Radiografía forense de los dos primeros años de Milton Olaya Santamaría: más de $176 mil millones movidos, $21.724 millones de regalías detenidas en 2025 y una calificación de 6,45 que lo pone en la cuerda floja del prevaricato por omisión
Nos encontramos en el municipio de Santa Rosa del Sur. Vamos a auscultar la gestión municipal, donde analizaremos exhaustivamente, a nivel forense, la gestión del alcalde Milton Alexis Olaya Santamaría. Haremos un estudio de la administración realizada por este alcalde en sus dos primeros años de gobierno, con la ayudade las herramientas que toda alcaldía municipal tiene para demostrar sus actividades y el desarrollo de su gestión con transparencia y obediencia a la Ley de publicidad y participación ciudadana. Lo que encontramos en ese ausculto no cabe en los discursos de balcón ni en las cadenas de WhatsApp de los poderes de turno: en dos años, la alcaldía movió más de $176 mil millones entre presupuesto ordinario y regalías; recibió en 2025 la cifra escandalosa de $31.532 millones del Sistema General de Regalías y solo obligó el 31 por ciento; pignoró al 130 por ciento dos de sus rentas para comprar maquinaria amarilla con un crédito de $3.715 millones; y mientras tanto, miles de santarroseños seguían a oscuras —con solo 47,5 por ciento de cobertura eléctrica rural según el propio Plan de Desarrollo—, confinados por la guerra, sin agua la mitad del tiempo y con el Índice de Pobreza Multidimensional más alto de todos los municipios PDET del país. La nota final de esta radiografía es 6,45 sobre 10: Regular, Vigilar. Y a partir de esa nota, la metodología de esta casa obliga a hacerse la pregunta que ningún funcionario quiere escuchar: cuando la plata está en la caja y el deber es claro, ¿no hacer nada no es también una forma de delinquir?
El tablero: un municipio PDET entre la pólvora y el oro
Para medir a un gobernante hay que entender primero el terreno donde juega. Santa Rosa del Sur es un municipio joven del sur de Bolívar, segregado de Simití, con cerca de 33.630 habitantes según la proyección del DANE para 2025, repartidos entre la cabecera y trece corregimientos que trepan por la Serranía de San Lucas. Es territorio PDET —Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial— de la subregión Sur de Bolívar, lo que en teoría lo convierte en recipiente prioritario de la inversión estatal derivada del Acuerdo de Paz. En la práctica, es una de las zonas más ásperas del Caribe colombiano: ahí la minería informal del oro convive con las disidencias y el ELN, y la presencia del Estado se mide más en promesas que en pavimento.
El 1 de enero de 2024 asumió Milton Alexis Olaya Santamaría, médico veterinario zootecnista y administrador público territorial, militante del Partido Conservador, elegido en octubre de 2023 con 7.972 votos, equivalentes al 52,06 por ciento de la votación. No es un outsider: venía de años de trabajar como profesional de planta en las alcaldías de Simití y en la propia Santa Rosa del Sur, conocía las entrañas de la administración y llegó con la ventaja del que sabe dónde están las llaves de cada traste. En mayo de 2024 expidió su Plan de Desarrollo, bautizado Santa Rosa Somos Todos mediante el Acuerdo 010 del 24 de mayo de 2024, un documento de 379 páginas que promete invertir $216.492,7 millones en cuatro años a través de cuatro líneas estratégicas.
El contexto social, sin embargo, es demoledor. El Índice de Pobreza Multidimensional del municipio es de 0,530, el más alto entre los municipios PDET según los registros oficiales citados por los centros de estudios regionales. La cobertura de acueducto ronda el 51,9 por ciento y la de alcantarillado el 51,7 por ciento, según las cifras que el mismo Plan de Desarrollo toma del DNP. La cobertura de energía eléctrica rural apenas llega al 47,54 por ciento —sí, más de la mitad del campo santarroseño no conoce el interruptor de la luz— y el servicio de Afinia, la multinacional que opera la electrificación en el Magdalena Medio, es motivo de cacerolazos, bloqueos y carteles de «Fuera Afinia» que llevaron a la comunidad a soldar las puertas de la oficina local de la empresa. Y encima del tablero, la guerra: en abril de 2024 el Clan del Golfo asesinó al líder social Narciso Beleño; en 2025 la Procuraduría General de la Nación reportó más de 5.000 personas confinadas por el conflicto en los corregimientos Canelos, Villaflor, Buenavista, San Juan de Riogrande y Marisosa; la Defensoría del Pueblo registró cuatro desplazamientos masivos en un solo año, y el ELN desalojó a residentes de Tierra Nueva y Los Robles. Este es el escenario sobre el que hay que juzgar, sin atenuantes ni maquillaje, los dos primeros años del doctor Olaya.
De dónde salió cada peso: la anatomía del presupuesto
Empecemos por la caja. Según el formulario B_EJECUCION_DE_INGRESOS del CUIPO, reportado por la alcaldía al sistema CHIP del Contralor en los envíos oficiales de cierre de vigencia 2024 y 2025, los ingresos totales recaudados pasaron de $80.441 millones en 2024 a $95.838 millones en 2025, un crecimiento del 19,1 por ciento. Un dato, en apariencia, envidiable para un municipio de categoría 4. Pero la pregunta forense no es cuánto entró, sino de dónde entró, porque un presupuesto inflado con plata ajena no habla de gestión: habla de dependencia.
La respuesta es contundente. De cada 100 pesos que manejó la alcaldía en 2024, 77,6 llegaron como transferencias de la Nación: $36.595 millones del Sistema General de Participaciones, $22.757 millones del sistema de salud (SGSSS, recursos que solo pasan por las manos del municipio para irse al régimen subsidiado), $3.045 millones de otras entidades del gobierno general y decenas de millones más de participaciones menores. En 2025 la proporción bajó a 71,2 por ciento —$42.795 millones de SGP, $21.980 millones de salud y $3.207 millones de otras transferencias—, no porque el municipio fuera más independiente, sino porque el recaudo propio creció y porque se sumaron $3.697 millones de crédito interno. En dos años, el esfuerzo fiscal propio (impuestos, tasas, multas, juegos de suerte y azar) pasó de $9.486 millones a $14.017 millones: del 11,8 al 14,6 por ciento del total. Es un avance real y hay que reconocerlo: el recaudo predial urbano, según el autoinforme oficial de la administración, alcanzó el 201 por ciento de lo apropiado, con $1.176 millones. Pero sigue siendo un municipio que depende de la Nación para siete de cada diez pesos, cuando el estándar de autonomía fiscal exige multiplicar varias veces ese esfuerzo para salir del clientelismo estructural del sur de Bolívar.
Hay un segundo ingrediente que casi nadie menciona en los discursos: el uso del balance. En 2024 la alcaldía incorporó $8.005 millones de superávit fiscal de vigencias anteriores; en 2025, otros $8.513 millones. Es decir, el municipio no solo gasta lo que le llega: recurre dos veces a las reservas acumuladas del pasado para cuadrar el presupuesto del presente. Sumado al crédito de 2025, el presupuesto de ese año tenía un 13 por ciento financiado con plata que no era del año. La tabla siguiente resume la composición exacta.
Tabla 1. Composición de los ingresos recaudados, CUIPO 2024-2025 ($ millones)
| Concepto | 2024 | % 2024 | 2025 | % 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Transferencias de la Nación (SGP + SGSSS + otras) | 62.411 | 77,6% | 68.278 | 71,2% |
| Ingresos propios (impuestos, tasas, multas, juegos) | 9.486 | 11,8% | 14.017 | 14,6% |
| Balance / superávit fiscal utilizado | 8.005 | 10,0% | 8.513 | 8,9% |
| Crédito interno (empréstito Bancolombia) | 0 | 0,0% | 3.697 | 3,9% |
| FONPET y rendimientos financieros | 540 | 0,7% | 1.333 | 1,4% |
| TOTAL RECAUDADO | 80.441 | 100% | 95.838 | 100% |
Figura 1. ¿De dónde salió cada peso? Composición del recaudo 2024-2025. Fuente: elaboración propia con datos CUIPO/CHIP.
¿Qué significa esto en lenguaje humano? Que Santa Rosa del Sur, en el segundo año del alcalde Olaya, seguía siendo un municipio en silla de ruedas fiscal: la Nación le empuja la silla, el municipio mueve los brazos. La Ley 617 de 2000 y la doctrina del Ministerio de Hacienda señalan el camino que este gobierno apenas empezó a recorrer: ampliar la base del predial, cobrar la sobretasa que el pueblo ya paga en cada galón y construir una economía de nómina propia. El paso del 11,8 al 14,6 por ciento es un primer paso que merece crédito; la dependencia restante es la herida abierta que ningún funcionario muestra en las cadenas de radio.
¿En qué se gastó? Inversión de papel, cuentas por pagar de verdad
El formulario D_EJECUCION_DE_GASTOS del CUIPO, en sus tres secciones —VIGENCIA ACTUAL, CUENTAS POR PAGAR y RESERVAS, tanto de la administración central como del Concejo y la Personería—, muestra obligaciones por $72.475 millones en 2024 y $89.738 millones en 2025, un crecimiento del 23,9 por ciento que va por delante del crecimiento de los ingresos. De ese total, la inversión formalmente destinada alcanzó $66.080 millones (91,2 por ciento) en 2024 y $80.238 millones (89,4 por ciento) en 2025, mientras el funcionamiento —planilla de personal, adquisición de bienes y servicios, transferencias corrientes, más los gastos del Concejo y la Personería— se mantuvo en la franja histórica de los municipios pequeños: 8,8 y 9,1 por ciento respectivamente. El servicio de la deuda, que no existía en 2024, apareció en 2025 con $1.318 millones. Sobre el papel, un capítulo de inversión superior al 89 por ciento es un logro que cualquier gran ciudad firmaría. El diablo, como siempre en las finanzas municipales colombianas, está en el detalle.
El detalle tiene nombre de contabilidad: cuentas por pagar. Son las obligaciones que el municipio comprometió en la vigencia y no logró pagar al cierre del año. En 2024 sumaron $1.127 millones; en 2025 se dispararon a $3.900 millones, un incremento del 245 por ciento. Las reservas de apropiación —dinero apartado para contratos en ejecución que todavía no se liquida— pasaron de $960 millones a $3.074 millones. Traducido al habla del pueblo: la alcaldía firma y compromete con una velocidad que el bolsillo no acompaña. Y aunque el 96,3 por ciento de las obligaciones de 2025 terminó pagado, el crecimiento simultáneo de compromisos impagos y reservas es la huella clásica de una administración que prefiere mostrar contratos firmados antes que obras pagadas.
Tabla 2. Ejecución de gastos por destino, CUIPO 2024-2025 ($ millones)
| Rubro | 2024 (oblig.) | % 2024 | 2025 (oblig.) | % 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Inversión directa (incluye cuentas por pagar y reservas) | 66.080 | 91,2% | 80.238 | 89,4% |
| Funcionamiento (personal, bienes y servicios, Concejo, Personería) | 6.394 | 8,8% | 8.182 | 9,1% |
| Servicio de la deuda pública interna | 0 | 0,0% | 1.318 | 1,5% |
| TOTAL OBLIGACIONES | 72.475 | 100% | 89.738 | 100% |
| Gastos pagados (caja) | 68.480 | 94,5% ejec. | 86.418 | 96,3% ejec. |
| Cuentas por pagar (comprometido sin pagar) | 1.127 | — | 3.900 | ×3,5 |
| Reservas de apropiación | 960 | — | 3.074 | ×3,2 |
Figura 2. Estructura del gasto por destino, 2024-2025. Fuente: elaboración propia con datos CUIPO/CHIP.
Figura 3. Ejecución presupuestal comparada 2024-2025: el salto de las cuentas por pagar y las reservas. Fuente: CUIPO/CHIP.
¿Y qué compró la alcaldía con esa inversión? El cruce con SECOP II y con los formularios de regalías permite ver el destino real: redes de transmisión eléctrica y plantas fotovoltaicas pagadas con la Asignación para la Paz, vías terciarias y urbanas por más de $13.970 millones comprometidos solo en 2024 con recursos de inversión local y asignaciones directas, estufas eficientes para el campo, la contratación de la Unidad Temporal Construyendo Paz en Santa Rosa del Sur por $13.379 millones para los Centros Integrales de Reconciliación en cinco corregimientos, el convenio interadministrativo con RPG Atlantur por $9.819 millones para pavimentar en concreto rígido, y el programa de alimentación escolar, que pasó de $938,8 millones en 2024 —contratado con la Fundación para el Desarrollo de la Gestión Social de la Región Caribe, tardíamente, en junio— a $1.373,7 millones en 2025 con un operador nuevo, la Fundación Árbol Próspero. Son obras y programas reales, verificables, que merecen mención. El problema no es lo que se compró: es el ritmo, la hipoteca que se firmó para comprarlo y la plata que quedó quieta mientras el pueblo clamaba.
El crédito que hipotecó la gasolina y el propósito general
El 7 de noviembre de 2024, con registro número 1-2024-114596 ante el Ministerio de Hacienda, la alcaldía firmó con Bancolombia un empréstito por $3.714,8 millones destinado a la «adquisición de maquinaria amarilla para el mejoramiento y mantenimiento efectivo de la red vial» (código BPIN 202413688009). El contrato aparece en SECOP II el 10 de diciembre de 2024. Las condiciones registradas en el formulario CREDITOS de la Deuda Pública son demoledoras para un municipio de esta categoría: plazo de 36 meses con vencimiento en 2027, tasa variable IBR a tres meses menos 1,91 puntos, y —este es el dato que nadie puso en la radio local— pignoración del 130 por ciento de dos rentas municipales: la sobretasa a la gasolina y la asignación del SGP de propósito general para municipios de categorías 4, 5 y 6.
Pignorar el 130 por ciento significa que el municipio entregó al banco, como garantía, más de la totalidad de esos dos recursos: cada galón de gasolina que los santarroseños paguen en la bomba y cada peso de propósito general que la Nación transfiera tiene, durante tres años, dueño en la oficina de Bancolombia antes de llegar al despacho del alcalde. En 2025 el crédito se desembolsó por $1.264 millones adicionales (los desembolsos acumulados fueron $3.697 millones), se pagaron $203,3 millones de intereses y $1.114,3 millones de amortizaciones, y el saldo al cierre fue de $2.582,7 millones. Las vigencias futuras autorizadas en octubre de 2025 ya reservan $1.233 millones para 2026 y $1.350 millones para 2027: el alcalde actual se fue del cuartel dejando la factura firmada para el próximo gobierno. Con la plata compró —según SECOP— maquinaria amarilla a GECOLSA por $2.257 millones en abril de 2025 y vehículos pesados a Construdenco por $1.440 millones en diciembre de ese año.
Tabla 3. Radiografía del crédito público 1-2024-114596 (Bancolombia)
| Dato | Cifra |
|---|---|
| Monto aprobado | $3.714,8 millones |
| Destino declarado | Maquinaria amarilla para red vial (BPIN 202413688009) |
| Fecha de registro en MinHacienda | 7 de noviembre de 2024 |
| Plazo y tasa | 36 meses, vence 2027, IBR 3M −1,91 puntos |
| Rentas pignoradas | Sobretasa a la gasolina y SGP propósito general, al 130% |
| Desembolsos 2024 + 2025 | $2.432,8 M + $1.264,2 M = $3.697,0 M |
| Intereses pagados en 2025 | $203,3 millones |
| Amortizaciones pagadas en 2025 | $1.114,3 millones |
| Saldo al cierre de 2025 | $2.582,7 millones |
| Pagos ya comprometidos | 2026: $1.233,0 M | 2027: $1.350,3 M |
Figura 4. La apuesta vial a crédito: flujos del empréstito y compromisos futuros. Fuente: FUT_DEUDA_PUBLICA/CHIP y SECOP II.
Para ser justos: la relación deuda sobre ingresos totales es del 2,7 por ciento al cierre de 2025 y el servicio de la deuda absorbe el 1,5 por ciento de las obligaciones, cifras inocuas comparadas con municipios como Toluviejo o San Fernando. La deuda en sí no es el escándalo. Lo es, primero, la estructura: hipotecar al 130 por ciento dos rentas vitales —incluida la libre destinación que financia la inversión discrecional— es apostar el futuro administrativo del pueblo a un solo proyecto de maquinaria, en un municipio donde la guerra bloquea las vías periódicamente y donde ya hubo que rescatar por la fuerza de los hechos la vía Santa Rosa-Simití-San Pablo. Y lo es, segundo, la precedencia: en un municipio con la mitad del campo sin luz, con el 48 por ciento sin acueducto y con 5.000 confinados, la primera gran decisión financiera del alcalde fue comprar retroexcavadoras a crédito, no blindar agua ni energía. Las prioridades, dice el dicho, se leen en la chequera.
Regalías: $31.532 millones entraron en 2025 y el pueblo se apagó
Aquí está el corazón de esta investigación. Santa Rosa del Sur es uno de los municipios que más plata del Sistema General de Regalías recibe en proporción a su tamaño, en gran parte por la Asignación para la Paz que compensa a las zonas golpeadas por el conflicto. Los formularios EJECUCION_DE_INGRESOS del SGR reportan que en 2024 ingresaron $45.462,8 millones —$23.555,2 millones de la Asignación para la Paz, $10.151,5 millones de asignaciones directas (incluidos $8.012,8 millones girados por la Gobernación de Bolívar), $10.487,2 millones de asignación para inversión local y $1.269,0 millones de excedentes del FONPET—. En 2025 la cifra cayó a $31.532,0 millones, pero con un cambio tectónico en la composición: $28.043,5 millones (el 89 por ciento del total) eran Asignación para la Paz.
Ahora la ejecución. En 2024, con $45.463 millones recibidos, la alcaldía obligó $25.128 millones: el 55,3 por ciento. En 2025, con $31.532 millones recibidos, las obligaciones ejecutadas apenas alcanzaron unos $9.808 millones: el 31 por ciento. Es decir, más de $21.700 millones de regalías quedaron detenidos en una sola vigencia —plata suficiente para duplicar la cobertura de energía rural del municipio o para acabar los acueductos de los corregimientos—. Y no es que la Nación no haya girado: giró. No es que no haya proyectos aprobados: los hay, incluidos $12.748 millones adicionales aprobados por el OCAD Paz según la propia administración. Lo que faltó fue máquina administrativa para formular, licitar y ejecutar: precisamente el trabajo para el que se elige a un alcalde.
Tabla 4. Sistema General de Regalías: ingresos y ejecución 2024-2025 ($ millones)
| Concepto | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Ingresos totales SGR recibidos | 45.462,8 | 31.532,0 |
| — Asignación para la Paz | 23.555,2 (52%) | 28.043,5 (89%) |
| — Asignaciones directas (20% del SGR) | 10.151,5 | 741,5 |
| — Asignación para la inversión local | 10.487,2 | 1.403,1 |
| — Excedentes FONPET y otros | 1.269,0 | 1.343,9 |
| Obligaciones ejecutadas | 25.128,4 | ≈9.808,0 |
| Ejecución (obligaciones/ingresos) | 55,3% | ≈31,1% |
| Plata SGR detenida en la vigencia | ≈20.334 | ≈21.724 |
Figura 5. Los dos termómetros ocultos: ejecución de regalías y explosión de vigencias futuras. Fuente: SGR/CHIP.
Los contrapesos documentados existen y no hay que negarlos: en 2024 se pagaron $4.866 millones de generación fotovoltaica y $725 millones de redes de transmisión regional con BPIN 20191301010434; los Centros Integrales de Reconciliación con la UT Construyendo Paz por $13.379 millones se contrataron en febrero de 2025; las vías terciarias y urbanas de inversión local se movieron con puntualidad en 2024; y la administración presume en su autoinforme $30.179 millones del OCAD Paz en ejecución. Pero la aritmética es implacable: aun sumando todo lo ejecutado, en el bienio el municipio recibió $76.995 millones de regalías y obligó alrededor de $34.936 millones, un 45 por ciento global. En un territorio PDET donde cada peso de la Asignación para la Paz tiene nombre, apellido y promesa de Estado, dejar detenido más de $42.000 millones en dos años no es neutralidad contable: es omisión con estrella.
Vigencias futuras: la factura del futuro ya está firmada
El formulario AUTORIZACIONES de vigencias futuras, que mide los compromisos que la administración autoriza contra los presupuestos de los próximos años entre octubre y diciembre, es el termómetro de la prudencia fiscal de un gobernante. En 2024, la alcaldía autorizó apenas $949,7 millones: $687,1 millones para alimentación escolar y $262,6 millones para inclusión social con estampillas. En octubre de 2025 la cifra se multiplicó por 9,4: $8.883,2 millones autorizados, de los cuales $2.327,4 millones y $392,9 millones son para acueductos corregimentales, $1.921,3 millones para educación, $1.250,4 millones para salud, $2.582,7 millones para pagar el crédito de la maquinaria y $210 millones para gestión del riesgo.
Leído en positivo, el salto muestra que el municipio por fin activó proyectos de agua y educación que estaban dormidos; los BPIN 202500000035932 y 202500000040590 de acueductos son prueba de eso. Leído en negativo —y en finanzas públicas lo correcto es leerlo en negativo cuando la plata no alcanza—, significa que un tercio del presupuesto del alcalde entrante ya está comprometido antes de que empiece su administración, y que la inversión social de 2025 se sostiene cada vez más en promesas de caja futura. La pregunta que queda flotando es la misma que hacemos en cada municipio: si la plata de 2025 se gastó comprometiéndola, ¿dónde estaban los resultados visibles para el ciudadano que pagó la luz, el agua y la gasolina de 2025?
FURAG: la maqueta institucional que sí funciona
No todo es sombra, y negarlo sería deshonesto. El Índice de Desempeño Institucional del FURAG 2025 —el medidor más objetivo de calidad institucional que aplica el Departamento Administrativo de la Función Pública— otorgó a la Alcaldía de Santa Rosa del Sur un IDI de 84,91 sobre 100, el quinto mejor de los 45 municipios evaluados de Bolívar, muy por encima del promedio departamental de 63,32, y dentro del mejor quintil nacional: ocupó el puesto 907 entre las 1.102 alcaldías medidas, es decir, superó al 82 por ciento de los municipios de Colombia. En el sur de Bolívar solo Cantagallo (96,95) y San Martín de Loba (86,16) le ganaron en el departamento, y en su grupo par (Grupo 4) la marca es incluso más sólida. La ESE Hospital Manuel Elkin Patarroyo, por su parte, obtuvo un IDI de 73,27, en la media de las empresas sociales del estado de grupo 4.
¿Qué mide ese puntaje? El FURAG evalúa tres dimensiones: desempeño institucional (planeación, presupuesto público, transparencia, servicio civil y relaciones intergubernamentales), desempeño administrativo (procesos, contratación, sistema de control interno, información pública, mérito y evaluación del talento humano) y desempeño funcional por finalidades sociales (educación, salud, agua potable, vivienda, infraestructura, agricultura, cultura, deporte y prevención del delito). Que un municipio de categoría 4 en zona PDET alcance 84,91 puntos significa que la maquinaria administrativa existe: hay planilla estructurada, hay reportes al SUIFP, hay sistemas de control interno operando, hay datos. El propio alcalde presume con razón que el desempeño municipal pasó de 80,3 a 81,9 en su autoevaluación y que el índice de transparencia (ITA) saltó de 71 a 90.
Pero aquí está la paradoja que esta investigación deja sobre la mesa, porque medirla es nuestro trabajo y dejarla pasar sería traicionarlo: un municipio puede tener institucionalidad de sobresaliente y resultados ciudadanos de reprobado en la misma vigencia. El FURAG mide procesos, no asfalto; verifica formatos, no tuberías; audita actos administrativos, no apagones. Santa Rosa del Sur es el ejemplo vivo de esa brecha: IDI de 84,91 puntos y, en paralelo, 31 por ciento de ejecución de regalías, 47,5 por ciento de cobertura eléctrica rural y 5.000 personas confinadas. La maqueta institucional funciona; la casa, no tanto. Quien use el FURAG para blindar la gestión frente a esta radiografía está midiendo el espejo y olvidando al que mira.
Tabla 5. FURAG 2025: Santa Rosa del Sur en el mapa de Bolívar (IDI sobre 100)
| Municipio | IDI | Grupo |
|---|---|---|
| Cantagallo | 96,95 | 5 |
| Santa Rosa del Norte | 93,58 | 3 |
| San Juan Nepomuceno | 92,84 | 4 |
| San Martín de Loba | 86,16 | 5 |
| SANTA ROSA DEL SUR | 84,91 | 4 |
| San Pablo | 83,88 | 6 |
| Magangué | 72,46 | 4 |
| Promedio de los 45 municipios de Bolívar | 63,32 | — |
| Posición nacional | 907 de 1.102 (percentil 82) | — |
«Santa Rosa Somos Todos» contra el sentir de la gente: cinco problemas, cinco indicadores
Un Plan de Desarrollo es un contrato de palabra. El de Olaya Santamaría —Santa Rosa Somos Todos, Acuerdo 010 de 2024— compromete $216.492,7 millones en cuatro años, y su propia contabilidad interna revela la primera contradicción: la línea 1 (desarrollo humano y social) se queda con el 87,2 por ciento del dinero ($188.778 millones), mientras la línea 2, la económica y productiva —la que debería transformar el cacao de las 3.290 hectáreas sembradas, las 32.392 cabezas de ganado y la minería que sostiene la economía informal del pueblo—, recibe $851 millones: el 0,4 por ciento del total. Cuatro años de gobierno para una línea económica con menos plata que el costo de una intersección peatonal. En un municipio donde la pobreza multidimensional es la más alta del país PDET, apostar el 0,4 por ciento a la economía productiva no es una decisión técnica: es una abdicación.
La metodología de esta casa exige comparar el «sentir de la gente» —expresado en protestas, desparches comunitarios, quejas en prensa y redes— con los objetivos del Plan y con los datos duros de gestión. Cruce hecho, los cinco problemas que las comunidades señalan con más insistencia son cinco, y a cada uno le corresponde un indicador de gestión verificable. El resultado, en tabla, es la radiografía del segundo año.
Tabla 6. Cinco problemas de la gente contra cinco indicadores de gestión (2024-2025)
| Problema priorizado por la comunidad | Indicador de gestión y evidencia | Puntaje 0-10 |
|---|---|---|
| 1. Energía eléctrica: apagones, cobros, «Fuera Afinia» | Cobertura rural 47,54% (PDM). Inversión energética con regalías: $5.591 M (solar $4.866 M + redes $725 M). Resultado: cacerolazos y bloqueos persisten | 4,0 |
| 2. Conflicto armado y protección de vidas | 5.000+ confinados (Procuraduría, ago-2025); 4 desplazamientos masivos en 2025 (Defensoría); líder Narciso Beleño asesinado (abr-2024). Centros de Paz contratados ($13.379 M) aún sin entregar al cierre del bienio | 3,0 |
| 3. Agua potable y saneamiento | Acueducto 51,9% y alcantarillado 51,7% (PDM/DNP). Vigencias futuras de acueductos por $2.720 M aprobadas apenas en oct-2025: compromiso, no obra | 4,0 |
| 4. Vías y aislamiento | Maquinaria por $3.715 M comprada a crédito (pignora 130% de dos rentas); convenio RPG Atlantur $9.819 M; vía San Benito $10.248 M (OCAD Paz); INVIAS entregó 707 m en la vía La Esmeralda (jun-2025) | 6,0 |
| 5. Economía y empleo (línea 2 del PDM) | 0,4% del presupuesto cuatrienial ($851 M de $216.493 M); minería informal sin programa de formalización visible; cacao y ganadería sin cadena de transformación | 2,0 |
| PROMEDIO DE LOS CINCO PROBLEMAS | La gente calificaría así su gestión en lo que le duele | 3,8 |
La administración, en su rendición de cuentas de diciembre de 2025, se autoevaluó con un avance del 40 por ciento del Plan de Desarrollo al cierre del segundo año —cuando el reloj marca el 50 por ciento del mandato— y un 77 por ciento de cumplimiento de las metas de producto de la vigencia, con 46 metas incumplidas y la línea de Infraestructura al 50 por ciento. Los que leen los documentos saben que los autoinformes son como las fotos de perfil: todos salen mejor de lo que son. Pero aun tomando la foto oficial al pie de la letra, el propio gobierno reconoce que va atrás del reloj en un contrato que firmó con su pueblo hace 24 meses. Ese déficit, combinado con el 3,8 de promedio de los cinco indicadores ciudadanos, alimenta las notas de los componentes «Avance del Plan de Desarrollo» y «Percepción» de la calificación final.
SECOP: transparencia con asteriscos
En contratación pública, el municipio dejó trazabilidad cuantiosa: la consulta directa a la API oficial de SECOP II con el NIT 8000490179 —ojo con este detalle, porque los agregadores privados confunden desde hace años a Santa Rosa del Sur con Santa Rosa de Lima, y cualquier ciudadano que googlee «contratos Santa Rosa Bolívar» puede terminar leyendo la plata del pueblo equivocado— arroja 274 contratos por $20.963 millones en 2024 y 268 contratos por $55.846 millones en 2025, un salto del 166 por ciento en valor. En dos años, 542 contratos por $76.809 millones: el 82 por ciento de todo lo que esta alcaldía ha contratado y publicado desde 2018. El volumen de 2025 se explica por las grandes obras de regalías ya mencionadas y por la licitación pública de obra, que pasó de $807 millones a $16.664 millones.
Los asteriscos, sin embargo, son de tamaño industrial. Primero: en 2024, el 67 por ciento de los procesos (183 de 274) se adjudicó por contratación directa sin ofertas, la modalidad que el régimen de compras permite para mínima cuantía pero que, usada en volumen, es la antesala clásica del dedazo administrativo. Segundo: la ESE Hospital Manuel Elkin Patarroyo —la que administra el equipamiento y parte de la atención de salud del municipio— no publica un solo contrato en SECOP II desde el 24 de agosto de 2023, un silencio estadístico que hace invisible al ciudadano el gasto de la entidad más sensible del municipio. Tercero: hay proveedores que se repiten con frecuencia llamativa en categorías de logística y servicios, con 8 a 13 contratos en el bienio, patrón que no constituye irregularidad por sí mismo pero que en los manuales de los organismos de control se lee como concentración de riesgo. La transparencia existe en Santa Rosa del Sur; lo que falta es que alguien la use. Ese es justamente el trabajo que esta casa hace por usted, lector.
ODS: el termómetro incómodo
Santa Rosa del Sur tiene una rareza institucional que lo honra: desde 2022 cuenta con una Agenda Municipal de los Objetivos de Desarrollo Sostenible construida con el PNUD y la Fundación Antonio Restrepo Barco, una de las pocas del Caribe colombiano. La alineación formal existe: los proyectos de energía solar y redes eléctricas hablan del ODS 7, el PAE ampliado del ODS 2, los acueductos y la PTAR de Fátima del ODS 6, los Centros Integrales de Reconciliación del ODS 16, la escuela y las estufas eficientes del ODS 4 y el ODS 3. Sobre el papel, el alcalde puede recitar la agenda completa sin equivocarse.
El termómetro de los resultados dice otra cosa. Con un IPM de 0,530 —el más alto entre los municipios PDET del país—, la mitad del territorio sin agua entubada confiable, más de la mitad del campo sin electricidad y una guerra que confina a miles, el municipio está reprobado en los ODS 1 (fin de la pobreza), 3 (salud y bienestar), 6 (agua limpia) y 7 (energía asequible), y reprobado con honores en el 16 (paz y justicia), donde la responsabilidad principal es de la Nación, pero la voz y la gestión territorial del alcalde pesan. Nuestra nota de cumplimiento ODS es 4,5 sobre 10: proyectos alineados, realidades desalineadas. Que un municipio tenga agenda ODS firmada desde 2022 y termine 2025 con los mismos déficits estructurales no es culpa del PNUD ni de la agenda: es la medida exacta de la distancia entre los afiches y las tuberías.
La calificación: 6,45 sobre 10 — REGULAR, VIGILAR
Con todos los insumos sobre la mesa —CUIPO de dos vigencias, deuda, regalías, vigencias futuras, FURAG, SECOP, Plan de Desarrollo, ODS y percepción ciudadana—, aplicamos la escala ponderada de esta casa, que califica de 0 a 10 con seis componentes y pesos fijos. La escala no es absoluta: evalúa la gestión contra el punto de partida del municipio y sus recursos disponibles. Un 7,0 en Santa Rosa del Sur no equivale a un 7,0 en Medellín; pero los estándares mínimos de transparencia, eficiencia y respeto por la ley son igualmente exigibles en ambos lugares.
Tabla 7. Calificación ponderada de la gestión 2024-2025 del alcalde Milton Olaya Santamaría
| Componente | Peso | Nota 0-10 | Aporte |
|---|---|---|---|
| FURAG (IDI 2025: 84,91 — 5.º de 45 en Bolívar) | 25% | 8,49 | 2,12 |
| Ejecución presupuestal CUIPO (recaudo +19,1%; pagos 94-96%; inversión ~90%; dependencia 71-78%; CXP ×3,5) | 20% | 7,20 | 1,44 |
| Avance del Plan de Desarrollo (autoinforme 40% al 50% del mandato; línea 2 con 0,4%; crisis humanitaria) | 20% | 5,80 | 1,16 |
| Transparencia SECOP (542 contratos publicados, pero 67% directa en 2024 y ESE sin publicar desde ago-2023) | 15% | 5,50 | 0,83 |
| Cumplimiento de ODS (IPM 0,530 el más alto entre PDET; agua 51,9%; energía rural 47,5%) | 10% | 4,50 | 0,45 |
| Percepción ciudadana (cacerolazos por luz, confinamientos; contrapeso: rendición de cuentas y recaudo predial 201%) | 10% | 4,50 | 0,45 |
| CALIFICACIÓN FINAL PONDERADA | 100% | 6,45 | RANGO: REGULAR — VIGILAR |
Figura 6. Radiografía de la gestión: las seis dimensiones de la calificación ponderada contra el umbral de «Bueno» (7,0). Fuente: elaboración propia.
El 6,45 tiene lectura técnica y lectura política. La técnica: la administración administra bien la maquinaria —presupuesto ejecutado, índice institucional sobresaliente, recaudo propio creciente— pero desperdicia la munición que más importa en un territorio PDET
corrupcionaldia.com · Santa Rosa del Sur: radiografía de la gestión Olaya
(regalías de la paz, inversión discrecional, energía propia) y deja que el contexto —guerra, Afinia, minería— decida por ella en los temas que la gente más siente. La política: con esta nota, el mandato de Olaya Santamaría queda en la franja amarilla, la de los alcaldes que no reproban pero tampoco aprueban, la de los que exigen vigilancia ciudadana permanente. No es la franja del escándalo mediático; es la más peligrosa de todas, porque combina la tranquilidad del promedio con la indolencia de lo pendiente. Y hay un detalle que ningún funcionario podrá tachar de invento de este portal: en los cinco problemas que la gente considera prioritarios, el promedio es 3,8 sobre 10. La institucionalidad del municipio es de 8,5; la vida de su gente, de 3,8. Esa brecha es el verdadero informe de gestión.
El prevaricato por omisión: cuando callar también cobra
La regla metodológica de esta casa es inequívoca: cuando la calificación final es igual o inferior a 6,9, corresponde desarrollar el análisis jurídico completo del delito de prevaricato por omisión, tipificado en el artículo 414 del Código Penal colombiano (Ley 599 de 2000, modificada por la Ley 890 de 2004), que sanciona al servidor público que «omita, retarde, rehúse o deniegue un acto propio de sus funciones» con prisión de 32 a 90 meses, multa de 13,33 a 75 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicos por el mismo término de la pena privativa de la libertad. Con 6,45 puntos, la gestión del alcalde Milton Alexis Olaya Santamaría entra de lleno en el territorio de esa pregunta jurídica. Lo que sigue es el análisis, con la seriedad que exige acusar y con las salvaguardas que impone la Constitución.
El tipo penal exige cuatro elementos. Primero, la calidad de servidor público —el alcalde es el máximo servidor de un municipio—. Segundo, la existencia de un deber funcional claro, expreso y exigible: no una aspiración moral, sino una obligación establecida en la ley. Tercero, la omisión: no hacer, retardar, rehuir o denegar el acto propio del cargo. Cuarto, el elemento subjetivo (dolo): la conciencia y voluntad de dejar de cumplir, que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha construido como la omisión dolosa de deberes funcionales, admitiendo incluso la modalidad de dolo eventual cuando el servidor, viendo el deber y el riesgo, sigue en la inercia porque prefiere no estorbarse. A esto se suma, en la doctrina del delito funcional, el perjuicio: no siempre patrimonial, pero sí verificable contra los bienes jurídicos que el deber protegía —en un municipio PDET, la vida digna de una población confinada es un bien jurídico de primer orden.
¿Dónde encajan los hechos documentados en esta investigación? Cinco hipótesis, cada una con su evidencia. Una: la Ley 2056 de 2020 obliga a ejecutar los recursos del Sistema General de Regalías dentro de las vigencias para las que fueron asignados, y el deber funcional de formular y ejecutar proyectos está en la Ley 152 de 1994, la Ley 2056 y el Decreto 1082 de 2015. Con un 31 por ciento de ejecución de $31.532 millones en 2025 —más de $21.724 millones detenidos—, mientras la Procuraduría certificaba 5.000 personas confinadas y la Asignación para la Paz tenía destino expreso en poblaciones víctimas, la omisión no es especulativa: es aritmética. Dos: el artículo 74 de la Ley 136 de 1994 y la jurisprudencia del Consejo de Estado establecen el deber del alcalde de garantizar la prestación efectiva de los servicios públicos mínimos; con 47,5 por ciento de cobertura eléctrica rural reconocida en su propio Plan de Desarrollo y dos años para negociar en firme con Afinia, la pregunta de si se «rehusó» un acto propio del cargo —un convenio, una denuncia sistemática, una acción contra la concesionaria— es legítima y merece respuesta de la justicia, no del comité de decanos. Tres: la pignoración del 130 por ciento de dos rentas para maquinaria, en un municipio con déficits críticos de agua y energía, obliga a preguntar si el acto respetó el deber de gestión prudente y de priorización de la inversión social; la Ley 358 de 1997 y los marcos de endeudamiento territorial marcan el estándar. Cuatro: la Ley 1712 de 2014 de transparencia convierte la publicidad activa en deber legal, no en cortesía; el silencio de la ESE hospitalaria en SECOP II desde agosto de 2023 es una infracción documentada que persistió durante todo el bienio evaluado. Cinco: la Asignación para la Paz tiene mandato expreso de atender a las víctimas del conflicto; mantenerla detenida en cuentas de ahorro mientras la Defensoría registraba cuatro desplazamientos masivos configura, en términos jurídicos, la hipótesis más seria de todas: la del deber claro, la omisión verificable y el perjuicio humanitario.
La nota es 6,45. La pregunta jurídica es sí o sí: si un alcalde recibe $28.043 millones destinados a la paz, sabe que su gente está confinada, tiene la plata en el banco y el proyecto en el escritorio, y el proyecto no se mueve — ¿omitir no es también gobernar? ¿Gobernar a favor del inmovilismo, que en tiempos de guerra cobra vidas?
Conviene dejar las cosas en su sitio, porque el rigor es la única armadura del periodismo: este análisis no afirma que exista condena, ni que una autoridad judicial la haya pedido, ni que exista proceso. No la hay, según lo público. Afirma, con cada cifra citada y verificable, que existen indicios serios y documentados de omisión dolosa de deberes funcionales que hacen necesario que la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General y la Contraloría General de la República examinen el bienio 2024-2025 con la lupa que este tipo pide. La presunción de inocencia es una conquista civilizatoria que este portal respeta en cada artículo; la exigibilidad del deber funcional es, exactamente, el mismo tipo de conquista. Cuando la primera y la segunda chocan con un municipio de institucionalidad 8,49 y bienestar ciudadano 3,8, corresponde a la justicia, no al boletín de prensa, resolver la tensión. Nosotros solo dejamos los números sobre la mesa —y los números no tienen partido, ni padrino, ni disculpas.
Metodología: cómo se hizo esta radiografía y cómo usted puede repetirla
Esta investigación es replicable, y ese es su mejor escudo. Las fuentes primarias son cinco e independientes entre sí. Fuente 1: los 16 formularios oficiales CUIPO/CHIP de las vigencias 2024 y 2025 (B_EJECUCION_DE_INGRESOS; D_EJECUCION_DE_GASTOS en sus secciones VIGENCIA ACTUAL, RESERVAS y CUENTAS POR PAGAR de administración central, Concejo y Personería; FUT_DEUDA_PUBLICA en CREDITOS, CREDITOS_POR_SECTOR y RENTA_PIGNORADA; FUT_VIGENCIAS_FUTURAS en AUTORIZACIONES; y SISTEMA GENERAL DE REGALIAS en EJECUCION_DE_INGRESOS y EJECUCION_DE_GASTOS), todos descargables en chip.gov.co eligiendo la entidad Santa Rosa del Sur. Fuente 2: la base pública de SECOP II (datos.gov.co, dataset jbjy-vk9h), filtrada por el NIT 8000490179. Fuente 3: el FURAG 2025 del Departamento Administrativo de la Función Pública (resultados de Desempeño Institucional, 1.102 alcaldías). Fuente 4: el Plan de Desarrollo Municipal Santa Rosa Somos Todos, Acuerdo 010 del 24 de mayo de 2024, y los autoinformes de rendición de cuentas de diciembre de 2024 y 2025. Fuente 5: la prensa nacional y regional (Procuraduría, Defensoría del Pueblo, RCN, Caracol, El Tiempo, medios regionales del Magdalena Medio) y los registros del OCAD Paz.
El procedimiento fue el siguiente: consolidación de los 16 archivos en tablas maestras por vigencia; verificación de la suma de las tres secciones de gastos contra el total municipal (administración central más Concejo más Personería, con sus cuentas por pagar y reservas); cálculo de indicadores de dependencia (transferencias/ingresos), esfuerzo fiscal (ingresos propios/ingresos totales), composición del gasto (inversión, funcionamiento, deuda), ejecución de regalías (obligaciones/ingresos) y servicio de deuda (obligaciones/ingresos); cruce de cada proyecto financiado con su registro SECOP y su BPIN; calificación ponderada con la escala de seis componentes descrita; y revisión jurídica del artículo 414 del Código Penal. Todas las gráficas de este artículo se generaron directamente de las tablas consolidadas y su código es reproducible. Si algún funcionario considera que una cifra está mal tomada, tiene en chip.gov.co y en SECOP el mismo documento que nosotros: que abra el archivo en público y lo corrija frente a todos. Ese es exactamente el debate que esta casa quiere provocar.
Cierre: la pregunta que queda
Al final del ausculto queda un retrato que ningún boletín oficial va a imprimir: un municipio que funciona en los papeles —IDI 84,91, recaudo predial al 201 por ciento, 542 contratos publicados— y que no termina de funcionar en la vida de su gente —el 48 por ciento del campo sin luz, la mitad de las casas sin agua confiable, 5.000 vecinos confinados, $21.724 millones de regalías de la paz quietos en 2025 y una línea económica de desarrollo con el 0,4 por ciento del presupuesto—. Un alcalde competente en la maquinaria, ausente en la batalla por lo que la gente considera esencial. Dos años que no son un desastre, que son algo más sutil y más peligroso: la administración perfecta del casi.
Porque eso es el 6,45, lector: el casi. Casi ejecutar las regalías. Casi resolver la luz. Casi activar la economía. Casi. Y el casi, en los territorios donde la guerra sigue cobrando la cuenta de la luz y del agua, no es una categoría neutral: es la manera más elegante de heredar el problema al próximo alcalde, con las vigencias futuras ya hipotecadas y la gasolina pignorada al 130 por ciento. La pregunta final no es si este alcalde fue corrupto —la evidencia pública dice que no hubo condena, ni proceso, ni sentencia—. La pregunta es si un gobierno que recibe cada peso de la Nación, cada peso de las regalías de la paz y cada voto de un pueblo confinado tiene el deber de moverse con la urgencia de la gente que no tiene luz ni agua. Si su respuesta es sí, entonces sabe exactamente qué preguntarle al doctor Olaya Santamaría en la próxima audiencia pública. Y si su respuesta es no, pregúntese quién le va a llevar la luz a la casa que usted no ilumina. La corrupción no siempre roba: a veces solo espera, con el sueldo puntual y el expediente en regla, a que el pueblo se canse de pedir. En Santa Rosa del Sur, la cuenta está abierta. Exijamos que alguien la pague.
