Análisis forense de los dos primeros años de gobierno del alcalde Neil Enrique Cantillo Núñez (2024-2025). Calificación final: 4,6 / 10 — MEDIOCRE
Tiquisio, a la mesa de operación
Nos encontramos en el municipio de Tiquisio, sur del departamento de Bolívar, a orillas del brazo del Momposino y bajo la sombra de la Serranía de San Lucas. Vamos a auscultar la gestión municipal, donde analizaremos exhaustivamente, a nivel forense, la gestión del alcalde Neil Enrique Cantillo Núñez. Haremos un estudio de la administración realizada por este alcalde en sus dos primeros años de gobierno, con la ayuda de las herramientas que toda alcaldía municipal tiene para demostrar sus actividades y el desarrollo de su gestión con transparencia y obediencia a la Ley de publicidad y participación ciudadana.
Los números de este expediente son contundentes. Entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de diciembre de 2025 ingresaron a las arcas de Tiquisio $101.985 millones de pesos y se comprometieron $98.708 millones: un flujo que duplica holgadamente el presupuesto cuatrienal prometido en el Plan de Desarrollo. Y sin embargo, en ese mismo período, la inversión municipal propia en obra civil nueva suma apenas $385 millones, el 0,4 por ciento de lo presupuestado. Mientras tanto, los tiquisianos protestaron en las calles contra los apagones de Afinia, la obra del alcantarillado de $27.428 millones amaneció parada con los materiales en el suelo, y las quejas por colegios sin docentes se acumularon en el portal de la propia Alcaldía.
Este reportaje somete ese contraste a la prueba de los datos: 16 formularios oficiales del CHIP, el sistema de contratación SECOP I y II, el Índice de Desempeño Institucional de la Función Pública, el Plan de Desarrollo de 290 páginas y la prensa regional. La conclusión, al final del expediente, tiene nombre y nota: 4,6 sobre 10. Mediocre.
La caja que crece, el municipio que no
Comencemos por el dinero que entra. En 2024, la vigencia del estreno, Tiquisio recaudó $47.151 millones. En 2025, la cifra subió a $53.834 millones, un crecimiento del 14,2 por ciento en un solo año. Para un municipio de tercera o cuarta categoría con cerca de treinta mil habitantes, esa cifra es formidable sobre el papel. El problema no es el tamaño de la caja: es de dónde sale su contenido.
Figura 1. Composición de los ingresos de Tiquisio en 2024 y 2025. Elaboración propia con datos del CHIP (CUIPO, formulario B_EJECUCION_DE_INGRESOS).
Desagregada la bolsa, la historia se cuenta sola. En 2024, el Sistema General de Participaciones (SGP) aportó $29.669 millones, el 62,9 por ciento del total; en 2025 fueron $35.961 millones, ya el 66,8 por ciento. A eso se suma el dinero del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), que no es gasto libre del alcalde sino recursos de salud que transitan por el municipio rumbo a la red hospitalaria: $16.669 millones en 2024 y $17.058 millones en 2025. Sumadas las dos llaves de la Nación, el 98 por ciento de todo el dinero que manejó esta administración en el bienio vino del gobierno central. Cada cien pesos que pasaron por Tiquisio, noventa y ocho los envió Bogotá.
¿Y el esfuerzo fiscal propio? Los impuestos que el municipio recauda de su gente y su economía —predial, industria y comercio, sobretasas— sumaron $251 millones en 2024 y $454 millones en 2025. Traducido: entre el 0,5 y el 0,8 por ciento de los ingresos. Que un municipio minero por excelencia, cuya tierra produce el oro que alimenta a toda una subregión, apenas logre capturar menos de un peso de cada cien es un dato que dice más sobre la voluntad administrativa que sobre la pobreza del suelo. El retiro de FONPET —los excedentes del ahorro pensional— aportó $280 millones adicionales en 2024. En 2025, la línea de «recursos de capital» del CUIPO amaneció con una cifra que más parece una burla que un presupuesto: un peso.
La dependencia no es un destino: es una decisión que se renueva cada año cuando no se monta la estructura para recaudar. Tiquisio tiene oro, comercio, tierra y ganado. Lo que no tiene, dos años después, es un fisco que los vea.
Este dato no es un tecnicismo contable: es la vara con la que debe medirse la promesa implícita de todo alcalde PDET de llevar a su municipio a sostenerse. Con un 98 por ciento de dependencia, cualquier ajuste de la Nación —o cualquier retraso de giros— deja a Tiquisio en apnea fiscal. La eficiencia del mandatario, tal como la pedimos en la metodología, se pondera también por los esfuerzos que hace el municipio para dejar de depender en un cien por ciento del gobierno central. En ese examen, Cantillo Núñez no ha empezado a escribir.
El 92 por ciento que «se ejecuta»: el presupuesto bajo el microscopio
Si los ingresos sorprenden por su origen, los gastos sorprenden por su velocidad. En 2024 la administración comprometió $46.706 millones y pagó $45.710 millones: una ejecución de pagos del 97,9 por ciento. En 2025 comprometió $52.002 millones y pagó $51.382 millones: 98,8 por ciento. Vista desde la contabilidad, la gestión parece una sinfonía de eficiencia: casi todo lo comprometido se convierte en cheques emitidos.
Figura 2. Distribución del gasto de la administración central de Tiquisio, 2024-2025. Elaboración propia con datos del CHIP (CUIPO, formulario D_EJECUCION_DE_GASTOS).
El gasto se reparte en 2024 entre $3.622 millones de funcionamiento (7,8 por ciento) y $43.084 millones de inversión (92,2 por ciento). En 2025, el trío se completa con un ingrediente nuevo: $841 millones de servicio de la deuda pública (1,6 por ciento), $3.819 millones de funcionamiento (7,3 por ciento) y $47.342 millones de inversión (91 por ciento). Un 92 por ciento de inversión, a primera vista, bordearía el elogio. La primera vista, como siempre, es la que miente.
Figura 3. La inversión presupuestal de Tiquisio desagregada por naturaleza real del gasto. La mayor parte es dinero de salud que transita y gasto sin clasificación sectorial. Elaboración propia con datos del CHIP.
Dentro de esa «inversión» del bienio, que suma $90.426 millones, la porción dominante —$58.738 millones, el 65 por ciento— es gasto de atención primaria en salud: los recursos del SGSSS que el municipio administra como intermediario del régimen subsidiado y que, por diseño legal, no son discrecionales. Un segundo bloque —$23.473 millones, el 26 por ciento— está reportado en el CUIPO con el detalle sectorial «NO APLICA»: once mil millones en 2024 y doce mil millones más en 2025 de gasto de inversión sin clasificación sectorial verificable. Para un lector no contable, lo traducimos: más de una cuarta parte de la inversión de dos años no se puede rastrear, en el reporte oficial, hacia ninguna obra, programa o propósito identificable. El CHIP permite ese vacío; la administración lo llenó.
Tabla 1. La inversión bienio por naturaleza del gasto (compromisos, administración central)
| Componente de la inversión | 2024 (miles de M$ | 2025 (miles de M$ | Bienio | Participación |
| Salud — SGSSS en tránsito | 28.355 | 30.383 | 58.738 | 65,0 % |
| Sin clasificación sectorial («No aplica») | 11.034 | 12.439 | 23.473 | 26,0 % |
| Inversión municipal clasificable | 3.695 | 4.521 | 8.216 | 9,0 % |
| TOTAL INVERSIÓN | 43.084 | 47.342 | 90.426 | 100 % |
¿Y la obra propia, la que cambia la vida de un pueblo —carreteables, puentes, acueductos barriales, escuelas—? La partida de construcción nueva de infraestructura sumó $238 millones en 2024 y $147 millones en 2025: $385 millones en el bienio, el equivalente al 0,4 por ciento del presupuesto total. Lo demás de la inversión clasificable son programas administrados: alimentación escolar ($757 millones en 2024, $857 millones en 2025), transporte escolar ($1.128 y $1.169 millones), conectividad ($1.313 millones en 2025), transferencias y servicios profesionales. Dinero legítimo, sí; concreto visible, casi ninguno.
El expediente guarda además una perla que merece exposición. En el reporte de gastos de 2025, la Personería Municipal de Tiquisio aparece ejecutando $260.649 millones de pesos: doscientos sesenta mil millones, unas cinco veces el presupuesto completo del municipio, frente a los $195 millones razonables del año anterior. El error es evidente —un dígito fuera de lugar multiplicado por mil—, pero su evidencia agrava el fondo: la misma administración que no puede digitar bien su propio reporte oficial de ejecución es la que exige al ciudadano confiar en que los $23.473 millones «no aplica» están bien invertidos. La calidad del dato es, en sí misma, una medida de la calidad de la gestión.
La renta hipotecada: deuda, vigencias futuras y regalías
Tiquisio no es un municipio sobreendeudado en cantidad, pero sí en calidad. La única deuda registrada en el CHIP es un crédito Banco Pichincha S.A., firmado el 17 de febrero de 2021 —antes de esta administración— por $3.511,2 millones, a tasa IBR de un mes más 4,90 puntos, a 85 meses plazo. Su destino declarado: el sector transporte, bajo el proyecto de infraestructura de red vial regional con BPIN 17022021. Su garantía: la renta más valiosa y discrecional que tiene el municipio.
Y aquí está el dato que un ciudadano de a pie debería subrayar: el crédito está pignorado —hipotecado, en lenguaje llano— sobre los recursos del SGP de propósito general de libre inversión, con un porcentaje de pignoración del 150 por ciento. Es decir, la garantía comprometida supera en la mitad el valor del préstamo mismo. Durante los dos años del bienio, esa garantía siguió viva y plena: el municipio pagó $725,4 millones de amortización por año y $202,5 millones de intereses por año —una cifra curiosamente idéntica en ambos reportes anuales, que sugiere un cronograma rígido antes que un ajuste por saldos—. Al cierre de 2024 el saldo era de $2.031 millones; al cierre de 2025, de $1.306 millones. El calendario aún cobra: $605 millones en 2026, $593 millones en 2027, $581 millones en 2028 y $32,5 millones en 2029.
Figura 4. Cronograma del crédito del Banco Pichincha (2024-2029): amortizaciones pagadas y programadas, y saldo al cierre de cada vigencia. Elaboración propia con datos del CHIP.
Las vigencias futuras —las autorizaciones para comprometer recursos de años que todavía no existen— confirman el cuadro: en 2024 y en 2025 el CHIP reporta exactamente la misma cifra, $3.511,2 millones, todas destinadas a la red vial regional, todas amarradas al acto administrativo ACUE 04 del 17 de febrero de 2021. Traducido: no hay una sola autorización nueva de vigencias futuras en los dos años de esta administración; lo que hay es la sombra presupuestal del crédito heredado, extendiéndose hasta 2029. Un alcalde que quisiere emprender una obra de aliento con recursos propios encontraría que parte de su renta libre ya tiene dueño.
Tabla 2. Deuda pública de Tiquisio: única obligación registrada (vigencias 2024-2025)
| Campo | Detalle |
| Acreedor | Banco Pichincha S.A. |
| Fecha de firma / registro MinHacienda | 17-02-2021 / 100022945 |
| Monto aprobado y desembolsado | $3.511.212.000 |
| Sector / BPIN | Transporte / 17022021 (red vial regional) |
| Tasa | IBR un mes + 4,90 % |
| Garantía | SGP Propósito General — libre inversión, pignorada al 150 % |
| Amortización anual | $725,4 millones (2024 y 2025 pagados) |
| Intereses pagados por vigencia | $202,5 millones (2024 y 2025) |
| Saldo al cierre de 2024 / 2025 | $2.031,4 millones / $1.306,0 millones |
| Cuotas restantes (2026-2029) | $605,4 + $593,4 + $581,4 + $32,5 millones |
El capítulo de regalías es el más callado del expediente. En los dos años analizados, el CHIP registra para Tiquisio ingresos y gastos por $1.774,1 millones —idénticos en 2024 y en 2025—, correspondientes a un único proyecto: «construcciones deportivas al aire libre», bajo la asignación para la inversión local según NBI, con BPIN 2019135490004, aprobado en 2019 y ejecutado al cien por ciento, según el mismo reporte. La lectura técnica: en el bienio analizado no entró al municipio un solo peso de proyectos nuevos de regalías, y el único proyecto visible es deportivo y de arrastre. Para un municipio PDET —cuyo territorio es prioridad nacional de inversión— y para una subregión a la que el DNP le contabiliza miles de millones en apropiaciones de regalías, la quietud de Tiquisio en las bancadas del OCAD es, por sí sola, un hallazgo: la maquinaria de captación de recursos extraordinarios simplemente no se movió.
SECOP: de 147 contrataciones directas a cinco licitaciones — con dos nombres que se repiten
La contratación es el termómetro donde la voluntad de transparencia se toma la temperatura. El primer hallazgo es de entrada: la Alcaldía de Tiquisio no registra un solo contrato en SECOP II, la plataforma electrónica única donde el país moderno contrata. Toda su actividad se documenta en SECOP I, el sistema antiguo, donde la trazabilidad es más laxa y las alertas menos finas. Para un municipio PDET, el que la transición a la contratación electrónica siga pendiente en 2026 es una asignatura arrastrada, no un mérito.
En 2024, primer año de Cantillo, la Alcaldía cargó 195 procesos de compra por $3.784,6 millones. De esos, 147 —tres de cada cuatro— se ampararon en la Contratación Directa de la Ley 1150 de 2007, por $2.219,9 millones. Solo hubo una licitación pública de obra en todo el año: la COP-003-2024, por $1.356,4 millones, adjudicada y celebrada a favor de un consorcio cuyo nombre dice casi todo sobre su fecha de nacimiento: «Consorcio Innova Tiquisio 24». Su objeto: «terrenos, edificios, estructuras y vías». Un consorcio con el año en el nombre, la única licitación del año y el contrato más grande del bienio inicial: la casualidad existe, pero sabe vestirse de costumbre.
En 2025 el patrón cambió de forma y no de fondo. La alcaldía cargó 180 procesos por $7.175,3 millones y llevó el grueso del dinero a la vía más formal: cinco licitaciones de obra pública por $5.059,3 millones, el 70,5 por ciento de todo el valor del año. Sobre el papel, un salto de madurez. En la práctica, una concentración: de esas cinco licitaciones, las dos mayores —$1.954,6 millones para el Consorcio Ventura (COP-007-2025, edificación, hoy solo «adjudicada») y $1.150,0 millones para Reinaldo José Pérez Bertell (COP-004-2025)— significan el 61 por ciento del valor licitado del año en dos manos. El registro SECOP además muestra el contrato del Consorcio Ventura duplicado, lo que infla artificialmente a $3.909 millones su participación aparente: un defecto de digitación más en un sistema municipal que ya nos mostró la Personería de $260.649 millones.
Figura 5. Contratación de la Alcaldía de Tiquisio en SECOP I: valor por modalidad (izquierda) y mayores contratistas del bienio (derecha). Elaboración propia con datos de Colombia Compra Eficiente / datos.gov.co.
Tabla 3. La contratación de la Alcaldía de Tiquisio en SECOP I, por modalidad
| Modalidad | 2024 procesos | 2024 valor (M$) | 2025 procesos | 2025 valor (M$) |
| Contratación directa (Ley 1150/2007) | 147 | 2.219,9 | 136 | 808,4 |
| Licitación de obra pública | 1 | 1.356,4 | 5 | 5.059,3 |
| Modalidad | 2024 procesos | 2024 valor (M$) | 2025 procesos | 2025 valor (M$) |
| Selección abreviada de menor cuantía | 5 | 0* | 8 | 1.192,8 |
| Concurso de méritos abierto | 3 | 208,4 | 4 | 75,0 |
| Contratación mínima cuantía | 19 | 0* | 24 | 39,8 |
| Otras (licitación pública, régimen especial) | 20 | 0* | 3 | 0 |
| TOTAL | 195 | 3.784,6 | 180 | 7.175,3 |
*En 2024, 61 procesos quedaron en estado «convocado» sin cifra de contrato registrada en el campo de cuantía; el valor consolidado del año proviene mayoritariamente de los 52 procesos «celebrados», que sumaron $3.485,4 millones. En 2025 la cifra es más elocuente aún: 158 procesos constan como «convocado» y apenas 3 como «celebrados» ($848,2 millones), mientras los 19 «adjudicados» concentran $6.327,1 millones. Es decir: al cierre de la vigencia 2025, la mayor parte del dinero del año estaba comprometido en papeles recién adjudicados, con la ejecución física —y su escrutinio— todavía por delante.
Completan el patrón las 160 (2024) y 142 (2025) contrataciones de prestación de servicios, la modalidad maquinaria de los municipios pequeños: contratos de menos de diez millones de pesos, renovables, con proveedores distintos cada vez o los mismos con nombres diferentes. Ninguna de estas cifras prueba, por sí sola, una irregularidad. Juntas dibujan algo más sutil y más difícil de defender: una administración que recién aprendió a licitar en su tercer año, que concentra la obra nueva en dos contratistas, que no migra a SECOP II y que reporta sus datos con la pulcritud de quien copia y pega —veamos las regalías idénticas y las vigencias idénticas—.
El Plan de Desarrollo contra el sentir de la gente: cinco indicadores para juzgar
El 30 de enero de 2024, con la tinta todavía fresca de la posesión, la administración adoptó su Plan de Desarrollo 2024-2027, «Comprometidos con Tiquisio»: 290 páginas, tres dimensiones estratégicas —social, económica e institucional— más una línea ambiental, 40 programas con código BPIN y un Plan Plurianual de Inversiones de $163.557 millones para el cuatrienio (de los cuales $39.094 millones estaban proyectados para 2024 y $40.267 millones para 2025). El documento reconoce, en su propio diagnóstico, lo que cualquier habitante de la cabecera —Puerto Rico— o de los corregimientos puede enumerar de memoria: barrios como 20 de Julio, 11 de Noviembre, Las Palmas y Loma Fresca sin agua potable garantizada; recolección de basuras precaria; déficit de vivienda; transporte escolar y becas insuficientes; una UMATA despoblada de presupuesto; y una minería que necesita formalizarse o condenar al municipio a vivir del vaivén del precio del oro y de las rentas de quien no paga impuestos.
Cruzamos ese diagnóstico oficial con el «sentir de la gente» documentado por la prensa regional y la Defensoría del Pueblo durante el bienio, y sobre ese cruce construimos cinco indicadores de gestión periodística, uno por cada problema principal de las comunidades, cada uno calificado de 0 a 10 con la misma vara metodológica del examen final.
Tabla 4. Los cinco problemas principales de las comunidades de Tiquisio y su indicador de gestión (2024-2025)
| Problema / compromiso | Indicador medido | Evidencia del bienio | Nota |
| 1. Agua potable y alcantarillado (ODS 6) | Avance real de la obra del alcantarillado de $27.428 millones y giro de SGP de agua ($3.227M en 2024; $3.736M en 2025) | Convenio Gobernación-Alcaldía-MinVivienda-Aguas de Bolívar firmado en sep-2024; en ago-2025 los vecinos denuncian la obra parada con materiales estacionados desde inicios del año | 3,0 |
| 2. Energía eléctrica confiable (ODS 7) | Continuidad del servicio y respuesta municipal (proyecto de infraestructura eléctrica y conectividad por $1.313M en 2025) | Defensoría: más de 60.000 personas afectadas en la subregión por cortes de hasta 6 horas; protesta cívica en Tiquisio el 29-ago-2025 contra Afinia: «tenemos luz una, dos o tres horas» | 3,0 |
| 3. Vías e infraestructura propia (ODS 9) | Ejecución de obra vial municipal propia; uso del crédito vial pignorado | Obra nueva propia: $238M (2024) y $147M (2025), 0,4 % del presupuesto; la vía Tiquisio-Río Viejo ($115.000M) es cofinanciación nacional, no mérito municipal | 4,0 |
| 4. Salud accesible y digna (ODS 3) | Operación de la E.S.E. Hospital San Juan de Puerto Rico y flujo oportuno de los $16.669M (2024) y $17.058M (2025) del SGSSS | Flujo de recursos regular y gerencia renovada en abril; sin crisis declarada en el bienio, pero con el sistema al límite —el brote de dengue de 2026 evidenciaría esa fragilidad— | 5,0 |
| 5. Educación sin parches (ODS 4) | Cobertura de PAE ($757M → $857M) y transporte escolar ($1.128M → $1.169M); dotación docente y de aulas | El portal de la propia Alcaldía titulaba «Instituciones de Tiquisio siguen sin docentes»; prensa 2026 documentó colegios sin aulas suficientes y sanitarios en mal estado: la queja abarca todo el bienio | 4,0 |
| PROMEDIO DE LOS CINCO PROBLEMAS | 3,8 |
La lectura de conjunto es la que duele: en los tres problemas que los tiquisianos mencionan primero —agua, luz y vías—, el municipio gastó su fuerza en administrar lo que otros entregan (la Nación, la Gobernación, el operador de energía) y en presupuestos administrados (PAE, transporte, conectividad), mientras la inversión física propia casi no movió la aguja. Los dos indicadores relativamente mejores —salud y educación— son precisamente aquellos donde el municipio administra flujos ajenos con regularidad contable, no donde ejerce liderazgo propio. En un examen de gestión, administrar la cuenta de otros se aprueba con lo justo; construir la propia es lo que se evalúa.
FURAG y ODS: la vara objetiva
Existe un medidor que no depende ni del sarcasmo de este portal ni de la autocomplacencia de los alcaldes: el Índice de Desempeño Institucional (IDI) que el Departamento Administrativo de la Función Pública calcula cada año con el FURAG. Mide la maquinaria del municipio por dentro: planeación, gestión presupuestal, control interno, sistemas de información, talento humano y servicio al ciudadano. En la medición de la vigencia 2025, la Alcaldía de Tiquisio obtuvo un IDI de 51,52 puntos.
La cifra, leída sola, parece de aprobación raspada. Leída en contexto, es un suspenso: Tiquisio ocupa el puesto 131 entre las 1.102 alcaldías del país ordenadas de menor a mayor desempeño —es decir, solo 130 municipios de toda Colombia funcionan institucionalmente peor—, y es la décimotercera alcaldía más débil de las 50 de Bolívar. Los componentes del IDI que en los municipios pequeños suelen hundir la nota son exactamente los que este expediente ya documentó con luz propia: gestión presupuestal con datos defectuosos, sistemas de información que no migran al estándar (SECOP II vacío), y planes documentados que no se traducen en reportes de avance verificables. El FURAG no mide corrupción: mide capacidad. Y lo que dice es que la capacidad instalada de esta administración está en el 12 por ciento más bajo del país.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible permiten ordenar la misma evidencia en lenguaje universal. En el ODS 6 (agua y saneamiento), la obra estrella del bienio está parada y el giro de agua potable se administra sin que llegue al grifo de los barrios del diagnóstico. En el ODS 7 (energía asequible y no contaminante), el municipio registró en 2025 una protesta social contra los apagones: no hay constancia de gestión municipal decisiva frente al operador. En el ODS 3 (salud) y el ODS 4 (educación), los flujos administrados funcionan pero la cobertura física —aulas, docentes, capacidad hospitalaria— sigue en rojo. Y en el ODS 16 (instituciones sólidas), la nota es estructural: el territorio vive bajo alertas tempranas de la Defensoría (019-2023, 003-2024 y 013-2025) con presencia hegemónica del Clan del Golfo e incursiones del ELN, mientras el aparato municipal opaca sus propios datos. Alineación con los ODS, en el bienio: 3,5 sobre 10.
La calificación: 4,6 sobre 10 — mediocre
Aplicada la escala ponderada de la metodología —la misma usada en la serie de análisis de gestión de corrupcionaldia.com—, los dos primeros años del alcalde Neil Enrique Cantillo Núñez obtienen la siguiente nota:
Figura 6. Radiografía de la gestión 2024-2025 por componentes de la metodología. Elaboración propia.
Tabla 5. Calificación ponderada de la gestión 2024-2025 de la Alcaldía de Tiquisio
| Componente | Peso | Puntaje (0-10) | Aporte ponderado | Fundamento |
| FURAG (IDI 2025) | 25 % | 5,15 | 1,29 | IDI 51,52/100: puesto 131 de 1.102 alcaldías desde abajo; 13 de 50 en Bolívar |
| Ejecución presupuestal CUIPO | 20 % | 5,00 | 1,00 | Ejecución contable del 98 %, pero sostenida por salud en tránsito; 26 % de la inversión sin clasificar; esfuerzo propio inferior al 1 % |
| Avance del Plan de Desarrollo | 20 % | 4,20 | 0,84 | Plan adoptado a tiempo pero sin reportes de avance públicos; obra emblemática del agua parada; inversión física propia del 0,4 % |
| Transparencia SECOP | 15 % | 5,00 | 0,75 | 75 % de procesos por contratación directa en 2024; 61 % del valor licitado 2025 en 2 contratistas; SECOP II sin registros; datos duplicados |
| Cumplimiento de ODS | 10 % | 3,50 | 0,35 | Agua, energía, educación e instituciones en rojo documentado (Defensoría, prensa, portal propio) |
| Percepción ciudadana | 10 % | 3,50 | 0,35 | Protesta por apagones, denuncias de obra parada, colegios sin docentes; elección judicializada (nulidad ratificada por |
| CALIFICACIÓN FINAL | 100 % | 4,58 ≈ 4,6 | MEDIOCRE — gestión por debajo del estándar mínimo (rango 3,0-4,9) |
La escala, conviene recordarlo, no es absoluta: califica la gestión en relación con el punto de partida y los recursos disponibles. Tiquisio dispuso en el bienio de $101.985 millones —más de lo que prometió en cuatro años su propio plan— y de una condición de municipio PDET que abre puertas de cofinanciación en todos los ministerios. Un 7,0 aquí habría sido exigible; un 4,6 es lo que obtiene una administración que ejecuta bien la contabilidad de la plata ajena y posterga la contabilidad de la propia.
La hipótesis jurídica: prevaricato por omisión (Artículo 414, Código Penal)
La regla metodológica es inequívoca: cuando la calificación final es igual o inferior a 6,9, el análisis jurídico del prevaricato por omisión procede como cuestión de lógica. Antes de aplicarlo, una advertencia que este portal repite en cada entrega y que aquí no es retórica de descargo sino método: el prevaricato es un delito y los delitos se prueban en juicio, no en reportajes. Lo que sigue es la identificación de indicios que deberían examinar la Procuraduría General de la Nación (fuero disciplinario), la Contraloría de Bolívar (fuero fiscal) y la Fiscalía General de la Nación (fuero penal), no una condena.
El artículo 414 del Código Penal colombiano sanciona al servidor público que «omita, retarde, rehúse o deniegue un acto propio de sus funciones». Su estructura exige tres elementos: (i) una omisión —el no hacer aquello que la ley pone a cargo del funcionario—; (ii) que ese acto omitido sea propio y exigible de sus funciones; y (iii) el dolo: conocimiento de la obligación y voluntad de eludirla. Entre la omisión culposa —el error, la torpeza— y la dolosa —la decisión de no hacer— está la distancia que los organismos de control deben recorrer con este expediente en la mano.
Los hechos documentados que activan la pregunta son concretos y verificables en fuentes oficiales. Primero, el deber de reporte veraz y completo: el Decreto 1082 de 2015 y la normativa del CUIPO obligan a reportar la ejecución presupuestal con calidad de dato suficiente para el control; una Personería de $260.649 millones y $23.473 millones de inversión sin clasificación sectorial en dos años, como este expediente documentó, no son una errata: son un patrón de reporte que degrada la posibilidad misma del control fiscal y ciudadano. Segundo, el deber de ejecución diligente de los recursos de inversión propios: $385 millones de obra civil nueva en dos años, contra $101.985 millones recibidos, configura un retardo prolongado y generalizado de la función de invertir que la Ley 152 de 1994 y la Ley 819 de 2003 ponen en cabeza del alcalde como ordenador del gasto. Tercero, el deber de gestión de proyectos vitales ya financiados: el alcantarillado de $27.428 millones, con convenio firmado en septiembre de 2024, seguía detenido según las denuncias públicas de agosto de 2025; si la parálisis derivó de una omisión municipal documentada —trámites, interventoría, sociabilización no realizados—, la figura omisiva deja de ser hipótesis. Cuarto, el deber de transparencia activa: ya en marzo de 2024 este portal documentó que el sitio web oficial no publicaba el presupuesto de la vigencia y que el municipio carecía de programas anticorrupción visibles; dos años después, los formularios oficiales siguen siendo la única rendición de cuentas disponible.
Ninguno de estos hechos, por separado, constituye un delito. La pregunta que corresponde hacer —y que solo la Procuraduría, la Contraloría de Bolívar y la Fiscalía pueden responder— es si juntos configuran la omisión dolosa de deberes funcionales que el artículo 414 describe, o si son, como dirá la defensa, la suma de la incapacidad técnica de un municipio pobre. Para eso existe la investigación. Lo que ya no existe es la excusa de no abrirla.
Debe registrarse, por rigor, el contraste: no hay noticia criminal, proceso disciplinario o hallazgo fiscal conocido contra esta administración durante el bienio. El silencio de los entes de control, sin embargo, no absuelve al expediente: en los municipios pequeños, el silencio suele ser la norma y no la absolución. Precisamente por eso este reportaje pone los números a disposición pública, con sus fuentes, para que el que tiene la atribución legal de investigar la use.
Semáforo 2026: lo que Tiquisio debe vigilar
El bienio que viene trae sus propias trampas. Estas son las alertas que una veeduría ciudadana mínimamente organizada debería poner en su tablero:
Tabla 6. Mapa de riesgos y alertas para la vigencia 2026
| Semáforo | Alerta | Por qué importa |
| ROJO | Ejecución real del alcantarillado de $27.428 millones | La obra llegó parada a agosto de 2025; si 2026 cierra sin avance físico verificable, el proyecto seminal del agua habrá perdido dos bienios |
| ROJO | Cobro de la cuota de deuda de $605,4 millones y estado de la renta pignorada al 150 % | El crédito vial sigue comiéndose la libre inversión del SGP hasta 2029; toda nueva pignoración agravaría la restricción |
| ROJO | Cierre de la vigencia 2025: los $6.327 millones «adjudicados» en cinco licitaciones | Si las cinco obras no arrancan en 2026, la «promesa» de ejecución del 92 % se revelará como contabilidad de fin de año |
| AMARILLO | Clasificación sectorial de la inversión («no aplica») y migración a SECOP II | Son los dos correctivos de transparencia más baratos y más reveladores que puede adoptar la administración |
| Semáforo | Alerta | Por qué importa |
| AMARILLO | Programas administrados: PAE, transporte escolar y conectividad | Representan la inversión clasificable casi completa; su renovación anual con los mismos proveedores exige escrutinio de precios y cobertura |
| VERDE | Proyecto deportivo de regalías (ejecutado) y vía Tiquisio-Río Viejo (nacional) | Únicos frentes con recursos asegurados de terceros; vigilar su liquidación y contrapartidas |
Cierre: el oro y la sombra
Tiquisio produce oro que se va por los caminos de la Serranía y recibe transferencias que llegan por cable desde Bogotá. En dos años, $101.985 millones atravesaron su tesorería; en esos mismos dos años, la administración que firma los cheques convirtió en obra propia y tangible menos de la mitad de lo que cuesta un kilómetro de alcantarillado. No hace falta demostrar un robo para entender el daño: basta sumar los apagones, el agua que no llega al 20 de Julio, los colegios sin docentes y los $23.473 millones que el propio municipio reporta como «no aplica».
La pregunta que queda abierta no es si el alcalde Cantillo Núñez es o no culpable de algo: esa la definirán, tarde o temprano, los organismos que hoy leen este expediente junto con usted. La pregunta es otra, y es de todos: ¿cuántos bienios más necesita Tiquisio para que sus propios recursos se conviertan en tubos, transformadores, aulas y pavimento, y no en reportes de ejecución? El sistema se sostiene mientras nadie mire. Mirar, como usted acaba de hacerlo, es el primer acto de la exigencia. La próxima vez que en Tiquisio se apague la luz, recuerde que la caja nunca estuvo vacía: estaba, simplemente, en otro lado.
Anexo A. Ficha metodológica
Objeto y período: análisis forense de la gestión de la Alcaldía Municipal de Tiquisio (Bolívar) durante las vigencias fiscales 2024 y 2025, completas de enero a diciembre. Fuente primaria: dieciséis formularios oficiales del Consolidador de Información Pública (CHIP) de Contaduría General de la Nación (chip.gov.co): CUIPO de ingresos (B_EJECUCION_DE_INGRESOS) y gastos (D_EJECUCION_DE_GASTOS, con secciones vigencia actual, reservas y cuentas por pagar) de ambas vigencias; FUT_DEUDA_PUBLICA (CREDITOS, CREDITOS_POR_SECTOR, RENTA_PIGNORADA); FUT_VIGENCIAS_FUTURAS (AUTORIZACIONES); y SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (EJECUCION_DE_INGRESOS y EJECUCION_DE_GASTOS).
Fuentes secundarias: SECOP I (dataset 789-7hwg de datos.gov.co, Colombia Compra Eficiente) para los 375 procesos cargados por la entidad en 2024-2025, con verificación dedicada de los consorcios adjudicatarios; SECOP II (dataset jbjy-vk9h) para confirmar la ausencia de registros electrónicos; reporte FURAG/IDI de Función Pública (vigencia 2025, corte 17 de junio de 2026); Plan de Desarrollo «Comprometidos con Tiquisio» 2024-2027 (documento oficial de 290 páginas); comunicados de la Defensoría del Pueblo (27 de marzo de 2025 y alertas tempranas 003-2024 y 013-2025); y prensa regional (El Universal de Cartagena, Caracol Radio, El Tiempo, HSB Noticias).
Método: extracción programática de los formularios XLS con verificación de sumas por niveles de código; cruce de cinco fuentes independientes como mínimo por cada afirmación material; deduplicación de registros SECOP (los duplicados se documentan, no se eliminan en silencio); conversión de cifras a miles de millones de pesos. Limitaciones declaradas: los procesos SECOP «convocado» sin cifra de contrato no suman en los totales anuales; el reporte de regalías del CHIP consolida el proyecto histórico único y no distingue flujo anual; el dato de la Personería 2025 se reporta como aparece en el CHIP y se señala como inconsistencia evidente. Replicabilidad: todos los formularios citados son descargables públicamente siguiendo el procedimiento CHIP descrito en la ficha; los datasets SECOP se consultan vía API pública de datos.gov.co.
Advertencia editorial: la calificación de esta serie es un ejercicio metodológico de periodismo de datos sobre gestión pública. No constituye pronunciamiento jurisdiccional ni imputación penal. Cualquier citación judicial o disciplinaria de este material debe verificar los datos contra las fuentes oficiales originales.
Anexo B. Caja de conceptos para el lector
| Término | Qué significa en lenguaje claro |
| CUIPO | Categoría Única de Información del Presupuesto Ordinario: el reporte estandarizado que toda entidad territorial envía a Contaduría General de la Nación con su ejecución de ingresos y gastos. |
| SGP | Sistema General de Participaciones: la transferencia anual de la Nación para educación, salud, agua potable y propósito general. En Tiquisio representa entre el 63 y el 67 % de todo el dinero. |
| SGSSS | Sistema General de Seguridad Social en Salud: recursos de la salud subsidiada que el municipio administra como intermediario pero no puede usar libremente; aquí ascienden al 32-35 % del presupuesto. |
| Renta pignorada | Dinero futuro que un municipio hipoteca como garantía de un crédito. Pignorar al 150 % significa que la garantía comprometida vale la mitad más que la deuda misma. |
| Vigencias futuras | Autorización para comprometer en años siguientes recursos que se aprobaron hoy. Amarran la libertad presupuestal de los gobiernos que vienen. |
| Término | Qué significa en lenguaje claro |
| PDET | Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial: municipios priorizados por el Acuerdo de Paz para recibir inversión reforzada del Estado. Tiquisio pertenece al PDET Sur de Bolívar (Serranía de San Lucas). |
| FURAG / IDI | Formulario Único de Reporte de Avance en Gestión, con el que Función Pública calcula el Índice de Desempeño Institucional (0-100): la nota objetiva de la maquinaria administrativa de cada entidad. |
| SECOP I / SECOP II | Las dos plataformas nacionales de contratación pública. La I es la antigua, con trazabilidad más laxa; la II es electrónica y obligatoria por fases. Que un municipio siga solo en la I en 2026 es un rezago. |
| Contratación directa | Modalidad que exime de proceso de selección (emergencias, cuantías mínimas, prestación de servicios). Legítima, pero al 75 % de los procesos revela concentración de discrecionalidad. |
| Prevaricato por omisión | Delito del artículo 414 del Código Penal: omitir, retardar, rehusar o denegar un acto propio de las funciones del servidor público, con dolo. |
Anexo C. Fuentes consultadas
1. Contaduría General de la Nación — Consolidador de Información Pública (CHIP), formularios CUIPO, FUT_DEUDA_PUBLICA, FUT_VIGENCIAS_FUTURAS y SISTEMA GENERAL DE REGALIAS, municipios Tiquisio, períodos dic-dic 2024, ene-dic 2025 y oct-dic 2025: chip.gov.co/inicio/consulta/ciudadano.
2. Colombia Compra Eficiente / datos.gov.co — SECOP I, Procesos de Compra Pública (dataset f789-7hwg), entidad BOLÍVAR – ALCALDÍA MUNICIPIO DE TIQUISIO, años de cargue 2024 y 2025; y SECOP II, Contratos Electrónicos (dataset jbjy-vk9h).
3. Departamento Administrativo de la Función Pública — Resultados FURAG vigencia 2025, Índice de Desempeño Institucional, corte del 17 de junio de 2026 (funcionpublica.gov.co).
4. Alcaldía Municipal de Tiquisio — Plan de Desarrollo 2024-2027 «Comprometidos con Tiquisio» (290 págs., expedido el 30 de enero de 2024), portal tiquisiobolivar.micolombiadigital.gov.co; hoja de vida del alcalde Neil Enrique Cantillo Núñez en SIGEP (funcionpublica.gov.co).
5. Defensoría del Pueblo — llamado urgente por la crisis de derechos humanos en el sur de Bolívar (27 de marzo de 2025); Alertas Tempranas 019-2023, 003-2024 y 013-2025 (SIAT).
6. Prensa regional y nacional: El Universal de Cartagena («Estamos cansados: Tiquisio protesta contra cortes de luz de Afinia», 29-08-2025; «Vecinos de Tiquisio advierten retrasos en obras de alcantarillado», 22-08-2025; «Avanzan las obras de la vía Tiquisio-Río Viejo», 18-07-2025); Caracol Radio (convenio del alcantarillado, 09-09-2024); El Tiempo (paro armado del ELN en el sur de Bolívar, agosto de 2025); Gobernación de Bolívar (boletín del convenio de alcantarillado por $27.428 millones); La República (resultados electorales 2023).
7. corrupcionaldia.com — nota «Tiquisio» del 6 de marzo de 2024 sobre opacidad del portal municipal presupuestal; metodología de calificación de gestión de la serie de análisis municipales de este portal.
