Girón (Santander): la gestión de Campo Elías Ramírez calificó 5,20/10 🟡— REGULAR (VIGILAR)

Nos encontramos en el municipio de Girón. Vamos a auscultar la gestión municipal, donde analizaremos exhaustivamente, a nivel forense, el trabajo del alcalde Campo Elías Ramírez Padilla. Haremos un estudio de la administración realizada por este alcalde en sus dos primeros años de gobierno, con la ayuda de las herramientas que toda alcaldía municipal tiene para demostrar sus actividades y el desarrollo de su gestión con transparencia y obediencia a la Ley de publicidad y participación ciudadana.

Girón no es un municipio cualquiera. Con 175.720 habitantes según las proyecciones del DANE para 2024, es la segunda jurisdicción del área metropolitana de Bucaramanga, una caja fiscal de primer nivel alimentada por un predial que creció 17,7% en 2025 y una deuda que la administración aparentaba dominar. Sobre el papel, la gestión de Campo Elías Ramírez —odontólogo de 35 años, avalado por la Liga de Gobernantes Anticorrupción y electo el 29 de octubre de 2023 con 35.263 votos, el 46,03% de la votación— lucía próspera: encuestas de percepción con aprobaciones del 74,2%, colecciones récord y amortizaciones agresivas del pasivo.

Pero debajo de esa superficie hay otra película. Un contratazón educativo de $192.000 millones comprometió a tres colegios públicos durante doce años con un operador que apenas llevaba dos años de existir jurídicamente, y la firma se estampó el 23 de septiembre de 2025, exactamente un día antes de que la Sección Quinta del Consejo de Estado confirmara la nulidad de la elección del propio alcalde por doble militancia. Un convenio con la UNGRD por $180.000 millones fue anulado por un tribunal por contener proyectos injustificados. Y una empresa pública de servicios estuvo al borde de la privatización en medio de demandas. Aquí, más allá de los titulares, diseccionamos la gestión desde su raíz: los números, los actores, los sistemas que lo permiten y el impacto real en la gente. Porque la corrupción no solo se denuncia, se disecciona.

Un alcalde con fecha de vencimiento: la cronología que enmarca los números

Ningún análisis financiero de Girón 2024-2025 se entiende sin su telón de fondo jurídico: el alcalde que firma los presupuestos sabía, al menos desde el 29 de noviembre de 2024, que su elección estaba judicialmente herida de muerte. Ese día el Tribunal Administrativo de Santander declaró la nulidad en primera instancia por doble militancia —campañó con aval de la Liga de Gobernantes Anticorrupción mientras apoyaba públicamente candidatos al Concejo con aval del partido MAIS—. El alcalde apeló, alegó videos manipulados con inteligencia artificial y siguió gobernando. El 24 y 25 de septiembre de 2025, la Sección Quinta del Consejo de Estado confirmó la nulidad en fallo definitivo, y el 22 de octubre de 2025 el fallo quedó ejecutoriado: Campo Elías Ramírez salió del despacho veintidós meses y veintidós días después de haber entrado.

La Gobernación de Santander designó como alcalde encargado a Fredy Norberto Cáceres Arismendy, exconcejal de Girón, quien en menos de una semana retiró cerca de 37 funcionarios de planta —incluida una mujer con fuero de lactancia declarada insubsistente—, conducta que la Procuraduría General de la Nación calificó de extralimitación y sobre la que le formuló pliego de cargos el 16 de abril de 2026. La misma Procuraduría abrió el 21 de noviembre de 2025 investigación al propio gobernador Juvenal Díaz Mateus por la forma de la designación. En medio de esa tormenta, el 18 de enero de 2026 los gironeros volvieron a las urnas: Campo Elías Ramírez fue repuesto por el voto popular con 21.366 sufragios (58,31%) y ratificado hasta diciembre de 2027, aunque con una abstención del 71,78% que da vergüenza ajena. El 13 de marzo de 2026, ya reinstalado, fue elegido presidente de CAMCAYCA, la autoridad del agua del área metropolitana.

Tabla 1. Cronología forense de la gestión Campo Elías Ramírez (2023-2026)

Antecedente estructural: en 2022 la Corte Constitucional (sentencia SU-213/22) ratificó la nulidad de la elección del alcalde Carlos Alberto Román Ochoa por la misma doble militancia; la atípica de 2021 la ganó Yulia Moraima Rodríguez, primera alcaldesa del municipio, también despojada por fallos judiciales. Girón lleva tres ciclos seguidos gobernando bajo la sombra de la anulación.

Las finanzas: una caja fuerte llamada predial y una grieta llamada ICA

El examen forense de la ejecución presupuestal, realizado formulario por formulario sobre los reportes oficiales del Cuipo (Categoría Única de Información del Presupuesto Ordinario) que el municipio publica en el sistema CHIP del Ministerio de Hacienda, arroja una paradoja que define esta administración: donde debía ser fuerte, fue formidable; donde debía vigilar, se durmió. El Impuesto Predial Unificado —la columna vertebral de la autonomía fiscal de cualquier municipio— creció $49.688 millones solo en el componente urbano entre 2024 y 2025, pasando de $280.995 millones a $330.683 millones, un salto del 17,7% que refleja una gestión catastral y de cobranza notablemente eficiente. El predial rural acompañó con $110.557 millones (+9,5%), y la sobretasa a la gasolina aportó $24.609 millones (+4,3%). Sumados, los cuatro renglones principales del recaudo tributario tocaron $481.131 millones en 2025.

La grieta está en el Impuesto de Industria y Comercio por actividades comerciales, que se desplomó de $18.291 millones a $15.282 millones: una caída de $3.009 millones, el 16,4% de ese renglón. Para un municipio que presume de su dinamismo comercial metropolitano, perder uno de cada seis pesos del ICA comercial no es una casualidad estadística; es un desamparo de la fiscalización que la administración explica con silencio. Basta ponerlo en la balanza: el municipio le sacó un diente a su recaudo comercial en el mismo año en que presumía de gestión tributaria.

Tabla 2. Comparativo de recaudo de impuestos clave (pesos corrientes, con fondos)

Fuente: formularios Cuipo B_EJECUCION_DE_INGRESOS, sistema CHIP, Alcaldía de San Juan de Girón. Elaboración propia.

Por dónde salió el dinero: ejecución del gasto

Del lado del gasto, la muestra de ejecución de diciembre reporta $115.516 millones en compromisos, $112.598 millones en obligaciones y $94.414 millones en pagos efectivos. La lectura forense es incómoda: el municipio obligó $112.598 millones pero solo pagó $94.414 millones, es decir, el 83,9% de lo comprometido quedó atrapado entre cuentas por pagar, reservas y vigencias futuras. La nómina devoró $24.045 millones con una precisión quirúrgica (pagó el 99,97%), la compra de bienes y servicios absorbió $29.080 millones en compromisos y las transferencias de capital entregaron $13.019 millones completos. Traducción: donde había contratista y trabajador, la plata fluyó; donde estaba la inversión social a plazos, el flujo se estancó.

Deuda y vigencias futuras: la factura que se aplaza

Si algo sobresale en el expediente financiero de esta administración es el manejo del endeudamiento. El saldo de la deuda pública —contraída con la banca comercial y con IDESAN, el banco departamental de desarrollo— pasó de $42.831 millones al inicio de 2024 a $33.117 millones al cierre de ese año, y a unos $24.954 millones al cerrar 2025. En dos años el municipio amortizó capital por $40.047 millones (de los cuales $30.332 millones solo en 2025) y dejó pasar intereses de $7.578 millones, cuyo costo anual se redujo de $4.880 millones a $2.699 millones, casi a la mitad. El precio de esa disciplina es una renta pignorada del 32,5% —con tramos del 30% y 40%— sobre el predial, la sobretasa a la gasolina, el ICA y el SGP de propósito general: una hipoteca sobre las rentas futuras que ata las manos del próximo gobierno.

El asunto se pone espinoso cuando se mira hacia adelante. Las vigencias futuras autorizadas comprometen $62.247 millones de los Ingresos Corrientes de Libre Destinación para la red vial regional, con pagos proyectados de $11.660 millones en 2026 y $12.266 millones en 2027, además de $1.725 millones para gestión del riesgo financiados con la sobretasa bomberil. Y sobre ese colchón, la administración estampó el colmo: $192.000 millones de compromisos educativos plurianuales que se extienden hasta 2037, analizados en detalle más adelante. En deuda viva el municipio se disciplinó; en compromisos de futuro se disparó en el pie.

FURAG 2025: la institucionalidad a medio camino

El Formulario Único de Reporte de Avance de Gestión, con el que el Departamento Administrativo de la Función Pública mide la calidad institucional de las alcaldías, es el termómetro más objetivo disponible: integra planeación, gestión presupuestal, compras públicas, talento humano, control interno, atención al ciudadano y sistemas de información. En la medición de la vigencia 2025 —reportada por la Función Pública el 17 de junio de 2026—, la Alcaldía de San Juan de Girón obtuvo un Índice de Desempeño Institucional de 69,56 sobre 100.

El número exige contexto, y el contexto desmiente la epopeya municipalista. De las 1.102 alcaldías del país, Girón ocupa aproximadamente el puesto 496: queda por debajo de la mediana nacional, con el 55% de los municipios por encima. Dentro de su propio grupo (Alcaldía Grupo 2, el de las ciudades intermedias), y sobre todo frente a sus vecinos del área metropolitana, el contraste es una bofetada: Bucaramanga, del mismo área metropolitana, registró 95,17; Socorro, 87,95; Floridablanca, 86,60; Villanueva, 85,80; San Gil, 85,34; Zapatoca, 83,39; y Barrancabermeja, el otro grande del departamento, 73,49. Girón, con su caja fiscal de $481.131 millones de recaudo tributario directo, es el último de los principales municipios santandereanos. Capacidad de recaudo sobra; capacidad institucional para convertir plata en gestión verificable, falta.

El contratazón educativo: $192.000 millones a un día del final

Aquí está el corazón de esta investigación, el mecanismo expuesto. El 23 de septiembre de 2025, un día antes de que la Sección Quinta del Consejo de Estado confirmara la nulidad de su elección, la Alcaldía de Girón firmó los contratos de administración de tres colegios públicos —Nuestra Señora de Belén, Mario Morales Delgado y Gabriel García Márquez, donde estudian entre 4.200 y 4.500 estudiantes— por doce años, con vigencias futuras comprometidas hasta 2037. El contrato 698 de esa fecha, acompañado de otros dos adjudicados en el mismo paquete, suma aproximadamente $192.000 millones: unos $64.062 millones por contrato. El tiempo de firma coincide con el momento en que el alcalde ya no tenía ni mandato asegurado ni motivación electoral para rendir cuentas: un servidor público con fecha de vencimiento entregando el futuro de la educación municipal.

¿Quién recibió la concesión? No el operador histórico: Fe y Alegría, la obra educativa de la Compañía de Jesús que administraba los colegios gironeros desde hacía 15 años, quedó fuera. El adjudicatario fue la Corporación Crecer Educados “Cocredu”, con domicilio en Cúcuta y personería jurídica concedida el 2 de octubre de 2023: una corporación de dos años de vida, cuando la experiencia exigida de los operadores educativos ronda los diez años. ¿Cómo califica a manejar la educación de 4.500 niños una fundación que apenas ha visto dos octubres? La pregunta no la hacemos nosotros: la hizo el Sindicato de Educadores de Santander, que presentó una acción popular para suspender los contratos, escaló la protesta a nivel nacional el 26 de noviembre de 2025 y remitió las pruebas a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría, la Contraloría y el Ministerio de Educación.

El engranaje tiene piezas documentadas: el Acuerdo municipal 049 del 31 de agosto de 2025 autorizó al alcalde a comprometer vigencias futuras; los contratos se firmaron el 23 de septiembre; el fallo del Consejo de Estado cayó el 24 y 25 de septiembre; y la ejecutoria que sacó al alcalde llegó el 22 de octubre. Cuatro pasos en ocho semanas que amarraron 12 años de presupuesto educativo. El jefe de contratación que estampó las firmas, José Alejandro Rueda Turizo, no ha explicado públicamente la urgencia. La Administración saliente defendió la operación argumentando continuidad del servicio; el argumento se desmorona cuando se constata que la “continuidad” se garantizó con un operador sin trayectoria y con un calendario sospechosamente electoral. Porque claro: la “continuidad del servicio” suena mucho mejor que “amarramos la plata antes de irnos”.

El antecedente UNGRD: la misma película, otro cartel

El contratazón educativo no es una anomalía aislada en el expediente gironero: es la segunda escena de una película ya estrenada. En 2024 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca anuló el desembolso de $186.000 millones ordenado por la UNGRD a favor de proyectos en Girón —el convenio de mitigación de riesgos por $180.000 millones que firmó el entonces director Olmedo López— por contener proyectos injustificados y posible favorecimiento de intereses particulares. El contrato de mitigación había terminado antes de lo previsto “porque era irregular”, según documentó el portal El Frente en julio de 2024. Olmedo López y Sneyder Pinilla terminaron tras las rejas por el escándalo nacional de la UNGRD, y el municipio que recibió la plata no protagonizó ninguna autocrítica: ejecutó, calló y esperó. Cuando el dinero era de todos y venía de Bogotá, nadie en la administración local pidió revisión alguna.

La privatización relámpago de la empresa pública

La tercera escena: el 14 de julio de 2025 el Concejo de Girón aprobó el Acuerdo 041, con 14 votos contra 3, autorizando enajenar el 49% de las acciones de GIRÓN S.A.S. E.S.P., la empresa pública que presta los servicios de agua y aseo. La decisión —vendida como “modernización”— fue demandada de inmediato por el propio gobernador de Santander y por veedores ciudadanos, y ocurre en un municipio donde la calidad del agua es queja recurrente de los barrios y donde la vía Chocoitá se convirtió en botadero ilegal de basuras bajo el pulso de la misma empresa que se quería vender. Vender la mitad de la casa cuando la casa gotea, sin diagnóstico público de valorización y en pleno proceso de anulación del mandato, es la receta perfecta para que alguien más pague menos de lo que vale y los ciudadanos paguen más de lo que deben.

Los cinco indicadores que le duelen a la gente

La metodología de corrupcionaldia.com exige cruzar el “sentir de la gente” con los compromisos del Plan de Desarrollo “Más Campo para el Progreso” (Acuerdo 013 de 2024) y traducirlo en indicadores verificables. Los cinco problemas que las comunidades de Girón reclaman con más insistencia —agua, obras, basuras y servicios, seguridad y educación— se contrastan a continuación con la evidencia documental de las vigencias 2024 y 2025. El hallazgo transversal es demoledor: de los cinco, ninguno tiene datos públicos consolidados que permitan a un ciudadano verificar el avance; la opacidad, esa vieja cómplice silenciosa, es el único indicador que funciona sin interrupciones.

Tabla 3. Cinco indicadores de gestión contra los cinco problemas prioritarios de la comunidad

Fuentes: Cuipo/CHIP, SECOP, El Frente, Bucaramanga Cómo Vamos, giron-santander.gov.co. Cruce de al menos cinco fuentes independientes por indicador.

El impacto oculto de esta radiografía lo cargan los más vulnerables. Un niño de Gabriel García Márquez no entiende de vigencias futuras, pero sí de profesores que no saben si su operador sobrevivirá al proceso judicial. Una familia de Puerta de Oro lleva ocho años esperando la vivienda prometida frente a la Constructora Valderrama. Un vecino de Chocoitá amanece con olor a basura quemada. La gestión, medida desde el escritorio, se ve dorada; medida desde la fila del agua, se ve distinta.

El sistema que lo permite: tres ciclos, un mismo guion

Girón no sufre un mal alcalde: sufre un mecanismo. En 2022 la Corte Constitucional ratificó la nulidad de la elección de Carlos Alberto Román Ochoa por doble militancia; la elección atípica de 2021 fue ganada por Yulia Moraima Rodríguez, despojada también por fallos judiciales, mientras Javier Acevedo Beltrán gobernaba por encargo —con cargos de la Procuraduría formulados en diciembre de 2025 por incumplir esos mismos fallos—. En 2025 el guion se repitió con Campo Elías Ramírez, exactamente por la misma causa: doble militancia. Tres administraciones consecutivas nacidas o muertas bajo anulación electoral no son mala suerte; son un sistema de captura en el que el aval partidista se alquila, la justicia electoral llega tarde y mientras tanto se firman contratos de doce años.

El sistema funciona con cómplices silenciosos. Un Concejo de 17 curules que aprobó por unanimidad el Plan de Desarrollo y las adiciones presupuestales, sin reparos públicos documentados frente a las vigencias futuras. Una entidad departamental que designa encargados que despiden masivamente y terminan con pliego de cargos. Organismos de control que actúan después de las firmas, no antes: la Contraloría de Santander documentó hallazgos administrativos, disciplinarios y un posible detrimento fiscal en contratos del municipio (febrero de 2026), la Contraloría Municipal adelantó su auditoría 018 de 2024 (17 de octubre de 2024), y la Procuraduría General de la Nación mantuvo desde 2023 una indagación sobre un contrato de $40.000 millones para canalización denunciado por el Comité de Transparencia por Santander, correspondiente a la administración anterior. Y una ciudadanía que en enero de 2026 dejó el 71,78% de las urnas vacías: la desconexión no es apatía, es el síntoma final de un contrato social roto.

La calificación: 5,20 de 10 — Regular (Vigilar)

Aplicamos la escala ponderada de corrupcionaldia.com, que califica cada componente de 0 a 10 y pondera: FURAG (25%), ejecución presupuestal Cuipo (20%), avance del Plan de Desarrollo (20%), transparencia en SECOP (15%), cumplimiento de ODS (10%) y percepción ciudadana (10%). La escala no es absoluta: mide la gestión contra el punto de partida del municipio y sus recursos disponibles. En Girón, donde la caja fiscal es de las mejores del departamento, la vara es alta.

Tabla 4. Calificación ponderada de la gestión de Campo Elías Ramírez (2024-2025)

Cada puntaje se justifica en el cuerpo del artículo; la fórmula es el promedio ponderado de los seis componentes.

En la escala editorial, un 5,20 significa gestión aceptable pero con déficits relevantes que exigen seguimiento ciudadano permanente. Y en el caso gironero el “seguimiento” tiene un objeto concreto: los $192.000 millones de compromisos educativos que vencen, precisamente, en 2037. Este municipio necesita que la luz se quede prendida sobre su contratación durante los próximos doce años, porque la firma ya ocurrió y la plata, descontada la intervención de los jueces, sigue comprometida.

El prevaricato por omisión: la pregunta que la Fiscalía no puede eludir

La regla metodológica es tajante: toda calificación igual o inferior a 6,9 obliga a examinar la hipótesis del prevaricato por omisión, tipificado en el artículo 414 del Código Penal colombiano (Ley 599 de 2000), que castiga con prisión de tres a ocho años al “servidor público que se abstenga de cumplir, en ejercicio de sus funciones, obligación evidente que le sea impuesta por la ley, en beneficio de la administración de justicia o de los particulares”. Precisemos los elementos antes de aplicarlos: un servidor público en ejercicio de sus funciones; una obligación evidente impuesta por la ley; una abstención —el delito de omisión no exige la acción, sino el incumplimiento del deber—; y un beneficio que la ley concedía a los particulares o a la administración de justicia. Lo que sigue son hipótesis de investigación sustentadas en documentos públicos, no sentencias: la presunción de inocencia pesa, y corresponde a la Fiscalía y a la Procuraduría adelantar o descartar las imputaciones. Lo que esta redacción sostiene es que hay indicios suficientes para que la pregunta se haga formalmente.

Primera hipótesis — la omisión de verificación en la contratación educativa. La Ley 80 de 1993 impone a las entidades estatales deberes evidentes de selección objetiva y verificación de condiciones del contratista. Adjudicar la administración de tres colegios por doce años a una corporación constituida dos años antes, sin la trayectoria exigida, y omitir esa verificación con 4.500 menores en medio, configura el tipo: el deber era evidente, la abstención consta en los documentos del SECOP y el beneficiado fue un particular. El bien jurídico lesionado no es abstracto: es el derecho fundamental de los niños a recibir educación sin interrupciones.

Segunda hipótesis — la omisión de prudencia fiscal con vigencias futuras. La Ley 819 de 2003 (artículo 9) impone al alcalde garantizar la previsibilidad y financiación de todo compromiso plurianual. El Acuerdo 049 del 31 de agosto de 2025 y las firmas del 23 de septiembre de 2025 se materializaron cuando la nulidad de la elección era inminente —la confirmación del Consejo de Estado cayó 24 y 25 de septiembre y la ejecutoria era cuestión de semanas—. Comprometer $192.000 millones a doce años desde un cargo cuya anulación era previsible configura, al menos, dolo eventual en la omisión del deber de prudencia: el funcionario aceptó el riesgo y lo concretó. Ocho semanas bastaron para amarrar doce años de presupuesto.

Tercera hipótesis — la omisión de control frente a la UNGRD. El ente territorial beneficiario de un convenio de $180.000 millones tenía el deber evidente de verificar la justificación de los proyectos financiados. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró que no lo estaban y anuló el desembolso de $186.000 millones. La administración municipal de Girón no reportó, no objetó, no demandó: la omisión de un control exigible habilita la indagación, ahora que los dos artífices centrales del esquema nacional de la UNGRD, Olmedo López y Sneyder Pinilla, ya responden privados de su libertad.

Hay una cuarta hipótesis, más débil pero acumulativa: las omisiones continuas de inspección, vigilancia y control sobre GIRÓN S.A.S. E.S.P., documentadas en el botadero ilegal de la vía Chocoitá y en las quejas permanentes sobre calidad y presión del agua, deberes que la Ley 142 de 1994 pone en cabeza expresa del municipio. A ellas se suma la responsabilidad fiscal que la Contraloría General evaluará sobre el posible detrimento detectado, y el frente disciplinario que ya está en marcha. El prevaricato por omisión es el delito favorito de la impunidad porque no deja huellas dactilares: deja huellas presupuestales. Y esas sí están en el SECOP.

Metodología: transparente y replicable

Este análisis se construyó con datos oficiales verificables y fuentes independientes cruzadas, siguiendo el protocolo forense de corrupcionaldia.com. Primero, se extrajo la información financiera de los formularios del Cuipo en el sistema CHIP del Ministerio de Hacienda para las vigencias 2024 y 2025: ejecución de ingresos (B_EJECUCION_DE_INGRESOS), ejecución de gastos con vigencia actual, reservas y cuentas por pagar (D_EJECUCION_DE_GASTOS), deuda pública (FUT_DEUDA_PUBLICA: créditos, créditos por sector y renta pignorada), vigencias futuras (FUT_VIGENCIAS_FUTURAS: autorizaciones) y Sistema General de Regalías (ejecución de ingresos y gastos). Segundo, se tomó el resultado FURAG de la vigencia 2025 publicado por el Departamento Administrativo de la Función Pública el 17 de junio de 2026 y se posicionó a Girón en el ranking de las 1.102 alcaldías. Tercero, se revisó la contratación en SECOP I y II del municipio y de sus entidades descentralizadas. Cuarto, se cruzaron los hallazgos con al menos cinco fuentes independientes: prensa nacional y regional (El Frente, Vanguardia, El Tiempo, El Espectador, El Colombiano, Blu Radio, Caracol Radio, W Radio, Infobae, Semana), fallos judiciales, actos administrativos municipales y departamentales, comunicaciones del sindicato SES y encuestas de percepción Excellentia y Bucaramanga Cómo Vamos.

Sobre las regalías: la revisión del Sistema General de Regalías no arrojó giros directos de proyectos de asignación directa a la Alcaldía de Girón en 2024-2025 en los registros públicos consultados, y el municipio no hace parte del programa PDET (los municipios PDET de la región pertenecen al Catatumbo, en Norte de Santander); el análisis reglamentario se concentra por tanto en las fuentes SGP, tributarias y de deuda documentadas en el Cuipo. Limitaciones declaradas: la desagregación municipal de la tasa de hurto no es publicada por la alcaldía (se usó la del área metropolitana), el listado consolidado de contratos SECOP 2024-2025 requiere descarga masiva del dataset y las cifras del Cuipo corresponden a lo reportado por el propio municipio en el sistema oficial. La calificación final es el promedio ponderado documentado en la Tabla 4, y cualquier ciudadano puede replicar cada paso con los formularios públicos citados.

Fuentes verificables

1. CHIP – Cuipo, formularios de ejecución presupuestal 2024-2025, Alcaldía de San Juan de Girón (chip.gov.co).
2. Departamento Administrativo de la Función Pública, Resultados de Desempeño Institucional, FURAG vigencia 2025, reporte del 17 de junio de 2026 (IDI 69,56).
3. Consejo de Estado, Sección Quinta, fallo de nulidad de la elección por doble militancia (24-25 de septiembre de 2025; ejecutoriado el 22 de octubre de 2025).
4. Tribunal Administrativo de Santander, fallo de primera instancia de nulidad (29 de noviembre de 2024).
5. Gobernación de Santander, decreto de designación del alcalde encargado Fredy Cáceres (24 de octubre de 2025).
6. Registraduría Nacional del Estado Civil, resultados de la elección atípica del 18 de enero de 2026.
7. Corte Constitucional, sentencia SU-213 de 2022 (nulidad de la elección de Carlos Alberto Román Ochoa por doble militancia).
8. El Frente (elfrente.com.co), serie de reportajes: contratos educativos (octubre-diciembre de 2025), convenio UNGRD (julio y diciembre de 2024), privatización de la EIC (julio-agosto de 2025) y pliego de cargos contra Cáceres (abril de 2026).
9. Procuraduría General de la Nación, investigaciones disciplinarias al alcalde encargado y al gobernador de Santander (noviembre de 2025 y abril de 2026).
10. Contraloría de Santander, hallazgos con posible detrimento fiscal (febrero de 2026); Contraloría Municipal de Girón, auditoría No. 018 de 2024 (17 de octubre de 2024).
11. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sentencia que anula el desembolso de $186.000 millones de la UNGRD para proyectos en Girón (20 de diciembre de 2024).
12. Acuerdo Municipal 013 de 2024 (Plan de Desarrollo “Más Campo para el Progreso”), Acuerdo 041 de 2025 (enajenación de acciones) y Acuerdo 049 de 2025 (vigencias futuras), giron-santander.gov.co.
13. Sindicato de Educadores de Santander (SES), acción popular y remisión de pruebas a los entes de control (diciembre de 2025).
14. Excellentia, encuesta “Dirigentes de Santander” (cuatro mediciones de 2024); corrillos.com.co (enero de 2025).
15. Bucaramanga Cómo Vamos, informe de seguridad del área metropolitana (febrero de 2025).
16. Personería Municipal de Girón (personeriagiron.gov.co), contratación y auditorías; Vanguardia, El Tiempo, El Espectador, El Colombiano, Blu Radio, Caracol Radio, W Radio, Infobae y Semana (2023-2026).

El cierre: la pregunta que queda

Los psicólogos llaman sesgo de retrospectiva a la ilusión de que todo lo ocurrido era predecible. En Girón nadie puede decir que no estaba avisado: la Corte anuló una alcaldía por doble militancia en 2022, la justicia volvió a anular otra en 2025 por la misma causa, y entre medias el dinero aprendió a firmar sus contratos un día antes de los fallos. La gestión de Campo Elías Ramírez 2024-2025 califica 5,20: Regular, Vigilar. Buena cobrando, disciplinada amortizando deuda, y desastrosa en la única cosa que diferencia a un gobernante de un administrador de caja: la transparencia de sus decisiones.

La pregunta no es si hubo irregularidades. La pregunta es si vamos a seguir permitiendo que cada elección anulada termine en un contratazón y cada contratazón termine en un informe archivado. El prevaricato por omisión existe porque la ley entendió algo que los pueblos tardan en creer: que también se cometen delitos callando, no firmando, no mirando. Entra a corrupcionaldia.com e infórmate sobre este tema. Los datos están publicados, los formularios están en el CHIP, los contratos están en el SECOP. La verdad también tiene forma: tiene forma de tabla, de radar, de número que no cuadra. Y la próxima vez que alguien le diga a usted que en Girón “todo está bien porque se cobra bien el predial”, recuerde: el 5,20 no lo inventó este portal. Lo construyeron, formulario por formulario, quienes juraron gobernar en público. ¡Te sorprenderás!

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