Hipólito Palencia, corrupcionaldia.com
«La corrupción no solo se denuncia, se disecciona.»
Nos encontramos en el municipio de La Jagua del Pilar, el más pequeño de La Guajira, un pueblo de 183 kilómetros cuadrados encajado entre Urumita y la frontera con el Cesar, a la sombra de la Serranía del Perijá, con 2.952 habitantes censados en 2018 y unos 4.230 proyectados por el DANE para 2025, uno de ellos el corregimiento de El Plan y seis veredas donde vive el 96,7% de la población. Vamos a auscultar la gestión municipal de La Jagua del Pilar, donde analizaremos exhaustivamente, a nivel forense, la gestión del alcalde José Amiro Morón Núñez (Partido de la U), posesionado el 29 de diciembre de 2023 tras imponerse con 1.927 votos (52,76%) en las elecciones territoriales del 29 de octubre de 2023, y la de quien terminó ocupando su silla: la médica Ivón Rosana Manjarrez Ustáriz (Alianza Social Independiente), elegida en atípicas el 18 de mayo de 2025 con 1.998 votos (52,47%) después de que el Consejo de Estado anulara la elección de Morón por doble militancia. Haremos un estudio de la administración realizada por estos alcaldes en los dos primeros años de gobierno del cuatrienio, con la ayuda de las herramientas que toda alcaldía municipal tiene para demostrar sus actividades y el desarrollo de su gestión con transparencia y obediencia a la Ley de publicidad y participación ciudadana: los formularios CUIPO, FUT y SGR del CHIP de la Contaduría General de la Nación, el Índice de Desempeño Institucional de Función Pública, el SECOP I y II, los datos abiertos del Sistema General de Regalías y la prensa regional y nacional.
Este no es un balance complaciente. Tampoco es un libelo. Es una autopsia con documentos sobre la mesa, y cada cifra que aparece aquí tiene un formulario, un reporte o una URL detrás. El lector encontrará en el anexo final las fuentes y las limitaciones del ejercicio, incluida una que declaramos desde el primer párrafo: la alcaldía no ha publicado en el CHIP, a la fecha de esta consulta, el formulario de ejecución de ingresos CUIPO de la vigencia 2025, por lo que las fuentes de financiación de ese año se reconstruyeron desde el formulario de gastos, línea por línea.
¿Gobernar es solo no robar, o es también cumplir? En La Jagua del Pilar la pregunta tiene un giro adicional: ¿qué pasa con un municipio cuando el alcalde que firmó el presupuesto de 2024 ya sabía en septiembre que su elección había sido anulada, cuando en diciembre firmó contratos por más de $ 2.000 millones con la sentencia confirmada, cuando en febrero de 2025 lo reemplazó un funcionario de la Gobernación, y cuando en junio llegó una alcaldesa que tuvo que aprobar un segundo Plan de Desarrollo porque el primero había muerto con la elección que lo parió? La respuesta, medida con los seis componentes de nuestra metodología, es una calificación final de 6,15 sobre 10, Regular, indicador 🟡 VIGILAR. Y como la nota es inferior a 7,0, la regla del prevaricato por omisión se activa y ocupa la penúltima sección de este artículo.
Los números, esos testigos mudos que nunca mienten, cuentan una historia con dos caras. Por un lado, una alcaldía que reporta a tiempo, que obtuvo un IDI de 89,41 en el FURAG (cuarta de La Guajira), que paga el 95% de lo que obliga y que invierte el 78% de su gasto. Por el otro, una alcaldía que financia con la bolsa de libre inversión del Sistema General de Participaciones una nómina paralela disfrazada de “fortalecimiento del talento humano” por $ 2.148 millones en 2025, que contrató el 87% de su valor sin competencia, que gastó $ 869 millones en cultura y festividades en un año en el que solo invirtió $ 354 millones en educación, y cuyo primer alcalde hoy cumple una condena de 15 años por fraude electoral cometido para llegar a esa misma alcaldía una década atrás.
El municipio y sus dos planes de desarrollo
La Jagua del Pilar fue segregado de Urumita por la Ordenanza 018 del 6 de mayo de 1998. Es municipio de sexta categoría, agrícola y ganadero, con cobertura de acueducto del 76,4%, alcantarillado del 70,8% e internet del 1,9% según el censo de 2018. No es municipio PDET; está clasificado como ZOMAC. No tiene explotación minera ni de hidrocarburos: lo que recibe del Sistema General de Regalías es la Asignación para la Inversión Local que la Ley 2056 de 2020 reparte entre municipios pobres de categorías 4, 5 y 6, más los proyectos regionales aprobados por el OCAD departamental. Su hospital, la ESE Donaldo Saúl Morón Manjarrez, está en riesgo fiscal alto desde la Resolución 851 de 2023 del Ministerio de Salud y obtuvo un IDI de 32,44 en el FURAG 2025, uno de los más bajos del país.
El pueblo tiene otra marca de fábrica que no aparece en los planes de desarrollo pero sí en los archivos judiciales: la trashumancia electoral. El Colombiano documentó en agosto de 2023 que La Jagua del Pilar fue el municipio con mayor variación de inscripción de cédulas de Colombia, con 1.204 inscripciones en 2023 frente a 383 en 2019, un salto del 214%. Un asesor del Consejo Nacional Electoral lo llamó “un trashumante histórico”. Para un potencial electoral de 4.240 personas, esa cifra explica más de la política local que cualquier programa de gobierno.
José Amiro Morón Núñez, “El Macho”, llegó por segunda vez a la alcaldía el 29 de diciembre de 2023 (ya la había ejercido entre 2016 y 2019). Prometió duplicar esfuerzos, un complejo deportivo, emprendimiento para mujeres, programas para adultos mayores y un CDI. Su plan se llamó “PDM 2024-2027 La Jagua del Pilar Gestión con Resultados” y su formulación se contrató por $ 60 millones el 22 de enero de 2024 con el asesor Alberto José Alvarado Martínez (contrato SP-076-2024). El documento existe en el portal municipal, pero el portal no lo entrega: la página es una aplicación que no renderiza contenido, ni el número del acuerdo, ni la fecha, ni los ejes. Ese silencio, en un municipio obligado por la Ley 1712 de 2014 a publicar su plan, es el primer dato forense de este análisis.
El 25 de septiembre de 2024 el Tribunal Administrativo de La Guajira anuló la elección de Morón por doble militancia: en una transmisión en vivo del 19 de octubre de 2023 pidió votar “la C y el número 7” por Wilmer Torres Nieves, candidato conservador al Concejo, mientras él llevaba el aval del Partido de la U. La Sección Quinta del Consejo de Estado confirmó la nulidad el 12 de diciembre de 2024, la sentencia quedó ejecutoriada el 29 de enero de 2025 y el gobernador Jairo Aguilar Deluque designó encargado a su secretario de Gobierno, Misael Arturo Velásquez Granadillo, mediante el Decreto 08 del 3 de febrero de 2025. Un segundo encargado, Julio Alberto Romero, aparece presidiendo el consejo de seguridad del 27 de marzo de 2025. En abril de 2025 el Juzgado Segundo Promiscuo de Villanueva condenó a Morón a 100 meses de prisión por fraude en inscripción de cédulas cometido en la campaña que lo llevó a la alcaldía en 2015; el 5 de agosto de 2026 el Tribunal Superior de Riohacha elevó la pena a 180 meses.
Ivón Rosana Manjarrez Ustáriz, médica especialista en auditoría y calidad en salud, exgerente de una IPS indígena durante 12 años e hija del compositor Rafael Manjarrez, ganó las atípicas del 18 de mayo de 2025 frente a Lina Tomasa Soto Durán, hermana del exalcalde Waldin Soto y candidata apoyada por Morón. Su programa “Gobierna Conmigo” identificó como primer problema del municipio el desempleo y prometió “mínimo cien empleos directos y 200 indirectos”, vivienda digna, mejor salud e infraestructura rural. Su Plan de Desarrollo “Gobierna Conmigo: un territorio incluyente y participativo 2025-2027” fue aprobado por el Concejo el 31 de agosto de 2025 y sancionado el 5 de septiembre, y su formulación costó otros $ 60 millones (contrato SP-155-2025 con la Fundación Acuambiental). Dos planes, $ 120 millones, un solo cuatrienio. El Tribunal Administrativo y el Consejo de Estado ratificaron su elección en diciembre de 2025 y marzo de 2026.
Metodología: cómo calificamos la gestión municipal
La calificación final es un promedio ponderado de seis componentes, cada uno evaluado de 0 a 10. La escala no es absoluta: mide la gestión frente al punto de partida del municipio y sus recursos. Un 7,0 en La Jagua del Pilar no equivale a un 7,0 en Riohacha, pero los estándares mínimos de transparencia, eficiencia y respeto por la ley son igualmente exigibles en ambos.
Tabla 1. Escala de calificación
| Rango | Calificación | Indicador | Interpretación |
|---|---|---|---|
| 0,0 a 2,9 | PÉSIMO | 🔴 CRÍTICO | Gestión deficiente; indicios de irregularidades graves; posible prevaricato por omisión |
| 3,0 a 4,9 | MEDIOCRE | 🟠 PREOCUPANTE | Gestión por debajo del estándar mínimo; señales de ineficiencia administrativa |
| 5,0 a 6,9 | Regular | 🟡 VIGILAR | Gestión aceptable con déficits relevantes; requiere seguimiento ciudadano |
| 7,0 a 8,4 | Bueno | 🟢 BIEN | Gestión que cumple el estándar; margen de mejora en componentes específicos |
| 8,5 a 10,0 | Excelente | 🟢 BIEN | Gestión sobresaliente; referente regional o nacional |
Tabla 2. Componentes y pesos
| Componente | Peso | Qué mide |
|---|---|---|
| FURAG (IDI) | 25% | Índice de Desempeño Institucional de Función Pública |
| Ejecución presupuestal CUIPO | 20% | Ingresos, gastos, inversión, pagos, deuda y vigencias futuras |
| Avance Plan de Desarrollo | 20% | Los cinco problemas comunitarios prioritarios, con evidencia |
| Transparencia SECOP | 15% | Modalidades, publicación, concentración de contratistas |
| Cumplimiento ODS | 10% | Seis ODS priorizados por contexto |
| Percepción ciudadana | 10% | Prensa, protestas, participación, reconocimientos |
Regla del prevaricato por omisión: si la calificación final es igual o inferior a 6,9 se desarrolla el análisis jurídico del artículo 414 del Código Penal. Si es igual o superior a 7,0, se omite por lógica metodológica.
Componente 1 (25%): FURAG, la alcaldía que sí llena formularios
El Índice de Desempeño Institucional de la vigencia 2025, publicado por Función Pública el 17 de junio de 2026, le asignó a la Alcaldía de La Jagua del Pilar un IDI de 89,41, en el grupo par “Alcaldías grupo 5”. El contexto importa: de 1.102 alcaldías listadas, 1.091 tienen puntaje; el promedio nacional es 70,0; solo 22 superan los 95 puntos y 96 igualan o superan el puntaje de La Jagua del Pilar, lo que la ubica en el 9% superior del país. En su grupo par, 23 de 318 alcaldías la superan y la mediana es 68,51. Los cinco mejores del país son Funza (98,90), Sabaneta (98,74), Fredonia (98,09), La Gloria (97,85) e Íquira (97,85).
En La Guajira, 14 de 15 alcaldías aparecen en la tabla (Riohacha no figura). La Jagua del Pilar es cuarta, detrás de San Juan del Cesar (95,90), Barrancas (91,11) y Villanueva (90,67), y por encima de Uribia (87,30), Urumita (86,26), Manaure (80,58), Fonseca (80,51), Hatonuevo (79,25), Dibulla (79,07), Maicao (76,21), El Molino (75,10), Distracción (71,46) y Albania (44,46).
IDI 2025 alcaldías de La Guajira
Hay que decir lo que el FURAG mide y lo que no mide. Mide la existencia y operación de políticas de gestión: planeación institucional, talento humano, integridad, gestión documental, transparencia, control interno. Es un autodiagnóstico verificado, y premia a quien reporta bien. No mide si el hospital atiende, si el agua llega o si los contratos se licitan. Que la misma administración obtenga 89,41 en el FURAG y contrate el 87% de su valor a dedo no es una contradicción: es la prueba de que el formulario y la calle son dos países distintos. Aun así, la metodología es la metodología, y el puntaje es directo.
Calificación componente 1: 8,94/10 , Excelente. Contexto: cuarta de 14 en La Guajira, top 9% nacional, medido sobre una vigencia repartida entre tres ordenadores del gasto.
Componente 2 (20%): CUIPO, la ejecución presupuestal línea por línea
Ingresos 2024: $ 11.436,5 millones, 82,7% de dependencia
Tabla 3. Ingresos por fuente, vigencia 2024 (CUIPO B, DIC A DIC 2024)
| Fuente | Valor | % |
|---|---|---|
| Ingresos tributarios propios | $ 1.151,8 M | 10,1% |
| Ingresos no tributarios propios | $ 241,1 M | 2,1% |
| Sistema General de Participaciones (SGP) | $ 7.814,1 M | 68,3% |
| SGSSS / ADRES (UPC régimen subsidiado) | $ 1.607,7 M | 14,1% |
| Otras transferencias | $ 38,0 M | 0,3% |
| Recursos del balance (superávit fiscal) | $ 583,9 M | 5,1% |
| Total recaudo | $ 11.436,5 M | 100% |
Fuente: CHIP, formulario B_EJECUCION_DE_INGRESOS, envío 4570796. Suma de columnas “sin situación de fondos” ($ 1.723,7 M) y “con situación de fondos” ($ 9.712,8 M).
La dependencia de transferencias (SGP más SGSSS más otras) fue del 82,7%. El esfuerzo propio, 12,2%. Dentro del SGP, la participación para propósito general aportó $ 5.110,8 millones (libre inversión $ 2.772,9 M; libre destinación para municipios de categorías 4, 5 y 6, $ 2.146,5 M; deporte $ 109,4 M; cultura $ 82,0 M), salud $ 1.363,5 millones, agua potable y saneamiento básico $ 1.140,4 millones, educación $ 153,5 millones y alimentación escolar $ 45,8 millones.
El recaudo tributario merece una lectura fina. El impuesto predial unificado, la renta que mide si un municipio cobra a sus propietarios, recaudó $ 98,9 millones: $ 50,0 M urbano y $ 48,9 M rural. Es decir, $ 23.800 por habitante al año, en un municipio de vocación ganadera con 183 kilómetros cuadrados de fincas. Industria y comercio aportó $ 262,9 millones, de los cuales $ 217,2 M vinieron de “actividades de servicios”, que en un pueblo de 4.000 habitantes suele significar contratistas de la propia alcaldía y de la ESE pagando ICA sobre lo que la alcaldía les paga. Las estampillas (adulto mayor $ 235,8 M, procultura $ 169,0 M, justicia familiar $ 14,9 M) sumaron $ 419,6 millones, más que el predial y la sobretasa a la gasolina juntos: otra renta que se cobra sobre los contratos públicos. La contribución especial sobre contratos de obra sumó $ 197,1 millones. Sumadas, las rentas que dependen del propio gasto público (ICA de servicios, estampillas, contribución de obra) representan $ 834 millones, el 60% de los “ingresos propios”. La Jagua del Pilar no vive de sus contribuyentes: vive de gravar sus propios contratos.
Tortas 2024
Gastos 2024: 72% de inversión, 95% de pagos
Tabla 4. Gastos vigencia 2024 (CUIPO D, sección vigencia actual)
| Sección | Compromisos | Obligaciones | Pagos | % pagos/obl. |
|---|---|---|---|---|
| Funcionamiento (adm. central) | $ 1.836,1 M | $ 1.836,1 M | $ 1.672,7 M | 91,1% |
| Servicio de la deuda | $ 822,8 M | $ 822,8 M | $ 822,8 M | 100% |
| Inversión | $ 7.899,5 M | $ 7.899,5 M | $ 7.552,8 M | 95,6% |
| Subtotal administración central | $ 10.558,4 M | $ 10.558,4 M | $ 10.048,2 M | 95,2% |
| Concejo | $ 196,2 M | $ 196,2 M | $ 196,2 M | 100% |
| Personería | $ 197,0 M | $ 197,0 M | $ 197,0 M | 100% |
| Total | $ 10.951,6 M | $ 10.951,6 M | $ 10.441,4 M | 95,3% |
Fuente: CHIP, formulario D_EJECUCION_DE_GASTOS, envío 4570796.
La inversión representó el 74,8% del gasto de la administración central (77,9% si se excluye el servicio de la deuda y se suman Concejo y Personería; 81,8% en 2025). Para un municipio de sexta categoría, donde la inversión alta es la norma porque el SGP llega con destinación específica, es un porcentaje correcto, no heroico. El servicio de la deuda ($ 600 M de amortización y $ 222,8 M de intereses) se comió el 7,5% del gasto.
Lo que importa es en qué se invirtió. Clasificamos los $ 7.899,5 millones de inversión por producto MGA:
Tabla 5. Inversión por sector, 2024 y 2025 (compromisos, vigencia actual)
| Sector | 2024 | % 2024 | 2025 | % 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Salud (régimen subsidiado y salud pública) | $ 3.020,4 M | 38,2% | $ 3.139,8 M | 33,5% |
| Gobierno territorial (asistencia técnica, “talento humano”, seguridad, planeación) | $ 1.664,6 M | 21,1% | $ 2.411,8 M | 25,8% |
| Vivienda, agua y saneamiento (incluye subsidios de aseo) | $ 930,3 M | 11,8% | $ 1.536,2 M | 16,4% |
| Cultura | $ 500,6 M | 6,3% | $ 869,1 M | 9,3% |
| Inclusión social (adulto mayor, primera infancia, discapacidad) | $ 436,6 M | 5,5% | $ 234,9 M | 2,5% |
| Transporte | $ 371,3 M | 4,7% | $ 64,8 M | 0,7% |
| Deporte y recreación | $ 351,6 M | 4,5% | $ 274,3 M | 2,9% |
| Educación | $ 278,1 M | 3,5% | $ 354,0 M | 3,8% |
| Justicia | $ 158,0 M | 2,0% | $ 141,7 M | 1,5% |
| Minas y energía (alumbrado, redes) | $ 102,1 M | 1,3% | $ 137,7 M | 1,5% |
| Agricultura | $ 86,0 M | 1,1% | $ 158,4 M | 1,7% |
| Ambiente | $ 0,0 M | 0,0% | $ 38,0 M | 0,4% |
| Total inversión | $ 7.899,5 M | 100% | $ 9.360,6 M | 100% |
Fuente: CHIP CUIPO D 2024 y 2025, clasificación propia por producto MGA.
Inversión por sector
Aquí aparece la anomalía central del componente. En 2024, el producto “Servicio de asistencia técnica” (código MGA 4599031, sector gobierno territorial) consumió $ 1.472,8 millones, de los cuales $ 1.171,7 millones salieron de la bolsa SGP propósito general libre inversión y $ 299,4 millones de ingresos corrientes de libre destinación. En 2025 el producto cambió de nombre pero no de naturaleza: “Servicio de apoyo financiero para el fortalecimiento del talento humano” (código 4599038) absorbió $ 2.148,4 millones, con $ 1.765,2 millones de SGP libre inversión, $ 338,0 millones de ICLD y $ 45,2 millones de recursos del balance del SGP. Ese producto es el 23% de toda la inversión de 2025 y el 55% de la bolsa de libre inversión del SGP. Cruzado con el SECOP, donde 192 de los 239 contratos de 2024 y 153 de los 193 de 2025 son prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión (enlaces, conductores, abogados del despacho, auxiliares, “actividades de carácter social”), el nombre técnico se traduce solo: es nómina paralela contabilizada como inversión. La Ley 617 de 2000 limita los gastos de funcionamiento de un municipio de sexta categoría al 80% de sus ICLD; registrar los contratistas como inversión es la forma clásica de cumplir ese límite en el papel. Funcionamiento formal 2025: $ 1.933,2 millones. Funcionamiento real, sumando los $ 2.148,4 millones de “talento humano”: $ 4.081,6 millones, el 35,7% del gasto de la administración central.
La segunda anomalía es cultural. Cultura pasó de $ 500,6 millones en 2024 a $ 869,1 millones en 2025, un 73,6% más, mientras educación pasó de $ 278,1 a $ 354,0 millones. En 2025 el municipio comprometió $ 622,7 millones en “apoyo financiero para el desarrollo de prácticas artísticas y culturales” y $ 214,0 millones en “promoción de actividades culturales”. En el SECOP, ese rubro tiene nombre y apellido: convenios de asociación con fundaciones por festividades e identidad cultural por unos $ 439 millones en 2025 (Fundación Enmanuel $ 169 M el 31 de enero, Fundación Centro Cultural para Fomentar la Fe, la Libertad, el Amor, la Música y la Armonía $ 110 M el 6 de octubre con plazo de 14 días, JUPREFU $ 80 M el 10 de julio con plazo de 10 días, y dos convenios de $ 40 M en junio y diciembre). Un pueblo de 4.000 habitantes gastó en fiestas más del doble de lo que gastó en sus escuelas. Por habitante, la fiesta costó $ 205.000 y la escuela $ 84.000.
Gastos 2025: más inversión, menos claridad
Tabla 6. Gastos vigencia 2025 (CUIPO D, sección vigencia actual)
| Sección | Compromisos | Obligaciones | Pagos | % pagos/obl. |
|---|---|---|---|---|
| Funcionamiento (adm. central) | $ 1.933,2 M | $ 1.933,2 M | $ 1.868,4 M | 96,6% |
| Servicio de la deuda | $ 147,2 M | $ 147,2 M | $ 147,2 M | 100% |
| Inversión | $ 9.360,6 M | $ 9.360,6 M | $ 9.094,5 M | 97,2% |
| Subtotal administración central | $ 11.441,0 M | $ 11.441,0 M | $ 11.110,1 M | 97,1% |
| Concejo | $ 211,0 M | $ 211,0 M | $ 211,0 M | 100% |
| Personería | $ 229,1 M | $ 229,1 M | $ 229,1 M | 100% |
| Total | $ 11.881,1 M | $ 11.881,1 M | $ 11.550,2 M | 97,2% |
Fuente: CHIP, formulario D_EJECUCION_DE_GASTOS, envío 4669938.
Como el formulario de ingresos de 2025 no fue publicado, reconstruimos las fuentes desde la columna “fuentes de financiación” del formulario de gastos:
Tabla 7. Fuentes que financiaron el gasto 2025 (administración central)
| Fuente | Valor | % |
|---|---|---|
| SGP propósito general libre inversión | $ 3.221,9 M | 28,2% |
| Ingresos corrientes de libre destinación (incluye SGP libre destinación cat. 4, 5 y 6) | $ 2.447,3 M | 21,4% |
| SGSSS, UPC régimen subsidiado y recursos territoriales | $ 1.614,3 M | 14,1% |
| SGP agua potable y saneamiento básico (más balance) | $ 1.456,1 M | 12,7% |
| SGP salud (régimen subsidiado y salud pública) | $ 1.493,2 M | 13,1% |
| SGP educación, deporte, cultura, PAE y balances | $ 602,2 M | 5,3% |
| Rentas propias de destinación específica (estampillas, alumbrado, oleoductos, sobretasas, contribución, juegos) y otras | $ 606,0 M | 5,3% |
| Total | $ 11.441,0 M | 100% |
Fuente: CHIP CUIPO D 2025, columna fuentes de financiación, suma por fuente de los compromisos de la vigencia actual.
El SGP, en todas sus bolsas, financió $ 6.773,4 millones, el 59,2% del gasto; sumado al SGSSS, las transferencias explican el 73,3% del gasto directo, y si se descuenta de los ICLD la porción de SGP libre destinación (que en 2024 fue de $ 2.146,5 millones), la dependencia real de 2025 se sitúa por encima del 85%. El municipio no se movió un milímetro hacia la autonomía fiscal.
Tortas 2025
Reservas y cuentas por pagar: las cifras que no cuadran
El cierre fiscal se lee en las secciones de reservas y cuentas por pagar. En 2024, la administración ejecutó reservas de la vigencia anterior por $ 2.999,7 millones, todas de inversión, y pagó solo $ 1.432,9 millones, el 47,8%. Las cuentas por pagar heredadas sumaron $ 337,3 millones, con pagos de $ 188,1 millones.
En 2025 el formulario reporta reservas por $ 1.423,1 millones con cero obligaciones y cero pagos, y cuentas por pagar por $ 2.077,0 millones con pagos de $ 1.886,5 millones. Pero la vigencia actual 2024 reportó compromisos iguales a obligaciones ($ 10.558,4 M) y pagos de $ 10.048,2 millones, lo que dejaría cuentas por pagar de $ 510,2 millones y reservas de cero. Las cifras de 2025 cuadruplican las cuentas por pagar que el propio municipio declaró al cierre de 2024, y las reservas aparecen de la nada. Hay dos explicaciones posibles: que el reporte de 2024 se hizo con compromisos y obligaciones igualadas de forma mecánica (lo que ocultaría reservas reales), o que en 2025 se rehizo el cierre. Ninguna de las dos habla bien de la calidad de la información, y ambas coinciden con el cambio de tres ordenadores del gasto en catorce meses.
Ejecución comparada
Puntaje del componente
Base 5,0. Inversión igual o superior al 75% del gasto en ambas vigencias: +1,5. Pagos sobre obligaciones del 95,2% y 97,1% en vigencia actual: +1,0. Deuda dentro de los límites de la Ley 358 de 1997 (saldo $ 1.350 M frente a ingresos corrientes de $ 10.852 M en 2024, 12,4%): +0,25, con descuento por las inconsistencias de reporte que se detallan abajo. Sin vigencias futuras autorizadas en ningún cierre: 0. Dependencia de transferencias entre 75% y 85% en 2024 y por encima del 85% en 2025: −0,5. Indicios de ejecución en papelería: reservas de 2024 pagadas al 47,8%, cuentas por pagar que no cuadran entre vigencias y $ 2.148 millones de nómina de contratistas registrados como inversión: −1,0.
Calificación componente 2: 6,25/10 , Regular. Ejecuta y paga, pero invierte en su propia burocracia y su cierre fiscal no cuadra.
Deuda pública, vigencias futuras y regalías: el predio, el silencio y el parque
La deuda: $ 3.000 millones para “adquisición de predio”
El FUT de deuda pública reporta un único crédito: $ 3.000 millones con Bancolombia, firmado el 27 de diciembre de 2021 por la administración de Waldin Soto Durán, a tasa DTF más 2 puntos, con la renta SGP propósito general libre inversión como garantía, sector programático “Ambiente y desarrollo sostenible” y descripción “Libre inversión (adquisición predio)”. El saldo al cierre de 2023 era de $ 1.950 millones. En 2024 el municipio amortizó $ 600 millones y pagó $ 222,8 millones de intereses; el saldo bajó a $ 1.350 millones. En 2025 no amortizó nada y pagó $ 147,2 millones de intereses; el saldo sigue en $ 1.350 millones, con cuotas proyectadas de $ 530,4 millones en 2026, $ 578,6 millones en 2027 y $ 241,1 millones en 2028.
Tres inconsistencias saltan del formulario. Primera: el plazo se reporta en 72 meses con 49 de gracia en 2024 y en 40 meses con 27 de gracia en 2025, para el mismo contrato firmado en 2021. Segunda: el valor pignorado aparece en cero pesos con “130%” de pignoración en 2024 y en $ 3.000 millones con “100%” en 2025. Tercera: el formulario de renta pignorada de 2024 no fue diligenciado con valores; el de 2025 sí. En cuatro años y medio, el municipio ha pagado en intereses una suma que supera los $ 370 millones solo en 2024 y 2025, por un predio del que no existe rastro en la prensa, en el SECOP I ni en las noticias del portal municipal. ¿Qué predio? ¿Para qué? ¿Cuánto costó y a quién se le compró? Ninguna fuente abierta lo responde. Y en mayo de 2026, ya fuera del periodo evaluado pero dentro de esta administración, el SECOP registra un nuevo contrato de empréstito por otros $ 3.000 millones. El municipio que aún debe $ 1.350 millones por un predio sin explicación vuelve a endeudarse por el mismo monto.
Vigencias futuras: el formulario vacío
Los formularios FUT_VIGENCIAS_FUTURAS de octubre a diciembre de 2024 y de 2025 dicen “NO REPORTE DE INFORMACIÓN”. No hay una sola vigencia futura autorizada. En la lectura forense el silencio tiene dos caras: no se comprometieron presupuestos de los años siguientes (virtud) y tampoco existe planeación plurianual de ninguna obra estructural, ni el acueducto, ni la STAR, ni el hospital (carencia). Con la Gobernación pavimentando las calles y Esepgua construyendo las lagunas, el municipio dejó la planeación de largo plazo en manos de otros.
Regalías: $ 25.129 millones en un bienio y un parque que se cae
El formulario SGR de ejecución de ingresos con corte a diciembre de 2024 reporta un recaudo acumulado del bienio 2023-2024 de $ 25.129,6 millones: $ 21.433,2 millones registrados como asignaciones directas, $ 3.341,5 millones de asignación para la inversión local y $ 354,9 millones de inversión regional. Aclaramos que el DNP no registra regalías directas por explotación para La Jagua del Pilar (el municipio no tiene minería ni hidrocarburos); la cifra corresponde a los recursos de proyectos aprobados por los OCAD regionales y departamentales que el municipio ejecuta, clasificados así en el CHIP. Los gastos reportados suman compromisos por $ 27.452,0 millones y pagos por $ 25.129,6 millones.
Tabla 8. Regalías ejecutadas por el municipio, bienio 2023-2024 (SGR, corte DIC 2024)
| Proyecto (producto MGA reportado) | Compromisos | Pagos |
|---|---|---|
| Espacio público construido | $ 8.995,7 M | $ 8.931,7 M |
| Vía primaria mejorada (tres registros) | $ 6.780,5 M | $ 5.335,1 M |
| Vivienda de interés social en sitio propio | $ 3.498,7 M | $ 3.498,7 M |
| Infraestructura educativa construida y restaurada | $ 2.510,9 M | $ 2.510,9 M |
| Vía urbana mejorada | $ 1.979,6 M | $ 1.781,6 M |
| Plazas construidas (plazoleta vallenata El Plan) | $ 962,3 M | $ 760,9 M |
| Redes de alumbrado público ampliadas | $ 816,8 M | $ 816,8 M |
| Vía terciaria mejorada (ejecutada por otra entidad) | $ 742,2 M | $ 742,2 M |
| Centro turístico construido (El Plan) | $ 503,9 M | $ 131,3 M |
| Vivero y pago por servicios ambientales | $ 327,4 M | $ 327,4 M |
| Asistencia técnica en ordenamiento territorial (EOT) | $ 222,0 M | $ 212,0 M |
| Restauración de ecosistemas | $ 112,0 M | $ 80,9 M |
| Total | $ 27.452,0 M | $ 25.129,6 M |
Fuente: CHIP, SGR EJECUCION_DE_GASTOS, envío 4554986.
En 2025, primer año del bienio 2025-2026, el recaudo fue de $ 1.892,0 millones ($ 926,7 M clasificados como directas, $ 932,4 M de inversión local y $ 32,9 M para funcionamiento del sistema) y los compromisos de $ 2.804,6 millones: vía primaria $ 861,0 M, revisión del EOT $ 429,0 M, centro turístico $ 372,6 M, plazoleta $ 201,4 M, vía urbana $ 198,0 M. Los datos abiertos del DNP confirman los proyectos y su estado: viviendas en sitio propio (BPIN 2023002440060, $ 3.499,3 M, terminado 100%, contrato CV-008-2023 por $ 3.277,7 M con la Asociación de Municipios del Sur de La Guajira); malla vial de El Plan (BPIN 2023002440045, $ 2.966,5 M, terminado); pavimento Fonseca y La Jagua (BPIN 2023002440051, $ 1.999,9 M, terminado); plazoleta vallenata de El Plan (BPIN 2023444200025, $ 962,3 M, 98%); centro turístico y cultural de El Plan (BPIN 2024444200023, $ 505,5 M, terminado); pavimento rígido El Plan (BPIN 2024444200022, $ 317,5 M, terminado); revisión general del EOT (BPIN 2024444200025, $ 641,0 M, avance físico 47%, financiero 77%); redes de alcantarillado (BPIN 2025444200002, $ 1.035,9 M, pagado 91%). El DNP ubicó al municipio en el tercer puesto de La Guajira en el Índice de Gestión de Proyectos de Regalías con 94% en el tercer trimestre de 2025.
Dos observaciones. La primera: en el corregimiento de El Plan, con 309 a 380 beneficiarios declarados por proyecto, se concentraron cerca de $ 4.750 millones en malla vial, pavimento, plazoleta vallenata y centro turístico. Es la mitad de lo que el municipio invirtió en salud en dos años, para un caserío. La segunda: el pasado pesa. En enero de 2023 la Contraloría General registró un hallazgo fiscal de $ 14.481,5 millones en La Jagua del Pilar por escenarios recreativos y deportivos “no operativos por mal estado y abandono”, y el 12 de agosto de 2025 visitó el Ecoparque El Pedregal Guajiro (BPIN 2019000020076, $ 15.495 millones, contrato 024 de 2020, con esculturas de los juglares vallenatos inaugurado en octubre de 2022) y lo encontró en “grave deterioro, fuera de operación y sin condiciones mínimas de sostenibilidad”. La alcaldesa Manjarrez respondió que el proyecto fue “ejecutado, supervisado y liquidado por administraciones anteriores”. Es cierto. También es cierto que los $ 8.995,7 millones de “espacio público construido” que su municipio reportó como ejecutados en el bienio 2023-2024 tienen el mismo destino si nadie los mantiene, y que el mantenimiento de un ecoparque de $ 15.000 millones sí es competencia de la administración actual.
Componente 3 (20%): el Plan de Desarrollo frente al sentir de la gente
Los cinco problemas que más pesan a los jagüeros no los inventamos: salen del diagnóstico del programa “Gobierna Conmigo” radicado ante la Registraduría en 2023 (desempleo como problema principal, salud, educación, vivienda, servicios e infraestructura rural), de las promesas de posesión de Morón (complejo deportivo, CDI, adulto mayor), del censo DANE (acueducto 76,4%, alcantarillado 70,8%, internet 1,9%) y de la prensa regional 2024-2026. Ninguna de las dos administraciones publicó en la web su plan de acción ni sus informes de rendición de cuentas de 2024 y 2025, y el portal municipal no entrega el texto de ninguno de los dos planes de desarrollo. Evaluamos con lo que existe: CHIP, SGR, SECOP y prensa.
Tabla 9. Los cinco problemas comunitarios: compromiso, evidencia y calificación
| Problema | Compromiso | Evidencia documentada 2024-2025 | Nota |
|---|---|---|---|
| 1. Empleo y economía local | “Mínimo cien empleos directos y 200 indirectos”; unidades productivas; agroturismo | Agricultura recibió $ 86,0 M (2024) y $ 158,4 M (2025), el 1,1% y 1,7% de la inversión. El único “empleo” masivo verificable son 345 contratos de prestación de servicios en dos años, financiados con $ 3.621 M de inversión. Plazoleta agropecuaria de Pozo Azul ($ 210 M, 2026) apenas inicia. Sin programa de empleo, sin unidad productiva documentada. | 4,0 |
| 2. Agua potable y saneamiento | Servicios públicos suficientes; PTAP de El Plan; STAR | Acueducto optimizado inaugurado el 28-sep-2024 (> $ 3.200 M): obra de la Gobernación y Esepgua, no del municipio. STAR ampliada por Esepgua, 30% a dic-2025. Municipio: alcantarillado SGR $ 1.035,9 M (91% pagado), cámaras de inspección $ 367,5 M, captación $ 207,6 M, PTAP y STAR El Plan $ 480 M (contrato interadministrativo con EMPILAR del 2-oct-2025, plazo 75 días, sin BPIN), concesión del servicio a EMPILAR por 120 meses. Avanza, pero por contratación directa con la ESP municipal y con la Gobernación haciendo la obra grande. | 6,5 |
| 3. Salud y hospital | Mejorar infraestructura y calidad de salud | Régimen subsidiado pagado al 100% ($ 2.795,6 M en 2024, $ 2.882,1 M en 2025) con recursos de destinación específica: es giro obligatorio, no gestión. Hospital en riesgo fiscal alto (Res. 851/2023), IDI 32,44 en FURAG 2025, gerente reelegido por Morón en abril de 2024 para 2024-2028 sin noticia de concurso, Junta Directiva demandada en agosto de 2026 por la evaluación del gerente. Cofinanciación de la Gobernación $ 593,6 M (2025). Sin obra hospitalaria municipal. | 5,0 |
| 4. Educación | Cobertura, permanencia, calidad; internet | Inversión educativa de $ 278,1 M (2024) y $ 354,0 M (2025), 3,5% y 3,8% del total: infraestructura mejorada $ 70,0 M y $ 71,3 M, PAE $ 45,8 M y $ 50,0 M, gratuidad $ 81,1 M y $ 189,3 M. La reactivación de la educación técnica agropecuaria del colegio Anaurio Manjarrez tras casi 40 años sin recursos (nov-2025) fue de la Gobernación. Kits escolares de la alcaldía en feb-2026. Cultura recibió 2,5 veces más que educación en 2025. Sin dato de conectividad. | 5,0 |
| 5. Vivienda, vías y ordenamiento | Vivienda digna; vías; infraestructura rural; EOT | Viviendas en sitio propio SGR $ 3.499,3 M terminadas (contrato de dic-2023, ejecutado en 2024). Malla vial y pavimento de El Plan terminados. Transporte cayó de $ 371,3 M a $ 64,8 M en la vigencia ordinaria 2025. EOT desactualizado “hace más de 20 años” (Manjarrez, jun-2026) con revisión contratada por $ 610,2 M el 19-dic-2024 con la Asociación de Municipios, 47% de avance físico a 2025. Tres accidentes mortales en la vía Urumita-La Jagua-Varas Blancas en 2025 sin noticia de intervención. | 6,5 |
Promedio: (4,0 + 6,5 + 5,0 + 5,0 + 6,5) / 5 = 27,0 / 5 = 5,40.
Radar de problemas
La imagen es la de un municipio que ejecuta obras heredadas y obras ajenas. Las viviendas se contrataron en diciembre de 2023; el acueducto lo hizo la Gobernación; la STAR la hace Esepgua; el colegio agropecuario lo dotó el gobernador. Lo que la alcaldía sí decidió con su propio dinero fue pagar 345 contratos de prestación de servicios, financiar fiestas con fundaciones y construir una plazoleta vallenata y un centro turístico en El Plan. El “sentir de la gente” pedía empleo; la administración respondió con contratos de tres y cinco meses para 192 personas en 2024, que es, en un municipio de 4.240 electores, la forma más eficiente de convertir el presupuesto en votos.
Calificación componente 3: 5,40/10, Regular. Obras que existen, prioridades que no coinciden con las de la gente.
Componente 4 (15%): transparencia en la contratación pública (SECOP)
La Alcaldía de La Jagua del Pilar (NIT 825000676) publica casi toda su contratación en SECOP I y una fracción en SECOP II. Los datos abiertos de Colombia Compra Eficiente, deduplicados por número de constancia, muestran esto:
Tabla 10. Contratación 2024-2025 por modalidad (SECOP I y II consolidados)
| Modalidad | 2024 (cant.) | 2024 (valor) | 2025 (cant.) | 2025 (valor) |
|---|---|---|---|---|
| Licitación pública | 1 | $ 482,8 M (9,0%) | 0 | $ 0 |
| Selección abreviada | 1 | $ 63,1 M (1,2%) | 0 | $ 0 |
| Concurso de méritos | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 |
| Mínima cuantía | 30 | $ 877,6 M (16,3%) | 25 | $ 861,4 M (12,8%) |
| Contratación directa, régimen especial y convenios | 207 | $ 3.961 M (73,6%) | 168 | $ 5.877 M (87,2%) |
| Total | 239 | $ 5.385 M | 193 | $ 6.738 M |
Fuente: datos.gov.co, datasets f789-7hwg (SECOP I) y jbjy-vk9h (SECOP II), NIT 825000676, consulta de septiembre de 2026.
Un proceso competitivo abierto en dos años. Uno. Y ese único proceso, la “licitación de obra pública” LP-002-2024 para el Centro de Turismo Cultural de El Plan por $ 482,8 millones, se adjudicó el 16 de diciembre de 2024 a la Asociación de Municipios La Guajira Zona Sur, no a un constructor, y quedó registrada con destino “funcionamiento”.
Las anomalías, en orden de gravedad:
Primera, la ráfaga de diciembre de 2024. Entre el 2 y el 24 de diciembre, con la nulidad de su elección confirmada por el Consejo de Estado desde el día 12, la administración Morón firmó ocho contratos por unos $ 2.062 millones, el 38% de todo lo contratado en el año: revisión del EOT por $ 610,2 millones (19 de diciembre), centro turístico por $ 482,8 millones (16 de diciembre), cámaras de inspección del alcantarillado por $ 367,5 millones (9 de diciembre), residuos sólidos por $ 199,6 millones (3 de diciembre), adulto mayor por $ 195,0 millones (2 de diciembre), restauración ecológica por $ 101,1 millones (11 de diciembre), apoyo deportivo por $ 63,0 millones (24 de diciembre) y eventos navideños por $ 43,0 millones (10 de diciembre). Siete de los ocho fueron contratación directa y todos fueron a dos intermediarios: la Asociación de Municipios del Sur de La Guajira ($ 817 M en diciembre, $ 1.447 M en el año) y EMPILAR, la empresa de servicios públicos municipal ($ 567 M).
Segunda, el esquema de intermediarios. La Asociación de Municipios del Sur de La Guajira (NIT 901516327, representante legal Rafael Augusto Soto Oñate) fue creada en 2020-2021 por Villanueva, El Molino, Urumita y La Jagua del Pilar. Vorágine y Consonante documentaron en 2021 cómo el esquema anterior, Asoagua, funcionaba como “alquiler de la figura para hacerle el quite a las licitaciones”, y cómo esos mismos alcaldes firmaron el acta de constitución de “otro esquema parecido”. Esa asociación recibió de La Jagua del Pilar el convenio de viviendas por $ 3.277,7 millones (diciembre de 2023), el EOT, el centro turístico, el deporte, la restauración ecológica y las fiestas navideñas. EMPILAR, por su parte, concentró unos $ 2.120 millones en 2024-2025 por contratos interadministrativos (residuos $ 764,2 M en marzo de 2025 bajo el encargado Velásquez, PTAP y STAR El Plan $ 480 M en octubre de 2025 bajo Manjarrez, cámaras, captación) más la concesión del acueducto, alcantarillado y aseo por diez años. Con esa figura, ninguna obra de agua se licitó.
Tercera, los contratos al tope. Doce contratos de 2024 quedaron entre $ 36,0 y $ 36,4 millones, el tope de mínima cuantía de ese año (28 SMMLV = $ 36,4 M); veinte contratos de 2025 quedaron entre $ 39,0 y $ 39,86 millones, el tope de 2025. Varios fueron por exactamente $ 39.858.000. Y en enero y febrero de 2025, ya con la sentencia ejecutoriada, la administración Morón firmó una oleada de contratos de prestación de servicios de $ 18, $ 26, $ 36 y $ 41 millones, más largos y más caros que los de 2024: ocho abogados y asesores a $ 41 millones cada uno.
Cuarta, la opacidad de la ejecución. En los dos años, todos los registros de SECOP I reportan cero adiciones y todos los de SECOP II reportan cero días adicionados y cero valor pagado. Trece procesos de 2025 y cinco de 2024 quedaron en estado “convocado” sin celebración registrada; cuatro contratos de SECOP II aparecen en borrador con proveedor “sin descripción” y valor cero; el convenio con los Bomberos por $ 52 millones nunca se aprobó en plataforma. Un solo contrato liquidado en dos años. La entidad publica el nacimiento de sus contratos y esconde su vida y su muerte, en contravía de la Ley 1712 de 2014 y de la Circular Única de Colombia Compra Eficiente.
Quinta, los patrones familiares. La contratista María Fernanda Soto Oñate (prestación de servicios, $ 41 millones, enero de 2025) comparte apellidos con el representante legal de la Asociación de Municipios y con la familia del exalcalde Waldin Soto Durán y de la candidata Lina Tomasa Soto Durán. No pudimos verificar parentesco y no lo afirmamos; lo consignamos como dato para la Procuraduría.
Puntaje: base 6,0. Procesos competitivos en los grandes contratos: no, 0. Publicación proactiva de ejecución: no, 0. Contratación directa por encima del 80% del valor sin justificación técnica en 2025: −1,0. Ráfaga de fin de mandato con elección anulada y concentración en dos intermediarios con antecedente regional documentado: −1,0 (ajuste editorial). Opacidad total de la etapa de ejecución: −0,5. Sanciones de Colombia Compra Eficiente o contratos cancelados por Procuraduría en 2024-2025: ninguna encontrada, 0.
Calificación componente 4: 3,50/10 , Mediocre. Contratación visible en su nacimiento, invisible en su ejecución y ajena a la competencia.
Componente 5 (10%): cumplimiento de los ODS
Priorizamos seis ODS por contexto: 1 (fin de la pobreza), 3 (salud), 4 (educación), 6 (agua limpia y saneamiento), 11 (ciudades y comunidades sostenibles) y 16 (paz, justicia e instituciones sólidas), este último por obvias razones locales.
Tabla 11. ODS priorizados, evidencia y calificación
| ODS | Evidencia 2024-2025 | Nota |
|---|---|---|
| 1. Fin de la pobreza | Inclusión social cayó de $ 436,6 M a $ 234,9 M; adulto mayor con estampilla ($ 235,8 M recaudados en 2024) y convenio con fundación ($ 195 M); sin programa de empleo. Municipio ZOMAC, no PDET. | 5,0 |
| 3. Salud y bienestar | Régimen subsidiado cubierto por giros obligatorios; PIC contratado con la ESE ($ 115,8 M y $ 158,4 M); hospital en riesgo alto e IDI 32,44. | 5,0 |
| 4. Educación de calidad | 3,5% y 3,8% de la inversión; gratuidad y PAE cumplidos; infraestructura marginal; internet 1,9% (2018) sin dato nuevo. | 5,0 |
| 6. Agua limpia y saneamiento | Acueducto (Gobernación) y STAR (Esepgua) en marcha; alcantarillado SGR 91% pagado; PTAP El Plan contratada; concesión a EMPILAR. Cobertura de partida 76,4% y 70,8%. | 6,5 |
| 11. Ciudades y comunidades sostenibles | Viviendas en sitio propio terminadas; pavimentos en El Plan; EOT en revisión tras 20 años; ecoparque de $ 15.495 M abandonado según la Contraloría. | 6,0 |
| 16. Paz, justicia e instituciones sólidas | Alcalde con elección anulada por doble militancia y condenado a 15 años por fraude electoral; trashumancia documentada; 87% de contratación sin competencia; cero adiciones ni liquidaciones publicadas; IDI institucional alto. | 3,0 |
Promedio: (5,0 + 5,0 + 5,0 + 6,5 + 6,0 + 3,0) / 6 = 30,5 / 6 = 5,08.
Calificación componente 5: 5,08/10 , Regular. El agua avanza gracias al departamento; las instituciones retroceden por cuenta propia.
Componente 6 (10%): percepción ciudadana
No encontramos protestas, paros, bloqueos ni plantones contra la administración municipal entre 2024 y 2026. Tampoco titulares de crisis de servicios atribuidas al alcalde. Guajira Gráfica lo describe como “el municipio más seguro y tranquilo del departamento”. Lo que sí dominó la prensa regional y nacional en dos años fue el expediente judicial: la anulación de la elección (El Heraldo, El Tiempo, El Espectador), la condena por fraude en inscripción de cédulas (Semana, El Tiempo), la negativa de habeas corpus, la elección atípica y las demandas contra la alcaldesa electa. El pueblo aparece en los medios por sus juzgados, no por sus obras.
Puntaje: base 7,0. Sin protestas: 0. Sin titulares de crisis de servicios: 0. Titulares de crisis institucional, nulidad y condena penal del alcalde que gobernó 2024, con trashumancia documentada por el CNE: −2,0 (ajuste editorial equivalente al de crisis de servicios, porque el daño reputacional al municipio es del mismo orden). Reconocimientos verificables: tercer puesto departamental en el Índice de Gestión de Proyectos de Regalías (94%) e IDI en el top 9% nacional: +0,5. Participación documentada: mesas técnicas del Plan de Desarrollo 2025-2027 reportadas por El País Vallenato, sin actas públicas ni rendición de cuentas encontrada: 0.
Calificación componente 6: 5,50/10 , Regular. Un pueblo tranquilo con un alcalde preso.
Radar integral: la calificación final ponderada
Tabla 12. Cálculo desarrollado
| Componente | Puntaje | Peso | Producto |
|---|---|---|---|
| FURAG (IDI 89,41) | 8,94 | 0,25 | 2,2350 |
| Ejecución CUIPO | 6,25 | 0,20 | 1,2500 |
| Plan de Desarrollo (5 problemas) | 5,40 | 0,20 | 1,0800 |
| Transparencia SECOP | 3,50 | 0,15 | 0,5250 |
| Cumplimiento ODS | 5,08 | 0,10 | 0,5080 |
| Percepción ciudadana | 5,50 | 0,10 | 0,5500 |
| Calificación final | 1,00 | 6,1480 |
Suma: 2,2350 + 1,2500 + 1,0800 + 0,5250 + 0,5080 + 0,5500 = 6,1480. Redondeo a dos decimales: 6,15. No aplicamos ajuste editorial: la dependencia estructural ya fue descontada en el componente CUIPO y la contratación en SECOP; sumar o restar más sería contar dos veces.
Radar de componentes
Veredicto: 6,15/10 , Regular, 🟡 VIGILAR. Una alcaldía que reporta como las mejores del país y contrata como las peores; que ejecuta lo que le mandan y lo que le heredan; que invierte en su propia planta de contratistas y en sus fiestas más que en sus escuelas; y que, en el año en que su alcalde perdió la investidura, firmó en veintidós días de diciembre el 38% de la contratación anual.
Nota metodológica sobre la atribución: la vigencia 2024 y los primeros treinta y tres días de 2025 son responsabilidad de José Amiro Morón Núñez; febrero a mayo de 2025, de los encargados Misael Arturo Velásquez Granadillo y Julio Alberto Romero; de junio de 2025 en adelante, de Ivón Rosana Manjarrez Ustáriz. Los hallazgos más graves de contratación (ráfaga de diciembre de 2024, oleada de enero-febrero de 2025) pertenecen al primero. La concentración en EMPILAR (residuos $ 764,2 M) es del encargado Velásquez. Los convenios de fiestas del segundo semestre de 2025, el contrato de PTAP y STAR de El Plan por $ 480 millones a 75 días y la nómina de “talento humano” que cerró la vigencia son de la administración Manjarrez, que además tendrá que explicar el nuevo empréstito de $ 3.000 millones de mayo de 2026.
Análisis jurídico: el prevaricato por omisión (artículo 414 del Código Penal)
La calificación de 6,15 activa, por regla metodológica, el examen del delito de prevaricato por omisión. Advertimos lo que este análisis es y lo que no es: no acusa, examina; no condena, indaga. La demostración del dolo excede lo periodístico y corresponde a la Fiscalía y a la Procuraduría.
Tipificación
El artículo 414 de la Ley 599 de 2000 dispone: “El servidor público que omita, retarde, rehúse o deniegue un acto propio de sus funciones, incurrirá en prisión de dos (2) a cinco (5) años, multa de diez (10) a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por cinco (5) años”, con los aumentos de la Ley 890 de 2004 que llevan la pena a entre 32 y 90 meses de prisión.
Tabla 13. Elementos del tipo penal frente a la evidencia
| Elemento | Qué exige | Qué muestra la evidencia |
|---|---|---|
| Tipicidad | Omisión, retardo, rehusamiento o denegación de un acto propio de las funciones del servidor | Actos omitidos documentados: publicación del plan de desarrollo, plan de acción, rendición de cuentas e informes de ejecución contractual (Ley 1712/2014, Ley 1757/2015); reporte veraz y consistente al CHIP (Ley 1450/2011, Res. CGN); mantenimiento de bienes públicos de regalías (Ley 2056/2020) |
| Antijuridicidad | Lesión o puesta en peligro del bien jurídico “administración pública” | Opacidad que impide el control ciudadano; información fiscal inconsistente entre vigencias; deterioro de un ecoparque de $ 15.495 M señalado por la Contraloría |
| Culpabilidad | Dolo: conocimiento del deber y voluntad de omitirlo | No demostrable en sede periodística. Existen indicios: la administración conoce los deberes (IDI 89,41 en la política de transparencia) y aun así no publica ejecución contractual ni planes |
| Relación causal | Vínculo entre la omisión y el daño | Verificable en el ecoparque (sin mantenimiento, sin operación); plausible en la contratación (sin publicación, sin control) |
Omisiones documentadas
Omisión 1. Publicación de los instrumentos de planeación y rendición de cuentas. Ni el Plan de Desarrollo “Gestión con Resultados” ni el “Gobierna Conmigo” están accesibles en el portal municipal; no existe plan de acción publicado para 2024 ni 2025; no se encontró audiencia pública de rendición de cuentas de ninguna de las dos vigencias. Fuente: portal lajaguadelpilar-laguajira.gov.co (consulta septiembre de 2026), El País Vallenato (8-sep-2025). Deber omitido: artículos 9 y 11 de la Ley 1712 de 2014; artículos 48 a 57 de la Ley 1757 de 2015. Responsables por periodo: Morón (2024), encargados y Manjarrez (2025).
Omisión 2. Publicación de la ejecución contractual. Cero adiciones, cero pagos, cero liquidaciones reportadas en SECOP I y II en dos años, 432 contratos; dieciocho procesos en estado “convocado” sin cierre; cuatro borradores sin descripción. Deber omitido: artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 (publicación dentro de los tres días siguientes de todos los documentos del proceso, incluida la ejecución) y Circular Única de Colombia Compra Eficiente. Responsables: los tres ordenadores del gasto.
Omisión 3. Reporte consistente al CHIP. Formulario de ingresos CUIPO 2025 no publicado a la fecha de consulta; reservas y cuentas por pagar de 2025 incompatibles con el cierre reportado de 2024; plazo, periodo de gracia y valor pignorado del crédito Bancolombia reportados con valores distintos en 2024 y 2025 para el mismo contrato; formulario de renta pignorada 2024 sin valores. Deber omitido: Decreto 3402 de 2007 (Formulario Único Territorial y reporte al CHIP) y resoluciones de plazos de la Contaduría General de la Nación. Responsable: administración Manjarrez (cierre 2025) y Morón (cierre 2024).
Omisión 4. Conservación de bienes de regalías. La Contraloría General halló en agosto de 2025 el Ecoparque El Pedregal Guajiro fuera de operación, sin mantenimiento ni sostenibilidad. La respuesta oficial (“ejecutado, supervisado y liquidado por administraciones anteriores”) describe quién lo construyó, no quién debía mantenerlo. Deber omitido: Ley 2056 de 2020 y Decreto 1821 de 2020 (operación y sostenibilidad de las inversiones del SGR) y artículo 209 de la Constitución. Responsable: administración 2024-2025 en su conjunto.
Omisión 5. Gestión del hospital. La ESE Donaldo Saúl Morón Manjarrez está en riesgo fiscal alto desde 2023 y obtuvo el peor IDI del municipio (32,44); el alcalde preside su Junta Directiva y nombra al gerente. En abril de 2024 Morón reeligió al gerente por tercera vez sin noticia de proceso de méritos; en 2026 la Junta fue demandada por la calificación del gerente. Deber omitido: artículo 28 de la Ley 1122 de 2007 y artículo 20 de la Ley 1797 de 2016 (designación y evaluación de gerentes de ESE); Ley 1438 de 2011 (saneamiento fiscal). Responsable: Morón (2024) y Manjarrez (2025-2026).
Abuso de autoridad y favorecimiento ilícito
Solo se consigna lo que tiene evidencia. La ráfaga contractual de diciembre de 2024, firmada por un alcalde con su elección anulada y confirmada, canalizada a la Asociación de Municipios y a EMPILAR, y la oleada de contratos de prestación de servicios de enero-febrero de 2025 firmada con la sentencia ejecutoriada, configuran, cuando menos, un uso de la investidura en sus últimos días que la Procuraduría debe examinar bajo las faltas relacionadas con la contratación pública del Código General Disciplinario (Ley 1952 de 2019) y que la Fiscalía debe cruzar con el artículo 410 del Código Penal (contrato sin cumplimiento de requisitos legales) y el artículo 428 (abuso de función pública). La condena penal de Morón por fraude electoral no prueba nada sobre su contratación de 2024, pero sí prueba que la Fiscalía ya conoce el municipio. Sobre favorecimiento ilícito a terceros no encontramos prueba directa y no lo afirmamos.
Conclusiones del examen jurídico
Las cinco omisiones documentadas son verificables por cualquier ciudadano con acceso a internet. Ninguna, por sí sola, demuestra el dolo que exige el artículo 414. Juntas dibujan un patrón: la administración sabe reportar (IDI 89,41) y elige no publicar lo que permite controlarla. Corresponde a la Procuraduría Regional de La Guajira abrir indagación disciplinaria sobre las omisiones 1, 2 y 3, y a la Contraloría General cerrar el expediente del ecoparque con un fallo de responsabilidad fiscal que nombre a quien debía mantenerlo. Este artículo no acusa: examina. Y exige.
Lo que hizo bien y lo que falta
Lo que hizo bien: reportó al CHIP y al FURAG con una calidad formal que la ubica entre el 9% mejor del país; pagó el 95% y el 97% de sus obligaciones; ejecutó al 100% las viviendas en sitio propio, la malla vial de El Plan y el alcantarillado de regalías; no comprometió vigencias futuras; amortizó $ 600 millones de deuda en 2024; alcanzó el tercer lugar departamental en gestión de proyectos de regalías; y la alcaldesa Manjarrez, en su primer semestre, sacó adelante un plan de desarrollo con mesas técnicas y abrió la actualización del EOT tras veinte años.
Lo que falta: licitar; publicar la ejecución de los contratos; sacar la nómina de contratistas del rubro de inversión y decir cuánto cuesta la burocracia real; explicar el predio de $ 3.000 millones y justificar el nuevo empréstito; corregir las inconsistencias del FUT de deuda y del cierre fiscal; publicar el plan de desarrollo, el plan de acción y rendir cuentas; invertir en educación al menos lo que se invierte en fiestas; construir un programa de empleo que no consista en contratos de tres meses; sanear el hospital; y mantener el ecoparque antes de que la Contraloría diga la última palabra.
Cierre periodístico: la pregunta que queda
La Jagua del Pilar demuestra que un municipio puede tener el cuarto mejor índice de desempeño institucional de su departamento mientras su alcalde cumple condena en prisión domiciliaria por comprar la elección que lo hizo alcalde una década antes. El formulario y la calle son dos países. La pregunta que queda es para los 4.473 electores que en mayo de 2025 fueron a votar por segunda vez en dieciocho meses: si el 87% de la plata del pueblo se contrata sin competencia y la mitad de la libre inversión se gasta en contratistas de tres meses, ¿quién decide en La Jagua del Pilar, los que votan o los que contratan? Vigilar es la respuesta. Los formularios están en el CHIP, los contratos en el SECOP y este análisis en corrupcionaldia.com. Que nadie diga que no se sabía.
«La verdad también tiene forma.» corrupcionaldia.com, Hipólito Palencia.
Anexo: fuentes, metodología y limitaciones
Fuentes oficiales: CHIP de la Contaduría General de la Nación, entidad 212044420, formularios CUIPO B_EJECUCION_DE_INGRESOS (DIC A DIC 2024, envío 4570796), CUIPO D_EJECUCION_DE_GASTOS (DIC A DIC 2024 envío 4570796 y DIC A DIC 2025 envío 4669938, secciones vigencia actual, reservas y cuentas por pagar), FUT_DEUDA_PUBLICA CREDITOS, CREDITOS_POR_SECTOR y RENTA_PIGNORADA (ENE A DIC 2024 envío 4546146 y 2025 envío 4648708), FUT_VIGENCIAS_FUTURAS AUTORIZACIONES (OCT A DIC 2024 y 2025), SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS EJECUCION_DE_INGRESOS y EJECUCION_DE_GASTOS (DIC A DIC 2024 envío 4554986 y 2025 envío 4648915). Función Pública, Resultados de Desempeño Institucional FURAG vigencia 2025 (17 de junio de 2026). Datos abiertos datos.gov.co: SECOP I (f789-7hwg), SECOP II (jbjy-vk9h, p6dx-8zbt), proyectos SGR (mzgh-shtp), ejecución SPGR (br9a-gygu, g4qj-2p2e), Mapa Inversiones (cf9k-55fw). Registraduría Nacional y La República (resultados 29-oct-2023 y atípicas 18-may-2025). DANE, ficha censal 44420 (CNPV 2018). Minhacienda, informe de viabilidad fiscal La Guajira 2024. Minciencias, listado de municipios PDET y ZOMAC.
Prensa (mínimo cinco fuentes independientes cruzadas): El Heraldo (25-sep-2024, 18-may-2025, 12-ago-2025, 13-mar-2026), El Tiempo (16-dic-2024, abr-2025, hallazgos CGR ene-2023), El Espectador (dic-2024), Semana (abr-2025), El Colombiano (31-ago-2023), Diario del Norte (feb-2025, may-2025, nov-2025), La Guajira Hoy (sep-2024, feb-2025, may-2025, dic-2025, ago-2026), Guajira News (abr-2024, ago-2026), El Pilón, El País Vallenato (sep-2025), Semanario La Calle (oct-2024), Vorágine y Consonante (Asoagua, 2021), Pares (may-2025), Tüü Pütchika (ene-2025), El Pulso Caribe (dic-2025, feb-2026), Mi Diario (dic-2025), El Muelle Caribe (mar-2026).
Metodología: parser de formularios CHIP (clasificación por contenido, deduplicación, suma de columnas con y sin situación de fondos), clasificación de inversión por producto MGA, deduplicación de SECOP por número de constancia, seis componentes ponderados según la metodología de corrupcionaldia.com, verificación aritmética de cada tabla contra el formulario fuente.
