Licitación camión escalera Bomberos de Montería: ¿pliego sastre?

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Montería licita un camión escalera de 24 metros con un anexo técnico escrito en clave alemana, siete días hábiles para ofertar y un presupuesto igual a todo lo que la entidad gasta en un año. Corrupción al Día leyó las nueve páginas que nadie más leyó.

La necesidad existe y nadie serio la discute. Montería tiene edificios de 20 y 25 pisos, una red de hidrantes que el propio comandante calificó de insuficiente en marzo de 2025 y una planta de 25 bomberos para una ciudad que, según sus mismas cuentas, necesita 57. La Ley 1575 de 2012, la ley general de bomberos, obliga a los municipios a garantizar la gestión integral del riesgo contra incendio, y una ciudad que se levanta en vertical sin una escalera mecánica es una ciudad que confía en la suerte. Hasta ahí, el comandante tiene razón y la tiene desde hace años. El problema no es que compren una escalera. El problema es cómo la están comprando.

El anexo técnico describe, con la minuciosidad de un catálogo, el vehículo que quieren. Chasis 4×2, cabina simple, modelo 2026, 18 toneladas de peso bruto, motor de 320 caballos con emisiones Euro VI. Escalera de 24 metros de altura de operación a 75 grados, base de la cesta a 22 metros del suelo, alcance horizontal de 18 metros, rotación continua de 360 grados. Cesta plegable de aluminio para dos operadores con 200 kilos de carga, monitor en la canasta de 1.200 litros por minuto, tanque de agua de hasta 1.500 litros y de espuma de hasta 150. Bomba centrífuga de 3.000 litros por minuto a 145 psi, cuatro estabilizadores hidráulicos tipo araña, sistema hidráulico secundario con motor independiente. Todo eso cabe en una máquina razonable para una ciudad intermedia. Lo que no cabe en una licitación pública son las páginas siguientes.

Porque el anexo no se limita a decir qué debe hacer la máquina. Dice de qué material, bajo qué norma y con qué designación industrial debe estar hecha cada pieza. El marco auxiliar se fabricará en acero ST 52 de 8 milímetros. Los perfiles porta escalera, en acero ST-52. Las válvulas de globo cumplirán la norma DIN. La pintura será rojo bombero RAL 3020. Las certificaciones de calidad se otorgarán únicamente por laboratorio de primer nivel internacional para certificar las normas EN o DIN del vehículo, y el documento remata con una frase en mayúsculas sostenidas: no se aceptarán autocertificaciones de fábrica para validar cumplimiento de estándares EN y DIN. Quien no haya pasado por una fábrica de camiones de bomberos necesita una traducción. ST 52 es la vieja designación alemana del acero estructural que hoy se llama S355 en la norma europea. DIN es el instituto alemán de normalización. RAL es el catálogo de colores creado en Alemania en 1927. EN son las normas europeas armonizadas. Ninguna de esas cuatro palabras existe en el vocabulario técnico con que se fabrica un camión de bomberos en Estados Unidos, donde la norma es la NFPA 1901, ni en el de China, Japón o Corea, donde rigen normas nacionales propias o adaptaciones de la europea. El anexo no prohíbe participar a un fabricante americano o asiático. Solo le exige que su acero se llame como se llama en Alemania.

Y para que no quede duda, la página nueve, la última, contiene la cláusula que convierte una preferencia en un candado. Bajo el título de origen de fábrica, el anexo exige que tanto el vehículo como la bomba de presión sean elaborados por el mismo fabricante. En el mundo real de los camiones de bomberos, esa frase excluye a casi todo el planeta. Los fabricantes estadounidenses montan bombas Hale o Waterous sobre carrocerías Pierce, E-One, KME o Sutphen. Los integradores asiáticos compran bombas a especialistas. Los europeos mismos, en su mayoría, ensamblan escalera, bomba y chasis de tres proveedores distintos. Los fabricantes que diseñan y producen su propia bomba y su propia escalera aérea se cuentan con los dedos de una mano y viven, casi todos, en Alemania y Austria. Uno de ellos es Magirus, la marca de Ulm que perteneció a Iveco hasta enero de 2025, cuando pasó a manos del fondo de inversión Mutares, y cuyos vehículos escalera M27L, M32L y M34L exhibe en Colombia la empresa bogotana Incoldext S.A.S. en su catálogo en línea. Qué casualidad que el candado de la página nueve tenga exactamente la forma de esa llave.

La denuncia que recibió este portal, firmada por personas que se presentan como expertos del sector bomberil, sostiene que el pliego direcciona la compra hacia dos fabricantes europeos: Bronto Skylift, representado según ellos por Alpercor, y Magirus, representado por Incoldext. Corrupción al Día confirmó la relación comercial entre Incoldext y Magirus en la página web del distribuidor. No pudo confirmar la representación de Bronto por Alpercor. Y encontró, además, un detalle que los denunciantes pasaron por alto y que fortalece su tesis en lugar de debilitarla: el anexo excluye a Bronto. La marca finlandesa fabrica plataformas de brazo articulado y telescópico, y el documento del comandante Arbeláez advierte, también en mayúsculas y subrayado, que no se aceptan vehículos con brazo de elevación. Es decir que la especificación no favorece a dos europeos. Favorece a uno, o a lo sumo a un par de fabricantes del mismo corredor industrial entre Ulm y Leonding. La pluralidad de oferentes, ese principio que la Ley 80 de 1993 pone en el centro de toda contratación estatal, quedó reducida a un club con muy pocos socios.

Lo que exige el anexo técnico y a quién deja por fuera

Hay una segunda lectura del anexo que dice tanto como la primera. El documento no menciona la norma EN 14043, que es precisamente la norma europea para escaleras giratorias de bomberos, la que cualquier ingeniero del sector citaría primero si estuviera redactando desde cero una especificación de escalera aérea. En cambio cita ISO 45001:2024, una norma de gestión de seguridad y salud en el trabajo que nada tiene que ver con bombas centrífugas y cuya única versión vigente es la de 2018. La edición 2024 no existe. Ese tipo de error no lo comete quien estudia la norma; lo comete quien copia una lista de un documento ajeno. Las descripciones de las cuerdas de la escalera de 6 milímetros, las dos unidades de cuerdas de apertura y las dos de rebobinado, el canal telescópico para el agua del monitor y el monitor de cestas leen como una ficha de producto traducida con prisa, con el artículo y el género de otro idioma pegados a las palabras. Un estudio previo serio describe funciones y desempeño, y deja que los fabricantes propongan cómo cumplirlos. Este anexo describe una máquina que alguien ya tenía en la mano.

Los denunciantes hacen preguntas concretas al comandante y este portal las repite con los datos en la mano. La primera es de plata. La denuncia habla de un presupuesto de 3.000 millones que no alcanzaría porque, dicen, una máquina así cuesta unos 4.000 millones en el mercado mundial. El Secop dice otra cosa: el presupuesto oficial es de 3.836.666.667 pesos. A la tasa de cambio del 4 de septiembre de 2026, con el dólar en 3.141 pesos y el euro en 3.644, eso son cerca de 1,22 millones de dólares o 1,05 millones de euros. En agosto de 2026 la Diputación de Málaga, en España, salió a licitar una autoescala compacta de 32 metros por 900.000 euros. Cali contrató en 2025 una escalera de 37 metros sobre chasis Scania, con superestructura italiana, por 6.789 millones de pesos. Bucaramanga recibió en 2018 una Rosenbauer de más de 30 metros que costó unos 4.500 millones de la época. Con esos referentes, el presupuesto de Montería no es escaso para una escalera de 24 metros de fabricante europeo. Es exacto. Y ese ajuste tan preciso entre el presupuesto y el precio de una marca específica es, en contratación pública, una señal tan reveladora como la ficha técnica.

La segunda pregunta es tributaria y es la más incómoda. El artículo 32 de la Ley 1575 de 2012 dispone, sin ambigüedad, que los equipos y vehículos especializados destinados a la gestión integral del riesgo contra incendio están exentos del pago de IVA, tasas, contribuciones, aranceles y nacionalización cuando el destinatario final sea un cuerpo de bomberos de Colombia. La DIAN lo ratificó en el oficio 901400 de 2020. Un camión escalera importado por el Cuerpo Oficial de Bomberos de Montería entra al país sin pagar el 19 por ciento de IVA ni arancel. Si el presupuesto de 3.836 millones se calculó con IVA incluido, como se calcula la inmensa mayoría de los presupuestos oficiales en Colombia, hay unos 612 millones de pesos de impuesto fantasma dentro de esa cifra, un colchón que no va al Estado porque el Estado renunció a cobrarlo, y que termina en el margen de quien resulte adjudicatario. Si se calculó sin IVA, el estudio de mercado debe decirlo con nombres y cotizaciones. Este portal revisó los documentos disponibles en el Secop y no encontró la respuesta. El comandante la tiene.

La tercera pregunta es de calle. Montería creció sobre una cuadrícula colonial de vías angostas en el centro histórico, y una escalera de 24 metros sobre un chasis de 18 toneladas necesita ángulo de giro, distancia entre ejes corta y espacio para desplegar cuatro estabilizadores tipo araña. La denuncia pregunta si alguien hizo ese cálculo, no sea que el municipio termine con un elefante rojo que solo pueda estacionar en la avenida Circunvalar. El anexo pide cabina simple y no dice una palabra sobre radio de giro, longitud total ni ancho con estabilizadores desplegados. En cualquier licitación europea de este tipo de vehículo, esos tres datos son los primeros del pliego, porque son los que deciden si la máquina sirve o estorba. En Montería no aparecen. Hay que decirlo con justicia: la petición de los denunciantes de una cabina doble no es un estándar del sector, porque las escaleras aéreas se construyen casi siempre con cabina sencilla para acortar la distancia entre ejes. En eso el anexo acierta. Pero acierta a ciegas, sin el cálculo que lo demuestre.

Y la cuarta es de aritmética elemental. Un piso de edificio residencial mide entre 2,8 y 3,2 metros. Una escalera de 24 metros con la base de la cesta a 22 metros alcanza el séptimo u octavo piso. Los edificios de 20 y 25 pisos que el comandante mencionó en 2025 como la razón de la compra seguirán exactamente igual de inalcanzables el día en que la máquina llegue a Montería. En marzo de 2025 el comandante hablaba de una escalera para llegar hasta el piso 16. En agosto de 2026 licita una que llega hasta el octavo. La ciudad va a pagar todo su presupuesto anual de bomberos por un vehículo que, para los edificios que motivaron la compra, sirve como sirve una escalera de tijera para pintar una catedral. Eso no lo dice la denuncia. Lo dice la cinta métrica.

Referentes de precio para escaleras aéreas de bomberos

El nombre que firma el anexo es el de Jorge Eliécer Arbeláez Morales, director y comandante del Cuerpo Oficial de Bomberos de Montería desde hace cerca de cuatro décadas, según las cuentas que la prensa local le atribuye. En abril de 2024 la Personería de Montería le formuló pliego de cargos por ordenar, presuntamente, que una máquina de bomberos llenara la piscina de una finca privada en el corregimiento de Leticia, una falta calificada provisionalmente como grave que pasó luego a la Procuraduría Provincial de Juzgamiento. El comandante conserva su presunción de inocencia y la conserva también en este proceso de licitación, donde nadie ha probado un delito. Lo que sí está probado, porque está escrito y firmado, es que la máxima autoridad técnica de la entidad avaló un documento que cita una norma inexistente, omite la norma europea que regula el objeto que compra, describe materiales con nomenclatura de un solo país y cierra la puerta a los proveedores de tres continentes en la última página.

El sistema que permite esto no es monteriano; es colombiano. La Ley 1150 de 2007, en su artículo 5, ordena que la selección sea objetiva y que los factores de escogencia sean técnicos y económicos, nunca subjetivos. El Decreto 1082 de 2015 obliga a toda entidad a hacer un análisis del sector antes de contratar, es decir, a estudiar quién vende, a qué precio, con qué normas y en qué condiciones, y prohíbe que los pliegos establezcan marcas o características que solo un proveedor cumpla sin justificación técnica escrita. Colombia Compra Eficiente publica guías que repiten lo mismo con menos elegancia: la especificación técnica describe la necesidad, no el producto. Todo eso está en las normas. Y en municipios de todo el país, la práctica es la inversa: un proveedor llega con su ficha, la entidad la traduce a papel oficial, se calcula el presupuesto sobre esa cotización y se abre una licitación pública en la que compiten un oferente y su sombra. El resultado tiene apariencia de concurso y sustancia de compra directa. En la jerga del sector se llama pliego sastre. En el Código Penal, cuando se prueba el interés de un funcionario en favorecer a alguien, se llama interés indebido en la celebración de contratos, artículo 409, o contrato sin cumplimiento de requisitos legales, artículo 410. La distancia entre el pliego sastre y el tipo penal la recorren los órganos de control cuando quieren. Casi nunca quieren.

Bogotá enseñó hace poco lo que cuesta comprar máquinas de bomberos a ciegas. En 2022 el Cuerpo Oficial de la capital adjudicó 13.557 millones de pesos a una unión temporal para siete máquinas extintoras de chasis Navistar, pagó 6.643 millones de anticipo, vio a uno de los socios caer en inhabilidad sobreviniente y esperó tres años y cinco suspensiones para que los chasis salieran del puerto de Miami. La Contraloría de Bogotá habló de riesgo fiscal latente. La ciudad más rica del país, con la entidad bomberil mejor financiada, no pudo blindar una compra de camiones. Montería, con 25 bomberos y un presupuesto anual del tamaño de la máquina que quiere comprar, abre su proceso con siete días hábiles de plazo y un anexo copiado. La probabilidad de que salga bien no es una cuestión de fe; es una cuestión de diseño.

Conviene también mirar con lupa a quienes denuncian, porque en este mercado nadie es un espectador neutral. Las personas que escribieron a este portal enumeran marcas de chasis americanas, europeas y asiáticas, mencionan precios directos de fábrica y adjuntan la fotografía de un camión escalera de un fabricante chino con la palabra Bomberos rotulada en la puerta. Es probable que representen intereses comerciales que perdieron la oportunidad de vender. Eso no invalida ninguna de sus preguntas. Al contrario: en contratación pública, el competidor excluido es el mejor auditor que existe, porque conoce el producto, conoce el precio y sabe leer un anexo técnico entre líneas. La función de este portal no es tomar partido por una marca. Es exigir que la ciudad compre con todas las marcas sobre la mesa y que la decisión quede documentada en un estudio que cualquier ciudadano pueda leer. Hoy ese estudio no aparece.

Corrupción al Día aplicó a este proceso su semáforo de contratación, con cinco indicadores calificados de 0 a 10 a partir de los documentos disponibles en el Secop II y del anexo técnico firmado por el comandante. El resultado promedio es de 2,8 sobre 10. Por debajo de 4, en la metodología de este portal, el caso pasa de la crítica administrativa a la pregunta jurídica.

Semáforo Corrupción al Día: licitación CBOM-LP-02-2026

Las preguntas que la denuncia le hace al comandante Arbeláez son legítimas y este portal las suscribe con adiciones. Puede ampliar el plazo de cierre, como lo autoriza el Decreto 1082 mediante adenda, para que fabricantes de Estados Unidos, Japón, Corea y China presenten ofertas directas de fábrica. Puede reemplazar la exigencia de normas EN o DIN por la fórmula que usa cualquier licitación internacional seria: EN 14043, NFPA 1901 o norma nacional equivalente, certificada por tercero. Puede eliminar la cláusula de fabricante único y sustituirla por lo que de verdad protege a la ciudad, que es una garantía integral del integrador sobre chasis, bomba y escalera, con repuestos y servicio técnico en Colombia. Puede publicar el estudio de mercado con las cotizaciones que sustentan los 3.836 millones y aclarar si esa cifra incluye o no un IVA que no va a pagar. Y puede explicar por qué una escalera de 24 metros resuelve el problema de una ciudad con edificios de 25 pisos, o admitir que no lo resuelve y que la compra es un primer paso que debió llamarse por su nombre.

Lo que está en juego no es una marca alemana contra una china. Es el principio de que la plata pública se gasta con todas las opciones a la vista. Cada peso que sobra en un pliego sastre es un peso que faltará en las 32 plazas de bombero que Montería no ha llenado, en los hidrantes que no existen y en el segundo vehículo que la ciudad va a necesitar el día en que el primero esté ocupado. Con 612 millones de IVA fantasma se pagan varios años de salario de los bomberos que faltan. Con la diferencia entre una oferta única y una competencia real se compran las mangueras, los trajes y el aire comprimido que hoy se licitan por aparte. La ciudad no está eligiendo entre una escalera buena y una mala. Está eligiendo entre saber cuánto cuesta y pagar lo que le digan.

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Montería existe para subir a donde nadie más puede subir. Ese es su oficio y su honor, y ningún cuestionamiento a un pliego le quita a los 25 hombres y mujeres que responden a las alarmas el mérito de hacerlo con lo poco que tienen. Por eso mismo el dinero que se destina a ellos merece el escrutinio más severo, no el más indulgente. La Personería, la Contraloría de Montería y la Procuraduría Provincial tienen ante sí un documento de nueve páginas, una fecha de cierre y un presupuesto. Tienen también el artículo 32 de la Ley 1575, el artículo 5 de la Ley 1150 y el Decreto 1082. Lo único que no tienen es excusa.