El presidente de los $10.600 millones que no tiene un peso en el banco

La primera declaración patrimonial del presidente cumple la ley al pie de la letra y demuestra, en el mismo acto, que la letra de esa ley no obliga a mostrar nada.

La única cuenta de ahorros que el presidente Abelardo de la Espriella registró en Colombia cerró el 31 de diciembre de 2025 con saldo cero. Ni un peso. En el mismo formulario, cargado al aplicativo de Función Pública el 21 de agosto de 2026 en cumplimiento de la Ley 2013 de 2019, el mandatario declaró un patrimonio bruto de 10.600 millones de pesos. El 97 por ciento, unos 10.272 millones, aparece bajo un solo rubro: inversiones. Sin casas. Sin carros. Sin participación en sociedades. Sin actividades económicas privadas. Y en el registro de conflictos de interés, la casilla sobre cónyuge o compañera permanente quedó marcada con un no. El presidente está casado desde el 13 de diciembre de 2008 con Ana Lucía Pineda Aruachán, madre de sus cuatro hijos y actual primera dama de la Nación. El formulario no miente en cifras. Miente en silencio. Y ese silencio es legal. Este análisis disecciona, renglón por renglón, cómo una de las fortunas más comentadas del país logró volverse invisible ante el único instrumento que la arquitectura legal de la transparencia le exige mostrar.

Empecemos por el rubro grande. Diez mil doscientos setenta y dos millones en inversiones significa, en el lenguaje del formulario, que el presidente no posee ladrillos: posee papeles. La Silla Vacía rastreó 19 propiedades en Colombia vinculadas a De la Espriella, nueve adquiridas en los últimos cinco años y cuatro entre 2016 y 2018. Ninguna figura a su nombre. Todas pertenecen, en papeles, a tres de sus sociedades: De la Espriella Lawyers, Dominio La Espriella y Cosenza. La operación es tan vieja como el derecho societario y tan eficaz como siempre: la persona natural transfiere los activos a personas jurídicas, conserva las acciones y, cuando la ley le pide declarar bienes, declara acciones. El apartamento se convierte en título. El edificio se convierte en cuota social. La palabra inversiones absorbe la finca, la oficina y el penthouse, y los devuelve al público como una cifra sin dirección, sin matrícula inmobiliaria, sin ciudad. Es perfectamente legal. Ese es exactamente el problema. La Ley 2013 de 2019 nació de la ola de transparencia posterior a Odebrecht para que el ciudadano pudiera ver el patrimonio de quien lo gobierna. El velo societario le devuelve al ciudadano una silueta.

Sigamos con la cuenta en cero. Un saldo de cero pesos al corte del 31 de diciembre no significa que el hombre no tenga con qué almorzar. Significa que su liquidez no vive en su cédula: vive en sus empresas. Es el patrón clásico del gran patrimonio colombiano, la persona natural pobre y las personas jurídicas ricas, y produce un efecto preciso sobre el control ciudadano: el registro que la ley ordenó publicar muestra a un presidente sin plata, mientras la plata opera un piso más arriba, en vehículos que la Ley 2013 no obliga a abrir. A eso súmele los pasivos: 102,7 millones de pesos, alrededor del uno por ciento del patrimonio. Proporcionalmente, el presidente debe menos que una familia barranquillera pagando una moto a cuotas. Y cierre el cuadro con el impuesto: De la Espriella pagó poco más de 12 millones de pesos de renta el año pasado, habiendo reportado ingresos y rentas por 10.272 millones en el año gravable 2024. Doce millones sobre diez mil doscientos setenta y dos: algo más del uno por mil. Un profesional asalariado con ingresos de 100 millones al año tributa, en proporción, decenas de veces más. La explicación técnica existe y hay que decirla completa: buena parte de esas rentas pueden ser dividendos ya gravados en cabeza de las sociedades, ingresos no constitutivos de renta o ganancias con tratamiento especial. Nada indica evasión. Indica algo distinto y más profundo: que el estatuto tributario y el formulario de transparencia fueron diseñados por la misma lógica, la de medir a la persona natural mientras la riqueza real se organiza en otra parte.

Ahora el renglón que no es contable. En la declaración de conflictos de interés, el presidente marcó «no» en todas las categorías. Todas. Incluida la información de cónyuge o compañera permanente. Aquí caben dos lecturas y la honestidad periodística obliga a presentar ambas. La primera: que el «no» responda a la pregunta de si tiene cónyuge cuyos intereses puedan generarle conflicto, una autoevaluación que la ley permite y que convierte al declarante en juez de su propia causa. La segunda, que registró Blu Radio al revisar el documento: que respondió «no» a la pregunta de si tiene cónyuge o compañera permanente. Punto. El presidente se casó con Ana Lucía Pineda en la iglesia San Pedro Claver de Cartagena hace dieciocho años. Ella lideró áreas operativas de De la Espriella Lawyers, la misma firma que posee parte de los inmuebles ausentes de la declaración. Ella es empresaria con negocios en Colombia y Estados Unidos. Ella preside una fundación sobre la cual el Senado ya pidió información a la Presidencia. Cualquiera de las dos lecturas produce el mismo resultado: el registro que existe para que el ciudadano trace la red de intereses alrededor del hombre que nombra superintendentes, tercia magistrados y dirige la política regulatoria del país quedó en blanco. Un formulario de conflictos de interés donde todo es «no» no es un formulario diligenciado. Es un formulario derogado por su propio firmante.

Y aquí es donde el caso deja de ser un caso y se vuelve sistema. La Ley 2013 de 2019 es autodeclarativa. Función Pública publica lo que el obligado escribe; no verifica, no cruza, no sanciona en la práctica. El instrumento no mide el patrimonio del declarante: mide su disposición a mostrarlo. Cuando el declarante es un ciudadano cualquiera, esa debilidad es un defecto técnico. Cuando el declarante es el jefe de Estado que llegó a la Casa de Nariño prometiendo cero corrupción, que publicó el Libro de la Verdad para documentar las irregularidades del gobierno anterior y que exigirá a miles de funcionarios diligenciar este mismo formulario, la debilidad se convierte en doctrina. El mensaje que baja en cascada por toda la administración pública es nítido: la transparencia es un trámite, el trámite se cumple con un clic, y el clic puede decir «no» en todas las casillas. Con 10.600 millones de pesos se construye, en orden de magnitud, un hospital de primer nivel en un municipio rural, o unas 150 viviendas de interés social, o más de ocho siglos de salario mínimo. No se trata de plata robada; se trata de la vara con la que el país medirá, durante cuatro años, la promesa central de este gobierno. La primera prueba de transparencia de la era De la Espriella la calificó el propio examinado. Se puso «no» en todo.