Mecanismo invisible

Ocho magistrados le ordenan al noveno retractarse: ¿en manos de quiénes están las altas cortes?

La Corte Constitucional protegió a una mujer y a su hijo frente a uno de sus propios integrantes. La elección de magistrados de las altas cortes, que llevó a Ibáñez, a Pretelt y a Camargo a la toga, sigue sin una vara para medir el carácter.

Por Hipólito Palencia · 14 de noviembre de 2026

Nos encontramos en Bogotá, el miércoles 11 de noviembre de 2026. La Sala Plena de la Corte Constitucional publica la sentencia SU-367 de 2026 y le ordena a uno de sus nueve integrantes, Jorge Enrique Ibáñez Najar, rectificar en primera persona, en tres días, lo que dijo sobre Yolanda Inés Robles Ramírez, la madre de su hijo mayor. Votan los otros ocho magistrados y ninguno disiente. Noticias Caracol lo describió como un hecho sin antecedentes, y la Corte merece el crédito. Más allá de los titulares queda la pregunta que el fallo no contesta: cómo llega a una de las nueve sillas más altas de la justicia un jurista al que sus colegas deben ordenarle que retire una acusación sin pruebas. La respuesta no vive en una persona. Vive en la elección de magistrados de las altas cortes, un procedimiento que verifica diplomas, años de oficio y votos, y que trata el carácter como una formalidad de certificados.

El hecho cabe en un párrafo y conviene contarlo con exactitud. El 16 de agosto de 2025, el medio independiente CasaMacondo publicó una entrevista con Ibáñez, grabada el día 13, dentro de una investigación sobre el expediente extraviado de su proceso de filiación en un juzgado de familia de Ibagué. En 2004, el magistrado había reconocido la paternidad de Jorge Enrique Ibáñez Robles. En la conversación, Ibáñez describió esa paternidad como consecuencia de un abuso sexual del que habría sido víctima a manos de la madre del joven, y dijo que había terminado “metido en una situación de indefensión”. No aportó ninguna prueba. Meses después, él mismo declaró por escrito que no le constaba y que carecía de elementos probatorios.

Lo que vino después es el verdadero retrato. En diciembre de 2025, el Juzgado Doce Penal Municipal de Neiva le dio cinco días para retractarse y él emitió una rectificación. En febrero de 2026, la jueza Primera Penal del Circuito de Neiva, Catalina María Manrique Calderón, ordenó en segunda instancia que CasaMacondo retirara su investigación, y el medio la bajó de su portal y de sus redes, aclarando que obedecía una orden y no cambiaba su versión de los hechos. Primero desapareció el reportaje. Casi nueve meses después, el 11 de noviembre, la Corte Constitucional revocó esas órdenes contra el medio, le exigió a Ibáñez rectificar de nuevo y le pidió a la Defensoría del Pueblo orientar a la señora Robles, si ella lo acepta, sobre las medidas de protección frente a la violencia.

Casi quince meses. Ese fue el plazo entre la entrevista y la orden de la Corte. Durante ese tiempo, una mujer y su hijo litigaron por tutela contra un magistrado de la máxima corte constitucional. La columnista Cecilia Orozco Tascón advirtió en El Espectador, en septiembre de 2025, que ningún estrado tendría neutralidad suficiente para fallar un caso en el que el reclamante es el presidente de la Corte. Es el costo que ninguna hoja de vida registra: lo que le cuesta a un ciudadano corriente litigar contra un juez de jueces.

Tampoco es un episodio aislado de imprudencia. En enero de 2026, tras una recusación de la Presidencia de la República, la Sala Plena aceptó por unanimidad el impedimento que presentó el propio Ibáñez para no participar en el estudio de la emergencia económica del gobierno Petro, por declaraciones que había dado a varios medios. En febrero repitió el trámite frente a la demanda contra la reforma pensional. Que las recusaciones vinieran de un gobierno enfrentado con las cortes no cambia que sus colegas dieran la razón. Un magistrado que debe apartarse de dos de los casos más pesados del año por lo que dijo ante los micrófonos es un caso de estudio sobre la prudencia como requisito invisible.

Para ser justos con el producto, miremos de dónde salió. Ibáñez nació en Tunja en 1960, trabajó desde los 11 años en una tipografía y así se lo contó a la plenaria del Senado en la audiencia previa a su elección en agosto de 2020, según el perfil de La Silla Vacía. Es una biografía respetable. Obtuvo 58 votos; la candidata Natalia Ángel, 38; Mario Tadeo Henao, 6. Lo respaldaron bancadas conservadoras, cristianas, uribistas y Cambio Radical, y tomó posesión el 7 de octubre de 2020 para un periodo que termina en 2028. Nada de eso es irregular. Ese es el problema: el procedimiento funcionó como fue diseñado. Los senadores oyeron un relato de superación, contaron alianzas y votaron. El diseño no obliga a nadie a preguntar cómo trata a la gente quien tiene poder sobre ella.

El presidente Gustavo Petro puso en duda su idoneidad en octubre de 2025, con el argumento de que quien niega un hijo no debería presidir la Corte. El magistrado reconoció la paternidad en 2004, y Petro mantiene una pelea abierta con las altas cortes que el caso alimentó. Que alguien lo use con fines políticos no altera el contenido de una sentencia votada de forma unánime.

Con Jorge Ignacio Pretelt el filtro falló de forma más cara. Llegó a la Corte Constitucional en 2009 con 67 votos del Senado. El 18 de octubre de 2013, siendo magistrado, hizo una solicitud indebida de 500 millones de pesos al abogado Víctor Pacheco para lograr un resultado favorable a Fidupetrol en la revisión de una tutela, según la Corte Suprema, que lo condenó por concusión a seis años y medio de prisión. La condena quedó en firme el 4 de mayo de 2023 y dos días después lo capturaron en Montería. Este año la Corte Suprema le confirmó la negativa de libertad condicional.

Más arriba en la pirámide hubo algo peor. El cartel de la toga, una red que según la justicia vendía decisiones de la Corte Suprema a políticos investigados, dejó condenados a los exmagistrados Francisco Ricaurte y Gustavo Malo, con condenas confirmadas en 2025, y a José Leonidas Bustos, condenado en febrero de 2026 a diez años y tres meses de prisión. Ricaurte y Bustos habían presidido esa Corte. A los magistrados de la Suprema los elige la propia Corte, un esquema de cooptación que, como recordó Cambio, vivió una época en que un magistrado se elegía con 16 votos y bastaban unos pocos acuerdos para frenarlo.

El caso más reciente es el de Carlos Camargo Assis, elegido el 3 de septiembre de 2025 con 62 votos, 21 más que María Patricia Balanta, en votación secreta. El presidente del Senado, Lidio García, explicó que se apagaron algunas cámaras laterales para garantizar transparencia, y evitar así que alguien filmara el sentido del voto. Transparencia, dijo. Antes de esa votación, Cambio documentó que al menos nueve senadores de partidos que anunciaron su respaldo tenían familiares o amigos que habían trabajado en la Defensoría del Pueblo bajo su gestión, y La Silla Vacía contó nueve magistrados de la Corte Suprema, con familiares nombrados por él, que participaron en la terna. El Senado negó los impedimentos de los nueve congresistas, y dos demandas de nulidad electoral reposan en el Consejo de Estado. Ninguna autoridad judicial ha declarado irregular esa elección y a Camargo lo cobija la presunción de inocencia. Del otro lado del tablero, la oposición temía que la candidata Balanta consolidara una mayoría afín al gobierno Petro en la Corte, y el presidente calificó el voto secreto como cosa “de las mafias”. Cada bando condena las reglas cuando pierde y las usa cuando gana.

Esto no es un pleito de togados. Estos nueve deciden la suerte de la reforma pensional, de la ley de Paz Total, de la emergencia económica y de las tutelas que cualquier ciudadano lleva a revisión. Ibáñez fue ponente en la ley de Paz Total y se apartó de los otros dos casos. Cuando ese tribunal pierde la confianza, el costo no se queda dentro del Palacio de Justicia. Una medición de percepción de 2026 reportada por El Colombiano ubicó al sistema judicial con 59,3 % de opinión desfavorable, por encima del Congreso, con 53,9 %.

Veamos la letra. El artículo 239 de la Constitución fija periodos individuales de ocho años, sin reelección, y encarga al Senado la elección de los magistrados de la Corte Constitucional entre ternas que presentan el presidente de la República, la Corte Suprema y el Consejo de Estado. El artículo 232 exige cuatro cosas: ser colombiano de nacimiento y ciudadano en ejercicio, ser abogado, no haber sido condenado a pena privativa de la libertad, salvo por delitos políticos o culposos, y acreditar quince años en cargos de la Rama Judicial o el Ministerio Público, o en el ejercicio de la abogacía o la cátedra jurídica con buen crédito. Tres de esos filtros se verifican con un diploma y un certificado. El cuarto, el buen crédito, es el único que roza el carácter, y el Consejo de Estado lo ha entendido, en esencia, como la ausencia de señalamientos que hayan llegado a procesos éticos o disciplinarios. Un conflicto familiar, un trato abusivo o una acusación pública sin pruebas quedan fuera de esa casilla mientras nadie los convierta en expediente. El estándar mide la ausencia de procesos, no la presencia de virtudes.

Hay un círculo que ningún formulario registra. Una de las tres ternas la arma la Corte Suprema, que investiga y juzga a los congresistas, y quien elige es el Senado, cuyos miembros responden ante esa misma Corte. Cada magistrado elegido sabe quién lo votó. Cada senador que vota sabe qué Corte lo juzga. En cualquier manual de elección pública eso se llama incentivos, y nadie debería sorprenderse con lo que producen. El cartel de la toga fue una versión extrema de esa vecindad. Los intentos de reformarla se acumulan: El Tiempo contó uno como el decimonoveno desde 2002, y otro se hundió en la Comisión Primera del Senado, el cuerpo que tendría que votar las reglas con las que se elige a sus jueces.

La salida no exige inventar nada. Exige cuatro cosas concretas. Primera, una evaluación pública de integridad que incluya entrevistas a quienes trabajaron con el candidato y el registro de quejas, procesos de familia y denuncias de violencia de género, y no apenas títulos. Segunda, voto nominal en el Senado, con nombre y apellido. Tercera, impedimentos públicos y obligatorios para senadores, magistrados nominadores y candidatos con vínculos laborales o familiares entre sí. Cuarta, que cada entidad que presenta una terna publique por escrito por qué incluyó a cada nombre. Nada de eso requiere desconfiar de la Corte Constitucional. Requiere tratar la toga con el mismo rigor con que este portal trata cada contrato municipal.

El 11 de noviembre la Corte Constitucional protegió a una mujer y a su hijo, y lo hizo contra uno de los suyos. Ese acto de decoro institucional no cambia la pregunta de fondo, que es la que este portal hace con cada alcalde y cada contrato: quién midió. A Pretelt lo midieron los jueces después de que pidiera el dinero. A Ibáñez lo midieron sus colegas después de que hablara. Sobre la elección de Camargo decidirá el Consejo de Estado. Los tres pasaron por el mismo filtro de diplomas y votos. Cada vez que un magistrado llega a la toga sin que el procedimiento le exija una prueba de carácter, la factura la paga alguien que algún día necesite una tutela y encuentre al otro lado a un juez con poder sobre su vida. ¿Seguiremos eligiendo a quienes nos juzgan con la misma vara con que se vota a un concejal? Y si el Senado no quiere cambiar la vara, ¿cuántos votos faltan para que lo obliguemos?

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