Superávit de $41.153 millones en el papel, caja libre en caída del 80,8% y $63.932 millones atorados en cuentas por pagar: la radiografía forense de la alcaldesa de Buenaventura.
El puerto mueve billones, la gente no tiene agua: calificación forense de los dos primeros años de la alcaldesa Ligia del Carmen Córdoba Martínez en Buenaventura
FURAG 77,34, caja de libre destinación −80,8%, $63.932 millones atorados en cuentas por pagar y un formulario de deuda en ceros: la contabilidad oficial del Distrito Especial más rico del Pacífico colombiano, línea por línea.
Nos encontramos en el municipio de Buenaventura. Vamos a auscultar la gestión municipal de Buenaventura, donde analizaremos exhaustivamente, a nivel forense, la gestión de la alcaldesa Ligia del Carmen Córdoba Martínez. Haremos un estudio de la administración realizada por esta mandataria en sus dos primeros años de gobierno (1 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2025), con la ayuda de las herramientas que toda alcaldía municipal tiene para demostrar sus actividades y el desarrollo de su gestión con transparencia y obediencia a la Ley de publicidad y participación ciudadana: el CHUIP-CUIPO del Ministerio de Hacienda, el formulario FURAG del Departamento Administrativo de la Función Pública, el SECOP, el Sistema General de Regalías y sus propias audiencias públicas de rendición de cuentas.
Este no es un territorio cualquiera. Buenaventura es el puerto más importante de Colombia sobre el Pacífico —por él pasa más de la mitad del comercio exterior del país— y fue elevado a la categoría de Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico por la Ley 1961 de 2019. Un distrito que mueve billones de pesos al año debería exhibir hospitales funcionando, agua potable corriendo las 24 horas y una ciudad segura. Lo que la contabilidad forense revela es otra cosa: una caja municipal que se apagó en un solo año (la libre destinación cayó 80,8%), $63.932 millones atorados en cuentas por pagar, un hospital distrital con el segundo peor desempeño institucional de la comarca, 117 homicidios en 2025 y una emergencia de agua potable que la propia administración terminó reconociendo, en junio de 2026, decretando calamidad pública porque «las capacidades locales resultan insuficientes».
La calificación final de estos dos primeros años es 5,89 sobre 10 — Regular, nivel VIGILAR. Y esa cifra, aunque no configura por sí sola un delito, abre legalmente la puerta a un examen que la administración no puede desoír: el del Prevaricato por Omisión (Artículo 414 del Código Penal colombiano), examinado aquí con la seriedad jurídica que exige la presunción de inocencia y con la contundencia que exigen los datos.
Resumen ejecutivo: la calificación en una tabla
La calificación final se calcula como promedio ponderado de seis componentes, cada uno en escala de 0 a 10, siguiendo el método replicable de la referencia canónica (corrupcionaldia.com):
| Componente | Peso | Puntaje | Ponderado | Evidencia central |
|---|---|---|---|---|
| FURAG (IDI Función Pública) | 25% | 7,7 | 1,925 | IDI 77,34/100 (2025); posición 380 de 1.101 alcaldías |
| Ejecución presupuestal CUIPO | 20% | 5,8 | 1,160 | Superávit $41.153M y Primera Categoría, pero caja libre −80,8% y CXP $63.932M |
| Avance Plan de Desarrollo | 20% | 5,4 | 1,080 | Plan aprobado y seguimiento formal; problemas estructurales sin resolver |
| Transparencia SECOP | 15% | 5,5 | 0,825 | Audiencias e informes publicados; formulario de deuda 2025 vacío en CHUIP |
| Cumplimiento ODS | 10% | 4,5 | 0,450 | ODS 6 (agua), 16 (seguridad) y 3 (salud) en rezago crítico |
| Percepción ciudadana | 10% | 4,5 | 0,450 | Comunicación oficial intensa; crisis de agua y violencia dominan la conversación |
| TOTAL | 100% | — | 5,89 | REGULAR — VIGILAR |
Interpretación de la escala: 5,0–6,9 = Regular (Vigilar): «gestión aceptable pero con déficits relevantes; requiere seguimiento ciudadano». La administración no está en el rango del fracaso absoluto ni en el del cumplimiento: está en el pantano intermedio donde los superávits de papel conviven con una ciudad que se apaga. Y por la regla metodológica establecida —calificación igual o inferior a 6,9— el análisis jurídico del Prevaricato por Omisión se activa obligatoriamente.
Diagnóstico forense presupuestal en cinco ejes
El mecanismo invisible: el dinero del agua paga deudas viejas
Cada procedimiento forense empieza por encontrar el mecanismo. El de Buenaventura está escrito —con letra pequeña— en el boletín oficial más inofensivo posible: el anuncio del 19 de febrero de 2025 celebrando el «histórico logro fiscal» del cierre de 2024. Superávit de $41.153 millones, «ascenso a Primera Categoría para la vigencia 2026», índice Ley 617 del 62,53%. La alcaldesa Córdoba Martínez lo celebró: «Este logro refleja una gestión financiera sólida y responsable».
Ahora la línea por línea, que es lo que la alcaldía espera que nadie haga.
El mismo boletín confiesa —sin confesar nada— que el municipio sigue sometido a la Ley 550 de 1999 (Acuerdo de Reestructuración de Pasivos, ARP), el régimen de saneamiento para entidades insolventes. ¿Y de dónde sale el «ahorro» que alimenta el ARP? De tres fuentes:
El dinero que la Nación gira para que los bonaverenses tengan agua potable está apresado legalmente para pagar deudas viejas. No es una hipótesis del periodismo: es la propia contabilidad de la administración distrital, publicada con orgullo en su portal. Mientras ese giro queda cautivo del Acuerdo de Reestructuración, el servicio de agua de Buenaventura (que opera la SAAB, Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Buenaventura S.A.S.) fue intervenido históricamente por la Superservicios y terminó, en junio de 2026, en un Puesto de Mando Unificado con la Viceministra de Agua y Saneamiento, carrotanques del Ejército y clases virtuales para 32.000 estudiantes — porque no había agua ni en los colegios.
Y no es casualidad que las comunidades rurales del Dagua estén cobijadas por la Sentencia SU-196 de 2023 de la Corte Constitucional, que ordena garantizar agua a los consejos comunitarios afrodescendientes. La propia administración reporta avances «en la sentencia» — es decir, reconoce que la sentencia está vigente y pendiente de pleno cumplimiento.
La caja que se apagó en un año
La ejecución de gastos del CHUIP (Formulario D: vigencia actual, reservas y cuentas por pagar) permite reconstruir la caja real del Distrito al cierre de cada vigencia:
Tabla 1. Disponibilidades en caja y bancos al cierre de vigencia (CHUIP-CUIPO)
| Fuente de recursos | Saldo 2024 | Saldo 2025 | Variación |
|---|---|---|---|
| Recursos Corrientes de Libre Destinación (C.1) | $30.753,8M | $5.900,9M | −80,8% |
| Recursos con Destinación Específica (C.2) | $72.643,5M | $37.223,0M | −48,7% |
| — Estampillas (Adulto Mayor, Procultura, etc.) | $6.622,0M | $2.007,7M | −69,7% |
| — Sistema General de Participaciones | $28.451,2M | $17.443,4M | −38,7% |
| — Recursos de Crédito Interno | $5.343,8M | $11.692,4M | +118,8% |
| Fondos Especiales (C.3 — Fondo Local de Salud) | $18.476,0M | $3.839,1M | −79,2% |
| TOTAL | $121.873,2M | $111.464,4M | −8,5% |
Mientras el «superávit» se celebraba en la prensa, la liquidez genuina —la plata de libre disponibilidad con la que una alcaldía responde a emergencias, paga proveedores sin generar intereses de mora y no depende del favor de la Nación— se evaporó en un año: de $30.753 millones a $5.900 millones. El 94,7% de la caja que quedó al cierre de 2025 es plata ajena o comprometida: transferencias con destinación específica, crédito interno (que más que duplicó su saldo: +118,8%) y recursos de salud. El porcentaje de recursos de libre destinación en caja cayó del 25,2% al 5,3%.
Las cuentas por pagar: $63.932 millones atorados
Tabla 2. Pasivos exigibles al cierre fiscal 2024 (CHUIP-CUIPO, Formulario D)
| Concepto | Valor |
|---|---|
| Cuentas por pagar de la vigencia actual | $34.605,1M |
| Cuentas por pagar de vigencias anteriores | $29.072,2M |
| Cheques no cobrados | $255,0M |
| Total cuentas por pagar | $63.932,3M |
| Recursos de terceros en custodia (2025) | $14.515,3M |
El 52,5% de toda la caja del Distrito al cierre de 2024 correspondía a obligaciones exigibles que nadie ha pagado. La pregunta forense que la administración debe responder ante los organismos de control es incómoda: ¿esas cuentas por pagar corresponden a obras efectivamente recibidas (y entonces son una deuda moral con proveedores y contratistas pequeños que se ven obligados a financiar al Estado) o son un rezago administrativo doloso que genera intereses de mora en contra del patrimonio público, en contravención de los deberes de la Ley 819 de 2003 (Marco Normativo para el Control de la Compatibilidad Fiscal)?
Y una anomalía más, esta de manual: en los auxiliares contables de ingresos corrientes de libre destinación revisados, los archivos de la serie 210976109439K9923403 (folios 0320261794586628012, 0320261794586634003 y 0320261794586621854) presentan duplicidad exacta de registros y cuantías en las páginas 215 y 216. Repetición idéntica de folios digitalizados que exige descartar redundancias en la sumatoria consolidada — o peor, explicarlas.
La rigidez que nadie discute
En diciembre de 2024 los compromisos de gasto de funcionamiento ascendieron a $4.009.061.466. En diciembre de 2025, exactamente la misma cifra: $4.009.061.466. Ni un peso de diferencia. Un gasto administrativo que no puede moverse ni un céntimo entre dos vigencias es la fotografía perfecta de una estructura de nómina y funcionamiento que absorbe cualquier margen de inversión social. Con los datos del propio boletín fiscal: de los $144.151,3 millones de ingresos corrientes de libre destinación de 2024, $90.137,5 millones (62,53%) se fueron en gastos de funcionamiento. Solo el 37,5% de la plata libre del Distrito quedó para invertir en la gente.
Radiografía FURAG: la autoevaluación dice 88,3%; la evaluación externa dice otra cosa
En su rendición de cuentas del año 2024 (27 de marzo de 2025), la administración distrital se autoproclamó: «calificación histórica en el desempeño. Según el DANE, el distrito alcanzó un puntaje del 88,3%, ubicándose como el municipio número 40 del país».
La medición externa, hecha por el Departamento Administrativo de la Función Pública con el formulario FURAG de la vigencia 2025 (publicada el 17 de junio de 2026), cuenta otra historia:
Tabla 3. Índice de Desempeño Institucional (IDI-FURAG 2025) del ecosistema distrital
| Entidad de Buenaventura | IDI FURAG 2025 | Lectura forense |
|---|---|---|
| Alcaldía Distrital (Alcaldía Grupo 4) | 77,34 | Posición 380 de 1.101 alcaldías (supera al 65,5% del país; 379 municipios la superan) |
| E.S.E. Hospital Luis Ablanque de la Plata | 57,20 | Rendimiento bajo para el establecimiento de salud insignia del Distrito |
| Establecimiento Público Ambiental (EPA) | 88,60 | El mejor del ecosistema: referente |
| Terminal de Transportes de Buenaventura | 26,54 | En el escalón más bajo del ranking nacional de entidades |
| Concejo Distrital | Sin reporte | No publicó FURAG: el control político no se audita a sí mismo |
| Personería Distrital | Sin reporte | Ídem: el ministerio público local sin medición |
| Contraloría Distrital | Sin reporte | Ídem: el control fiscal sin medición |
Tres observaciones incómodas:
- La central cumple el estándar, el ecosistema no. El IDI de la Alcaldía (77,34) es el mejor dato institucional de los últimos años para la central; pero la salud (57,20) y el transporte público (26,54) están en niveles que, en cualquier comparación distrital razonable, configuran fracaso operativo. Y el hecho de que ni el Concejo, ni la Personería, ni la Contraloría reporten FURAG deja al Distrito sin el triángulo de control evaluado — exactamente la arquitectura institucional que hace posible que los mecanismos del Bloque 1 operen sin que nadie los detenga.
- La tensión entre autoevaluación y evaluación externa es un hallazgo, no un detalle. En marzo de 2025 la administración celebró ser «#40 del país» en una métrica propia (seguimiento DNP de obras, que también reporta un 82,88 en el cuarto trimestre). En junio de 2026, el FURAG externo la deja fuera del top 340. Ambas cifras son oficiales. La diferencia no mide lo mismo — pero la administración solo comunica la que le queda bien. Eso, en periodismo forense, se llama selección de la evidencia.
- El hospital público distrital está al borde de la calamidad operativa. La FURAG 57,20 del Hospital Luis Ablanque de la Plata coincide con lo que las estampillas Pro Hospitales (código 1.1.01.02.300.58 del CHUIP) reflejan: recaudos significativos destinados a las E.S.E. Hospital San Agustín (Puerto Merizalde) y Hospital Luis Ablanque, cuya conciliación entre lo recaudado y lo girado no está publicada. La plata de salud existe; el cruce de cuentas no. En un Distrito con más de 70 pacientes renales en riesgo documentado por la propia alcaldía en junio de 2026, esa omisión no es administrativa: es sanitaria.
Deuda y regalías: dos contrastes que la contribución del lector paga
El crédito INFIVALLE y el salto de intereses ×5,15
Tabla 4. Crédito interno reestructurado (FUT — Deuda Pública, CHUIP)
| Acreedor | Instituto Financiero del Valle (INFIVALLE) |
| Suscripción / reestructuración | 11-dic-2018 / 29-jun-2021 |
| Monto aprobado y desembolsado | $25.000,0M |
| Plazo / gracia / tasa | 84 meses / 24 meses / DTF + 4,50% |
| Saldo al inicio de 2024 | $15.277,8M |
| Intereses pagados en 2024 | $614,5M |
| Amortizaciones pagadas en 2024 | $1.273,1M |
| Saldo al cierre de 2024 | $14.004,6M |
| Intereses proyectados para la siguiente vigencia | $3.162,5M (×5,15 vs 2024) |
| Reporte de deuda 2025 en CHUIP | Formulario vacío (0,00) — anomalía de transparencia |
Dos hallazgos. Primero: al finalizar el periodo de gracia de 24 meses que liberó caja durante 2021-2022, la carga de intereses se multiplica por más de cinco ($614,5 millones en 2024 frente a $3.162,5 millones proyectados). La deuda entra en fase de «amortización acelerada» —y ese escalón de intereses vuelve a presionar la caja libre que ya está al 5,3%. Segundo, y más grave para la transparencia: el municipio transmitió a la base oficial del CHUIP el formulario de deuda pública 2025 en ceros. O el crédito fue cancelado/reclasificado (y entonces hay que publicar el acto formal que lo demuestra), o hubo omisión de reporte — en violación directa de los deberes de publicidad presupuestal (Ley 1712 de 2014 y régimen CHUIP del Artículo 4, Ley 235 de 1995). Un distrito que en 2024 pagó $614 millones de intereses no puede desaparecer contablemente en 2025 sin que la administración entregue el soporte. La caja negra no es transparencia: es opacidad con firma.
Regalías: 25 obras entregadas contra un proyecto paralizado
Tabla 5. Proyectos del Sistema General de Regalías señalados por la auditoría (SGR — ejecución de gastos)
| BPIN | Proyecto | Compromisos | Obligaciones | Alerta forense |
|---|---|---|---|---|
| 2017761090152 | Vía terciaria construida | $68,9M | $68,9M | Auditar obra física: 100% obligado debe verificar avance real |
| 2020761090002 | Control de erosión | $1.681,7M | $0,00 | Parálisis total del devengo en proyecto crítico de riesgo ambiental |
| 2019761090136 | Gestión documental | $1.247,6M | $1.070,2M | $177,4M comprometidos sin obligar; verificar entregables tecnológicos |
| 2014761090001 | Canchas multifuncionales | $726,2M | $726,2M | Inspección técnica de calidad y entrega comunitaria |
| 2013761090005 | Placa deportiva | $623,1M | $623,1M | Ídem |
El recaudo de regalías de 2024 fue de $10.180,5 millones. La administración presume, con razón parcial, la estrategia «Cero Obras Inconclusas»: más de 25 obras financiadas con SGR iniciadas en 2024 y entregadas entre diciembre de 2024 y los primeros meses de 2025 (inversión superior a $9.000 millones, más $3.000 millones con SGP), con una calificación de seguimiento DNP de 82,88 — la más alta registrada por el Distrito.
Pero el forense no premia promedios cuando encuentra cadáveres individuales: un proyecto de control de erosión con $1.681,7 millones comprometidos y cero pesos obligados en un puerto tropical donde la erosión costera y fluvial ya desplaza familias es, literalmente, plata dormida frente a un riesgo que mata. La parálisis del devengo —comprometer el presupuesto sin ejecutarlo— es el mal clásico de la gestión pública colombiana: cumple la meta contable del «compromiso» y abandona la meta humana de la «obligación». Y ejecuciones registradas en los periodos auditados muestran compromisos por $3.062,8 millones con obligaciones devengadas de apenas $144,8 millones sin pagos efectivos en las planillas de esos meses. Los recursos de regalías —asignaciones directas e inversión local— en Buenaventura se mueven, pero lentos: el Distrito tiene más de $1.700 millones de saldo disponible en proyectos como la vía terciaria, que la comunidad espera hace años.
Los cinco indicadores de gestión contra los cinco problemas de la comunidad
El método exige medir la gestión contra los cinco problemas que le preocupan a las comunidades y que el mandatario se comprometió a resolver. Con el Plan de Desarrollo «Juntos, Sí es Posible» (inversión total proyectada: $2,7 billones, con capítulo de Desarrollo Rural que asignó más de $10.000 millones a proyectos de comunidades indígenas y afro), el seguimiento a las audiencias cuatrienales 2024-2027 y los indicadores oficiales publicados:
Subsidio de acueducto por $1.200 millones a más de 41.000 hogares (2024) y proyectos de acueducto rural (Aguaclara) en estructuración son avances reales. Pero el mecanismo del Bloque 1 —el SGP de agua apresado por el ARP por $19.207,9 millones anuales— y la emergencia de desabastecimiento que desembocó en calamidad pública demuestran que el problema estructural no se resolvió: se administró.
117 homicidios en 2025 (reconocidos oficialmente por la Secretaría de Gobierno), una tasa cercana a 35 por cada 100.000 habitantes que coloca al Distrito entre los más violentos de Colombia. La reducción superior al 40% reportada en 2026 (70 casos a septiembre) es un avance que se reconoce, pero el estándar de dos años de gobierno no se mide contra su propio fracaso inicial sino contra el derecho de la gente a no ser asesinada. El Distrito sigue en rojo.
Más de $8.000 millones en subsidios en 2024: acueducto ($1.200M, 41.000 hogares), estratos 1-3 ($600M, 35.000 hogares), aseo ($3.600M, más de 70.000 hogares); programas de alimentación («Buenaventura se Alimenta con Amor»), kits de alimentos y gestión humanitaria. Es la cara más sólida de la gestión — y sin embargo sus propios indicadores sociales publicados siguen mostrando déficit de vivienda y multidimensionalidad alta.
Las 25+ obras de regalías entregadas con el estándar «cero obras inconclusas», placas viales, pavimentación en el Progreso y la Ciudadela San Antonio Etapa II, y la obra de la avenida Simón Bolívar (con la ANI) son logros verificables en terreno. El rezago está en la contracara: los $63.932 millones de cuentas por pagar que financian —de facto— esas obras con el ahorro forzado de los proveedores.
La ESE distrital insignia con FURAG 57,20, la red hospitalaria sostenida por estampillas cuya conciliación no está publicada, y una crisis que la administración misma elevó a «riesgo para pacientes renales y centros de detención al borde del colapso» en su decreto de calamidad. En salud, el Distrito no mejoró: preservó lo heredado mientras el sistema se agrietaba.
Promedio de los cinco indicadores: 4,7/10 — que la formalidad del Plan (aprobación participativa, capítulo rural, seguimiento cuatrienal público) eleva al componente final de 5,4.
ODS: hasta qué punto cumplió
| ODS | Compromiso territorial | Verificación 2024-2025 | Veredicto |
|---|---|---|---|
| ODS 6 — Agua limpia | Cobertura y continuidad del servicio; SU-196/2023 rural | Emergencia de desabastecimiento, PMU nacional, calamidad pública (2026) | Incumplido |
| ODS 16 — Paz e instituciones | Reducción de la violencia; institucionalidad sólida | 117 homicidios 2025; FURAG hospital 57,20; tres órganos de control sin reporte | Rezago crítico |
| ODS 3 — Salud y bienestar | Red hospitalaria operativa | ESE insignia 57,20; pacientes renales en riesgo (2026) | Rezago crítico |
| ODS 1 — Fin de la pobreza | Subsidios y atención humanitaria | $8.000M en subsidios 2024; programas alimentarios | Parcial |
| ODS 2 — Hambre cero | Alimentación escolar y social | PAE garantizado incluso en emergencia; programa «Se Alimenta con Amor» | Parcial |
| ODS 4 — Educación | Continuidad educativa | Programa «Educación Superior en tu Colegio» (5 colegios priorizados por Mineducación); emergencia educativa posterior | Parcial |
| ODS 5 — Igualdad de género | Protección VBG | Consultorio Rosa con la Gobernación del Valle; estrategia Kiosco Violeta; informe VBG publicado | Parcial-positivo |
| ODS 8 — Trabajo decente | Economía local y turismo | Red público-privada de empleo; Colombia Travel Expo ($2.800M en oportunidades); Bocana Fest | Parcial |
| ODS 11 — Ciudades sostenibles | Territorio y movilidad | Placas viales, pavimentaciones, ordenamiento en curso | Parcial |
| ODS 14/15 — Vida submarina/terrestre | Biodiversidad del Pacífico | EPA con FURAG 88,60; agenda de biodiversidad internacional | Parcial-positivo |
Balance ODS: cumplimiento parcial con tres objetivos estructurales (6, 16 y 3) en rezago crítico. La biodiversidad y la gestión ambiental —precisamente el componente que da nombre de «Ecoturístico» al Distrito— son el único frente donde el ecosistema institucional muestra desempeño sobresaliente.
La calificación final y su consecuencia jurídica
5,89/10 — REGULAR (VIGILAR). La escala no es absoluta: evalúa la gestión en relación con el punto de partida del municipio y los recursos disponibles. Un 5,89 en Buenaventura —el distrito portuario más rico del Pacífico colombiano, con ingresos corrientes superiores a $773.000 millones recaudados en la muestra sectorial auditada y una inversión planificada de $2,7 billones— es la fotografía de una administración que mantuvo el estándar administrativo heredado (y en fiscalidad formal lo mejoró: Primera Categoría, superávit, sin nueva deuda) mientras los servicios que definen la vida o la muerte de sus habitantes siguieron degradándose.
Y porque la calificación es igual o inferior a 6,9, el método obliga al examen penal.
Análisis jurídico: Prevaricato por Omisión (Artículo 414 del Código Penal, penas modificadas por la Ley 890 de 2004)
«El servidor público que dolosamente dejare de ejecutar actos que constituyan deber suyo, violando de esta manera gravemente la Constitución o la ley, incurrirá en prisión de tres (3) a ocho (8) años e inhabilidad absoluta por el mismo término.»
Elementos y su verificación en los documentos públicos:
- Calidad de servidor público — PRESENTE. La alcaldesa es agente del ejecutivo municipal con deberes constitucionales expresos (Artículos 311 a 313 de la Constitución: deber de promover el desarrollo, prestar servicios públicos y velar por los intereses de la comunidad) y deberes legales bajo la Ley 715 de 2001 (administración de recursos del SGP), la Ley 819 de 2003 (compatibilidad fiscal) y la Ley 1755 de 2015 (garantía del derecho al agua).
- Deber funcional expreso — PRESENTE Y VINCULANTE. El Artículo 366 de la Constitución convierte los servicios públicos —acueducto primero entre ellos— en «programa activo del Estado». La Sentencia SU-196 de 2023 de la Corte Constitucional es una orden judicial vigente y específica para las comunidades rurales de Buenaventura sobre agua. No hay margen interpretativo: es deber suyo conocido y exigible.
- Conducta omisiva documentada — INDICIOS SUFICIENTES. Cinco omisiones están soportadas en documentos oficiales: (a) la parálisis del devengo del proyecto de control de erosión ($1.681,7 millones comprometidos, $0 obligados); (b) la acumulación de $63.932 millones en cuentas por pagar que genera costos de mora contra el patrimonio (Ley 819 de 2003); (c) el envío del formulario de deuda 2025 en ceros al CHUIP, en contraste con $614 millones de intereses pagados el año anterior; (d) la ausencia de conciliación publicada entre estampillas pro hospitales recaudadas y giros efectivos a las E.S.E.; (e) el cumplimiento parcial de la SU-196/2023, admitido en la propia comunicación oficial.
- Resultado lesivo grave — DOCUMENTADO POR LA PROPIA ADMINISTRACIÓN. El decreto de calamidad pública del 11 de junio de 2026 —»la magnitud [de las afectaciones] ha superado la capacidad de respuesta institucional del Distrito»— es la confesión administrativa del resultado: educación en emergencia para 32.000 estudiantes, pacientes renales en riesgo, agua desabastecida, 117 homicidios en 2025 y una red de salud en 57,20 de FURAG.
- Elemento subjetivo (dolo) — HIPÓTESIS, NO CONCLUSIÓN. La jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte Suprema (entre otras, SL-1492 de 2019) exige dolo directo o eventual: conocimiento de la omisión y voluntad de omitir. El material documental permite, como mínimo, calificar las omisiones como culposas graves (incapacidad de gestión) y sostiene la hipótesis investigable de omisión dolosa en los componentes donde la plata existía, el deber era expreso y la ejecución no ocurrió (erosión, giro hospitalario, reporte de deuda). Pero el dolo no se prueba con tablas: se prueba con la Fiscalía. Este artículo no condena: convoca a la investigación.
Ruta institucional exigible: la Procuraduría General de la Nación (disciplinario, Art. 8 Ley 734 de 2002), la Fiscalía General de la Nación (penal, Art. 414 C.P.) y la Contraloría General de la República (responsabilidad fiscal, Art. 29 Ley 42 de 1993) tienen en el CHUIP, el FURAG y los informes oficiales de la propia alcaldía todo el expediente necesario para iniciar, al menos, la indagación preliminar. La presunción de inocencia (Art. 29 C.P.) protege a la alcaldesa; la publicidad de los documentos (Art. 209 C.P. y Ley 1712 de 2014) obliga al periodismo.
Metodología transparente y replicable
- Fuente 1 — CHUIP/CUIPO (Ministerio de Hacienda, www.chip.gov.co): formularios B_EJECUCION_DE_INGRESOS y D_EJECUCION_DE_GASTOS (dic-dic 2024 y 2025, con vigencia actual, reservas y cuentas por pagar), FUT_DEUDA_PUBLICA (CREDITOS, CREDITOS_POR_SECTOR, RENTA_PIGNORADA, ene-dic 2024 y 2025), FUT_VIGENCIAS_FUTURAS (AUTORIZACIONES, oct-dic 2024) y SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (ejecución de ingresos y gastos, dic-dic 2024 y 2025). Todos los archivos fueron descargados del portal de consulta ciudadana.
- Fuente 2 — FURAG/Función Pública: resultados oficiales de la vigencia 2025 (publicados 17-jun-2026), tabla territorial de 1.101 alcaldías y demás entidades del Distrito.
- Fuente 3 — Portal oficial de la Alcaldía Distrital de Buenaventura (buenaventura.gov.co y su portal de noticias): boletín fiscal de 19-feb-2025 (superávit, Ley 550/ARP, Ley 617), rendición de cuentas 2024 (27-mar-2025), obras de regalías (20-feb-2025), decretos y comunicados 2026 (calamidad pública 11-jun-2026; PMU de agua 15-jun-2026; consejo de seguridad 6-oct-2026), página de la alcaldesa y Plan de Desarrollo 2024-2027.
- Fuente 4 — Sistema General de Regalías: ejecución de gastos por BPIN de los proyectos señalados, saldos con situación de fondos y compromisos/obligaciones por periodo.
- Fuente 5 — Normatividad y jurisprudencia: Ley 550 de 1999, Ley 617 de 2000, Ley 819 de 2003, Ley 715 de 2001, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Ley 1961 de 2019, Artículos 29, 209, 311-313 y 366 de la Constitución, Artículos 414-415 del Código Penal, Ley 890 de 2004, SU-196 de 2023, SL-1492 de 2019.
(a) la cifra de ingresos sectoriales ($849.147 millones) corresponde al corte sectorial CHUIP con y sin situación de fondos y mezcla vigencias: se usa para proporciones, no como presupuesto total; (b) el «formulario vacío» de deuda 2025 puede significar cancelación formal del crédito o omisión de reporte: se marca como anomalía por verificar con el acto administrativo de cierre; (c) el componente de percepción ciudadana es inferido metodológicamente de la cobertura pública y las audiencias (no es encuesta), como exige el método de la referencia canónica; (d) los eventos de 2026 (calamidad pública, PMU, consejo de seguridad) no pertenecen a la ventana evaluada 2024-2025, pero se citan como materialización documentada del estado estructural que esos dos años no corrigieron; (e) la calificación penal es un análisis periodístico de hipótesis jurídicas, no una imputación: todos los funcionarios gozan de presunción de inocencia.
Fuentes citadas
- CHUIP — CUIPO, Ministerio de Hacienda: www.chip.gov.co/inicio/consulta/ciudadano (formularios citados, vigencias 2024 y 2025).
- Departamento Administrativo de la Función Pública: Resultados Desempeño Institucional FURAG vigencia 2025 (17-jun-2026), tabla territorial.
- Alcaldía Distrital de Buenaventura — boletines oficiales: «Histórico logro fiscal: superávit y ascenso a primera categoría» (19-feb-2025); «Buenaventura cierra 2024 con logros históricos» (27-mar-2025); «Buenaventura culmina con éxito más de 25 obras financiadas por el SGR» (20-feb-2025); «Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 — Juntos, Sí es Posible» (20-jun-2024).
- Alcaldía Distrital de Buenaventura — comunicados 2026: «Buenaventura decreta la calamidad pública» (11-jun-2026); «En Puesto de Mando Unificado establecen compromisos para enfrentar la problemática del agua» (15-jun-2026); «Buenaventura avanza hacia cero homicidios» (6-oct-2026, cifra oficial de 117 homicidios en 2025).
- Corte Constitucional de Colombia — Sentencia SU-196 de 2023; Corte Suprema de Justicia — SL-1492 de 2019.
- Código Penal colombiano, Artículo 414 (Ley 599 de 2000, modificada por Ley 890 de 2004); Ley 550 de 1999; Ley 617 de 2000; Ley 819 de 2003; Ley 1712 de 2014.
- Referencia metodológica canónica: corrupcionaldia.com — «Tolu Viejo — Salcedo Martínez» y «Agua de Dios — Eliana Manzanares».
El sistema no se cambia solo
Buenaventura merece más que superávits de papel. Merece el agua que la Constitución le garantiza, la seguridad que 117 familias no tuvieron en 2025, el hospital que sus estampillas financian y la transparencia de un formulario de deuda que no aparece en ceros. La administración de Ligia del Carmen Córdoba Martínez tiene 24 meses por delante para convertir su Regular en un Bueno: pagar las cuentas que debe, conciliar las estampillas de salud, liberar la conversación sobre el ARP del agua, reportar todo lo que la ley obliga a reportar y poner la riqueza del puerto al servicio de la ciudad que lo carga.
Cada peso atorado en una cuenta por pagar es una obra que no se termina y una familia que no recibe. Cada formulario en ceros es una pregunta que la ley exige responder. La pregunta no es si Buenaventura es un distrito rico — eso lo firma el sistema portuario todos los días. La pregunta es cuándo su gente dejará de pagar con sed y con sangre la riqueza que otros mueven. El sistema no se cambia solo. Pero tampoco puede cambiar sin nosotros.
La Unidad de Datos verificó cada cifra citada en fuentes oficiales. La calificación es un ejercicio metodológico periodístico y no constituye determinación de responsabilidad penal, disciplinaria o fiscal. Todos los servidores públicos gozan de presunción de inocencia (Artículo 29 de la Constitución Política).






