El 5 de octubre de 2026, la política colombiana protagonizó un episodio digno de un esperpento. El presidente Abelardo de la Espriella anunció un «control especial» sobre el municipio de Sincelejo, en el departamento de Sucre, argumentando que el alcalde Yahir Acuña enfrenta 13 investigaciones por corrupción y que existe un video donde «muestra cómo robarse el PAE» (Programa de Alimentación Escolar). El mandatario fue categórico: «No puedo trabajar bajo su esquema de corrupción. Esta plata la voy a cuidar y para cuidarla, tengo que tenerla alejada de su control.«
Sin embargo, la respuesta de Acuña llegó más rápido y más letal. Le recordó al presidente que durante la campaña electoral, en un video, este había elogiado su gestión como «muy exitosa«; que miembros de su círculo cercano lo habían buscado para pedir apoyo; que su padre había ido personalmente a su apartamento a solicitar una reunión. Y más irónico aún, Acuña señaló: «Usted se refirió a un llamado a juicio que tengo, pero no está en firme.«
Esto no es un debate sobre justicia. Es una guerra por la memoria: quién dijo qué y cuándo, quién necesitó a quién, y quién decide olvidar cuando el poder cambia de manos.
Y detrás de todo el ruido, un hecho incómodo quedó al descubierto, capturado con precisión por el autor del post en X, Mauro Yong: ¿La Procuraduría? Calladita. ¿La Defensoría? Calladita. ¿La Corte Suprema? Calladita. ¿El Consejo de Estado? Calladitos. ¿La Corte Constitucional? Calladita. «Ahhhhhh verdad que Petro no es el presidente… ¡Alabado sea!»
El problema nunca fue "quién miente". El problema es: cuando el poder necesita silencio, ¿por qué todos los organismos que deberían hablar guardan un mutismo tan perfecto?
La acusación presidencial y el espejo del alcalde
Comencemos por ordenar el esqueleto de los hechos.
El 2 de octubre, el presidente De la Espriella visitó el departamento de Sucre y presidió un consejo de seguridad en Sincelejo. Allí arremetió directamente contra Acuña: «No puedo ignorar sus antecedentes ni las investigaciones y actuaciones públicas que rodean su trayectoria. Le formulé la pregunta elemental: ¿Cómo pretende que, como presidente, le entregue recursos públicos sin controles y haga como si nada ocurriera?«
El presidente enumeró tres «cargos»: 13 investigaciones por corrupción, un video donde «muestra cómo robarse el PAE» y una citación de la Corte Constitucional por un caso de enriquecimiento ilícito.
La respuesta de Acuña fue una clase magistral de contraataque político. No negó directamente las acusaciones, sino que destruyó la credibilidad moral del acusador. Reprodujo el video de campaña del presidente, en el que el entonces candidato De la Espriella decía: «Yo me quedo con Acuña, porque Galán es muy cobarde; Acuña por lo menos se para. A uno le puede gustar o no el alcalde de Sincelejo, pero ha dado resultados en temas de seguridad.«
Esto no es el truco barato de «antes me elogiabas». Es un golpe preciso al sistema del discurso político. Si la misma persona puede llamarte «eficaz» cuando necesita tus votos y «corrupto» cuando ostenta el poder, entonces la palabra «corrupción» ya no señala un hecho, sino una necesidad del poder.
Más reveladora aún fue la intervención del padre del presidente. Abelardo de la Espriella Juris reconoció que Acuña «me mandó a decir que quería reunirse conmigo«, que él acudió a su apartamento, que Acuña se mostró «en disposición de apoyar la candidatura de Abelardo«. Y añadió: «El hoy presidente se enteró de esa reunión y la desautorizó.«
Es un padre testificando sobre la memoria política de su hijo. Cuando el poder cambia, esos contactos, tanteos y transacciones se borran de la narrativa oficial, pero el testimonio del padre es una astilla clavada en el flanco del «relato limpio».
El significado silencioso de las «13 investigaciones»
El presidente repite la cifra: «13 investigaciones«. Pero hay que preguntar: ¿qué significa una investigación?
En el sistema jurídico colombiano, una «investigación» puede estar en innumerables estados: indagación preliminar, apertura formal, en curso, archivada, revocada, absuelta, condenada pero apelada. El presidente lanza «13 investigaciones» como un concepto monolítico, difuminando deliberadamente el estado jurídico y el contenido sustantivo de cada una.
La respuesta de Acuña ataca justamente ese punto: «Usted se refirió a un llamado a juicio que tengo, pero no está en firme. Está repuesto, hay un recurso de reposición y yo no voy a violar la reforma sumarial. Me rehuso a creer que me quieran volver un falso positivo.«
La palabra «falso positivo» está cuidadosamente elegida. En el contexto colombiano, «falso positivo» alude al escándalo de militares que asesinaron a civiles y los presentaron como guerrilleros caídos. Acuña la usa para insinuar: el presidente lo está convirtiendo en un «trofeo de guerra contra la corrupción», un símbolo para exhibir la determinación del mandatario, y no un ciudadano sometido a un debido proceso.
No se trata de decir que Acuña es inocente, en corrupcionaldia.com hemos publicado suficiente material sobre la gestión y cuestionamientos de este alcalde. Se trata de señalar que en Colombia, la acusación de corrupción se ha convertido en un arma política cuya veracidad depende de la posición de poder de quien la esgrime, no del peso jurídico de las pruebas.
El video que «enseña a robar el PAE»: ¿verdad o relato?
El presidente afirma que existe un video en el que Acuña «muestra cómo robarse el PAE«. El post de X citado también lo menciona: «un video donde se ve claramente mostrando los dedos para señalar una cantidad de dinero por el PAE«.
Pero ese video nunca ha sido exhibido públicamente. El presidente lo menciona en su discurso, los medios lo citan en sus notas, pero ningún organismo —ni la Fiscalía, ni la Procuraduría, ni un medio independiente— ha publicado la versión completa, la fuente, el contexto o un informe de verificación.
Es la plantilla perfecta de la acusación corrupta: una «prueba» que no puede ser verificada de forma independiente, repetida por quien ostenta el máximo poder, mientras todos los organismos que deberían verificarla optan por el silencio.
Si el video existe y su contenido es concluyente, la Fiscalía debería abrir investigación de inmediato. Si no existe o está sacado de contexto, el presidente debería responder por calumnia. Pero ninguna de las dos cosas ocurre. El silencio mismo se convierte en cómplice de la acusación.
Cuando todos los vigilantes están «CALLADITA»
El post de Mauro Yong atraviesa la superficie porque nombra con suma sencillez el núcleo del problema:
"¿La Procuraduría? ¡Calladita! ¿La Defensoría? ¡Calladita! ¿La Procuraduría General? ¡Calladita! ¿La Corte Suprema? ¡Calladita! ¿El Consejo de Estado? ¡Calladitos! ¿La Corte Constitucional? ¡Calladita! Ah, verdad que Petro no es el presidente... ¡Alabado sea!"
Cada «silencio» apunta a una omisión concreta.
La Procuraduría tiene el deber de investigar la responsabilidad disciplinaria de los servidores públicos. Si el presidente acusa públicamente de corrupción a un alcalde, la Procuraduría debería al menos abrir una indagación preliminar. El silencio significa: o no considera que la acusación presidencial merezca investigación, o no se atreve a investigarla.
La Defensoría del Pueblo tiene el deber de proteger los derechos ciudadanos. Cuando el alcalde afirma que «tenía hombres armados detrás de mí» y que «le negaron el derecho a la réplica«, la Defensoría debería intervenir para evaluar si hubo vulneración de derechos. El silencio significa: la protección de derechos es selectiva.
La Corte Suprema, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional: el silencio de estos tres es el más estridente. Acuña mencionó explícitamente que la Corte Constitucional lo citó por un caso de enriquecimiento ilícito. Si eso es cierto, la Corte ya intervino en su caso. Pero ante una acusación presidencial pública que podría afectar el proceso judicial, la Corte no emitió pronunciamiento alguno.
Todos estos organismos están "CALLADITA" no porque no tengan posición, sino porque su posición es: no intervenir. No intervenir es una posición.
La frase final del post de Yong —»Petro no es el presidente«— es la clave de todo. Revela la lógica real del silencio: la «independencia» de estas instituciones es condicional. Cuando el objeto de crítica era el gobierno de Petro, hablaban con fluidez; cuando la crítica viene del presidente en ejercicio, callan. Esto no es vigilancia, es inacción partidista.
El PAE olvidado: la mesa de los 256.470 millones de pesos
En medio de todo el ruido político sobre presidentes, alcaldes, videos e investigaciones, hay una cifra que se repite pero nunca se discute en serio: el contrato del PAE (Programa de Alimentación Escolar) por $256.470 millones de pesos.
El presidente dice que Acuña tiene «un video donde enseña a robar el PAE«. El alcalde dice que la acusación es un «falso positivo«. Los medios se centran en el intercambio de dardos. Pero nadie formula la pregunta más simple: los niños de Sincelejo, cada día en la escuela, ¿qué comieron realmente?
$256.470 millones de pesos. Bajo una administración que el presidente llama «esquema de corrupción», en un contexto donde el alcalde es acusado de «mostrar cómo robarse el PAE«, ¿cuál fue el destino real de esos fondos? ¿Funcionaron las cocinas escolares? ¿Comieron los niños? Si el contrato fue malversado o saqueado, ¿a dónde fue a parar el dinero?
Ese debería ser el foco de la «verdad». Pero quedó sepultado por el espectáculo del poder.
Mientras el presidente y el alcalde se acusan mutuamente, los verdaderos beneficiarios del PAE —los niños hambrientos que esperan su almuerzo— quedan completamente excluidos del debate. Su silencio no es elegido, es impuesto. No pueden estar «CALLADITA» porque nunca se les permitió hablar.
La memoria del poder: el video de campaña y la amnesia política
La estrategia de Acuña consiste, en esencia, en usar las propias palabras del presidente para deconstruir sus acusaciones actuales. El candidato que en campaña elogiaba al alcalde como «eficaz» y el presidente que hoy lo acusa de «corrupción» son la misma persona. ¿Qué pasó entre una versión y otra?
No cambió el alcalde. Cambió la posición del presidente.
Durante la campaña, De la Espriella necesitaba los votos de Sucre. Acuña, como alcalde, controlaba la maquinaria política local y las redes de votantes. El padre del presidente fue personalmente a su apartamento a buscar apoyo. La fórmula vicepresidencial, el coordinador de campaña, la familia presidencial: todos acudieron.
Tras la elección, las reglas del juego cambiaron. El presidente necesitaba un relato «anticorrupción» para consolidar su poder. Las 13 investigaciones de Acuña —cualquiera que sea su estado real— se convirtieron en el blanco perfecto. No tenía poder para defenderse, pero era lo bastante visible, lo bastante controvertido, lo bastante útil para que el presidente pareciera un «valiente luchador«.
La respuesta de Acuña es un recordatorio: la memoria del poder es selectiva. Los enemigos de hoy fueron ayer posibles aliados. Los «corruptos» de hoy fueron ayer «gestores eficaces».
No se trata de defender a Acuña. Se trata de señalar un problema más profundo: si un presidente puede pasar en un año de «yo me quedo con Acuña» a «bajo su esquema de corrupción yo no trabajo«, entonces la palabra «corrupción» ha perdido todo significado objetivo y se ha convertido en un instrumento del poder.
¿Por qué seguimos preguntando «quién miente»?
Lo más inquietante de esta historia no es la acusación del presidente, ni la réplica del alcalde, ni las 13 investigaciones, ni los $256.470 millones, ni siquiera el silencio de todos los organismos de control.
Lo más inquietante es que seguimos preguntando «quién miente».
Esa es la pregunta equivocada. La pregunta correcta es: en un sistema donde todos los organismos de control optan por el silencio, ¿quién decide la verdad?
El presidente dice que el alcalde es corrupto. El alcalde dice que el presidente es hipócrita. Los medios dicen que «las partes se contradicen». Los organismos de control no dicen nada.
En este tablero de poder, los únicos excluidos son los ciudadanos.
Los habitantes de Sincelejo no tienen hombres armados que los protejan en un consejo de seguridad. No se les niega la palabra —porque nunca fueron invitados a hablar. No tienen videos de campaña que reproduzcan para probar que alguna vez fueron necesarios. Solo tienen hijos hambrientos, promesas incumplidas y otra acusación de corrupción sobrevolando su ciudad.
«El poder no te hace intocable, ¿oíste?» escribió el abogado de Acuña en X. Sí, el poder no hace intocable a nadie. Pero el silencio del poder —esos organismos «CALLADITA»— hace que algunos sean tocados demasiado poco y otros tocados demasiado.
Esa es la ecuación de la corrupción colombiana: no quién robó qué, sino quién tiene el poder de decidir cuándo, dónde y a quién se le enciende la máquina de la "verdad".
Cuando «CALLADITA» se vuelve normal
El presidente Abelardo dijo que está protegiendo el dinero de Sincelejo. «Esta plata la voy a cuidar y para cuidarla, tengo que tenerla alejada de su control.«
Pero ¿quién vigila a los vigilantes?
¿La Procuraduría? CALLADITA. ¿La Defensoría? CALLADITA. ¿La Corte Suprema? CALLADITA. ¿La Corte Constitucional? CALLADITA.
Cuando todos los vigilantes callan, la palabra «control» se convierte en la definición unilateral del poder. El control del presidente es «protección»; el control del alcalde es «corrupción». La diferencia no está en los hechos, ni en las pruebas, ni en la ley: está en quién ocupa la silla presidencial.
¿A dónde fueron los 256.470 millones de pesos de Sincelejo? ¿Qué comieron los niños del PAE? ¿Cuál es el estado jurídico de las 13 investigaciones? ¿Existe ese video?
Nadie responde estas preguntas, porque responderlas exige que las instituciones tengan el valor de «no callar». Y hoy, en Colombia, ese valor es un bien escaso.
El post de Mauro Yong termina con «¡Alabado sea!». Es ironía y es tristeza: en un país donde todos los vigilantes callan, solo queda alabar a Dios, porque el poder terrenal ya no merece alabanza ni confianza.
