Democracia a crédito: los bancos prestaron, los candidatos gastaron y la factura llega a su nombre
Los informes finales ante el CNE revelan un circuito perfecto: un mismo banco financió a los dos finalistas, las campañas quemaron el grueso del dinero en propaganda y el Estado devolverá cada peso certificado con recursos públicos. Todo legal. Ahí está el problema.
Por Hipólito Palencia | corrupcionaldia.com | 24 de agosto de 2026
Costo total de la carrera presidencial
Un mismo banco financió a los dos finalistas de la presidencia de Colombia. El GNB Sudameris, de la familia Gilinski, le prestó 17.500 millones de pesos a Abelardo de la Espriella y 5.000 millones a Iván Cepeda. No es un escándalo: es el diseño. La ley electoral colombiana permite que la banca preste, que las campañas gasten hasta rozar el tope (el ganador reportó 17.676 millones en segunda vuelta y el perdedor 18.183, contra un límite de 18.243) y que el Estado devuelva cada peso certificado con la reposición de votos: 2.109 pesos por sufragio. El banco cobra sin riesgo, el candidato compite sin arriesgar y usted paga la cuenta completa: 91.617 millones de pesos entre las dos campañas, sumadas ambas vueltas. La raíz del problema no está en quién ganó el 21 de junio. Está en quién escribió esas reglas, y para beneficio de quién.
Gasto reportado en segunda vuelta vs. tope legal (millones de pesos)
Pase el cursor sobre las barras. Fuente: informes finales al CNE (El Espectador, 24/08/2026); Resolución 0715 de 2026.
El circuito opera con la precisión de un reloj suizo y por eso casi nadie lo mira. Primer movimiento: la banca presta. Para la primera vuelta, la campaña De la Espriella recibió 16.000 millones de Bancolombia, 15.000 millones del Banco de Bogotá y 5.000 millones del BBVA; para el balotaje, 17.500 millones del GNB Sudameris, el banco de la familia Gilinski, gestionados por el equipo que gerenció Carlos Andrés Ríos. La campaña de Cepeda recibió 15.000 millones de Confiar Cooperativa en primera vuelta y, para la segunda, 10.000 millones de la Cooperativa JFK más 5.000 millones del mismo GNB Sudameris. Léalo otra vez: el banco de los Gilinski les prestó a los dos candidatos a la vez, 17.500 millones al de la derecha y 5.000 al de la izquierda. Gane quien gane, el banco cobra. Los únicos aportes personales registrados en la segunda vuelta del ganador son de risa contable: un millón de pesos de su gerente Carlos Andrés Ríos, un millón de Ana María Ríos y 1,19 millones de Joaquín Gutiérrez, frente a 17.500 millones de crédito bancario. Un detalle curioso para una candidatura que se presentó al país con la bandera de la autofinanciación, sin maquinarias y sin los de siempre. Segundo movimiento: las campañas convierten el crédito en ruido. Según Transparencia por Colombia, la propaganda electoral concentró el 95 por ciento del gasto registrado durante la segunda vuelta; en el informe final del ganador, 12.665 de los 17.676 millones se fueron en pauta. Tercer movimiento: el Estado repone 2.109 pesos por cada voto válido. De la Espriella obtuvo 12.959.542 votos y Cepeda 12.708.712; ambos superan con holgura lo gastado, de modo que la reposición cubre la totalidad de lo que certifiquen con facturas. Cuarto movimiento: con esa plata pública, las campañas le pagan al banco. El banco cobra intereses sin riesgo, el candidato compite sin arriesgar un peso propio y el contribuyente financia la fiesta completa sin haber sido invitado. El ciclo se cierra donde empezó.
El circuito cerrado del dinero electoral (toque cada paso)
James Buchanan, premio Nobel de economía, dedicó su vida a un hallazgo incómodo: cuando las reglas del juego las escriben los mismos jugadores, el resultado no es competencia, es renta. Aplíquelo aquí. La banca no financia ideas: financia ganadores probables con garantía estatal, porque la reposición convierte el préstamo electoral en uno de los créditos más seguros del mercado colombiano. Tan seguro, que el mismo prestamista puede sentarse en las dos sillas de la mesa final sin perder nunca. Y ese filtro financiero decide, antes que cualquier urna, quién puede competir en serio. Cepeda lo vivió en carne propia: su campaña pasó semanas con serios problemas para la aprobación de sus créditos, mientras su rival firmaba con tres bancos a la vez. El sufragio es universal. El crédito, no.
Créditos que financiaron la presidencia 2026 (millones de pesos). En dorado: el GNB Sudameris (Gilinski), que prestó a los dos finalistasTodasDe la EspriellaCepeda
Sígale la pista a la plata y encontrará una industria. Industrial Party SAS, empresa antioqueña dedicada según su razón social a la organización de actos públicos y eventos, con contratos suscritos con la Asamblea Departamental de Antioquia, recibió 9.665 de los 12.665 millones que la campaña ganadora gastó en pauta durante la segunda vuelta, después de haber facturado más de 13.000 millones por microperforados en la primera. Estrategia y Poder, la firma de Carlos Suárez Rojas, amigo del presidente desde hace dos décadas y cerebro de una campaña que él mismo calificó de disruptiva y basada en la escucha del ciudadano, cobró 1.450 millones en honorarios solo en el tramo final, tras haber acompañado el proyecto desde la recolección de firmas. Hablando de firmas: la campaña presentó 5 millones de rúbricas ante la Registraduría y la entidad avaló 1.978.108. Tres de cada cinco no pasaron el filtro. Los actos públicos del balotaje costaron 1.155 millones, con Nova Soportes Integrales SAS (344 millones) y Servicios Especiales en Audio SAS (797 millones) como principales contratistas, empresas sin reportes de contratación estatal hasta la fecha. Del lado de Cepeda la lógica es idéntica con actores distintos: cooperativas del sector solidario más el banco de los Gilinski, 403 millones en pauta con Caracol Radio, 240 millones en impresos con la casa editorial de El Tiempo y 800 millones pagados por concepto de arrendamiento a Ingenial IA SAS, una empresa de desarrollo de sistemas informáticos y consultoría. Vale la precisión que esta casa siempre hace: presunción de inocencia completa para todos los nombrados. Nada de lo descrito constituye delito y todo está reportado en el aplicativo Cuentas Claras. Ese es exactamente el punto. El sistema no necesita romper la ley. La ley fue diseñada para esto.
¿En qué se fue la plata de la segunda vuelta?
Ahora mire lo que pasó con la nómina de esa campaña cuando se apagaron las tarimas. Carlos Andrés Ríos, el gerente que administró la chequera, dirige hoy el Dapre, el departamento administrativo de la Presidencia. Joaquín Gutiérrez, aportante simbólico y receptor de pagos de la campaña, suena para tomar las riendas de Ecopetrol. Richard Caicedo, que recibió 7 millones en honorarios, preside hoy el Icetex. Yesica Tovar, que cobró 35 millones de la campaña, había firmado en enero un contrato vigente con la Sociedad de Activos Especiales por 85,5 millones para apoyar la auditoría interna de la entidad, y viene de ser contratista del SENA en el gobierno Duque. Ninguno de esos tránsitos viola la ley. Todos describen el mismo movimiento: la campaña como antesala del Estado, la nómina electoral convertida en nómina pública, y la reposición de votos, es decir su plata, financiando el casting del nuevo gobierno. En los municipios esto tiene un nombre viejo: pagar favores con puestos. En Bogotá se llama empalme.
Costo total de la carrera presidencial 2026 (millones de pesos)
¿Cuánto es 91.617 millones de pesos en una campaña? Para dimensionarlo sin abstracciones: es el orden de magnitud de 50 sedes educativas rurales completas, alrededor de 1.000 soluciones de vivienda prioritaria o el presupuesto anual de inversión de varios municipios de sexta categoría juntos. Solo el balotaje quemó cerca de 36.000 millones en treinta días, convertidos en vallas, cuñas, camisetas y microperforados que hoy están en la basura o despegándose de los postes. Y como la reposición devuelve lo certificado, el Estado pagará la cuenta de ambas campañas, la del ganador y la del perdedor, sin que ese dinero haya pasado por ninguno de los controles que rigen la contratación pública ordinaria. Es financiación pública con auditoría privada de sus propios beneficiarios. El margen final entre los dos candidatos fue de 248.310 votos, el más estrecho desde 1994. Tradúzcalo: la presidencia de Colombia se definió por menos personas de las que caben en cuatro estadios Metropolitanos, después de una guerra publicitaria de decenas de miles de millones dirigida al reflejo y no a la razón del elector. Al ciudadano no le vendieron un programa de gobierno. Le vendieron una emoción, con plata prestada que él mismo va a devolver.
¿Y quién vigila el circuito? Un tribunal cuyos magistrados son elegidos por el Congreso con criterio de reparto partidista: los vigilados nombran al vigilante. Esta misma semana, de hecho, el Congreso elige a los nuevos magistrados del CNE que auditarán estas cuentas. Cuentas Claras, la plataforma donde reposan todas las cifras de este artículo, es un sistema de autorreporte: registra lo que las campañas deciden registrar. Y la historia reciente enseña el patrón con una regularidad que ofende: el proceso 8.000 terminó en preclusión presidencial, el expediente Odebrecht avanzó más rápido en Estados Unidos que en Colombia, y la investigación del CNE a la campaña presidencial de 2022 llegó a formular cargos cuando el periodo ya agonizaba. Alejandro Nieto le puso nombre a esto: captura institucional. El órgano de control existe, tiene sede, tiene nómina y tiene magistrados. Lo que no tiene es incentivos para morder la mano que lo nombró.
Quedan preguntas abiertas que el escrutinio del CNE tendría que responder antes de girar un solo peso de reposición. Primera: la campaña de Cepeda reportó ingresos de segunda vuelta por unos 15.000 millones (10.000 de la Cooperativa JFK y 5.000 del GNB Sudameris) y gastos por 18.183 millones; el informe final debe mostrar los ingresos que cierran esa brecha del orden de 3.000 millones. Segunda: en Cuentas Claras aún no hay soporte documental de 127 millones reportados en investigación y capacitación política ni de 310 millones en gastos judiciales de la campaña ganadora; sin papeles, no debería haber reposición. Tercera: cómo se audita con seriedad un gasto que quedó a 60 millones del tope, un margen del 0,3 por ciento, cuando la experiencia comparada indica que los topes se violan en la contabilidad que no se reporta, no en la que sí. Cuarta: qué proporción del gasto digital real, pauta en plataformas, influenciadores, contenido pagado y segmentación de datos, quedó registrada en los informes, un rubro que en todas las elecciones recientes ha sido el hueco negro de la contabilidad electoral colombiana; llama la atención que el mayor contrato administrativo de Cepeda sea un arrendamiento de 800 millones a una empresa de sistemas y que la pauta digital del ganador aparezca diluida entre medios tradicionales. Son preguntas, no acusaciones. Un sistema sano las respondería antes de pagar. El nuestro paga primero y pregunta después, si acaso pregunta.
Tres marcos para leer el caso
Buchanan (elección pública): reposición más crédito garantizado es socialización del costo con privatización del beneficio. El préstamo simultáneo del Sudameris a los dos finalistas es la prueba empírica del teorema: el prestamista no apuesta por un proyecto político, apuesta por la reposición estatal, que paga siempre. Mientras las reglas las escriba el mismo Congreso que se beneficia de ellas, esperar autocontención es esperar que el gato administre la pescadería.
Nieto (captura institucional): el desgobierno se verifica dos veces: en un CNE cuyos magistrados eligen los partidos vigilados, designados esta misma semana por el Congreso, y en el tránsito directo de la nómina de campaña a la nómina estatal: gerente al Dapre, honorarios al Icetex, contratos en la SAE. La impunidad no es una falla del sistema: es su producto más estable.
Brandolini (asimetría del ruido): si 12.665 de los 17.676 millones del ganador se fueron en pauta, la contienda fue de saturación, no de argumentos. Refutar cuesta un orden de magnitud más que afirmar. En elecciones, la pregunta correcta no es qué dice la valla, sino quién la pagó, con qué plata y quién la va a reponer.
La corrupción electoral no siempre es un maletín de billetes entrando de noche a una sede de campaña. A veces es una arquitectura: topes que se rozan sin romperse, un banco que financia a los dos finalistas, gastos sin soporte esperando reposición, una nómina de campaña que se muda al Estado y un tribunal nombrado por los controlados. Todo firmado, todo facturado, todo legal. Por eso en esta casa la corrupción no solo se denuncia: se disecciona. La pregunta de fondo no es si alguien violó la ley el 21 de junio. Es quién escribió una ley así, y para beneficio de quién.
¿Y usted, ya calculó cuánto costó convencerlo de su propio voto?
Nota editorial y presunción de inocencia: todas las cifras provienen de los reportes de las campañas al CNE (aplicativo Cuentas Claras), del informe final de segunda vuelta divulgado por El Espectador el 24 de agosto de 2026 y del monitoreo de Transparencia por Colombia. Ninguna persona natural o jurídica mencionada ha sido acusada ni condenada por los hechos descritos, que corresponden a operaciones legales reportadas ante la autoridad electoral. El tránsito de miembros de campaña a cargos públicos es legal y se analiza como patrón sistémico, no como conducta ilícita. Las cifras de autorreporte están sujetas a la auditoría del CNE, incluidos los rubros que a la fecha carecen de soporte documental en la plataforma. La crítica de este artículo recae sobre el diseño normativo del sistema de financiación electoral, no sobre conductas ilícitas de los actores.
