Santa Marta: alcalde Pinedo dice que el Concejo aprobó $890 mil millones para planta de acueducto, pero Hacienda certifica $407 mil millones

Hacienda Distrital certifica un solo cupo, de $407.000 millones. La planta de El Curval se financia con un crédito de proveedor a 111 meses, con costos financieros que superan el valor de la obra.

Nos encontramos en el municipio de Santa Marta, Magdalena, donde el 28 de octubre de 2026 la Secretaría de Hacienda Distrital firmó el oficio 195 para responder un derecho de petición que una veeduría ciudadana radicó el 21 de octubre. La pregunta cabía en una línea: cuál es el acto que autorizó un endeudamiento de $890.000 millones para la planta de tratamiento de agua de El Curval. La respuesta cabe en otra: ese acto no existe. Lo único que el Concejo Distrital aprobó, mediante el Acuerdo 009 de 2024, es un cupo de endeudamiento de $407.000 millones. La cifra que circula en comunicados, entrevistas y titulares es 2,19 veces mayor que la que consta en un acuerdo.

La cifra tiene voz propia y fechas. En abril de 2026, Hoy Diario del Magdalena registró que el alcalde Carlos Pinedo Cuello anunció recursos asignados por más de $890.000 millones para la planta, gracias al cupo de crédito aprobado por el Concejo. En junio, durante la entrega de la cancha del sector Los Pericos, Opinión Caribe lo reportó anunciando el cierre de la contratación de una obra valorada en cerca de $890.000 millones. En octubre, Diario La Libertad citó un boletín oficial según el cual los recursos fueron gestionados ante el Concejo Distrital mediante un cupo de crédito, y el 31 de ese mes El Callejero recogió al alcalde resaltando la inversión de más de $890.000 millones. Tres días antes, el 28 de octubre, su propia Secretaría de Hacienda había firmado el oficio que certifica un solo cupo, de $407.000 millones.

La cifra, además, ha cambiado de contenido. A finales de 2023, como alcalde electo, Pinedo le dijo a Noticias Caracol que el proyecto que incluía la planta de El Curval costaba alrededor de $450.000 millones. En agosto de 2025, en entrevista con La República, habló de un plan de choque por $890.000 millones que incluía obras como la planta El Curval y la captación del río Toribio. En 2026, los boletines presentan esos mismos $890.000 millones como la inversión de la planta. El número se quedó quieto. Lo que cambió fue lo que nombra.

El nombre de la deuda decide quién la vigila

Esa brecha de $483.000 millones merece que alguien la mire de frente. No porque sea, por sí sola, una ilegalidad, ya que las normas colombianas permiten financiar obras por varias vías, sino porque el nombre que se le da a una deuda decide quién la vota, quién la vigila y quién la paga. Un cupo de endeudamiento pasa por el Concejo, se mide con los indicadores de la Ley 358 de 1997 y deja un acuerdo que cualquier ciudadano puede pedir. Un crédito de proveedor sostenido por una empresa del Distrito, una fiducia y unas vigencias futuras viaja por otro carril, con menos testigos. En Santa Marta, El Curval viaja por el segundo.

Este texto se construye sobre dos documentos: el oficio 195 de Hacienda y la respuesta que la Gestión Financiera del Distrito entregó el 12 de noviembre de 2026 a la Veeduría Ciudadana Agua por Santa Marta, radicado 2026-35176. Ninguno de los dos acusa a nadie. Leídos juntos, dibujan una estructura que no coincide con el relato con el que se presentó la obra. Cada afirmación que sigue indica de dónde sale: de esos papeles, del proceso de contratación publicado en el SECOP II o de la prensa. Donde falta el dato, se escribe que falta.

Empecemos por lo elemental, porque la corrupción colombiana suele esconderse en lo elemental. Un cupo de endeudamiento es el techo de crédito que el Concejo le autoriza a la administración. Se aprueba por acuerdo, con un estudio de capacidad de pago, y la Ley 358 de 1997 le pone dos reglas al municipio: que los intereses no superen el 40% del ahorro operacional y que el saldo de la deuda no pase del 80% de los ingresos corrientes. Si el municipio rompe esos límites, pierde autonomía y necesita la autorización de la Nación. La ley no prohíbe deber. Obliga a medir, a votar y a dejar rastro.

Con esa vara se mide la primera incongruencia. Si la financiación de la planta fuera un cupo, existiría un acuerdo con la suma completa. Hacienda responde que existe uno solo, el de $407.000 millones, y la tabla de ejecución anexa a la respuesta del 12 de noviembre registra $93.053 millones ejecutados, un 22,9% del techo. Quedan $313.947 millones sin usar. El cupo real tiene saldo, no alcanza para cubrir la cifra anunciada ni aunque se gastara hasta el último peso, y no parece haber sido el vehículo elegido para pagar El Curval.

Una planta, cinco precios

De dónde sale entonces el resto. Sale de un expediente en el que cada documento maneja un número distinto para la misma planta. $890.000 millones es la cifra anunciada. $893.052 millones, la del contrato interadministrativo CI-002929-2025. $861.875 millones, el presupuesto oficial del proceso EDUS-I.P.O.M.>C-008-2026 en el SECOP II. $817.051 millones, el valor de adjudicación. $461.110 millones, la cifra que la prensa de mayo presentó como presupuesto sin costos de financiación. Cinco números para una sola planta. En contabilidad eso se llama inventario. En periodismo, pregunta.

Los $861.875 millones del presupuesto oficial tienen una anatomía que el expediente sí deja ver: $410.759 millones de obra y $451.115 millones de costos financieros. Léase despacio. De cada peso del presupuesto oficial, 47,7 centavos se convierten en tubería, concreto y equipos, y 52,3 centavos se convierten en costo del dinero. Los $461.110 millones que la prensa presentó como valor sin financiación no coinciden con los $410.759 millones de obra. La diferencia, $50.351 millones, no aparece explicada en los documentos revisados.

Hay una comparación que ordena todo lo demás. Los costos financieros, $451.115 millones, superan por sí solos el cupo completo que aprobó el Concejo, $407.000 millones, por $44.115 millones. Dicho de otro modo, el esquema prevé que el Distrito pague, solo en costo del dinero, más de lo que el Concejo autorizó pedir prestado. Y la cifra anunciada, $890.000 millones, equivale a 2,17 veces el costo de la obra misma. Una ciudad que pide agua recibe una factura que más que duplica el precio del agua.

El mecanismo: crédito de proveedor a 111 meses

El mecanismo tiene nombre en los documentos: crédito de proveedor, una figura que regula el Decreto 1068 de 2015, el decreto único del sector Hacienda. La empresa distrital EDUS contrata la obra. El contratista la ejecuta y la financia. El Distrito paga después, por cuotas, a lo largo de 111 meses, con una tasa de IBR más hasta siete puntos. Un patrimonio autónomo, es decir, una fiducia, administra los pagos. Como garantía se afectan los ingresos corrientes de libre destinación del Distrito. Nada de esto aparece en el discurso de inauguración de una planta. Todo aparece en el contrato.

En términos concretos, el contratista adelanta el trabajo y el Distrito lo paga en nueve años y tres meses, cada mes con la tasa que marque el IBR más el margen pactado. El IBR es un indicador variable. Cuando sube, la cuota sube. El Distrito no controla esa variable, y el contrato tampoco. Quien firma hoy una obligación de 111 cuotas con tasa variable firma también una apuesta sobre la política monetaria de la próxima década, y la firma a nombre de quienes pagarán las cuotas.

Para que un pago a nueve años sea posible, el presupuesto de hoy tiene que comprometer el presupuesto de mañana. Ese permiso se llama vigencia futura. La Ley 819 de 2003 la regula, y cuando es excepcional, es decir, cuando compromete recursos más allá del periodo del gobernante, exige trámites más pesados, entre ellos el aval del Consejo Distrital de Política Fiscal, CODFIS. Es un filtro razonable. Existe porque un alcalde no debería poder amarrar a sus sucesores sin que alguien revise la cuenta.

La secuencia documentada es esta. El Concejo aprobó el Acuerdo 009 de 2024 con el cupo de $407.000 millones. Luego el Acuerdo 021 de 2024 autorizó vigencias futuras excepcionales. Consta el Acta 07 del CODFIS, fechada el 24 de noviembre de 2025, y el Acuerdo 017 de 2025 ratificó la autorización. El contrato interadministrativo CI-002929-2025 y el proceso EDUS-I.P.O.M.>C-008-2026 completan el expediente. Cada paso tiene su papel y su número. Lo que ningún papel hace es sumar los pasos en una sola cifra que el ciudadano pueda leer.

La Ley 80 de 1993, en su artículo 32, define los contratos estatales, y la Ley 2195 de 2022 reforzó las medidas de transparencia y prevención de la corrupción en la contratación pública. Ambas normas descansan sobre una idea que parece obvia: lo que el Estado compromete debe poder consultarse con claridad. Un expediente con cinco valores para una misma obra pone a prueba esa idea. No la derrota, porque todos los números están publicados en alguna parte. Pero obliga al ciudadano a hacer de contador para entender lo que la administración debería explicar.

La pregunta jurídica de fondo no la resuelve un periodista. La resuelven la Contraloría, la Procuraduría y el Ministerio de Hacienda, cada uno en su competencia. Cabe en una frase: una financiación a 111 meses, con tasa variable y con los ingresos corrientes de libre destinación como garantía, ¿opera en la práctica como el endeudamiento que la Ley 358 de 1997 quiere medir con indicadores y limitar con un cupo? Si la respuesta es sí, faltan las mediciones. Si la respuesta es no, falta la explicación de por qué una obligación así de larga y así de cara no pasó por el mismo filtro que los $407.000 millones.

Lo que cuesta el dinero

Las cuentas, mientras tanto, son aritmética. Por cada $1.000 de obra, el esquema prevé $1.098 de financiación. La financiación pesa 9,8% más que la obra. Cada peso que se convierte en tubería trae consigo un peso con nueve centavos de intereses y costos asociados. Cualquier hogar que haya comprado a cuotas una nevera, una moto o un lote conoce esa proporción, y sabe también que el precio de contado y el precio a plazos son dos precios distintos, aunque se anuncien con una sola cifra.

Repartidos en 111 meses, los $451.115 millones de costos financieros equivalen, en promedio aritmético, a $4.064 millones por mes. Es un cálculo simple, sin curva de desembolsos ni variación del IBR, y sirve solo para dimensionar. Durante más de nueve años, cada mes, la ciudad tendría que sacar de su presupuesto más de cuatro mil millones de pesos en costo del dinero. Un solo mes de ese costo equivale al 4,4% de todo lo que el cupo real de $407.000 millones ha ejecutado hasta hoy.

Un certificado, cero compromisos, cero pagos

Para saber si una obra avanza hay que seguir el dinero por tres estaciones. Primero está el certificado de disponibilidad presupuestal, CDP, que solo declara que hay plata apartada. Después está el registro presupuestal, RP, que compromete esa plata con un contrato. Por último está el pago. Un CDP es una intención. Un RP es una obligación. Un pago es un hecho. Los anuncios de obra viven en la primera estación, y las plantas de agua se construyen en la tercera.

La respuesta del 12 de noviembre informa que para El Curval existe un CDP por $105.000 millones. Registro presupuestal, $0. Pagos, $0. Es decir, el 12,2% del presupuesto oficial tiene siquiera la intención presupuestal, y en esa fuente el compromiso y el pago están en cero. Para dimensionarlo, esos $105.000 millones representan el 25,8% del cupo de $407.000 millones. La planta tiene permiso de gasto. Todavía no tiene gasto.

Hay una consecuencia útil en ese cero. Hasta la fecha de la respuesta no se ha pagado un peso de la obra, y ahí está la oportunidad: el contrato todavía se puede aclarar, explicar y, si hace falta, corregir antes de que la primera cuota empiece a correr. Las obligaciones de nueve años se discuten mejor en el primer mes que en el cuarto año. Una administración que quisiera demostrar buena fe tendría en esta ventana la mejor ocasión para publicar el costo total, con intereses, garantías y cronograma de pagos, en una sola página.

La veeduría preguntó además por una partida de $18.000 millones. La respuesta no la ubica. Un hueco de $18.000 millones en una ciudad cuyo problema es el agua parece pequeño junto a $890.000 millones, y esa es su gracia: dentro de una cifra enorme, un faltante de ese tamaño pasa por error de redondeo. Por eso hay que preguntar por las cifras chicas. Las grandes ya tienen quien las defienda, y las chicas son las que desarman los relatos.

Quien nombra decide, y quien paga no votó

Hay una filosofía de la palabra detrás de este caso. Quien nombra decide. Si la obra se anuncia como cupo, el ciudadano entiende que alguien votó. Si se anuncia como crédito de proveedor con vigencias futuras, el ciudadano entiende que alguien contrató, y un contrato no se debate en una plenaria, se firma. El idioma administrativo convierte una decisión política de nueve años en un trámite, y los trámites no sacan a nadie a la calle. La palabra correcta no es un detalle de estilo. Es un mecanismo de control social, y cuando se cambia, el control se apaga.

Quién paga es la parte que menos se explica. Ciento once meses son nueve años y tres meses. Si el esquema arranca entre finales de 2026 y comienzos de 2027, el último pago cae hacia 2036. Ese lapso cruza las elecciones locales de 2027, de 2031 y de 2035. Tres administraciones recibirán una obligación que no contrataron y que sus votantes no pudieron discutir. Cada una recibirá la misma factura mensual, y ninguna podrá modificarla con una promesa de campaña.

Los ingresos corrientes de libre destinación son la plata que el Distrito puede gastar sin que una ley la amarre a un sector. De ahí salen salarios, funcionamiento y una parte de la inversión propia. Cada peso de esos ingresos que quede afectado como garantía del pago de la obra es un peso que el próximo concejo no podrá orientar con libertad hacia un colegio, una vía o un centro de salud. Afectado como garantía no significa gastado. Significa que, si el flujo falla, esa bolsa responde primero.

El agua en Santa Marta es tema de campaña desde hace décadas, y esa historia explica la urgencia con que se defiende la obra. Nadie razonable discute que la ciudad necesita una planta. Lo que se discute es el precio, el nombre del precio y el camino jurídico para llegar a él. Defender la necesidad de la obra y exigir transparencia sobre su financiación son dos tareas que se necesitan entre sí. Sin transparencia, la urgencia termina sirviendo de coartada.

El sistema que lo permite

Aquí aparece el sistema, que importa más que cualquier nombre propio. Un esquema de pagos a nueve años produce un incentivo que conoce cualquier estudioso de la administración pública: el costo político de inaugurar es inmediato y el costo político de pagar llega después, cuando el inaugurador ya no ocupa el despacho. Un sistema que premia el corte de cinta y no cobra la cuota produce, tarde o temprano, arquitecturas como esta. No hace falta suponer mala fe en nadie para ver el problema. Basta mirar quién queda sin voz en la ecuación.

El Concejo Distrital aparece dos veces en el expediente, con el Acuerdo 009 de 2024 y con los acuerdos de vigencias futuras. Su función no es aprobar con aplausos. Es hacer las preguntas incómodas antes de votar: cuánto cuesta el dinero, a cuántos años, con qué garantía y con qué cifra total. La respuesta del 12 de noviembre indica que la cifra de $890.000 millones nunca fue sometida como cupo. Los acuerdos de vigencias futuras sí tienen montos. Falta que se explique cuáles montos se votaron y si incluían los $451.115 millones de costos financieros.

Los órganos de control tienen herramientas claras. La Contraloría puede revisar si la estructura financiera respeta los límites de endeudamiento y el principio de economía. La Procuraduría puede examinar la actuación de los servidores que autorizaron, estructuraron y adjudicaron. El Ministerio de Hacienda puede pronunciarse sobre la naturaleza de la operación. Ninguna de esas entidades ha hablado, hasta donde consta en los documentos de esta investigación. Su silencio tampoco prueba nada. Solo deja la pregunta abierta.

La pieza que destapó el asunto es la más barata y la menos usada: un derecho de petición. Las veedurías ciudadanas, amparadas por la Ley 850 de 2003, no necesitan permiso de nadie para preguntar. La Veeduría Ciudadana Agua por Santa Marta preguntó, obtuvo respuestas oficiales y esas respuestas, puestas lado a lado, muestran lo que ningún comunicado había mostrado: que la cifra que se repite no tiene acuerdo propio. El control social funciona así, sin escándalo, con un radicado y una paciencia que casi nadie tiene.

Lo que esta investigación no prueba

Conviene ser exacto con los límites de esta investigación. Los documentos no demuestran un delito. No demuestran que alguien se haya enriquecido, ni que el contratista tenga vínculos con funcionarios, ni que el esquema sea ilegal. Demuestran una discrepancia entre la cifra anunciada y la cifra autorizada como cupo, una estructura de financiación larga y cara, y una ejecución presupuestal en cero para una obra de casi $900.000 millones. Eso basta para exigir explicaciones públicas. No basta para dictar sentencias.

Columnas de opinión hablan de una suspensión del proceso en junio de 2026 y de una resolución 055. Ninguno de los dos documentos base las menciona, y por eso este texto no las da por hechas. Si existen, los actos administrativos son públicos y deben poder consultarse. La diferencia entre un dato y un rumor es que el dato tiene número de radicado.

Las preguntas que faltan

Quedan preguntas que cualquier ciudadano puede radicar mañana. Cuál es el acto administrativo o el acuerdo que respalda la cifra de $890.000 millones. Por qué el expediente maneja cinco valores distintos para la misma obra. Qué explica la diferencia de $50.351 millones entre la cifra que la prensa presentó como valor sin financiación y los $410.759 millones de obra. Dónde está la partida de $18.000 millones que la respuesta no ubica.

Y quedan otras, de más fondo. Si el Concejo votó los $451.115 millones de costos financieros. Si el Ministerio de Hacienda conceptuó sobre la naturaleza de la operación. Si la financiación a 111 meses entró en el cálculo de capacidad de pago del Distrito bajo la Ley 358 de 1997. Si los ingresos corrientes de libre destinación comprometidos como garantía alcanzan con holgura frente a los demás compromisos de largo plazo. Son preguntas con respuesta documental, no con respuesta de rueda de prensa.

En los países que la literatura sobre transparencia fiscal pone como referencia de baja corrupción, Finlandia, Dinamarca, Noruega y Nueva Zelanda, rige una norma de conducta administrativa sencilla: el costo completo de una obra pública se publica, con sus intereses, antes de que se firme. Allá el ciudadano lee el precio total en la primera página. Aquí lo reconstruye con un derecho de petición, tres oficios y una calculadora. La distancia entre esos dos países no se mide en riqueza. Se mide en cuántas preguntas tiene que hacer un ciudadano para saber cuánto debe.

El alcalde, el gerente de EDUS, el secretario de Hacienda, el contratista y los concejales son piezas de un engranaje que viene de antes y seguirá después. Cambiar los nombres no cambia el engranaje. Mientras una ciudad pueda anunciar una cifra, aprobar otra y pagar una tercera sin que nadie las ponga en la misma tabla, el riesgo de corrupción no necesita esconderse. Le basta esperar a que nadie sume.

Sume usted. $407.000 millones aprobados. $890.000 millones anunciados. $451.115 millones de costos financieros. $105.000 millones con certificado y $0 comprometidos. Una planta de agua con cinco cifras y ninguna que alcance para explicar a las otras cuatro. La pregunta que le toca a Santa Marta no es si necesita la planta. La necesita. La pregunta es cuánto está dispuesta a deber sin saber cuánto debe, durante nueve años, a nombre de quienes todavía no han votado. ¿Cuánto vale saber cuánto debemos? En este caso, vale un derecho de petición. Alguien ya lo radicó. Falta que el resto lea la respuesta.