Pereira (Risarada) : Mauricio Salazar lleva una caja récord, una ciudad herida y una calificación de 6,7/10 🟡 REGULAR

Superávit de $349.757 millones, reservas que se cuadruplican, homicidios al alza y una urgencia hospitalaria cerrada: la cuenta pendiente del alcalde Salazar.

El municipio exhibe superávits de $349.757 millones y recauda 17,2% más, pero las reservas presupuestales se cuadruplican, los homicidios crecen 44%, la urgencia del Hospital Kennedy cierra y la Procuraduría investiga al mandatario. La contabilidad brilla; la ciudadanía pregunta dónde está la plata y para qué.

Nos encontramos en el municipio de Pereira. Vamos a auscultar la gestión municipal, donde analizaremos exhaustivamente, a nivel forense, la gestión del alcalde Mauricio Salazar Peláez. Haremos un estudio de la administración realizada por este alcalde en sus dos primeros años de gobierno, con la ayuda de las herramientas que toda alcaldía municipal tiene para demostrar sus actividades y el desarrollo de su gestión con transparencia y obediencia a la Ley de publicidad y participación ciudadana…

Porque esas herramientas existen y son públicas: el CHIP, la vitrina oficial donde la alcaldía debe colgar cada peso ejecutado del presupuesto ordinario; el SECOP, donde se registra cada contrato; el FURAG, el examen anual de Función Pública que mide la calidad institucional; los informes de la Contraloría; y la Encuesta de Percepción Ciudadana que mide lo que las cifras no quieren contar. Cuando uno abre esos expedientes, uno por uno, línea por línea, aparece una historia que ningún boletín de prensa de la Alcaldía cuenta completa: la de una ciudad que amasa caja récord mientras sus servicios de seguridad, salud y movilidad se deterioran a plena luz del día. Más allá de los titulares, esta radiografía disecciona el sistema que permite que un municipio pereirano con superávits de $349.757 millones y un índice institucional de 84,02 puntos termine 2025 con más homicidios que en cualquier año reciente, una urgencia hospitalaria clausurada y su avenida emblemática todavía sin abrir al tráfico. La verdad no solo se lee: se siente. Y en Pereira se siente en la calle.

El mecanismo expuesto: la caja llena que no se gasta

Empecemos por el dinero, porque de eso se trata esto. En 2025 la administración municipal recaudó $1.201.868 millones con fondos, un 17,2% más que los $1.025.434 millones de 2024. El Impuesto Predial Unificado urbano —la renta madre de Pereira— pasó de $208.637 a $259.175 millones, un alza del 24,2% que la propia Secretaría de Hacienda presume en sus balanceles de gestión. A ese ritmo, en dos años la administración puso en caja más de $2,2 billones entre recaudo propio y transferencias.

El problema no es cuánto entra. El problema es cuánto se ejecuta. En 2024, de cada 100 pesos que entraron a las arcas, solo se comprometieron 52; en 2025 se comprometieron 63. El Concejo aprobó un presupuesto histórico de $1,55 billones para 2025, pero los compromisos efectivos llegaron a $755.487 millones: menos de la mitad de lo prometido. Y aquí aparece la primera anomalía forense del expediente: al cierre de 2025, las reservas presupuestales se cuadruplicaron: pasaron de $21.533 millones en 2024 a $86.606 millones en 2025, un aumento del 302%. En criollo: $86.606 millones que estaban comprometidos en contratos no se gastaron y quedaron dormidos para la vigencia siguiente. Sumadas las cuentas por pagar ($44.656 millones), las exigibilidades y reservas totales de Pereira llegaron a $131.263 millones, el doble que un año antes.

La tesorería, mientras tanto, parece la cuenta de un banco: $402.514 millones en caja y bancos al cierre de 2025 (eran $371.459 millones en 2024) y $78.506 millones en encargos fiduciarios, un 50% más que en 2024. Para dimensionar la paradoja: las reservas presupuestales del cierre de 2025 ($86.606 millones) superan casi 3,4 veces el presupuesto anual de la Contraloría, más de 4 veces lo invertido en la modernización del estadio, y equivalen a once años del contrato del Programa de Alimentación Escolar que hoy sostiene a 33.000 estudiantes. Dinero existe. Lo que falta es obra ejecutada, plaza atendida y calle segura.

Y un dato que el ciudadano común no suele mirar pero el forense no perdona: el superávit fiscal de Pereira fue de $358.530 millones en 2024 y de $349.757 millones en 2025. En la contabilidad del municipio, guardar plata sin gastarla aparece como virtud fiscal. En la vida real de la ciudad, ese superávit tiene nombre propio: obras que no arrancan, contratos que se retrasan, convenios que vencen sin ejecutar y servicios públicos que se degradan mientras el saldo de caja engorda. Porque claro, “presupuesto histórico” suena mucho mejor que “presupuesto aprobado que no se ejecuta”…

Los actores y sus roles: los bancos, los contratos y la sombra de la Procuraduría

Mauricio Salazar Peláez (Pereira, 1974) es abogado, fue personero municipal entre 2006 y 2007, asesor de la Gobernación de Risaralda y representante a la Cámara entre 2014 y 2018 por el Partido Conservador. En octubre de 2023 ganó la Alcaldía con 82.510 votos por la coalición Primero Pereira. Su gestión presume el recaudo récord y la modernización vial; su expediente registral, sin embargo, guarda también una primera línea roja: el 16 de diciembre de 2025 —con lo corrido apenas de su segundo año— la Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria en su contra por su presunta participación indebida en política a favor de su esposa, María Irma Noreña, aspirante al Senado. En enero de 2026 el ente de control llegó a designar un alcalde ad hoc para cubrir sus impedimentos. La Ley 789 de silencio electoral existe; la pregunta es por qué un alcalde necesita que un tercero se la recuerde.

El segundo actor es la banca acreedora. La deuda pública de Pereira pasó de $110.417 millones al iniciar 2025 a $167.917 millones al cierre del año: un salto del 52% en una sola vigencia. El detonante: $70.000 millones desembolsados en 2025, principalmente dos créditos firmados con Bancolombia el 27 de enero de 2025 ($62.300 millones y $7.700 millones) destinados a la continuación de la Avenida Los Colibríes, la intersección de Corales, vías urbanas y la actualización del Estadio Hernán Ramírez Villegas, más el crédito reestructurado de 2017 por $80.000 millones y el crédito con Findeter de 2021 por $70.000 millones amarrado al cable aéreo Megacable. El servicio de la deuda en 2025 costó $22.238 millones ($9.738 millones de intereses y $12.500 millones de amortización), a tasas ligadas al IBR overnight más puntos adicionales de 1,15% y 1,70%. ¿Y la garantía? La renta madre de la ciudad: el Impuesto Predial Unificado, pignorado hasta en 135% y 130% en distintos instrumentos, con $459.000 millones de rentas comprometidas. Traducción: el predial que paga el pereirano ya tiene dueño futuro, varias veces.

Tercer actor: los contratistas y los macroproyectos. El caso emblemático es la Avenida Los Colibríes, la obra que debe conectar la Avenida Las Américas con Cerritos y que desde hace años se muestra en cada ritual de campaña. Su fase I fue contratada por $32.037 millones, recibió una adición de $20.300 millones, quedó inconclusa y en la auditoría de la Contraloría General de la República se identificaron hallazgos por más de $17.600 millones —incluido un detrimento de $17.630 millones por pagos de trabajos no ejecutados—. En noviembre de 2025 la administración de Salazar abrió la licitación para recuperar y culminar la fase I ya construida: $41.063 millones de inversión proyectada, adjudicada finalmente por $42.730 millones más $3.015 millones de interventoría, con obras iniciadas en marzo de 2026 y entrega prevista para mediados de 2027. Haga la cuenta el lector: una sola fase de una sola avenida ha costado ya más de $95.000 millones entre lo original, las adiciones y la reconstrucción, y sigue sin abrirse. Entretanto, la modernización del Estadio Hernán Ramírez Villegas —adjudicada al Consorcio Sede Deportivas EFP por cerca de $22.980 millones en noviembre de 2025— ya acumula adiciones y una prórroga que movió su entrega de julio a agosto de 2026.

Cuarto actor: los órganos de control. La Contraloría Municipal de Pereira, en cabeza de Perches Giraldo Campuzano, rindió informe ante el Concejo en junio de 2025: 28 actuaciones de control fiscal en 2024 y 31 en 2025, con hallazgos fiscales por $22.613 millones solo en 2024 y beneficios cuantificables por $1.335 millones. El Concejo, por su parte, aprobó el presupuesto de $1,55 billones con 18 votos y en la revisión del presupuesto 2027 volvió a poner la lupa sobre los desembolsos pendientes de créditos autorizados. El quinto actor es silencioso pero determinante: el ciudadano que no aparece en los boletines pero sí en las encuestas, en las filas de las urgencias cerradas y en los registros de homicidios.

El impacto real: la ciudad empeora donde más duele

Seguridad. Pereira cerró 2025 con 206 homicidios frente a 143 en 2024: un 44% más. En octubre de 2025 ya superaba los 180 asesinatos, muy por encima de 2023 y 2024, y el Gobierno Nacional la calificó como ciudad poco segura. La misma administración reporta 3.700 capturas, reducción de hurtos y extinción de dominio por $25.000 millones; los números de la policía, sin embargo, no le ganan la carrera a los números de Medicina Legal. La Encuesta de Percepción Ciudadana 2025 de Pereira Cómo Vamos dejó el dato más desnudo del bienio: el 77% de los pereiranos se siente inseguro en la ciudad y el 64% en su propio barrio. Cuando la percepción de seguridad colapsa a esos niveles, ninguna rueda de prensa sobre capturas compensa el termómetro social.

Salud. El 17 de agosto de 2025 la ESE Salud Pereira anunció el cierre temporal del servicio de urgencias del Hospital Kennedy por graves problemas estructurales y financieros. La unidad intermedia permaneció cerrada en la práctica durante los meses siguientes, con 35 pacientes sin poder remitir a hospitales de mayor complejidad y planes de contingencia que trasladaron la carga a San Joaquín, el Centro y el propio Kennedy. En una ciudad con superávit fiscal de $349.757 millones, que una urgencia hospitalaria se cierre por filtraciones y desfinanciación no es una tragedia administrativa: es una decisión de prioridades.

Movilidad. La Avenida Los Colibríes —promesa de cada campaña— seguía sin ponerse en servicio al cierre de 2025; la licitación para culminarla se abrió el 25 de noviembre de ese año. El Megacable, el orgullo de la infraestructura metropolitana financiado con el crédito de Findeter, estuvo suspendido en junio y septiembre de 2025 por mantenimiento preventivo y procesos de certificación. El Megabús operó con carriles exclusivos invadidos, retrasos crónicos y rutas paradas, y el Instituto de Movilidad acumuló denuncias ciudadanas por sus falencias. Lo positivo hay que decirlo: la Secretaría de Infraestructura reportó 126.628 metros cuadrados de vías urbanas renovadas y la compra de maquinaria amarilla propia para intervenir el rural. Pero entre el parche calificado y la obra estructural que no arranca, Pereira sigue moviéndose a medias.

Agua y ambiente. El 3 de septiembre de 2025, el CONPES 4156 puso luz verde a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Pereira-Dosquebradas y reconoció lo que los ríos Otún y Consota llevan décadas cargando: los dos municipios vertían prácticamente la totalidad de sus aguas residuales sin tratamiento. La PTAR —capacidad de 1,7 metros cúbicos por segundo— es la obra ambiental más grande en la historia de la ciudad y en 2025 era todavía un documento de política y un convenio: aprobada, no construida. Las quebradas urbanas y los asentamientos sobre ellas siguen siendo el reflejo más crudo de ese rezago, con denuncias vecinales que se repiten como rutina.

Educación y alimentación. Aquí la administración tiene resultados defendibles: el PAE entregó más de 33.000 raciones diarias en 168 establecimientos educativos durante 2025, con autorizaciones excepcionales de vigencias futuras financiadas con aportes de la Nación y recursos propios; la conectividad escolar y los Centros de Vida para adultos mayores —financiados con Estampillas mediante el Acto Administrativo 28 del 4 de noviembre de 2025, por $4.061 millones— sostuvieron la agenda social. La contratación de 5.000 personas del programa Pereira Renace dinamizó el empleo local. Si el lector se pregunta por qué el alcalde mantiene aprobaciones cercanas al 91% en la medición de diciembre de 2024 y luego pierde 22 puntos de satisfacción con la ciudad en 2025, la respuesta está en esta asimetría: los programas sociales se entregan cada día; la seguridad, la salud y la movilidad se sienten cuando fallan.

El sistema que lo permite: el superávit como escudo

Hay un mecanismo institucional que convierte el rezago en virtud, y Pereira lo domina con esmero. Primero se aprueba un presupuesto histórico —$1,55 billones, con 80% destinado a inversión, 17% a funcionamiento y 3% al servicio de la deuda— queproduce titulares. Luego, la ejecución real avanza a menos de dos tercios del recaudo. Al cierre de la vigencia, los contratos que no arrancaron se constituyen en reservas presupuestales —$86.606 millones en 2025— y el rezago queda contabilizado como prudencia fiscal. El superávit emerge como prueba de buena administración, el FURAG de 84,02 puntos como aval técnico, y el ciclo se reinicia el año siguiente con un nuevo presupuesto histórico. Es un presupuesto espejo: crece en el papel mientras la ciudad espera en la fila.

El sistema se apalanca además en la dependencia de la Nación: solo dos líneas del Sistema General de Participaciones —educación ($225.521 millones) y régimen subsidiado de salud ($129.463 millones)— representaron en 2025 el 29,5% del recaudo con fondos del municipio. El eje de autonomía financiera del análisis forense lo califica con 4,0 sobre 10. Y se amarra en las rentas: $459.000 millones del predial están pignorados hasta en 135%, lo que Hipotecó el futuro tributario de la ciudad para financiar su presente.

¿Y la vigilancia institucional? Llega, pero tarde y con menos colmillos de los que el titular promete. La Procuraduría abrió investigación en diciembre de 2025; el Concejo pregunta sin morder; la Contraloría documenta hallazgos por $22.613 millones en 2024; y la ciudadanía —ese 77% con miedo— queda fuera del circuito de decisión, invitada a participar solo cuando toca renovar mandato. Entre tanto, el IDI de Pereira cayó de 86,1 puntos (2024, séptimo lugar entre las 18 capitales del Grupo Par 1) a 84,02 puntos en la vigencia 2025, mientras su vecina Dosquebradas, con 93,45, se convirtió por segundo año consecutivo en la número uno del Eje Cafetero. Que el municipio más institucionalizado de Risaralda sea superado por un municipio de la misma área metropolitana no es un accidente estadístico: es la fotografía de una administración que administró bien la caja y mal la ciudad.

La calificación forense: 6,7 sobre 10 — REGULAR (VIGILAR)

La metodología canónica de corrupcionaldia.com pondera seis componentes en escala de 0 a 10. La calificación no es absoluta: evalúa la gestión en relación con el punto de partida del municipio y los recursos disponibles. Un 7,0 en Pereira no equivale a un 7,0 en Toluviejo, pero los estándares mínimos de transparencia, eficiencia y respeto por la ley son igualmente exigibles. Este es el veredicto numérico del bienio 2024-2025:

Tabla 1. Calificación ponderada de la gestión 2024-2025

Y para que nadie confunda el mapa con el territorio: cuando la calificación se aplica a los cinco problemas que más le duelen a la gente —los mismos cinco que el alcalde se comprometió a resolver en su Plan de Desarrollo— el panorama es considerablemente más severo:

Tabla 2. Los cinco problemas ciudadanos y su puntaje

La brecha entre 6,7 (gestión institucional) y 4,0 (resolución de problemas ciudadanos) es, en sí misma, el hallazgo central de esta investigación: el municipio funciona mejor como empresa recaudadora que como proveedor de bienestar.

Análisis jurídico: el prevaricato por omisión (Artículo 414 del Código Penal)

La regla metodológica es explícita: toda calificación igual o inferior a 6,9 obliga a desarrollar el análisis del delito de prevaricato por omisión, tipificado en el artículo 414 del Código Penal colombiano, que sanciona al funcionario público que incumpla u omita cumplir sus deberes funcionales. Este análisis no constituye una imputación penal: la determinación de responsabilidades corresponde exclusivamente a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría y a la Justicia Penal Militar-Ordinaria según el caso. Es un ejercicio metodológico riguroso que examina si los hechos documentados reúnen, en apariencia, los elementos del tipo penal.

El tipo penal exige tres elementos concurrentes. Primero, la calidad de funcionario público: el alcalde de Pereira es agente del Estado con deberes funcionales ciertos y exigibles consagrados en la Constitución (artículos 2, 209, 311), la Ley 136 de 1994, el Plan de Desarrollo aprobado por ordenanza-acuerdo y las normas sectoriales de salud, seguridad y saneamiento. Segundo, una omisión de un deber funcional concreto —no una simple mala gestión: la abstención de la conducta que la ley ordena cumplir. Tercero, el dolo: el conocimiento del deber incumplido y la voluntad de dejarlo incumplido, con potencial lesión de intereses legítimos de la colectividad.

Escenario 1 — Ejecución presupuestal y reservas. El deber funcional de ejecutar el presupuesto aprobado es cierto, exigible y conocido. Las reservas presupuestales son una figura legítima del artículo 74 de la Ley 383 de 1997 para atender compromisos legalmente adquiridos; pero un salto del 302% ($21.533 a $86.606 millones) revela que compromisos contractuales enteros no se ejecutaron en la vigencia. Si detrás de esas reservas hay obras paradas cuyo arrancar era obligatorio para el servicio público —y la evidencia de Colibríes, estadio y saneamiento rural apunta en esa dirección—, la omisión de las acciones de gestión, conveniencia y agilidad necesarias configura, en apariencia, la abstención de un deber funcional. El agravante metodológico: la caja tenía $402.514 millones. El dinero existía; la conducta administrativa no.

Escenario 2 — Seguridad ciudadana. La jurisprudencia de la Corte Constitucional (sentencias C-399 de 2016, T-622 de 2003 y línea de seguridad humana) ha caracterizado la seguridad como deber reforzado del Estado. Un incremento del 44% en homicidios entre 2024 y 2025, con la ciudad calificada oficialmente como poco segura, exige acreditar que existió política pública continua, presupuesto ejecutado y respuesta institucional efectiva. La administración exhibe capturas y extinción de dominio; la falta de reducción del indicador central —mientras las reservas engordan— deja en evidencia que la respuesta fue reactiva y fragmentaria. ¿Omisión dolosa o capacidad técnica insuficiente? Esa línea la traza la Fiscalía; el análisis metodológico solo constata el desfase entre el deber, los recursos y el resultado.

Escenario 3 — Salud pública. El cierre de urgencias del Hospital Kennedy desde agosto de 2025 por fallas estructurales y financieras compromete directamente el deber funcional de garantizar la prestación efectiva de los servicios de salud a cargo del municipio y de ejercer la función de entidad territorial coordinadora del sistema. La omisión de intervenciones oportunas en una ESE propia —cuando la administración reportaba superávit de $349.757 millones y caja de $402.514 millones— sugiere, en apariencia, que el deber de actuar era conocible, la posibilidad de actuar existía y la decisión de no actuar con la energía exigible persistió por meses. El prevaricato por omisión penaliza exactamente ese silencio administrativo cuando produce lesión: pacientes que no fueron remitidos a tiempo.

Escenario 4 — Vigilancia de los contratos heredados. El hallazgo de más de $17.600 millones en la fallida fase I de los Colibríes es un hecho de 2024 (detrimento declarado por la Contraloría General de la República en noviembre de 2024). El deber funcional del nuevo alcalde no era construir la obra —que no contrató— sino evitar que el rezago continuara: asegurar la red contractual, reclamar garantías, ejecutar las pólizas y acelerar la culminación. Dos años después, la obra seguía sin servicio, con una nueva licitación apenas abierta en noviembre de 2025 y una adjudicación de $42.730 millones que traslada la entrega a 2027. La continuidad del rezago, con conocimiento del hallazgo y disponibilidad de recursos, es el escenario clásico que la doctrina examina bajo omisión de los deberes de vigilancia y control.

Conclusión jurídico-metodológica: se identifican elementos de la conducta omisiva en los cuatro escenarios, con el elemento subjetivo (dolo) como el punto crítico que solo la investigación penal puede resolver. La calificación de 6,7/10 coloca a la gestión en el rango en el que esta metodología considera que el análisis penal es pertinente y no prescindible. La recomendación es doble: que la ciudadanía ejerza las acciones de participación —quejas ante la Procuraduría Provinciales de Risaralda, denuncias penales, control político en el Concejo— y que los órganos de control desenreden la madeja de las reservas presupuestales, cuyo detalle por contrato permitiría convertir esta radiografía en expediente. La presunción de inocencia es la regla; la indagación documentada es el deber. Ninguna de las dos puede ceder al otro.

¿Hasta dónde cumplió los Objetivos de Desarrollo Sostenible?

La alineación formal es irreprochable —el Plan de Desarrollo Pereira Renace invoca los ODS en su arquitectura de cuatro componentes: bienestar social y calidad de vida, Pereira segura, innovadora y competitiva, educación, inclusión y cultura, y ordenamiento territorial y gestión ambiental sostenible—. El cumplimiento material es otra cosa. Este es el balance ODS del bienio:

Tabla 3. Balance ODS del bienio 2024-2025

Regalías, PDET y vigencias futuras

Pereira no es municipio PDET, por lo que no recibe los giros diferenciales de la línea PDET del Sistema General de Regalías; su canal es el OCAD Regional de Risaralda. El bienio dejó tres señales en este frente. Primera: el proyecto ambiental más importante de la ciudad —la PTAR Pereira-Dosquebradas— superó en septiembre de 2025 su certificación de política (CONPES 4156) con financiación plurianual, aunque la construcción no arrancó dentro del periodo evaluado. Segunda: los recursos con destinación específica —Estampillas del Bienestar del Adulto Mayor y Pro Cultura, Sobretasa Ambiental, Tasa Pro Deporte— sostuvieron programas como los Centros de Vida ($4.061 millones), pero el análisis forense exige verificar que no hayan sido usados para cuadrar gastos corrientes de libre destinación, riesgo clásico que la Contraloría audita cada vigencia. Tercera: las vigencias futuras crecieron como instrumento de gestión —alumbrado público en modalidad de pago por consumido comprometido hasta 2030, vigilancia de la administración central por $14.162 millones autorizados para 2026, aseo y cafetería por $4.350 millones, PAE y conectividad escolar—, cifras que comprometen el presupuesto de administraciones futuras y que el Concejo ya coloca bajo la lupa en el examen del presupuesto 2027.

Cierre potente

La pregunta no es si Pereira tiene plata. La pregunta es para quién, para qué y cuándo. Los registros del CHIP no mienten: $1,2 billones recaudados en 2025, $402 mil millones durmiendo en caja, $86 mil millones reservados en contratos que no arrancaron. Los registros de Medicina Legal tampoco: 206 familias enlutadas en un solo año. Las urgencias cerradas del Kennedy no son una nota al pie: son la cara de esa plata que se guarda mientras la gente espera. Cada peso reservado sin obra es una seguridad que no se construye, una urgencia que no se reabre y un río que sigue enfermo.

El alcalde Mauricio Salazar Peláez aún tiene dos años para hacer de su gestión más que un ejercicio de tesorería impecable: abrir los Colibríes, reabrir la urgencia del Kennedy, arrancar la PTAR, devolverle a las calles la noche. La calificación de 6,7 —Regular, VIGILAR— no es una condena: es un contrato de seguimiento ciudadano. La pregunta no es si la caja de Pereira está llena. Es si vamos a seguir permitiendo que esté llena mientras la ciudad está vacía de resultados. El sistema no se cambia solo. Pero tampoco puede cambiar sin nosotros.

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Anexo A. Evidencia forense: tablas y gráficas

Todos los datos provienen de los formularios del CHIP (Categoría Única de Información Presupuestal Ordinaria) para las vigencias DIC A DIC 2024 y 2025, cruzados con FURAG 2025 (Función Pública), informes de la Contraloría Municipal, SECOP, prensa regional y Pereira Cómo Vamos. Los gráficos de torta y radar reproducen la estructura solicitada por la metodología.

Tabla 4. Ejecución presupuestal comparativa Pereira 2024-2025 (MM = millones de pesos)

Tabla 5. Deuda pública activa de Pereira y renta pignorada

Tabla 6. Vigencias futuras relevantes 2025-2026 (comprometen administraciones futuras)

Anexo B. Metodología transparente y replicable

Componentes y pesos de la calificación

Tabla 7. Componentes y pesos

Escala de calificación

Tabla 8. Escala aplicada

Regla del prevaricato por omisión

Si la calificación final es igual o inferior a 6,9 (Regular o peor), se desarrolla el análisis jurídico completo del delito de Prevaricato por Omisión (artículo 414 del Código Penal), examinando omisión dolosa de deberes funcionales, abuso de autoridad o favorecimiento ilícito. Si es igual o superior a 7,0, el análisis penal se omite como cuestión de lógica metodológica. Pereira obtuvo 6,7: el análisis se desarrolló en el cuerpo del artículo.

Cruce de cinco fuentes independientes

Tabla 9. Matriz de cruce de fuentes

Nota de responsabilidad: este ejercicio periodístico usa exclusivamente fuentes públicas verificables. Toda referencia a responsabilidades penales o disciplinarias es hipótesis metodológica sujeta a las investigaciones de los órganos de control, en respeto pleno de la presunción de inocencia.

Anexo C. Guiones para reels informativos (45 segundos)

Guión 1: gancho emocional

Guión 1 (45 s)

Guión 2: comparación impactante

Guión 2 (45 s)

Guión 3: historia personal

Guión 3 (45 s)

Referencias y fuentes documentales

• CHIP — Conciliación de Información Presupuestal, www.chip.gov.co: formularios B_EJECUCION_DE_INGRESOS y D_EJECUCION_DE_GASTOS (DIC A DIC 2024 y 2025), FUT_DEUDA_PUBLICA (CREDITOS, CREDITOS_POR_SECTOR, RENTA_PIGNORADA), FUT_VIGENCIAS_FUTURAS (AUTORIZACIONES) y cierre fiscal del municipio de Pereira.
• Departamento Administrativo de la Función Pública — Resultados de Desempeño Institucional (FURAG) vigencia 2025, reporte del 17 de junio de 2026: Alcaldía de Pereira, Grupo Par 1, IDI 84,02.
• Alcaldía de Pereira — “Pereira séptima ciudad con mejor Índice de Desempeño Institucional” (junio de 2025): FURAG 2024 con 86,1 puntos.
• Contraloría Municipal de Pereira — Informe ante el Concejo (junio de 2025) e Informe financiero sector central vigencia 2025 (febrero de 2026): reservas presupuestales por $86.606 millones y hallazgos fiscales 2024 por $22.613 millones.
• Concejo Municipal de Pereira — Aprobación del presupuesto 2025 por $1,55 billones (Acuerdo 33 de 2024); examen del presupuesto 2027 (noviembre de 2026).
• El Tiempo (27-11-2024) y El Nuevo Siglo (12-03-2025) — Hallazgos y detrimento de $17.630-$17.794 millones en la construcción de la Fase I de la Avenida Los Colibríes.
• Caracol Radio (25-11-2025), Pulzo y La Patria — Licitación y adjudicación de la culminación de la Fase I de Los Colibríes ($41.063-$42.730 millones; entrega 2027).
• Procuraduría General de la Nación (16-12-2025), W Radio, El Espectador, La Patria e Infobae (02-01-2026) — Investigación disciplinaria al alcalde Salazar por presunta participación indebida en política; designación de alcalde ad hoc.
• DNP — CONPES 4156 (03-09-2025): PTAR Pereira-Dosquebradas; reconocimiento de vertimiento sin tratamiento del 100% de aguas residuales.
• Pereira Cómo Vamos — Encuesta de Percepción Ciudadana 2024 y 2025 (satisfacción con la ciudad -22 puntos; inseguridad percibida 77% urbana / 64% barrial).
• Prensa de seguridad: Pulzo (27-12-2025), El Diario (16-10-2025), Caracol (02-01-2026) — homicidios 2024 (143) y 2025 (206); capturas y extinción de dominio.
• Alcaldía de Pereira (junio de 2025) — PAE: más de 33.000 raciones diarias en 168 establecimientos educativos.
• ESE Salud Pereira y prensa regional (agosto de 2025) — Cierre temporal de urgencias del Hospital Kennedy.
• Referencia canónica de método: https://corrupcionaldia.com/toluviejo-salcedo-martinez/ y https://corrupcionaldia.com/agua-de-dios-eliana-manzanares/.