la presunción de inocencia y con la contundencia que autorizan los hechos públicos.

El análisis jurídico: prevaricato por omisión y sus primos activos

Advertencia previa e innegociable: José Luis Gómez Mancilla y Fredy Albeiro Pineda Vesga gozan de la presunción de inocencia consagrada en el artículo 29 de la Constitución Política y no han aceptado cargos. Este capítulo no declara culpabilidades: examina, con la metodología pública de esta casa, los elementos del tipo penal de referencia y el material fáctico ya público, para que el lector ciudadano —que es quien financia y sufre la gestión— entienda qué se investiga, por qué y con qué precedentes.

El tipo penal del artículo 414

El prevaricato por omisión (artículo 414 del Código Penal) sanciona al servidor público que omita, retarde, rehúse o deniegue un acto propio de sus funciones. Sus elementos de análisis son tres: (i) la existencia de un deber funcional concreto y exigible —lo que convierte la inacción en infracción—; (ii) el conocimiento del servidor sobre ese deber y sobre la situación que lo activa (el elemento subjetivo o dolo de omisión); y (iii) la ausencia de justificación legal para la inacción. No es, por tanto, un delito de resultado material como el hurto: es un delito de deber incumplido, que protege la continuidad esencial de la función pública. La Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia lo ha aplicado, entre otros supuestos, a alcaldes que conocían situaciones de riesgo o ilegalidad en su territorio y no desplegaron las actuaciones que la ley les ordenaba.

En el caso villanuevero, este análisis metodológico identifica tres focos de examen de omisión que un juez —no este artículo— tendría que ponderar. Primero, el agua: una crisis documentada durante el bienio (agua sin tratar en 17 veredas, racionamientos urbanos, fugas, quejas reiteradas) que culminó con una acción popular admitida y con órdenes judiciales de medidas transitorias; la pregunta técnica es si en los dos años previos la administración desplegó todas las actuaciones de gestión, formulación y ejecución que el ordenamiento le imponía frente a un riesgo conocido, o si los «estudios en estudio» fueron el sofá institucional de la inacción. Segundo, los recursos de regalías 2025 comprometidos y no pagados ($ 1.567,8 millones): obligar sin desembolsar puede ser gestión financiera legítima o puede ser retardo de un acto propio de las funciones; el expediente de ejecución de esos contratos dirá cuál de las dos cosas fue. Tercero, la anomalía de las vigencias futuras de funcionamiento ($ 4.076,4 millones): si la autorización careció de la motivación técnica y presupuestal que la Ley 819 de 2003 y la Ley 617 de 2000 exigen para comprometer recursos de vigencias futuras, el acto mismo podría ser objeto de análisis de responsabilidad fiscal y disciplinaria, más allá de lo penal.

Pero lo imputado no es omisión: es cohecho

La precisión jurídica obliga a decirlo con claridad: los delitos por los que la Fiscalía llevó al alcalde y al concejal ante un juez de garantías no son el 414, sino su familia activa. Se les imputa cohecho propio (artículo 405 del Código Penal) —el servidor público que solicite o reciba, o acepte promesa, dádiva o ventaja para sí o para un tercero a cambio de ejecutar acto propio de su cargo u omitir uno que debía ejecutar— y concierto para delinquir en su modalidad agravada contra la administración pública (artículos 466 y 467). Si la tesis fiscal prevalece, no estaríamos ante un gobernante que dejó de hacer, sino ante uno que —según la investigación— puso el acto de gobierno en venta: el porcentaje escrito en un papel (el 2% del empréstito, unos $ 44,5 millones) y los pagos diferidos al momento de la aprobación son, en el lenguaje del tipo penal, la solicitud y la promesa aceptada. La pena del cohecho propio es privativa de la libertad, con multa e inhabilitación para funciones públicas: en la práctica, el fin político del procesado.

El contraste entre el 414 y el 405 es, sin embargo, lo que da a este expediente su valor pedagógico. Villanueva ya tiene un alcalde condenado por omisión —Jaimes Trillos, seis años y tres meses, por contratar sin requisitos, sin interventoría y tolerar la obra defectuosa—, y ahora ve procesado a un alcalde por acción: los dos polos del mismo delito de traición al deber. Que los dos extremos hayan ocurrido en el mismo municipio, con quince años de diferencia y con la condena del primero conocida en agosto de 2025 —meses antes de los presuntos ofrecimientos de julio de 2026—, responde a la pregunta que este análisis se hizo al principio: ¿la Institución no sabía? Sabía. Hay una sentencia y hay una investigación que lo atestiguan. Lo que el FURAG no registra es lo que la Fiscalía registra.

Epílogo: las horas que cambiaron Villanueva

Tabla 8. Cronología del caso (fuentes: Fiscalía vía prensa nacional)

Cronología construida exclusivamente con hechos publicados por fuentes periodísticas que citan a la Fiscalía General de la Nación.

¿Y ahora qué le pasa a Villanueva? El escenario inmediato es el que la Ley prevé para los alcaldes privados de la libertad: eventual suspensión por decisión de la Procuraduría, asunción del encargo por el orden de reemplazo legal —el personero municipal o el secretario general, según el caso—, y un Concejo que deberá elegir un nuevo presidente con la mitad de sus miembros mirando el proceso. En paralelo, quedan corriendo tres relojes que no se detienen: el de la acción popular del agua (con medidas judiciales que exigirán recursos que el presupuesto 2026 ya está parcialmente hipotecado por las vigencias futuras), el de los contratos de regalías obligados y no pagados de 2025, y el del empréstito de pavimentación, que ahora solo podría aprobarse en un Concejo bajo sospecha generalizada. La ironía forense es completa: la decisión que presuntamente se quiso comprar es hoy imposible de vender.

Cierre: la pregunta que queda sobre la mesa

Villanueva termina este análisis con un 6,30/10 — Regular, VIGILAR— que podría ser, en otra circunstancia, un veredicto de gestión funcional: un municipio que paga, que reporta, que recauda un poco más cada año y que sanea su deuda. Pero la realidad se empeñó en darle a este informe un epílogo judicial, y el epílogo convierte el semáforo amarillo en una lección nacional: la excelencia de formulario y la integridad de gobierno son dos variables independientes, y solo la segunda protege al ciudadano. Ochenta y cinco coma ochenta puntos de FURAG no compran agua potable; no pavimentan una vía; y, evidentemente, no garantizan que el joven politólogo del discurso bonito no vaya a escribir un porcentaje en un papel.

A los villanueveros les queda la herramienta que este portal existe para afilar: la vigilancia. Exijan los estudios previos, las actas del Concejo, la ejecución de las regalías, el cronograma real de la planta de El Común y la interventoría del alcantarillado. Que ningún funcionario, ningún concejal y ningún contratista pueda decir que nadie mira. Porque en Villanueva —como en todo Colombia— la pregunta no es si hubo o no corrupción: es si vamos a seguir permitiéndola. La corrupción no solo se denuncia, se disecciona. Y cada peso comprometido sin obra, cada regalía sin pagar y cada voto presuntamente en venta son, al final, lo mismo: la factura que un pueblo de la Guanentina pagará durante años.

Fuentes consultadas

Oficiales y de datos: Contraloría General de la República — CHIP, formularios CUIPO (B_EJECUCION_DE_INGRESOS, D_EJECUCION_DE_GASTOS, reservas y cuentas por pagar), FUT-Deuda Pública (CREDITOS, CREDITOS_POR_SECTOR, RENTA_PIGNORADA), FUT-Vigencias Futuras (AUTORIZACIONES) y Sistema General de Regalías (ejecución de ingresos y gastos), vigencias 2024 y 2025; Departamento Administrativo de la Función Pública — reporte FURAG/IDI vigencia 2025 (17 de junio de 2026); DANE — censo y proyecciones de población; Tribunal Administrativo de Santander — acción popular admitida el 19 de enero de 2026; Alcaldía Municipal de Villanueva (Santander) — portal institucional, Plan de Desarrollo «Villanueva Es Ahora» 2024-2027 y páginas de Planeación.

Periodísticas: El Tiempo — «Envían a la cárcel al alcalde de Villanueva, Santander…» (26-27 de octubre de 2026); Vanguardia — «Alcalde y concejal de Villanueva, Santander, fueron capturados por orden judicial» (20 de octubre de 2026), «Admiten acción popular por mala calidad del agua en zonas rurales de Villanueva y Barichara» (22 de enero de 2026) y «Anuncian medidas para mejorar la calidad del agua…» (27 de enero de 2026); Caracol Radio — «¿Quién es el alcalde de Villanueva, Santander capturado…?» (21 de octubre de 2026) y «Fue capturado el alcalde…» ; Blu Radio — captura y medida de aseguramiento (octubre de 2026); Infobae — «Las irregularidades que halló la Fiscalía para condenar a exalcalde de Villanueva, Santander…» (7 de agosto de 2025); Alerta Bucaramanga — condena del exalcalde Jaimes Trillos (7 de agosto de 2025); Canal UTV — medida de aseguramiento del alcalde y del concejal (octubre de 2026). Elaboración y calificación: corrupcionaldia.com, metodología de análisis forense de gestión municipal.