Análisis forense de la gestión municipal 2024-2025
Por Hipólito Palencia, corrupcionaldia.com
«La corrupción no solo se denuncia, se disecciona.»
Apertura
Nos encontramos en el municipio de Cáceres, en el Bajo Cauca antioqueño, sobre la Troncal de Occidente que une a Medellín con la Costa Caribe, a orillas de un río Cauca que da oro, da peces con mercurio y, cuando crece, se lleva puentes y casas. Vamos a auscultar la gestión municipal de Cáceres, donde analizaremos exhaustivamente, a nivel forense, la gestión de la alcaldesa Damiana María Monterrosa Pérez (coalición «Por la Gente», con avales del Partido Conservador, la ASI y el Partido Verde), posesionada el 1 de enero de 2024 tras imponerse con 6.987 votos (59,94 %) sobre Juan Alejandro Mira Ortega (4.573 votos, 39,23 %) en las elecciones territoriales del 29 de octubre de 2023, con una participación del 59,84 % de los 20.306 habilitados. Haremos un estudio de la administración realizada por esta alcaldesa en sus dos primeros años de gobierno, con la ayuda de las herramientas que toda alcaldía municipal tiene para demostrar sus actividades y el desarrollo de su gestión con transparencia y obediencia a la Ley de publicidad y participación ciudadana: el CHIP de la Contaduría General de la Nación, el SECOP de Colombia Compra Eficiente, el FURAG de la Función Pública, el Plan de Desarrollo aprobado por el Concejo y la prensa que registra lo que la administración calla.
Este no es un balance complaciente. Tampoco es un libelo. Es una autopsia de cifras oficiales: los números, esos testigos mudos que nunca mienten, hablarán aquí de $ 143.635 millones que entraron a las arcas municipales en dos años, de un puente artesanal que colapsó en octubre de 2025 mientras la alcaldía «tocaba puertas», de un programa de alimentación escolar que arrancó después de las clases y terminó en un hallazgo de la Contraloría General, de una mina ilegal que la Agencia Nacional de Minería pidió amparar administrativamente sin respuesta conocida y de un reporte de regalías 2025 enviado al Estado que es una copia exacta, peso por peso, del de 2024.
¿Gobernar es solo no robar, o es también cumplir? Damiana Monterrosa perdió la alcaldía en 2019 por tres votos y la ganó en 2023 por 2.414. Llegó al poder con la promesa de «recuperar la confianza en la administración municipal» en un pueblo que vio a un exalcalde capturado por concierto para delinquir con el Clan del Golfo y a otro condenado por abuso sexual desde la Secretaría de Educación. La confianza, como se verá, se recupera con obras y con reportes veraces, y en ambas cosas la administración tiene deudas. Adelantamos el veredicto: 5,47 sobre 10, Regular, 🟡 VIGILAR, con un componente de Plan de Desarrollo en 4,10 que raya en lo mediocre.
Todo lo que sigue es verificable. Cada cifra tiene un formulario, un dataset o una URL detrás, y el anexo final lista las fuentes y las limitaciones. Quien quiera replicar el ejercicio puede hacerlo con las mismas herramientas públicas.
El municipio y el plan «¡Del lado de la gente!»
Cáceres tiene 29.159 habitantes según la proyección DANE 2024 (el Plan de Desarrollo usa 31.160), el 75,9 % de ellos en zona rural repartida en cinco corregimientos (El Jardín-Tamaná, Guarumo, Manizales, Piamonte y Puerto Bélgica) y decenas de veredas a las que se llega por trocha o por río. Es municipio de sexta categoría según la Ley 617 de 2000, municipio PDET de la subregión Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño, y carga un Índice de Pobreza Multidimensional de 66,4, muy por encima del promedio PDET (45,3). El Índice de Incidencia del Conflicto Armado lo ubica en la categoría «muy alto». Según UNODC, en 2023 tenía 2.116 hectáreas de coca, la tercera cifra de Antioquia después de Valdivia y Tarazá. Aquí conviven el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias del Estado Mayor de los Bloques y Frentes.
La alcaldesa Monterrosa no había ocupado el cargo antes. Fue concejal de Cáceres, renunció a la curul y en 2019, avalada por el movimiento AICO, perdió la alcaldía por tres votos frente a Juan Carlos Rodríguez Blanco. El Colombiano la describió en la campaña de 2023 como «líder social y política con 20 años de experiencia». Su profesión y su hoja de vida detallada no aparecen en fuentes accesibles: el SIGEP existe pero no es legible y el portal municipal es una aplicación que devuelve páginas vacías.
El Plan de Desarrollo 2024-2027 se titula «¡Del lado de la gente!» y se organiza en cuatro líneas: Calidad de Vida (educación, salud, cultura, deporte, género, infancia), Desarrollo Sostenible (empleo, agro, minería, ambiente), Planificación Armónica y Vivible (vías, agua potable, saneamiento, vivienda) y Credibilidad Institucional (seguridad, convivencia, víctimas, gobierno). El documento declara como propósito «recuperar la confianza en la administración municipal a través de la participación de la comunidad» y anuncia «sanear las finanzas públicas» y combatir la corrupción. En siete mesas de participación, cerca de 670 personas señalaron lo que les duele: sedes educativas rurales en mal estado y sin transporte escolar, veredas sin promotores de salud, el centro de salud de El Tigre sin dotación, falta de espacios deportivos y culturales, mujeres rurales sin empleo, déficit de acueducto y alcantarillado rural, vías intransitables, violencia intrafamiliar, víctimas sin atención y cultivos ilícitos. El número y la fecha del Acuerdo del Concejo que adoptó el plan no fueron localizables en línea; el texto completo está en el repositorio CDIM de la ESAP.
Metodología: cómo calificamos la gestión municipal
La calificación final es un promedio ponderado de seis componentes, cada uno evaluado de 0 a 10. La escala es relativa al punto de partida del municipio y a sus recursos: un 7,0 en Cáceres no equivale a un 7,0 en Medellín. Los estándares mínimos de transparencia, eficiencia y respeto por la ley, en cambio, son igualmente exigibles en todas partes.
Tabla 1. Escala de calificación
| Rango | Calificación | Indicador | Interpretación |
|---|---|---|---|
| 0,0 a 2,9 | PÉSIMO | 🔴 CRÍTICO | Gestión deficiente; indicios de irregularidades graves; posible prevaricato por omisión |
| 3,0 a 4,9 | MEDIOCRE | 🟠 PREOCUPANTE | Gestión por debajo del estándar mínimo; señales de ineficiencia administrativa |
| 5,0 a 6,9 | Regular | 🟡 VIGILAR | Gestión aceptable pero con déficits relevantes; requiere seguimiento ciudadano |
| 7,0 a 8,4 | Bueno | 🟢 BIEN | Gestión que cumple el estándar; margen de mejora en componentes específicos |
| 8,5 a 10,0 | Excelente | 🟢 BIEN | Gestión sobresaliente; referente regional o nacional |
Tabla 2. Componentes y pesos
| Componente | Peso | Qué mide |
|---|---|---|
| FURAG (IDI) | 25 % | Índice de Desempeño Institucional de la Función Pública |
| Ejecución presupuestal CUIPO | 20 % | Ejecución de ingresos y gastos, deuda, vigencias futuras, calidad del reporte |
| Avance del Plan de Desarrollo | 20 % | Promedio de los cinco problemas comunitarios evaluados con evidencia |
| Transparencia SECOP | 15 % | Modalidades, adiciones, concentración, publicación |
| Cumplimiento ODS | 10 % | Seis ODS priorizados por contexto |
| Percepción ciudadana | 10 % | Prensa, protestas, participación |
Regla del prevaricato por omisión: si la calificación final es igual o inferior a 6,9 se desarrolla el análisis jurídico del artículo 414 del Código Penal. Si es igual o superior a 7,0, el análisis se omite por lógica metodológica.
Componente 1 (25 %): FURAG, un 59,72 que deja a Cáceres en el 23 % más bajo del país
El Índice de Desempeño Institucional de la vigencia 2025, publicado por la Función Pública el 17 de junio de 2026, le asigna a la Alcaldía de Cáceres 59,72 puntos sobre 100 en el grupo par «Alcaldía Grupo 5». El dato pide contexto y el contexto es duro: de 1.099 alcaldías con resultado, Cáceres ocupa el puesto 255 contadas de menor a mayor, es decir, el 76,9 % de las alcaldías del país lo supera. El promedio nacional es 70,19 y la mediana 71,27; 24 alcaldías superan los 95 puntos y las cinco mejores son Funza (98,90), Sabaneta (98,74), Bogotá (98,63), Fredonia (98,09) y La Gloria (97,85). Dentro de su grupo par, el promedio es 67,43 y Cáceres queda en el percentil 30.
En Antioquia, con 125 alcaldías medidas y promedio de 66,14, Cáceres es la número 88 de arriba hacia abajo. En el Bajo Cauca el cuadro es revelador: Zaragoza (85,36) y Caucasia (82,70) demuestran que la violencia y la pobreza no impiden una institucionalidad seria; Cáceres (59,72) va detrás de ellas, apenas por encima de El Bagre (56,07), Nechí (54,24) y Tarazá (35,43). Con casi 26 puntos de diferencia frente a Zaragoza, un municipio vecino con problemas idénticos, el argumento del «contexto adverso» pierde fuerza. El propio Hospital Isabel La Católica de Cáceres obtuvo 63,51, casi cuatro puntos por encima de la alcaldía que lo financia.
El IDI mide políticas de gestión y desempeño: planeación, talento humano, transparencia, servicio al ciudadano, control interno, gestión documental, gobierno digital. Un 59,72 significa que cuatro de cada diez cosas que una alcaldía debe hacer bien puertas adentro no se hacen o no se demuestran. El portal municipal vacío, la ausencia de informes de gestión publicados y el reporte de regalías copiado que documentamos más adelante son síntomas de esa misma enfermedad institucional.
Calificación componente 1 (FURAG): 5,97/10. Regular, en el tercio inferior del país.
Componente 2 (20 %): CUIPO, ejecución presupuestal línea por línea
Ingresos: $ 57.249 millones en 2024 y $ 86.386 millones en 2025
El formulario B_EJECUCION_DE_INGRESOS registra un recaudo total de $ 57.249,2 millones en 2024 y de $ 86.386,0 millones en 2025, un salto del 50,9 % explicado por transferencias extraordinarias y no por esfuerzo propio.
Tabla 3. Ingresos por fuente, vigencias 2024 y 2025 (millones de pesos)
| Fuente | 2024 | % | 2025 | % |
|---|---|---|---|---|
| Sistema General de Participaciones (SGP) | 26.885,5 | 47,0 | 32.012,1 | 37,1 |
| SGSSS y ADRES (régimen subsidiado en salud) | 15.611,8 | 27,3 | 17.226,3 | 19,9 |
| Otras transferencias corrientes (Gobernación y otras entidades) | 508,0 | 0,9 | 9.807,1 | 11,4 |
| Transferencias de capital condicionadas | 0,0 | 0,0 | 9.764,1 | 11,3 |
| Ingresos tributarios | 5.411,7 | 9,5 | 7.481,9 | 8,7 |
| Ingresos no tributarios propios (contribuciones, multas, monopolio, ventas) | 2.096,3 | 3,7 | 953,2 | 1,1 |
| Recursos del balance (superávit) | 1.509,2 | 2,6 | 4.446,7 | 5,1 |
| Otros recursos de capital (crédito, recuperación de cartera, rendimientos, FONPET, reintegros) | 5.226,8 | 9,1 | 4.694,6 | 5,4 |
| Total | 57.249,2 | 100 | 86.386,0 | 100 |
Fuente: CHIP, CUIPO B_EJECUCION_DE_INGRESOS, DIC A DIC 2024 y 2025.
Tres lecturas forenses. Primera: la dependencia de transferencias es del 75,1 % en 2024 y del 68,4 % en 2025 si se cuentan solo las transferencias corrientes; pero si se suman las transferencias de capital y los $ 3.663,7 millones registrados en 2025 como «recuperación de cartera de otras entidades de gobierno» (cifra idéntica, peso por peso, al convenio PAE 2025 de la Gobernación de Antioquia, contrato CO1.PCCNTR.7041006), la dependencia real de 2025 sube al 83,9 %. Registrar una transferencia del departamento para alimentación escolar como «recuperación de cartera» no es un detalle contable: distorsiona el indicador de autonomía fiscal del municipio. En 2024 la misma cuenta registra $ 3.495,4 millones con el mismo patrón.
Segunda: el esfuerzo propio es del 13,1 % en 2024 y del 9,8 % en 2025. Hay que reconocer, con la misma precisión con la que se critica, que los ingresos tributarios crecieron un 38,3 % (de $ 5.411,7 millones a $ 7.481,9 millones): los impuestos directos pasaron de $ 1.156,2 a $ 1.873,6 millones y los indirectos de $ 4.255,5 a $ 5.608,4 millones. Es el mejor dato financiero de la administración. La caída de los ingresos no tributarios propios, en cambio, se explica porque los derechos por explotación de juegos de suerte y azar pasaron de $ 1.659,8 millones a $ 388,0 millones, una contracción del 76,6 % que el municipio deberá explicar.
Tercera: los recursos del balance casi se triplicaron (de $ 1.509,2 a $ 4.446,7 millones), señal de que en 2024 quedó plata sin ejecutar que se incorporó en 2025. Sumado al superávit de 2025, que comentaremos en gastos, dibuja un municipio con más dinero del que logra convertir en obra.
Gastos: 84 % y 88,7 % en inversión, pero con una reserva de $ 9.910 millones al cierre de 2025
Tabla 4. Gastos por tipo, todas las secciones presupuestales de la vigencia actual (millones de pesos)
| Concepto | 2024 compromisos | % | 2025 compromisos | % | 2025 obligaciones | 2025 pagos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funcionamiento (alcaldía, Concejo, Personería, sección Salud) | 6.105,1 | 11,6 | 7.173,0 | 8,9 | 7.074,3 | 6.904,8 |
| Servicio de la deuda pública | 2.397,8 | 4,5 | 1.879,6 | 2,3 | 1.879,6 | 1.879,6 |
| Inversión | 44.203,1 | 83,9 | 71.223,2 | 88,7 | 61.412,2 | 60.549,2 |
| Total | 52.706,0 | 100 | 80.275,8 | 100 | 70.366,1 | 69.333,6 |
Fuente: CHIP, CUIPO D_EJECUCION_DE_GASTOS, secciones Administración Central, Concejo, Personería y Salud, DIC A DIC 2024 y 2025.
En 2024 la ejecución fue limpia: de $ 52.706,0 millones comprometidos se obligaron $ 52.316,5 millones (99,3 %) y se pagaron $ 52.027,6 millones (99,4 % de lo obligado). En 2025 la película cambia: se comprometieron $ 80.275,8 millones pero solo se obligaron $ 70.366,1 millones (87,7 %). La brecha, $ 9.909,7 millones, es la reserva presupuestal que pasa a 2026, y casi toda está en la Administración Central, donde la inversión comprometida ($ 38.196,1 millones) supera a la obligada ($ 28.728,3 millones) en $ 9.467,7 millones. Un solo contrato explica la mayor parte: la unidad deportiva del barrio Los Laureles, adjudicada el 11 de julio de 2025 por $ 9.241,3 millones con plazo de 167 días. Al cierre de la vigencia, el producto «Centros de recreación construidos» mostraba $ 9.760,9 millones comprometidos y $ 4.966,7 millones obligados. La mitad de la obra más grande del cuatrienio quedó en el papel al terminar 2025.
Los pagos sobre obligaciones se mantuvieron altos en ambos años (99,4 % y 98,5 %): lo que se recibe se paga. El problema de 2025 no es de tesorería, es de planeación y de contratación tardía.
Dónde se invirtió: $ 37 millones en vías en 2024
La clasificación de la inversión por producto MGA, que el propio municipio diligencia en CUIPO, es la radiografía más elocuente de las prioridades reales.
Tabla 5. Inversión comprometida por sector funcional (millones de pesos)
| Sector | 2024 | % | 2025 | % |
|---|---|---|---|---|
| Salud (régimen subsidiado, salud pública, PIC) | 30.878,6 | 69,9 | 32.617,4 | 45,8 |
| Educación (PAE, transporte escolar, calidad, infraestructura) | 8.205,6 | 18,6 | 11.975,6 | 16,8 |
| Deporte y recreación | 541,4 | 1,2 | 10.306,3 | 14,5 |
| Agua potable, saneamiento y recurso hídrico | 729,1 | 1,6 | 6.594,4 | 9,3 |
| Vías y transporte | 37,0 | 0,1 | 2.999,3 | 4,2 |
| Inclusión social, víctimas, infancia y adulto mayor | 829,3 | 1,9 | 2.373,1 | 3,3 |
| Gobierno, planeación, convivencia y otros | 1.518,4 | 3,4 | 2.220,1 | 3,1 |
| Cultura | 931,5 | 2,1 | 1.056,8 | 1,5 |
| Alumbrado público | 342,8 | 0,8 | 663,3 | 0,9 |
| Agro, ambiente y empleo | 189,4 | 0,4 | 416,8 | 0,6 |
| Total inversión | 44.203,1 | 100 | 71.223,2 | 100 |
Fuente: CHIP, CUIPO D_EJECUCION_DE_GASTOS 2024 y 2025, agrupación por producto MGA y fuente de financiación. Elaboración corrupcionaldia.com.
La salud absorbe el 69,9 % de la inversión en 2024 y el 45,8 % en 2025, pero se trata casi por completo de dinero de paso: el régimen subsidiado que llega del SGP y de la ADRES y sale hacia las EPS. Descontado ese flujo automático, la inversión «de decisión» de la alcaldía fue de unos $ 13.300 millones en 2024. Y de esos, $ 37,0 millones fueron a vías, el 0,1 % de la inversión total, en un municipio donde el 75,9 % de la población vive en zona rural y donde el Plan de Desarrollo recogió el déficit vial como una de las quejas centrales de las mesas comunitarias. En 2025 el sector transporte sube a $ 2.999,3 millones comprometidos (vía terciaria mejorada, esencialmente el tramo El Jardín-Manizales cofinanciado por la ART), pero solo $ 1.135,4 millones llegaron a obligarse.
El agua potable tiene un patrón similar: $ 729,1 millones en 2024 (1,6 %) y $ 6.594,4 millones comprometidos en 2025 (9,3 %), de los cuales $ 4.802,1 millones se obligaron. En 2025 aparecen «acueductos optimizados» por $ 3.786,2 millones y «alcantarillados optimizados» por $ 949,6 millones. La reacción llegó en el segundo año; el primero se perdió.
Y el deporte: de $ 541,4 millones en 2024 a $ 10.306,3 millones en 2025 por la unidad deportiva de Los Laureles, en el casco urbano donde vive el 24,1 % de la población. Que un escenario deportivo sea la mayor inversión de decisión propia del cuatrienio, por encima de vías, agua y educación juntas en 2024, es una elección política que los cacereños de las veredas tienen derecho a discutir.
Una anomalía de codificación merece registro: en 2025 el municipio reportó $ 17.951,5 millones bajo el producto «Servicio de implementación de sistemas de gestión» (código 4599023, sector Gobierno Territorial), financiados con «otras transferencias corrientes con destinación específica». Por su fuente y su monto corresponden al régimen subsidiado de salud, no a sistemas de gestión. Es dinero de salud disfrazado de gobierno en la contabilidad oficial.
Calificación componente 2 (CUIPO): 6,50/10. Regular. Cálculo: base 5,0; inversión superior al 75 % del gasto (+1,5); pagos sobre obligaciones superiores al 95 % (+1,0); vigencias futuras 2025 con acto administrativo (+0,5); dependencia real de transferencias entre 75 % y 85 % (−0,5); ejecución en papel en 2025 con reserva de $ 9.910 millones (−1,0); esfuerzo tributario del 38,3 % (+0,5); ajuste editorial por calidad del reporte oficial: regalías 2025 copiadas y FUT de deuda incoherente (−0,5). Sin bonificación por deuda: el indicador de Ley 617 está en el 78,43 %, al borde del límite del 80 %.
Deuda pública, vigencias futuras y regalías: el reporte que se copió a sí mismo
Deuda: $ 8.709 millones al cierre de 2024 y un FUT 2025 que no cuadra
El formulario FUT_DEUDA_PUBLICA registra cinco créditos internos por un monto aprobado total de $ 10.082,2 millones, todos desembolsados, sin renta pignorada (el formulario RENTA_PIGNORADA está vacío en ambos años) y con garantía en SGP de propósito general y de agua potable:
Tabla 6. Créditos vigentes (millones de pesos)
| Registro Minhacienda | Objeto | Entidad | Firma | Monto | Saldo cierre 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 608506141 | Pavimento rígido en nueve tramos urbanos (La Magdalena, Moisés Gómez, Buenos Aires) | IDEA | 30-08-2021 | 863,8 | 503,5 |
| 611518727 | Segunda etapa del acueducto de Guarumo | Banco de Bogotá | 30-12-2022 | 4.000,0 | 3.696,5 |
| 611518838 | Segunda etapa del acueducto de Guarumo (empréstito complementario) | Banco de Bogotá | 01-12-2022 | 2.201,2 | 1.786,9 |
| 608506315 | Alcantarillado sanitario, primera etapa, Guarumo | IDEA | 09-12-2023 | 2.654,0 | 2.383,7 |
| 608506322 | Mejoramiento de la I.E. Gaspar de Rodas | IDEA | 28-06-2024 | 363,2 | 338,3 |
| Total | 10.082,2 | 8.708,9 |
Fuente: CHIP, FUT_DEUDA_PUBLICA, CREDITOS, ENE A DIC 2024.
Toda la deuda es heredada salvo el crédito de $ 363,2 millones para el colegio Gaspar de Rodas, único desembolso de 2024. El servicio de la deuda costó $ 2.397,8 millones en 2024 y $ 1.879,6 millones en 2025, más de lo que el municipio invirtió en vías, agua y agro juntos en 2024. Con tasas DTF más 6 a 8 puntos, los intereses acumulados reportados alcanzan $ 1.915,9 millones.
El problema está en el reporte de 2025. El FUT de deuda 2025 abre con un saldo de vigencia anterior de $ 9.249,1 millones cuando el propio municipio había cerrado 2024 en $ 8.708,9 millones, una diferencia de $ 540,2 millones que nadie explica. Tres de los cinco créditos repiten en 2025 exactamente el mismo saldo de cierre que en 2024 (por ejemplo, el alcantarillado de Guarumo: $ 2.383,7 millones en ambos años) pese a que en cada año se reportan amortizaciones. La cifra de intereses pagados es idéntica en los dos años: $ 1.915.915.131. Dos hipótesis, y ninguna favorece a la administración: o el municipio no está amortizando lo que dice amortizar, o está enviando al Ministerio de Hacienda y a la Contaduría un formulario copiado sin actualizar.
Vigencias futuras: cero en 2024, $ 2.111,7 millones en 2025
El formulario de autorizaciones de octubre a diciembre de 2024 está vacío. El de 2025 registra $ 2.111,7 millones autorizados por el Concejo mediante los Acuerdos 006, 007 y 008 del 6 de octubre de 2025, con cargo a 2026: $ 592,7 millones para salud pública, $ 512,5 millones para el PAE, $ 312,8 millones de calidad educativa por matrícula, $ 371,1 millones de propósito general libre inversión para educación y $ 322,6 millones para primera infancia y juventud. Son vigencias futuras ordinarias, de corto plazo, con acto administrativo y para servicios que deben arrancar el 1 de enero. Es la forma correcta de evitar que el PAE vuelva a empezar tarde. Lo anotamos como acierto, tardío pero acierto.
Regalías: el mismo formulario dos años seguidos
Las regalías no fluyen por CUIPO: el municipio las reporta en la categoría SISTEMA GENERAL DE REGALIAS del CHIP. El formulario de ingresos 2024 (envío 4553143, recibido el 15 de febrero de 2025) registra un recaudo de $ 4.641,9 millones: $ 1.045,6 millones de asignaciones directas y $ 3.592,3 millones de asignación para inversión local, todo como «disponibilidad inicial», es decir, saldos del bienio anterior. El de gastos 2024 registra compromisos por $ 8.564,1 millones y pagos por $ 7.771,0 millones en diez proyectos, entre ellos el alcantarillado de Guarumo (BPIN 2022051200001, $ 5.130,6 millones comprometidos), la vía urbana mejorada (BPIN 2023051200001, $ 928,7 millones), la restauración de ecosistemas ($ 1.059,5 millones), el PAE con regalías ($ 440,6 millones) y el fortalecimiento del talento humano en salud ($ 472,4 millones).
El formulario de 2025 (envío 4656897, recibido el 20 de febrero de 2026) es, línea por línea, el mismo documento: idéntico recaudo de $ 4.641.939.804, idénticos BPIN, idénticos compromisos de $ 8.564,1 millones, idénticos pagos de $ 7.771,0 millones. Solo cambian la fecha del período, el número de envío y la tilde de «asignación». El municipio le dijo al Estado que en 2025 ejecutó exactamente lo mismo, peso por peso, que en 2024.
La comparación con otras fuentes oficiales demuestra que eso no es cierto. El Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías del Ministerio de Hacienda registra para Cáceres, en el bienio 2025-2026, proyectos nuevos y ejecutados: el comedor escolar de la Institución Educativa de Piamonte (BPIN 2025051200001, $ 2.107,1 millones aprobados, $ 1.656,8 millones pagados), el pavimento rígido del barrio El Prado en El Jardín (BPIN 2025051200004, $ 1.826,5 millones, pagado en su totalidad), el pavimento del barrio Restrepo ($ 935,7 millones, pagado), la reparación de la placa polideportiva de Guarumo ($ 222,1 millones) y la contrapartida de la vía Jardín-Manizales ($ 134,7 millones). Nada de eso aparece en el CHIP. El reporte de regalías 2025 de Cáceres no describe la realidad de Cáceres.
El DNP registra además, en el histórico del municipio como ejecutor, 28 proyectos por $ 67.847 millones. El más grande, el alcantarillado sanitario de Guarumo por $ 15.632,7 millones, figura «terminado» con 100 % de avance físico y 88 % de avance financiero, con $ 439,0 millones aprobados en el bienio actual sin un solo peso pagado, y con el propio municipio como interventor de su propia obra. Un proyecto PAE de $ 2.814,6 millones (BPIN 2024051200002) fue desaprobado y reemplazado por otro de $ 1.827,7 millones.
Como municipio PDET, Cáceres tiene un asiento en el OCAD Paz. Allí aparece el proyecto BPIN 20251301010478, «Implementación de estrategias para mejorar la productividad de unidades agroindustriales de población víctima en El Bagre, Cáceres y Caucasia», por $ 72.083,2 millones en total, con una cuota para Cáceres de $ 17.770,8 millones y pagos acumulados que ya suman $ 15.642,7 millones (88 %). No encontramos en el SECOP del municipio ningún contrato asociado a ese BPIN ni por ese monto; la ejecución corre por otra entidad y los cacereños tienen derecho a saber cuál, con qué contratista y con qué beneficiarios. La única obra PDET entregada en el período es el mejoramiento de 545 metros de la vía El Jardín-Manizales, inaugurada por la ART el 4 de agosto de 2026 con $ 2.693,8 millones, de los cuales el municipio aportó $ 134,7 millones.
Componente 3 (20 %): el Plan de Desarrollo frente a los cinco problemas de la gente
Del cruce entre las mesas comunitarias del plan, la prensa de dos años y los formularios oficiales salen los cinco problemas que más pesan sobre los habitantes de Cáceres y que la alcaldesa se comprometió a atender.
Tabla 7. Los cinco problemas comunitarios: compromiso, avance y calificación
| Problema | Compromiso del plan | Evidencia 2024-2025 | Nota |
|---|---|---|---|
| 1. Seguridad y protección de la vida | Línea 4, Credibilidad Institucional: seguridad, convivencia, atención a víctimas | Homicidios de 15 en 2023 a 32 en 2024 (más del doble); masacre de tres personas el 15 de mayo de 2024; docente asesinado en Guarumo en marzo de 2024; toque de queda por el «plan pistola» en mayo de 2025; grupos armados cortan agua y luz (febrero de 2026); firma del pronunciamiento de alcaldes ante la Asamblea; consejos de seguridad. Inversión en convivencia y no repetición: $ 138,8 millones en 2025 | 3,0 |
| 2. Vías, puentes y conectividad rural | Línea 3: vías rurales y urbanas | $ 37,0 millones invertidos en vías en 2024; $ 2.999,3 millones comprometidos en 2025 con $ 1.135,4 millones obligados; puente artesanal colapsado el 25 de octubre de 2025 con 7.000 personas y 12 veredas incomunicadas; 545 metros de vía entregados por la ART en agosto de 2026; pavimentos urbanos con regalías en El Jardín | 4,0 |
| 3. Agua potable y saneamiento | Línea 3: cobertura de acueducto y alcantarillado rural | Alcantarillado de Guarumo (regalías, $ 15.632,7 millones) terminado al 88 % financiero; acueductos optimizados por $ 3.786,2 millones y sistemas sépticos por $ 1.284,2 millones en 2025; estudios del acueducto de Puerto Bélgica ($ 504,5 millones); el acueducto de la vereda La Peñitas lo construyó el CICR, no la alcaldía; inasistencia de la alcaldesa a la sesión de la Asamblea de Antioquia sobre agua potable (agosto de 2026) | 5,0 |
| 4. Educación: PAE, transporte e infraestructura | Línea 1: deserción de 5,68 % a 4,0 %, 4 aulas nuevas, 30 sedes dotadas, PAE para 6.139 niños, 630 cupos de transporte | PAE por $ 4.397,6 millones en 2024 y $ 7.890,5 millones en 2025; transporte escolar por $ 1.227,3 y $ 1.955,2 millones; infraestructura educativa mejorada de $ 1.008,1 millones en 2024 cae a $ 266,1 millones en 2025; hallazgo de la Contraloría General (julio de 2025) por inicio del PAE después del calendario escolar; adiciones del 49 % al 50 % en PAE y transporte; crédito de $ 363,2 millones para la I.E. Gaspar de Rodas | 5,0 |
| 5. Minería ilegal, empleo y ambiente | Línea 2: empleo, minería, ambiente, mujeres rurales | Mina ilegal La Mandinga (vereda Río Man) con 2.000 a 2.500 mineros bajo control del Clan del Golfo; la ANM pidió a la alcaldía el 10 de octubre de 2025 acciones de amparo administrativo sin respuesta pública; destrucción de 40 unidades mineras por el Ejército en mayo de 2026; paro minero de marzo de 2026 con bloqueos en Guarumo y Tamaná; restauración ecológica con regalías ($ 1.059,5 millones); asistencia técnica agropecuaria por $ 194,7 millones en 2025; entrega de 1.700 hectáreas de «Macaco» a campesinos por la ANT (abril de 2025) | 3,5 |
Promedio: (3,0 + 4,0 + 5,0 + 5,0 + 3,5) / 5 = 4,10.
Vale detenerse en dos historias. La del puente: el 25 de octubre de 2025 colapsó un puente comunitario de madera, el segundo que se lleva el río, y dejó sin salida a unas 7.000 personas de doce veredas y un corregimiento; se suspendió el transporte de alimentos y de pacientes y los docentes cancelaron clases. La alcaldesa declaró que llevaba «varios meses» tocando puertas. La pregunta que un lector cualquiera se hace es por qué, en un municipio que en 2024 dejó $ 1.509 millones sin ejecutar y en 2025 acumuló $ 9.910 millones de reserva, un puente de madera para 7.000 personas dependía de que alguien abriera una puerta en Medellín o en Bogotá.
Y la de La Mandinga: un predio de 2.000 hectáreas del exparamilitar «Macaco», entregado al Fondo de Reparación de Víctimas, explotado desde 2022 por más de dos mil mineros que pagan «impuesto» al Clan del Golfo, a un paso del Batallón Rifles. La Agencia Nacional de Minería afirma que el 10 de octubre de 2025 le pidió formalmente a la Alcaldía de Cáceres activar acciones de amparo administrativo, la herramienta que la Ley 685 de 2001 pone en manos del alcalde para suspender la ocupación ilegal de un área minera. No hay registro público de que la alcaldía haya respondido. El Ejército destruyó 40 unidades mineras en mayo de 2026, siete meses después. En ese lapso, según las cifras oficiales, la mina producía unos 34,5 kilos de oro al mes.
Calificación componente 3 (Plan de Desarrollo): 4,10/10. Mediocre, en el límite de lo regular.
Componente 4 (15 %): transparencia en la contratación pública (SECOP)
El municipio contrata bajo el NIT 890.981.567. Según el SECOP I, en 2024 registró 227 filas de contratación por unos $ 12.774 millones y en 2025, 375 filas por unos $ 35.064 millones. La contratación directa representa el 52 % del valor en 2024 y el 47 % en 2025, y entre el 66 % y el 73 % de los procesos. En 2024 solo tres procesos fueron licitación pública.
Tabla 8. Contratación por modalidad, SECOP I (millones de pesos)
| Modalidad | 2024 procesos | 2024 valor | 2025 procesos | 2025 valor |
|---|---|---|---|---|
| Contratación directa | 150 | 6.628,6 | 273 | 16.449,7 |
| Mínima cuantía | 71 | 2.220,4 | 90 | 2.864,8 |
| Subasta inversa | 2 | 2.102,4 | 1 | 159,5 |
| Licitación pública | 2 | 893,8 | 2 | 1.572,2 |
| Licitación de obra pública | 1 | 849,7 | 2 | 11.622,1 |
| Concurso de méritos | 1 | 79,0 | 7 | 2.395,6 |
| Total | 227 | 12.773,9 | 375 | 35.063,9 |
Fuente: datos.gov.co, dataset SECOP I (f789-7hwg), NIT 890981567, por año de firma. El dataset repite algunas filas por rubro; los conteos son aproximados por exceso.
Lo que dicen los contratos grandes. En 2024, el PAE se adjudicó por subasta inversa a la Fundación para la Innovación Social hacia el Desarrollo, de Lorica, por $ 1.998,0 millones y se adicionó en $ 986,9 millones (49,4 %); el transporte escolar se adjudicó a Cavitrans por $ 523,2 millones y se adicionó en $ 261,6 millones (50,0 %). En 2025, el PAE pasó a convenio con la Fundación Serviacción bajo el Decreto 092 de 2017: publicado con precio base de $ 4.777,7 millones, terminó en $ 7.141,9 millones, un 49,5 % más. Tres contratos esenciales, tres adiciones al filo del tope legal del 50 % que fija el artículo 40 de la Ley 80 de 1993. El patrón se llama «contratar bajo y adicionar al máximo», y erosiona la competencia que la licitación pretendía garantizar.
La Fundación Serviacción acumula ocho convenios entre 2024 y 2026 por cerca de $ 15.060 millones (PAE y centros de desarrollo infantil). En noviembre y diciembre de 2025 se firmaron con ella convenios PAE de 11 y 13 días, fraccionamiento que suele revelar legalización tardía de un servicio que ya se prestaba. La Contraloría General, en su auditoría de julio de 2025 a la educación en Antioquia, señaló a Cáceres por iniciar el PAE después de comenzado el calendario escolar, con presunta incidencia disciplinaria. Los niños esperaron el almuerzo; el contrato llegó después.
La contratación directa se usó también para lo que la Ley 1150 de 2007 reserva a procesos competitivos. FONDESER recibió en 2025 tres contratos directos por $ 2.023,6 millones: sistemas sépticos rurales ($ 1.284,2 millones), mantenimiento de vías terciarias ($ 398,0 millones) y atención a personas mayores ($ 341,4 millones). Obra pública por contratación directa, con una entidad sin ánimo de lucro, es una figura que la Procuraduría y la Contraloría han cuestionado en decenas de municipios.
Las Fiestas del Retorno y la Cultura Cacereña costaron $ 397,95 millones en 2024 y $ 526,0 millones en 2025, ambos por contratación directa con la Fundación Banproyect, de Bogotá, con plazos de siete y ocho días. En 2025 la fiesta valió más que el mantenimiento de todas las vías terciarias del municipio ($ 398,0 millones).
En el SECOP II figura un contrato con objeto «No definido» por $ 1.827,7 millones (CO1.PCCNTR.6763623), borrador duplicado del convenio PAE 2024-2 con Serviacción, que sigue publicado sin depurar. La unidad deportiva de Los Laureles, contrato más grande del cuatrienio ($ 9.241,3 millones, 26 % de toda la contratación de 2025), fue adjudicada por licitación al Consorcio Deportes Integrales Cáceres, con un NIT creado en 2025, y su estado en la plataforma seguía en «Convocado» meses después de la firma. En la mayoría de los contratos grandes de 2024 el campo BPIN y la fuente de recursos aparecen como «No definido». No hay multas ni sanciones registradas contra la alcaldía en el SECOP, y no encontramos investigaciones de la Procuraduría o de la Fiscalía contra la alcaldesa en el período.
La Gobernación de Antioquia aportó cerca de $ 7.190 millones al PAE de Cáceres entre 2024 y 2025 en tres convenios; no encontramos contratos departamentales de vías, acueducto u hospital con objeto específico en el municipio en esos dos años. El único corredor vial del Bajo Cauca en el plan de pavimentación de 537 kilómetros de la Gobernación es Cáceres-La Chillona, con obras desde febrero de 2026.
Calificación componente 4 (SECOP): 5,00/10. Regular. Cálculo: base 6,0; licitación en los contratos de obra mayores (+1,0); contrato de alto valor con objeto "No definido" publicado sin depurar (−1,0); patrón de adiciones al 49 % y 50 %, obra por contratación directa, fraccionamiento del PAE y hallazgo disciplinario de la Contraloría (−1,0); sin publicación proactiva de informes de gestión ni rendición de cuentas localizable (0).
Componente 5 (10 %): cumplimiento de los ODS
Tabla 9. Seis ODS priorizados para Cáceres
| ODS | Evidencia 2024-2025 | Nota |
|---|---|---|
| 1. Fin de la pobreza | IPM de 66,4; atención a adultos mayores en indigencia por convenio ($ 72,0 y $ 144,3 millones); programas Renta Joven y Jóvenes Pa’ Lante de otras entidades; la entrega de 1.700 hectáreas a 622 familias la hizo la ANT, no el municipio | 4,0 |
| 3. Salud y bienestar | Régimen subsidiado garantizado con recursos de paso; PIC contratado con el Hospital Isabel La Católica ($ 396,9 millones en 2024, $ 548,2 millones en 2025); un niño de dos años murió en noviembre de 2024 tras picadura de alacrán y un periplo por tres hospitales; centro de salud de El Tigre sin dotación según las mesas del plan; vigencia futura de $ 592,7 millones para salud pública 2026 | 6,0 |
| 4. Educación de calidad | PAE y transporte escolar financiados, pero PAE tardío con hallazgo de la Contraloría; infraestructura educativa cae de $ 1.008,1 a $ 266,1 millones; comedor escolar de Piamonte con regalías ($ 2.107,1 millones) | 5,0 |
| 6. Agua limpia y saneamiento | Alcantarillado de Guarumo al 88 % financiero; acueductos optimizados en 2025; acueducto veredal de La Peñitas construido por el CICR; mercurio en el Cauca sin medición municipal conocida | 5,0 |
| 11. Ciudades y comunidades sostenibles | Creciente del Cauca de mayo de 2025 con 445 familias afectadas y calamidad pública; puente colapsado; unidad deportiva urbana de $ 9.241,3 millones; pavimentos urbanos con regalías | 4,5 |
| 16. Paz, justicia e instituciones sólidas | Homicidios duplicados en 2024; IDI de 59,72; reporte de regalías copiado; amparo administrativo de La Mandinga sin respuesta; apoyo a la UBPD en la búsqueda de 156 cuerpos en el cementerio (2026) | 3,0 |
Promedio: (4,0 + 6,0 + 5,0 + 5,0 + 4,5 + 3,0) / 6 = 4,58, redondeado a 4,60.
Calificación componente 5 (ODS): 4,60/10. Mediocre.
Componente 6 (10 %): percepción ciudadana
No encontramos marchas ni plantones dirigidos contra la administración municipal en 2024 y 2025; el paro minero de marzo de 2026 y el bloqueo de la Troncal en Guarumo en mayo de 2026 iban contra el Gobierno Nacional y la Fuerza Pública, aunque la alcaldesa quedó en el medio. Sí hay titulares que golpean la credibilidad: los 7.000 incomunicados del puente, con la mandataria reconociendo meses de gestiones sin resultado; el «desplante» que Las2orillas atribuyó a cuatro alcaldes del Bajo Cauca, entre ellos la de Cáceres, por no asistir a la sesión descentralizada de la Asamblea de Antioquia sobre agua potable y seguridad en agosto de 2026; y la ausencia de una rendición de cuentas localizable en el portal municipal o en redes indexadas. A favor: la participación de unas 670 personas en las mesas del plan, la presencia de la alcaldesa en consejos de seguridad subregionales, la firma del pronunciamiento de los alcaldes antioqueños ante la Asamblea en noviembre de 2024 y la ausencia de escándalos personales o de investigaciones en su contra. No hallamos premios ni reconocimientos verificables.
Calificación componente 6 (percepción ciudadana): 6,50/10. Regular. Cálculo: base 7,0; titulares de crisis de conectividad y de inasistencia institucional (−1,0); participación ciudadana documentada (+0,5).
Radar integral: la calificación final ponderada
Tabla 10. Cálculo final desarrollado
| Componente | Nota | Peso | Producto |
|---|---|---|---|
| FURAG (IDI 59,72) | 5,97 | 0,25 | 1,4925 |
| Ejecución presupuestal CUIPO | 6,50 | 0,20 | 1,3000 |
| Avance del Plan de Desarrollo | 4,10 | 0,20 | 0,8200 |
| Transparencia SECOP | 5,00 | 0,15 | 0,7500 |
| Cumplimiento ODS | 4,60 | 0,10 | 0,4600 |
| Percepción ciudadana | 6,50 | 0,10 | 0,6500 |
| Calificación final | 1,00 | 5,4725 ≈ 5,47 |
Veredicto: 5,47/10. Regular. 🟡 VIGILAR. No aplicamos redondeo editorial: el número queda como sale de la suma. La gestión de Damiana Monterrosa en 2024 y 2025 no es un desfalco ni una catástrofe; es una administración que recibe mucho dinero, lo gasta con orden de tesorería, sube el recaudo tributario, y al mismo tiempo deja al primer año casi sin vías ni agua, contrata con adiciones al límite, llega tarde con el almuerzo de los niños, no responde a la autoridad minera sobre la mina más escandalosa de Antioquia y envía al Estado reportes de regalías y de deuda que no describen la realidad. Es Regular porque los aciertos existen y son medibles. Es 5,47 y no 6,5 porque los silencios también.
Análisis jurídico: el Prevaricato por Omisión (Art. 414 del Código Penal)
La calificación final, inferior a 6,9, activa por regla metodológica el examen del tipo penal. Este apartado no acusa: examina. No condena: indaga. Y lo dice desde el principio: la demostración del dolo excede lo que un ejercicio periodístico puede probar y corresponde a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación.
Tipificación. El artículo 414 de la Ley 599 de 2000 dispone: «El servidor público que omita, retarde, rehúse o deniegue un acto propio de sus funciones, incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a noventa (90) meses, multa de trece punto treinta y tres (13,33) a setenta y cinco (75) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por ochenta (80) meses» (texto vigente con los aumentos de la Ley 890 de 2004). La jurisprudencia de la Corte Suprema exige, para el prevaricato por omisión, que el acto omitido sea un deber funcional concreto, que la omisión sea consciente y que exista un daño o riesgo para la administración o para particulares.
Tabla 11. Elementos del tipo penal frente a la evidencia
| Elemento | Qué exige | Qué muestra la evidencia |
|---|---|---|
| Tipicidad | Omisión, retardo o denegación de un acto propio de las funciones del cargo | Hay actos funcionales concretos con indicios de omisión o retardo: respuesta al requerimiento de amparo administrativo de la ANM; contratación oportuna del PAE; reporte veraz y actualizado al CHIP; atención de la emergencia del puente |
| Antijuridicidad | Daño o riesgo para la administración o para particulares | Niños sin alimentación escolar al inicio de clases (hallazgo CGR); 7.000 personas incomunicadas; explotación minera ilegal con mercurio durante meses tras el requerimiento; información oficial distorsionada para el control fiscal |
| Culpabilidad | Dolo: conocimiento del deber y voluntad de no cumplirlo | Indicios de conocimiento (oficio de la ANM, declaraciones de la alcaldesa sobre «meses tocando puertas», firma de la alcaldesa como ordenadora del gasto en los convenios PAE); el dolo no está probado y solo una investigación formal puede establecerlo |
| Relación causal | Vínculo entre la omisión y el daño | Verificable en el PAE tardío y en el amparo minero; parcial en el puente (concurren causas naturales y competencias de otros niveles) |
Omisión documentada 1: el amparo administrativo de La Mandinga. El artículo 306 de la Ley 685 de 2001 ordena a los alcaldes, de oficio o a petición de parte, suspender la explotación minera sin título y decomisar minerales y equipos; el artículo 307 les impone impulsar el amparo administrativo. La Agencia Nacional de Minería sostiene que el 10 de octubre de 2025 pidió formalmente a la Alcaldía de Cáceres activar esas acciones sobre el título ODH-08201 y su área ocupada ilegalmente. No existe registro público de respuesta, de resolución de amparo ni de operativo municipal. Entre octubre de 2025 y mayo de 2026, cuando el Ejército intervino, la mina siguió produciendo. Es la omisión con el vínculo funcional más claro, y merece examen disciplinario y penal.
Omisión documentada 2: el PAE tardío. La Contraloría General de la República, en la auditoría a la educación en Antioquia divulgada el 30 de julio de 2025, señaló a Cáceres por iniciar la operación del PAE después del comienzo del calendario escolar, hallazgo con presunta incidencia disciplinaria. Los formularios del SECOP II lo confirman: convenio PAE 2025 firmado el 15 de enero de 2025 y luego adicionado un 49,5 %; convenios de 11 y 13 días firmados en noviembre y diciembre de 2025. La Ley 1176 de 2007 y la Resolución 335 de 2021 del Ministerio de Educación hacen del municipio el responsable de la operación oportuna del programa. Retardar un acto propio de la función en perjuicio de menores es la conducta que el artículo 414 describe. La corrección posterior (vigencia futura de $ 512,5 millones para el PAE 2026) atenúa, pero no borra, la omisión de 2025.
Omisión documentada 3: los reportes al CHIP. Las resoluciones de la Contaduría General de la Nación que crearon y regulan la categoría CUIPO imponen a la entidad territorial el deber de reportar información presupuestal veraz, completa y oportuna, y la Ley 2056 de 2020 obliga a reportar la ejecución de regalías al Sistema de Presupuesto y Giro. El formulario de regalías 2025 es una copia del de 2024 y el FUT de deuda 2025 contradice al de 2024 en $ 540,2 millones de saldo inicial. Reportar información que no corresponde a la realidad es, en el mejor de los casos, una omisión grave del deber de diligencia del representante legal y del secretario de Hacienda; en el peor, una conducta que la Contraloría debe calificar.
Omisión documentada 4: el puente y la conectividad rural. La Ley 1523 de 2012 hace del alcalde el responsable directo de la gestión del riesgo en su municipio, incluida la reducción del riesgo y el manejo de desastres. Un puente artesanal que ya había sido arrasado una vez, que servía a 7.000 personas y que la alcaldía sabía que estaba en riesgo desde «varios meses» antes, colapsó en octubre de 2025 mientras el municipio cerraba el año con $ 9.910 millones en reservas y había invertido $ 37 millones en vías en 2024. Aquí concurren causas naturales y competencias del departamento y la nación; la omisión, si la hay, es de priorización y de gestión del riesgo, y merece examen disciplinario antes que penal.
Abuso de autoridad y favorecimiento ilícito. No encontramos evidencia de favorecimiento ilícito ni de abuso de autoridad. Sí encontramos patrones que exigen explicación: la concentración de cerca de $ 15.060 millones en una sola fundación para PAE y CDI, tres contratos directos por $ 2.023,6 millones con otra fundación para obras y servicios, y $ 924 millones en dos fiestas contratadas directamente con una fundación bogotana. Los patrones no son delitos; son preguntas. Corresponde a los organismos de control convertirlas en respuestas.
Conclusión del examen jurídico. Este análisis no afirma que la alcaldesa Damiana María Monterrosa Pérez haya cometido el delito de prevaricato por omisión. Afirma que existen cuatro omisiones documentadas, con fecha, fuente y norma, que configuran indicios suficientes para que la Procuraduría Regional de Antioquia abra indagación disciplinaria y para que la Fiscalía evalúe, con las pruebas que solo ella puede recaudar, si en el caso de La Mandinga y del PAE hubo retardo consciente de un acto propio de la función. La vigilancia ciudadana termina donde empieza la prueba judicial; hasta allí llegamos.
Lo que hizo bien / Lo que falta
Lo que hizo bien. Subió el recaudo tributario un 38,3 % en un municipio donde nadie quiere pagar impuestos. Mantuvo pagos sobre obligaciones por encima del 98 % en ambos años y no contrató deuda nueva salvo $ 363,2 millones para un colegio. Reaccionó en 2025 con $ 6.594,4 millones para agua y saneamiento y $ 2.999,3 millones para vías, y con vigencias futuras que deberían evitar otro PAE tardío. Mantuvo el gasto de funcionamiento en el 8,9 % del total en 2025. No tiene escándalos personales ni investigaciones conocidas. Firmó con la ART la única obra PDET del período y apoyó a la Unidad de Búsqueda en el cementerio.
Lo que falta. Explicar por qué en 2024 las vías recibieron $ 37 millones y el agua $ 729 millones. Terminar la unidad deportiva y decir con qué recursos, porque la mitad quedó en reserva. Corregir y volver a enviar el reporte de regalías 2025 y el FUT de deuda 2025, y explicar los $ 540,2 millones de diferencia. Responder públicamente a la ANM sobre La Mandinga y expedir el amparo administrativo. Publicar los informes de gestión 2024 y 2025 y hacer una rendición de cuentas que se pueda encontrar. Subir el IDI a la altura de Zaragoza y Caucasia. Contratar obras por licitación y no por convenio directo con fundaciones. Dejar de adicionar al 49,9 %. Reclasificar los $ 3.663,7 millones del PAE departamental como lo que son, una transferencia. Y explicar al Concejo y a la comunidad quién ejecuta los $ 17.770,8 millones del proyecto agroindustrial del OCAD Paz que llevan el nombre de Cáceres.
Cierre periodístico: la pregunta que queda
Damiana Monterrosa prometió ponerse «del lado de la gente». Los números dicen que en dos años estuvo del lado de la tesorería, que es un lugar respetable, y del lado de un escenario deportivo urbano de $ 9.241 millones, que es una elección discutible. La gente, mientras tanto, cruzaba el río por un puente de madera, esperaba el almuerzo escolar, veía pasar las dragas del Clan del Golfo y bebía agua que le llevó la Cruz Roja Internacional. La pregunta que queda flotando sobre Cáceres no es si su alcaldesa robó: nada indica que lo haya hecho. La pregunta es cuántos días tiene un funcionario para responder un oficio de la Agencia Nacional de Minería cuando del otro lado hay dos mil mineros y un río con mercurio, y cuántas veredas deben quedar incomunicadas antes de que un puente se vuelva prioridad presupuestal. Le quedan dos años. Los formularios de 2026 ya se están escribiendo, y esta vez conviene que no sean una copia.
Los cacereños tienen en sus manos las mismas herramientas que usamos aquí: el CHIP, el SECOP, el FURAG y el derecho de petición. Úsenlas. Un municipio que vigila sus cuentas es un municipio al que le cuesta más trabajo mentir.
Anexo: fuentes, metodología y limitaciones
Fuentes primarias. CHIP, Contaduría General de la Nación, entidad 212005120 Cáceres: CUIPO B_EJECUCION_DE_INGRESOS y D_EJECUCION_DE_GASTOS (DIC A DIC 2024, envío 4571284; DIC A DIC 2025, envío 4668533); FUT_DEUDA_PUBLICA CREDITOS, CREDITOS_POR_SECTOR y RENTA_PIGNORADA (2024, envío 4562542; 2025, envío 4647422); FUT_VIGENCIAS_FUTURAS AUTORIZACIONES (OCT A DIC 2024, envío 4562139; 2025, envío 4647395); SISTEMA GENERAL DE REGALIAS EJECUCION_DE_INGRESOS y EJECUCION_DE_GASTOS (2024, envío 4553143; 2025, envío 4656897). Función Pública, Resultados de Desempeño Institucional vigencia 2025 (17 de junio de 2026). Registraduría vía La República, resultados alcaldía de Cáceres 2023. Plan de Desarrollo 2024-2027 «¡Del lado de la gente!», repositorio CDIM-ESAP. Gobernación de Antioquia, Informe de viabilidad fiscal vigencia 2024. datos.gov.co: SECOP I (f789-7hwg), SECOP II contratos (jbjy-vk9h) y procesos (p6dx-8zbt), Gobernación de Antioquia (unzq-78yi), DNP proyectos SGR (mzgh-shtp), Minhacienda ejecución SGR bienio 2025-2026 (br9a-gygu), DNP datos básicos BPIN (cf9k-55fw). Agencia de Renovación del Territorio, noticia de entrega de la vía El Jardín-Manizales (4 de agosto de 2026).
Prensa cruzada (mínimo cinco fuentes independientes). El Colombiano (homicidios 2024, La Mandinga, paro minero, vías departamentales, CICR en La Peñitas, cementerio de Cáceres), El Tiempo (masacre de mayo de 2024, docente asesinado, alacrán, Contraloría, ANM y La Mandinga, captura de alias «El Mello»), Infobae (elección 2023, plan pistola, tierras de «Macaco», Contraloría PAE, bloqueo de la Troncal), El Espectador (grupos armados y servicios públicos), Noticaribe (puente colapsado), Chicanoticias (creciente del Cauca), Las2orillas (Asamblea en Zaragoza), Blu Radio, Minuto30, Fundación Pares, Fundación Ideas para la Paz, IFM Noticias, El Nuevo Siglo, La República.
Metodología. Parseo automatizado de los 17 formularios CHIP exportados, con verificación manual de totales: cada tabla de este artículo suma exactamente el total del formulario correspondiente. Clasificación de la inversión por producto MGA y fuente de financiación. Cálculo de posiciones FURAG sobre 1.099 alcaldías con resultado. Calificación ponderada de seis componentes según la metodología corrupcionaldia.com, sin redondeo editorial.
Limitaciones. El portal municipal y las redes oficiales de la alcaldía no son legibles por medios automatizados, por lo que no se pudo verificar la existencia de informes de gestión o rendiciones de cuentas 2024 y 2025 ni el número del Acuerdo que adoptó el plan. La cifra municipal de homicidios 2025, la cobertura de acueducto y alcantarillado y el ASIS 2024 no fueron accesibles. El dataset SECOP I repite filas por rubro, por lo que los conteos por modalidad son aproximados. La ejecución de la sección «Salud» aparece como sección presupuestal separada solo en 2025; en 2024 estaba dentro de la Administración Central, y las comparaciones se hicieron sobre el total de secciones. El reporte SGR 2025 del CHIP se considera inválido por duplicación y se sustituyó, para el análisis de regalías, por el SPGR del Ministerio de Hacienda y el DNP. Ninguna cifra de este artículo vive solo en la memoria del autor.
«La verdad también tiene forma.» corrupcionaldia.com, Hipólito Palencia.
