La llamada Torre Materno Infantil del hospital Universitario de Neiva ‘Hernando Moncaleano Perdomo’, que estaba proyectada como centro de atención para pacientes Covid-19, quedó descartada definitivamente.

Render del proyecto que nunca terminó.

El edificio, convertido en el ‘rey de los elefantes blancos’ en el departamento del Huila, ha tenido inversiones que superan los $44 mil millones de pesos.

De los 22.000 metros cuadrados de construcción solo se han intervenido 800 metros en el primer piso, una zona para Rayos X (que no ha llegado) y el Plan Canguro, inaugurados en diciembre de 2018.

Estado actual de las obras.

Las adecuaciones iniciales anunciadas por el ex gerente de la entidad, Jesús Antonio Castro Vargas dos días antes de dejar el cargo, no servirán para atender probables pacientes infectados en el pico de la pandemia, pues no solo no cuenta con las camas requeridas, sino, que esencialmente, no tiene las condiciones sanitarias apropiadas para la atención de estos pacientes en los picos más altos de la pandemia.

De los 22.000 metros cuadrados de construcción solo se han intervenido 800 metros en el primer piso

“Como la administración anterior había dicho que esa iba a ser la torre Covid-19, pues nos fuimos a hacer la visita y encontramos que con las intervenciones que habían hecho se les había pasado por alto un detalle grande: no tiene controles eléctricos para funcionar todo el sistema de aireación de la torre, incluidos los gases medicinales, es decir, la red por donde va el oxígeno”, reveló la actual gerente del hospital, Constanza Sastoque quien se posesionó en el cargo el pasado 31 de marzo.

Según la funcionaria las redes metálicas usadas para la conducción de oxígeno a presión hasta los puntos de consumo, fueron robadas. “Los ladrones debían conocer no solo la ubicación, la forma de extraerlas, sino el alto costo”, explicó Sastoque.

Una historia de corrupción

Las obras de lo que ha sido considerado uno de los elefantes blancos más protuberantes del Huila, arrancaron en el 2010 cuando le fueron adjudicadas los trabajos al consorcio español Lopesan Fronpeca, por $23.362 millones de pesos, y estaban previstos para que se terminaran en un año. Sin embargo la insolvencia económica de la firma, que resultó siendo un fiasco financiero, comenzó a reflejarse en el atraso de las obras.

El consorcio no pudo cumplir con el cronograma ni terminó la obra, como estaba previsto. Sólo ejecutó $5.216 millones de pesos de los $7.008 millones de pesos que le giraron de anticipo.

La obra comenzó en noviembre del 2011 en medio de serios inconvenientes de diseño, invierno, falta de suministros, y desde luego, temas financieros.

Aunque Lopesan Fronpeca certificó que tenía una liquidez del 1,5 del valor del contrato, una capacidad de endeudamiento del 50% del valor del contrato y un capital de trabajo igual o mayor al 60% del contrato, el flujo de recursos no se vio reflejado en la ejecución de la obra, todo lo contrario.

Según el arquitecto Hugo Alberto Parra, director de la primera interventoría, los cortes de obra en los nueve primeros meses representaron inversiones que oscilaron entre $200 y $1.000 millones de pesos, un promedio de $500 millones de pesos mensuales, cuando el monto debería ser $4.000 millones mensuales. “Con ese flujo financiero la ejecución la obra tomaría por lo menos dos años más de lo previsto, concluyó el experto.

La empresa, según la propuesta, debería tener por lo menos $12.000 millones de pesos disponibles, pero eso no ocurrió.

Los consorciados Lopesan Asfaltos y Construcciones Sucursal Colombia sólo contaban con un capital asignado de $50 millones de pesos aproximadamente, según lo certificó la Cámara de Comercio de Bogotá (julio 29 de 2011). El consorciado Herreña Fronpeca Sucursal Colombia sólo reportaba un capital asignado de $118 millones.

Frente al incumplimiento,  el hospital Universitario de Neiva tuvo no tuvo otra vía que liquidar el negocio jurídico de las partes, que inicialmente buscó que fuera de mutuo acuerdo con la firma española, pero como no llegaron a un arreglo amigable, lo liquidó de manera unilateral.

La liquidación que se vino a hacer el 8 de noviembre del año 2013, se basó en los informes de la interventoría. Allí se establece un saldo no ejecutado del contrato por $13.689’664.235,14 pesos, equivalentes al 58% de la obra. En este sentido, se afirma que tan solo construyeron el 41.40% de la obra, equiparados a $9.672’687.738,86 pesos.

La obra estuvo paralizada por 19 meses, y a finales de 2014 se abrió un nuevo proceso licitatorio que fue adjudicado a la Unión Temporal del arquitecto Diego Hernán Diego Sandoval con un aporte del 55%, respaldado además por las firmas bogotanas Chaher SAS con el 40% y Atempo Inversiones con el 5%.

El contrato tuvo un costo de $16.625 millones de pesos para culminar la primera fase de cinco pisos para poner al servicio una unidad de urgencias pediátricas y maternas, sala de cirugía, hospitalización, una unidad de cuidados intensivos, una unidad de apoyo y diagnóstico, además de parqueaderos, suministro de dos ascensores y las áreas de servicios.

Lo curioso es que en la página del Secop no aparece la historia de seguimiento del proceso, ni siquiera el contrato está publicado en la página del Secop, luego difícil conocer qué otras adiciones presupuestales que le autorizaron a los contratistas.

Las obras se retomaron en el 2015 y se suponía que debían terminar a finales de ese año, pero solo en el 2018 fue que se entregó al servicio por parte del entonces gobernador del Huila, Carlos Julio González Villa, la primera fase de operación de la Torre con los servicios de Imagenología y el Plan Canguro (que incluye banco de leche materna).

Ese día se informó que la Gobernación del Huila financió la compra de los elementos biomédicos por más de  $3 mil millones de pesos, y la compañía Hocol aportó dos plantas eléctricas por valor superior a los $800 millones de pesos, fuera de los dineros invertidos en la construcción.

Quedaban entonces pendientes la entrada en funcionamiento de al menos 270 camas.

En otras palabras en 8 años, desde que se proyectó su construcción los avances no alcanzaban el 70% de las obras. Y los recursos invertidos fueron millonarios.

Antes de dejar su cargo, el ex gerente del hospital, Jesús Antonio Castro Vargas, había dicho que esta torre del hospital Universitario de Neiva iba a ser el centro de atención de primera línea para la atención de pacientes con Covid-19.

Sin embargo, lo encontrado por la nueva gerente, da por descartada esta posibilidad y antes por el contrario, pondrá en conocimiento de las autoridades de fiscalización y control del país, las irregularidades encontradas.

En su defensa Castro Vargas argumentó que la Torre sí funciona, y que solo hace falta “una mínima inversión que le permitirá ser habilitada para poder prestar los servicios que hoy se necesitan”.

Y añadió que para que funcionen los 32 puntos de oxígeno, 20 en urgencias pediátricas y 12 en consulta y otras zonas, se requieren tres acometidas. Una acometida de vacío, -porque la red de gases está funcionando, nada tiene que ver con la del robo en la otra parte, ya que está totalmente independiente-; segundo, se necesitan unas UPS (Sistema de energía ininterrumpible) para regular la parte eléctrica, y en tercer lugar, se requieren unos puntos de aire acondicionado para las aulas de los estudiantes.

Para esos trabajos el Hospital había requerido otros $5 mil millones de pesos, que le fueron negados por la Gobernación.

En síntesis, la suerte de la Torre Materno Infantil del Hospital de Neiva, no es más que un vivo retrato de la escandalosa y vergonzosa corrupción que por años ha carcomido al sector de la salud pública colombiana y que con la llegada del coronavirus ha mostrado su más desagradable rostro, que cuando más se necesita una red pública fortalecida, lo que ha quedado al descubierto son las precarias condiciones en que funcionan los hospitales públicos del país.

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