Sistema Silencioso
El plan de choque en salud de De la Espriella cumple cien días con el 5 % de la plata anunciada, en créditos que las EPS deben devolver. La deuda con hospitales crece 11.600 millones de pesos diarios y nadie sabe dónde quedaron las reservas.
Por Unidad Investigativa · 17 de noviembre de 2026
Nos encontramos en Colombia, a cien días del gobierno de Abelardo de la Espriella, donde la fila de la farmacia no se enteró del cambio de mando. En campaña, el hoy presidente tenía la cuenta hecha: “Yo con 10 billones de pesos en 90 días estabilizo el sistema”. Pasaron los 90 días y diez más. El plan de choque en salud de De la Espriella existe, tiene tablero público y muestra resultados parciales, pero la chequera que lo respalda suma 500 mil millones de pesos: el 5 % de lo prometido. Y no es plata regalada. Son créditos de la Adres que las EPS tendrán que devolver, con descuento sobre sus giros futuros si incumplen. El 6 de noviembre, la viceministra Marcela Brun admitió ante el gremio Gestarsalud que a las EPS no les había llegado “el primer peso”. Lo avanzado hasta hoy salió de la caja de las mismas EPS y de los hospitales a los que el sistema les debe. El rescate lo están financiando los náufragos.
El Ministerio de Salud calcula en 1.849.649 los pacientes con medicamentos o tratamientos represados. Repartidos entre ellos, los 10 billones de la campaña daban unos 5,4 millones de pesos por paciente. Los 500 mil millones dan 270 mil pesos. Prestados. Con eso, y con el esfuerzo de quienes ya estaban quebrados, el tablero oficial reportó al 3 de noviembre que el 31 % de los pacientes cerró su pendiente: 51 % en medicamentos y apenas 23 % en tratamientos. Hay que decirlo con la misma vara que este portal usa para todos: publicar el avance semana a semana, por EPS y por municipio, es más de lo que hizo el gobierno anterior. Prestadores, pacientes y académicos consultados por La Silla Vacía reconocen que con la ministra Ana María Vesga el ministerio volvió a contestar el teléfono, después de cuatro años de pelea entre el sector y el gobierno de Gustavo Petro. El diálogo regresó. La plata, no.
Fuente: declaraciones de campaña, Ministerio de Salud y La Silla Vacía.
Ahora el tamaño del incendio. El estudio 56 de cartera de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, con corte a junio de 2026, registra deudas por 27,8 billones de pesos con las 232 instituciones que reportaron. El 60,5 % está vencido. En seis meses la cuenta creció 2,1 billones, unos 11.600 millones de pesos cada día. A ese ritmo, los 500 mil millones del plan de choque equivalen a 43 días de crecimiento de la deuda. Y esa es apenas la porción que reporta un gremio. La Contraloría General encontró que las EPS cerraron 2025 con pasivos por 58 billones de pesos. Un vaso de agua para un edificio en llamas, con la condición de devolver el vaso.
La ministra lo sabe. El 9 de septiembre pidió al Congreso 13,9 billones adicionales para 2027, de los cuales 12 billones iban a financiar el aseguramiento. No los consiguió, y la forma como no los consiguió merece archivo. Según La Silla Vacía, su propio gobierno radicó un proyecto de presupuesto con 140 mil millones menos para salud que el borrador heredado de Petro. Las comisiones económicas sumaron 2 billones. Las plenarias agregaron otros 3. Entonces Senado y Cámara olvidaron conciliar sus textos, el trámite quedó viciado y el Gobierno expidió el presupuesto por Decreto 1599 del 22 de octubre con la versión de primer debate. Tres billones para la salud de 55 millones de personas se quedaron en el piso del Capitolio por un error de procedimiento. Resultado: 2 de 13,9. El 14 % de lo pedido. Y un detalle para coleccionistas: consultado por ese medio, el Ministerio de Hacienda respondió que a la fecha no existe solicitud de traslado o adición de recursos para salud. El ministerio que pide y el ministerio que gira despachan en el mismo gobierno y todavía no se han escrito.
Fuente: Ministerio de Hacienda, Decreto 1599 de 2026, El Espectador y El Tiempo.
| Concepto | Cifra | Fuente |
|---|---|---|
| Promesa de campaña para estabilizar el sistema en 90 días | 10 billones de pesos | Declaraciones de campaña, febrero de 2026 |
| Recursos del plan de choque | 500 mil millones, en créditos reembolsables | Ministerio de Salud, Resolución 2445 de 2026 |
| Girado a las EPS al 6 de noviembre | Cero pesos | Viceministra Marcela Brun, citada por La Silla Vacía |
| Pacientes con pendientes | 1.849.649 | Ministerio de Salud |
| Pendientes cerrados al 3 de noviembre | 31 % (51 % medicamentos, 23 % tratamientos) | Tablero del plan de choque |
| Adición pedida por MinSalud para 2027 | 13,9 billones | Ministra Vesga ante comisiones económicas |
| Adición que quedó en el Decreto 1599 | 2 billones | Ministerio de Hacienda |
| Promesa de la Ley de Rescate | Cerca de 30 billones en cuatro años | Ministro de Hacienda |
Queda una carta: la reforma tributaria bautizada Ley de Rescate. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, promete cerca de 30 billones para la salud en cuatro años. El proyecto sube por escalones la cotización de los trabajadores que ganan más de dos salarios mínimos, recorta la exoneración de aportes de los empleadores, traslada a la Adres un punto de los aportes a las cajas de compensación, aumenta impuestos al licor, al tabaco y a las bebidas azucaradas, y grava con IVA la medicina prepagada. Hasta ahí, el titular. La letra menuda que leyó La Silla Vacía en la exposición de motivos dice otra cosa: el recorte a la exoneración le daría a la Adres un recaudo equivalente al 0,38 % del PIB en 2027 y reduciría en la misma magnitud el aporte de la Nación al aseguramiento. Para la cotización de los trabajadores, la fórmula se repite con 0,2 % del PIB. Con el PIB implícito en el presupuesto, eso ronda los 12 billones de pesos al año, casi la cifra que pedía la ministra. Si esa lectura se sostiene en el debate, el trabajador y el empleador ponen la plata y la Nación retira la suya. Johnattan García, director de la consultora Decilion e investigador de Harvard, lo interpreta sin anestesia: el interés no está en sumarle al sector, está en liberar presupuesto para otros gastos. Porque claro, rescate de la salud suena mejor que cambio de pagador.
Y aquí aparece la pregunta que el país repite en cada fila: ¿a dónde fue a parar la plata? La respuesta fácil es corrupción, y hay con qué sostenerla. El Monitor Ciudadano de Transparencia por Colombia registró entre 2016 y 2020 67 hechos de corrupción en el sector, con un costo estimado de 1,63 billones de pesos. El 63 % fue de tipo administrativo, el 27 % privado y el 10 % político. Servidores públicos participaron en el 46,2 % de los hechos y actores privados individuales en el 37,3 %: la trampa en salud se baila en pareja. Uno de cada cuatro casos tocó el suministro de medicamentos, con sobrecostos, beneficiarios fantasmas y cobros por fármacos que nunca se entregaron. Entre los delitos más frecuentes figuran la celebración de contratos sin requisitos legales y el prevaricato por omisión, el del artículo 414 del Código Penal, el delito de quien debía vigilar y miró para otro lado. Ahora la cuenta honesta: 1,63 billones es lo que alcanzó a llegar a la prensa en cinco años. Frente a los 27,8 billones que hoy les deben a los hospitales, es el 6 %. La corrupción documentada no explica el hueco. Lo que inquieta es lo que nadie ha documentado.
Ese territorio sin mapa tiene cifras oficiales. En mayo de 2026, la Contraloría alertó que en Nueva EPS, la más grande del país, intervenida por el gobierno Petro, hacían falta cerca de 4,9 billones en el registro de reservas técnicas y había 13,6 billones en anticipos sin legalizar, plata girada sin la factura que diga en qué se gastó. Meses después, el mismo órgano de control confirmó que los estados financieros de 2025 de esa entidad seguían sin existir. Las reservas técnicas son el ahorro obligatorio que toda aseguradora debe guardar para pagarles a clínicas y proveedores; el Decreto 780 las exige desde 2016. Una década después, solo cuatro EPS cumplen los tres requisitos financieros para operar, cuando en 2022 eran nueve, y 22 incumplen el régimen de inversión de esas reservas. El 83 % del déficit pertenece a EPS que la Superintendencia de Salud intervino para sanear. En Coosalud, los pasivos pasaron de 1,88 a 6,34 billones bajo intervención. El gobierno anterior tomó el timón para arreglar las cuentas y las devolvió peor.
| Indicador | Cifra | Fuente |
|---|---|---|
| Deuda con 232 hospitales y clínicas (junio de 2026) | 27,8 billones; 60,5 % vencida | ACHC, estudio 56 de cartera |
| Crecimiento diario de esa deuda | 11.600 millones de pesos | Cálculo de El Colombiano sobre datos ACHC |
| Pasivos de las EPS al cierre de 2025 | 58 billones | Contraloría General |
| Déficit en EPS intervenidas | 83 % del total | Contraloría, citada por Cambio |
| Anticipos sin legalizar en Nueva EPS | 13,6 billones | Contraloría, mayo de 2026 |
| Faltante en registro de reservas técnicas, Nueva EPS | Cerca de 4,9 billones | Contraloría, mayo de 2026 |
| EPS que cumplen los tres requisitos financieros | 4 (eran 9 en 2022) | Contraloría, citada por Cambio y El Colombiano |
| Corrupción documentada en salud, 2016 a 2020 | 67 hechos; 1,63 billones | Transparencia por Colombia |
Las EPS tienen su defensa y hay que oírla: sostienen que la UPC, el pago que el Estado gira por cada afiliado, no cubre el costo real de la atención, y que usaron las reservas para atender pacientes. La Corte Constitucional les dio parte de la razón cuando declaró insuficiente la UPC de 2024 y abrió incidente de desacato contra el ministro de Salud de Petro. Pero la misma Corte, en el Auto 1302 del 22 de septiembre de 2026, advirtió que los indicadores disponibles no permiten atribuir por sí solos las dificultades del sistema a esa insuficiencia. Traducción: falta plata y falta saber qué pasó con la que hubo. Las dos cosas a la vez. Quien defiende solo una de las dos mitades está vendiendo algo.
Conviene mirar quién tiene hoy la calculadora. Hasta junio de 2026, Ana María Vesga presidía Acemi, el gremio de las EPS privadas, y desde esa silla estimó en 34,2 billones lo que el Estado dejó de pagarles a las aseguradoras por insuficiencia de la UPC entre 2021 y 2025. Hoy dirige el ministerio que define esa UPC, y su viceministra anunció que recalculan siete vigencias. Nada de esto es ilegal. Ninguna autoridad le reprocha conducta alguna, su solvencia técnica la reconocen incluso sus críticos y pasar de un gremio a un ministerio no convierte a nadie en sospechoso. La pregunta es de diseño institucional: ¿quién audita la cuenta cuando quien la cobraba ayer es quien la liquida hoy? Con Petro, el ministerio estaba en la orilla contraria a las EPS y el resultado fue una ruina administrada por interventores. Dos gobiernos enemigos comparten un mismo punto ciego. Ninguno puso la auditoría antes del cheque.
Así opera el sistema silencioso. Cada actor carga una explicación que lo absuelve. Las EPS culpan a la UPC. El gobierno pasado culpaba a las EPS. El actual señala la herencia y el terremoto que volcó al ministerio a la emergencia. El Congreso tiene su vicio de trámite. Hacienda espera una solicitud que no llega. Todas las excusas son parcialmente ciertas y ninguna responde por la señora que lleva cuatro meses sin su tratamiento. Transparencia por Colombia lo describió hace años: muchos recursos, información asimétrica, actores dispersos y un sistema fragmentado. Sin estados financieros no hay hallazgo. Sin hallazgo no hay responsable. Sin responsable, la deuda deja de ser un escándalo y se vuelve clima.
La salida empieza por algo que este gobierno ya demostró que sabe hacer: un tablero. Si el ministerio publica cada semana cuántos pacientes cerraron su pendiente, tiene cómo publicar con el mismo corte cada crédito de la Adres y su devolución, cada anticipo legalizado, cada peso de reserva técnica invertido y cada factura pagada a un hospital, EPS por EPS. Es el principio de las Zonas Libres de Corrupción que este portal promueve: información abierta, veeduría ciudadana con dientes y un índice que mida. Los pacientes pidieron que los compromisos se honren. Tienen razón, y falta la otra mitad. La pregunta no es si aparecerán los 10 billones. La pregunta es quién va a firmar la auditoría de los 58 antes de pedirle un peso más al trabajador que ya está haciendo la fila.
Elaboración de corrupcionaldia.com con base en La Silla Vacía, ACHC, Contraloría General, Corte Constitucional, Ministerio de Hacienda y Transparencia por Colombia. Este artículo no atribuye conducta ilícita a ninguna persona.
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