SOPLAVIENTO (Bolívar): La gestión MEDIOCRE (4.6/10 🟠) de Ángel Antonio Orozco Vega, con señales de ineficiencia administrativa

La operación

Nos encontramos en el municipio de Soplaviento. Vamos a auscultar la gestión municipal de Soplaviento, donde analizaremos exhaustivamente, a nivel forense, la gestión del alcalde Ángel Antonio Orozco Vega. Haremos un estudio de la administración realizada por este alcalde en sus dos primeros años de gobierno, con la ayuda de las herramientas que toda alcaldía municipal tiene para demostrar sus actividades y el desarrollo de su gestión con transparencia y obediencia a la Ley de publicidad y participación ciudadana.

Soplaviento no es un municipio cualquiera. Está encaramado sobre la ribera del Canal del Dique, a 55 kilómetros de Cartagena, y en noviembre de 2024 la Jurisdicción Especial para la Paz lo incluyó, junto con otros diez municipios bolivarenses de la cuenca, entre los territorios reconocidos formalmente como víctimas del conflicto armado en el Caso 08, el subcaso Montes de María. La JEP concluyó que el canal se convirtió en un «cementerio acuático». Esa historia, dolorosa y documentada, obliga a que cada peso que entra a sus arcas sea vigilado con doble lupa: en Soplaviento, la desinversión no es solo una mala gestión administrativa, es la prolongación de un abandono histórico.

Con 11.701 habitantes según la proyección del DANE para 2025 —el 98 por ciento en zona urbana— y una economía de pesca artesanal en la ciénaga, ganadería y comercio de paso, este municipio de la subregión Dique recibió, entre su presupuesto ordinario y el Sistema General de Regalías, cifras que cualquier alcalde de la región soñaría: $18.558 millones de recaudo presupuestal en 2024, $23.237 millones en 2025 y $26.987 millones adicionales de regalías giradas en un solo año. En total, más de $68.000 millones de recursos públicos transitando por un municipio que no llega a doce mil habitantes. La pregunta que este artículo responde es sencilla de formular y incómoda de contestar: ¿qué quedó de todo eso?

El alcalde Ángel Antonio Orozco Vega no llegó a la alcaldía desde la administración pública. Llegó desde el escenario: es músico vallenato, bajista de la agrupación del cantante Rafa Pérez y exacompañante de Kaleth Morales, y en las elecciones de octubre de 2023 derrotó al conservador Tomás Arturo Daza Ávila con 3.421 votos, el 49,27 por ciento del total. Su promesa de campaña fue «cambiar la historia y reconstruir Soplaviento», bajo el lema que luego bautizó su Plan de Desarrollo: «Soplaviento con Mejor Futuro». Dos años después, los formularios que el propio municipio reporta al Estado colombiano cuentan una historia que no aparece en ningún afiche de campaña.

En 2025, el municipio reportó al CHIP, peso por peso y al centavo, exactamente las mismas cifras de regalías de 2024: $26.987.318.916 girados, comprometidos, obligados y pagados. La probabilidad de que dos años fiscales distintos coincidan en cada uno de los cuatro rubros hasta el último decimal es, en términos prácticos, cero.

Cómo se hizo esta investigación

Este trabajo cruza cinco fuentes independientes y verificables. Primera: los formularios oficiales del CUIPO —Categoría Única de Información del Presupuesto Ordinario—, de Deuda Pública, de Vigencias Futuras y del Sistema General de Regalías que la Alcaldía de Soplaviento reportó en la plataforma CHIP del Ministerio de Hacienda (chip.gov.co), correspondientes a las vigencias 2024 y 2025, con fechas de recepción que van del 12 de febrero de 2025 al 20 de febrero de 2026. Segunda: el Índice de Desempeño Institucional FURAG de la vigencia 2025, publicado por el Departamento Administrativo de la Función Pública, que mide con 104 variables la calidad de la gestión de 1.099 alcaldías del país. Tercera: el Plan de Desarrollo Municipal «Soplaviento con Mejor Futuro 2024-2027», documento oficial de 142 páginas, con su diagnóstico comunitario y su plan plurianual de inversiones. Cuarta: la contratación registrada en SECOP y los reportes de prensa regional (El Universal, Caracol Radio, 724Noticias, Arenal Noticia). Y quinta: la jurisprudencia y comunicados de la JEP, las cifras del DNP y la literatura académica sobre el conflicto en el Canal del Dique.

La calificación final de la gestión se construye con la metodología pública de este portal: un promedio ponderado de seis componentes, cada uno en escala de 0 a 10 —FURAG con el 25 por ciento del peso, ejecución presupuestal CUIPO con el 20, avance del Plan de Desarrollo con el 20, transparencia en SECOP con el 15, cumplimiento de Objetivos de Desarrollo Sostenible con el 10 y percepción ciudadana con el 10—. La escala no es absoluta: mide la gestión frente al punto de partida del municipio y los recursos disponibles. Pero los estándares mínimos de transparencia, eficiencia y respeto por la ley son igualmente exigibles en Soplaviento que en Medellín. Cuando el resultado es igual o inferior a 6,9, la metodología obliga a desarrollar el análisis jurídico del delito de prevaricato por omisión, tipificado en el artículo 414 del Código Penal colombiano. A las calificaciones y a sus consecuencias nos referiremos al final.

Figura 1. Índice de Desempeño Institucional (FURAG) 2025. Soplaviento frente a los promedios de Bolívar y del país y frente a los dos casos de referencia de este portal. Fuente: Departamento Administrativo de la Función Pública.

El dinero que llega: un presupuesto alquilado

Toda evaluación de gestión empieza por la pregunta del origen. En 2024, Soplaviento recaudó $18.558 millones de pesos en su presupuesto ordinario. De esa cifra, el Sistema General de Participaciones —la transferencia automática de la Nación— aportó $11.879 millones, el 64 por ciento del total. A eso se suma un flujo que en los formularios aparece como «Recursos ADRES – Cofinanciación UPC régimen subsidiado» por $5.938 millones, es decir, el 32 por ciento adicional: dinero del aseguramiento en salud que transita por las cuentas municipales para pagar la póliza de la población pobre del municipio. En conjunto, el 96 por ciento de todo lo que movió la Alcaldía en 2024 fue plata de transferencias o de tránsito. El esfuerzo fiscal propio —los tributos que pagan los soplavienteros: predial, industria y comercio, alumbrado, sobretasas y estampillas— fue de apenas $509 millones: 2,7 por ciento.

El año 2025 mejoró la foto, aunque por razones que merecen examen. El recaudo total subió a $23.237 millones y los tributarios propios se multiplicaron por tres, hasta $1.630 millones (7 por ciento). Pero ese salto no vino de un milagro económico: vino, sobre todo, del impuesto de alumbrado público, que pasó de $39 millones en 2024 a $761 millones en 2025 —un aumento de casi veinte veces—, de una nueva sobretasa para el fondo de seguridad que aportó $88 millones y de estampillas que subieron de $153 a $480 millones. Al mismo tiempo, el predial unificado —el tributo más progresivo y el que pagan los dueños de tierra— se desplomó de $5,8 millones a $1,0 millón. La administración le está cobrando más a los servicios y al consumo, y menos a la propiedad. En un municipio donde el 88 por ciento de la población está en Sisbén, esa elección de diseño tributario pesa sobre quienes menos tienen.

Figura 2. Composición del recaudo presupuestal 2024: el 96 por ciento del dinero fue de origen externo y solo el 2,7 por ciento esfuerzo fiscal propio. Fuente: formulario B_EJECUCION_DE_INGRESOS, CHIP.

Figura 3. Composición del recaudo presupuestal 2025. El salto de los tributarios propios lo explica el alumbrado público, no la reactivación económica; la dependencia de transferencias sigue siendo estructural (93,0 por ciento de recursos no propios). Fuente: CHIP, vigencia 2025.

Figura 4. Ingresos ordinarios por fuente, 2024 frente a 2025, en millones de pesos. Fuente: CHIP.

¿Y la soberanía fiscal? Si al presupuesto ordinario le sumamos los giros de regalías de 2024 —$26.987 millones, de los cuales solo $2.885 millones corresponden a la Asignación para la Inversión Local que es propiamente del municipio y $24.102 millones a la Asignación para la Inversión Regional que corresponde al departamento—, el panorama es el de una economía pública enteramente dependiente: más de nueve de cada diez pesos que administró el alcalde entre 2024 y 2025 no nacieron en Soplaviento. La instrucción de analizar «los esfuerzos que debe hacer el municipio para no depender en un 100 por ciento del gobierno central» encuentra aquí su materia prima: con un esfuerzo tributario del 2,7 por ciento en el primer año, la autonomía municipal es, por ahora, un eslogan.

El dinero que se gasta: inversión contable, preguntas reales

En el papel, la ejecución del gasto luce impecable. En 2024 el municipio comprometió $19.614 millones —sumando las tres secciones presupuestales: administración central, Personería y Concejo—, de los cuales $16.913 millones (86,2 por ciento) se clasificaron como inversión y apenas $2.168 millones (11,1 por ciento) como funcionamiento. En 2025 comprometió $23.210 millones, con el 84 por ciento en inversión. La proporción, en un país donde decenas de municipios pequeños no logran ejecutar ni la mitad de su presupuesto de inversión, parece de sobresaliente. Pero la contabilidad y la realidad a veces se cruzan de buenas maneras y a veces de malas. Dentro de esa «inversión» está el pago del subsidio en salud —los $5.938 millones de 2024 y los $6.395 millones de 2025 que entran por ADRES y salen hacia la EPS—, que el municipio contabiliza como inversión social aunque su gestión directa sea la de un intermediario.

Dos partidas de esa ejecución exigen explicación pública. La primera: en 2024 el municipio pagó $701,6 millones por concepto de «sentencias y conciliaciones» —$647,8 millones con recursos de inversión y $53,8 millones con recursos de funcionamiento—, un 3,6 por ciento de todo el presupuesto comprometido ese año, sin que exista información pública sobre qué condenas, contra quién y por qué. La segunda: en 2025 el presupuesto de inversión registró $119 millones etiquetados como «financiación de déficit fiscal» —es decir, plata destinada a tapar agujeros, no a construir nada—, a los que se suman $173,5 millones en funcionamiento con el mismo propósito. Mientras tanto, el funcionamiento comprometido creció 45,9 por ciento en un año, de $2.168 a $3.163 millones, impulsado por las «prestaciones para cubrir riesgos sociales» —pasivos laborales y pensionales— que pasaron de $36,4 a $654,9 millones. No es delito crecer en funcionamiento; es un aviso: el municipio está asignando cada vez más recursos a sostener su propia estructura y a pagar deudas del pasado, y cada vez menos margen le queda para el futuro.

Figura 5. Estructura del gasto comprometido 2024. La «inversión» incluye el flujo del subsidio en salud (UPC) que transita por el municipio. Fuente: formulario D_EJECUCION_DE_GASTOS, CHIP.

Figura 6. Estructura del gasto comprometido 2025: el funcionamiento creció 45,9 por ciento en un año, hasta $3.163 millones. Fuente: CHIP.

Figura 7. El esfuerzo fiscal propio por impuesto, 2024 frente a 2025. El alumbrado público se multiplicó por 19,5 y el predial cayó a la quinta parte. Fuente: CHIP.

Las regalías: $26.987 millones y un número que no cuadra

Si hay un capítulo donde los formularios del CHIP dejan de ser un ejercicio de escritorio y se convierten en un expediente, es el de las regalías. Según el formulario de Ejecución de Ingresos del Sistema General de Regalías, correspondiente al periodo diciembre a diciembre de 2024, el municipio de Soplaviento recibió $26.987.318.916. La cifra, para dimensionarla, equivale a $2,3 millones por cada habitante del municipio: más de dos millones de pesos por soplavientero, girados en un solo año. De ese total, solo $2.885 millones (10,7 por ciento) corresponden a la Asignación para la Inversión Local —la porción que la ley destina directamente a los municipios según necesidades de pobreza—, desglosada en $2.551 millones por criterios de NBI y categoría y $334 millones de la asignación ambiental. El resto, $24.102 millones (89,3 por ciento), aparece contabilizado como Asignación para la Inversión Regional, es decir, recursos del departamento que transitan y se ejecutan a nombre del municipio bajo la modalidad de segundo nivel.

El destino reportado de los pagos concentra casi todo en un solo rubro: $24.332 millones pagados en «autopistas, carreteras, calles» —el 90,2 por ciento del total—, $1.932 millones en «servicios para la comunidad, sociales y personales» (7,2 por ciento) y $723 millones en «otros edificios no residenciales» (2,7 por ciento). Si esas cifras correspondieran a obras viales reales, plenamente verificables, Soplaviento tendría hoy la red vial mejor financiada del Caribe colombiano proporcionalmente a su tamaño. Pero aquí el expediente presenta tres anomalías que ningún ciudadano debería dejar pasar. Primera: los compromisos contabilizados por regalías en 2024 fueron $40.865 millones —un 52 por ciento más que el recaudo recibido—, de los cuales solo $26.999 millones llegaron a ser obligaciones. Hay $13.866 millones comprometidos que jamás se convirtieron en obligación registrada: un tercio de los compromisos del año flotando en la contabilidad sin respaldo contractual visible. Segunda: los pagos coinciden, al peso exacto, con los ingresos: $26.987.318.916 entraron y $26.987.318.916 salieron en el mismo ejercicio. El dinero entró y salió como si nada hubiera quedado. Tercera —y más grave—: el formulario de la vigencia 2025, recibido por el CHIP el 20 de febrero de 2026, reproduce las cuatro cifras —ingresos, compromisos, obligaciones y pagos— con exactitud milimétrica, al centavo, idénticas a las de 2024.

¿Qué explica ese espejo? Solo hay dos hipótesis, y ninguna es buena. O el municipio duplicó el reporte —es decir, volvió a enviar a la plataforma nacional los datos del año anterior como si fueran de la nueva vigencia, incumpliendo su deber legal de reporte veraz del presupuesto de regalías—, o hubo una doble contabilización del mismo flujo en el sistema. En ambos escenarios, el resultado para el ciudadano es el mismo: es imposible, con los datos oficiales que la propia administración sube al Estado, saber qué se hizo realmente con $26.987 millones de regalías en 2024 y con los que entraron en 2025. Un municipio que no sabe —o no quiere saber— diferenciar dos años fiscales consecutivos en su contabilidad de regalías, no puede reclamar el beneficio de la duda cuando le preguntan por las obras.

Figura 8. Ciclo de ejecución de las regalías 2024: recaudo, compromisos, obligaciones y pagos. La barra roja muestra los $13.866 millones comprometidos sin obligación registrada. Fuente: formularios CREDITOS y EJECUCION_DE_GASTOS del SGR, CHIP.

Figura 9. Destino de los pagos ejecutados con regalías 2024. Nueve de cada diez pesos fueron a vías. Equivalente a $2,08 millones por habitante pagados en un solo año. Fuente: CHIP.

A la evidencia contable se suma una evidencia documental: la única obra de regalías plenamente documentada y verificada en fuentes abiertas para estos dos años —el acueducto urbano— no es un proyecto municipal. Fue la Gobernación de Bolívar la que, el 20 de enero de 2025, adjudicó por $20.965 millones la construcción del nuevo sistema de acueducto a la empresa Aguas de Bolívar, con aporte del Sistema General de Regalías, y el gobernador Yamil Arana quien inició la obra el 28 de febrero de 2025. Según El Universal, a mayo de 2026 el proyecto —una planta de tratamiento, captación tipo barcaza y 2.496 conexiones para más de 10.650 habitantes— registra cerca del 80 por ciento de avance. Es la obra más importante de Soplaviento en décadas, y el mérito de su avance corresponde, en lo fundamental, a la administración departamental. El alcalde Orozco ha sabido acompañarla; no la contrató, no la licitó y no la paga.

La deuda: reestructurar en el día 38

El formulario de Deuda Pública del CHIP identifica dos créditos vigentes, ambos con Banco Pichincha S.A., ambos de deuda interna, firmados en 2021 por la administración anterior: el registro 611518138 por $2.200 millones y el registro 611518288 por $1.100 millones, en total $3.300 millones desembolsados, garantizados con la renta del Sistema General de Participaciones de libre inversión y con plazo de 60 meses. Ambos aparecen marcados con una marca que cuenta una historia por sí sola: «REESTRUCTURADA: SÍ», con fecha del 7 de febrero de 2024. Es decir: a los 38 días de posesionado, el nuevo gobierno ya había renegociado la totalidad de la deuda del municipio. El saldo pendiente a cierre de 2024 era de $2.986 millones —el 90,5 por ciento del capital original, pese a dos pagos anuales—, y en 2024 el municipio destinó $532 millones comprometidos al servicio de la deuda, de los cuales $391,5 millones se pagaron efectivamente; en 2025 el servicio subió a $547,5 millones pagados.

Reestructurar una deuda no es un delito ni una mala práctica en sí mismo; a veces es lo responsable. Lo que exige el escrutinio público son las consecuencias y la información. Primera consecuencia: con un saldo de casi $3.000 millones y un servicio anual superior a los $500 millones, Soplaviento dedica cada año el equivalente a la totalidad de su recaudo tributario propio de 2024 —los $509 millones que pagaron los ciudadanos— solo para atender a un banco. Segunda: la información. El formulario de Renta Pignorada, que la ley exige reportar cuando hay rentas comprometidas como garantía de créditos —y el CHIP mismo identifica al SGP de libre inversión como renta de garantía de ambos créditos—, aparece reportado en blanco, con «FORMULARIO VACÍO», tanto en 2024 como en 2025. O el municipio no tiene renta pignorada —y entonces, ¿qué garantiza los créditos?—, o tiene y no la reporta. En cualquiera de los dos casos, el registro nacional de deuda pública está incompleto por culpa de la entidad que debía alimentarlo.

Figura 10. La deuda con Banco Pichincha: montos aprobados, saldos y servicio pagado 2024-2025. Ambos créditos fueron reestructurados el 7 de febrero de 2024, a los 38 días del nuevo gobierno. Fuente: FUT_DEUDA_PUBLICA, CHIP.

Las vigencias futuras que no existen

Hay formularios que ausencian con elocuencia. El de Vigencias Futuras —el instrumento con el que un municipio autoriza, con acto administrativo y número de registro, que compromisos del año actual se paguen con presupuesto de los años siguientes— aparece reportado por Soplaviento en ambas vigencias con la leyenda «NO REPORTE DE INFORMACIÓN» y valores en cero. Ninguna autorización, ningún acto administrativo, ningún peso comprometido hacia 2025 desde 2024, ni hacia 2026 desde 2025. En un municipio que, según sus propios formularios, comprometió en regalías más de lo que recibió y que desarrolla contratación de infraestructura multianual —vías, acueducto, edificaciones—, la ausencia total de vigencias futuras autorizadas es estructuralmente improbable. O la planeación financiera de mediano plazo no existe, o no se reporta. Las dos opciones son preocupantes; la segunda, además, es irregular.

FURAG: el índice que desmiente el relato

El Índice de Desempeño Institucional que el Departamento Administrativo de la Función Pública construye con los resultados FURAG es, probablemente, el termómetro más objetivo de la calidad de la gestión pública municipal: evalúa planeación, presupuesto, talento humano, servicio al ciudadano, sistemas de información y control interno, con metodología uniforme para todo el país. En la vigencia 2025, la Alcaldía de Soplaviento obtuvo un IDI de 45,15 sobre 100. Ese número lo ubica en el puesto 70 entre las 1.099 alcaldías del país ordenadas de menor a mayor: solo 69 municipios de toda Colombia tienen un desempeño institucional peor. Está en el 6,4 por ciento más rezagado del país. Dentro de Bolívar, es la quinta peor alcaldía de las 46 evaluadas, superada por El Peñón (26,09), Pinillos (30,86), Cicuco (31,79) y Córdoba (37,44), y muy lejos del promedio departamental (64,05) y del nacional (70,19).

Las comparaciones que esta investigación está obligada a hacer, por tratarse de los casos canónicos de este portal, golpean con fuerza: Toluviejo, el municipio del caso Salcedo-Martínez que sirve de referencia metodológica, obtuvo 64,74; Agua de Dios, del caso Manzanares, 86,15. Soplaviento puntúa 20 puntos menos que el primero y 41 menos que el segundo. Y dentro del propio municipio hay un segundo termómetro: el Centro de Salud con Cama «Vitalio Sara Castillo», la empresa social del estado que presta el servicio público de salud en Soplaviento, obtuvo un IDI de 32,46 —peor que la propia alcaldía—, entre los puntajes más bajos del país para empresas sociales del estado. Un índice así no mide ideas ni ideologías: mide si el aparato administrativo funciona. En Soplaviento, según el propio Gobierno Nacional, no funciona: ni en la alcaldía ni en su hospital. Un dato de contexto agrava la lectura: el Plan de Desarrollo Municipal contiene, en su propia introducción, un error que delata su elaboración: refiere «toda la población de Candelaria», un municipio que no es el objeto de este plan.

Detalle técnico: el IDI FURAG de Soplaviento (45,15) corresponde a la vigencia 2025, medido sobre 1.099 alcaldías; su posición en Bolívar (5ª peor de 46) y el puntaje de la ESE Centro de Salud «Vitalio Sara Castillo» (32,46) provienen del mismo consolidado oficial de Función Pública.

Los cinco problemas y los cinco indicadores de gestión

El Plan de Desarrollo no deja espacio a la ambigüedad sobre qué le duele a la gente. En las mesas de trabajo documentadas en el documento oficial, las Juntas de Acción Comunal priorizaron dos problemas empatados en el primer lugar: el mejoramiento de vías y la seguridad, cada uno con el 13 por ciento de las menciones. Les siguen el acceso a agua potable (9 por ciento), el alcantarillado y el manejo de aguas residuales (8 por ciento) y, en el bloque social, la salud —falta de personal y de acceso— y el mal estado de la infraestructura escolar. El propio plan admite hallazgos que cortan: no existe cuerpo de bomberos en el municipio; el sector productivo denuncia el abandono del Concejo de Desarrollo Rural; los pescadores documentan la pérdida y sedimentación de la ciénaga; y la infraestructura educativa presenta hacinamiento y salitre. Sobre esos cinco compromisos centrales —vías, seguridad, agua potable, alcantarillado y salud— se construyen los cinco indicadores de gestión de esta evaluación, calificados cada uno de 0 a 10 con base en los datos verificados de los dos primeros años.

Tabla 1. Los cinco indicadores de gestión 2024-2025 frente a los cinco problemas priorizados por la comunidad

El promedio de los cinco indicadores es de 3,8 sobre 10. Ninguno alcanza el estándar de 7,0 y dos —seguridad y salud, que juntos concentran la queja social más sensible— se quedan en el rango crítico. La lectura agregada es contundente: en el único terreno donde la gestión puede exhibir resultados verificables y de gran escala —el acueducto—, el motor de la obra es el gobierno departamental; en los demás, la promesa de campaña choca contra la ausencia de evidencia.

Figura 11. Los cinco indicadores de gestión frente a los cinco problemas que las comunidades priorizaron en el Plan de Desarrollo. Elaboración propia con base en CHIP, PDM, Función Pública y prensa.

El Plan de Desarrollo frente al Plan de Acción: la prueba del algodón

El «Soplaviento con Mejor Futuro 2024-2027» estructura $124.373 millones de inversiones planeadas en cuatro ejes: «Soplaviento Mejor Incluyente» ($55.275 millones, el 44,6 por ciento), «Soplaviento Más Productivo» ($686 millones, apenas el 0,55), «Soplaviento Mejor, Seguro y Sostenible» ($64.247 millones, el 51,8) y «Soplaviento Preparado y Eficiente» ($4.165 millones, el 3,4). Su distribución temporal delata la apuesta política: $14.560 millones programados para 2024, $37.171 para 2025, $18.496 para 2026 y $54.144 millones para 2027 —el 46 por ciento del plan completo cargado al último año del gobierno, ese en el que ningún alcalde puede ejecutarlo todo y en el que, estadísticamente, la mayoría de los planes de desarrollo municipales muere en el intento—. El eje económico, ese que debía responder al «abandono del Concejo de Desarrollo Rural» que las propias comunidades denunciaron en el diagnóstico, recibió menos de uno de cada cien pesos del plan.

¿Y qué dice el Plan de Acción 2025, el instrumento anual con el que la administración se obliga ante el país? Existe, está publicado en el portal municipal —eso merece reconocerse—, pero ni el portal ni SECOP ni la prensa regional muestran informes trimestrales de ejecución, ni tableros de metas, ni una sola ficha de indicador con línea base y avance. La rendición de cuentas se reduce, en los hechos, a comunicados institucionales sobre entregas deportivas y avances del acueducto departamental. La evidencia comparada de estos dos años sugiere que la administración confunde planear con publicar: el documento grande está; la gestión medible, la que permitiría a un ciudadano de Soplaviento saber si su alcaldía cumplió o no, no aparece.

SECOP: la contratación que genera «dudas razonables»

La contratación de estos dos años deja un expediente que no grita escándalo, pero que tampoco permite tranquilidad. En julio de 2025, el medio regional Arenal Noticia documentó que la Alcaldía ejecutaba dos contratos por más de $2.600 millones que, según el reporte, «han despertado preocupación legítima y dudas razonables», y advirtió una inconsistencia reveladora: la Licitación Pública LP-001-2025 —el proceso más importante del municipio en 2025, adjudicado el 2 de abril de ese año— seguía apareciendo en SECOP I con estado «Convocado», sin actualizar a «Adjudicado». Que la principal licitación de un municipio no esté correctamente registrada en el sistema nacional de contratación no es un detalle administrativo: es la diferencia entre un expediente auditable y un expediente opaco.

El contexto institucional agrava el diagnóstico. Este portal advirtió desde marzo de 2024 —antes de que comenzara el período evaluado— que Soplaviento carecía de programa de lucha contra la corrupción y calculaba el riesgo de pérdida anual en unos $4.179 millones sobre su presupuesto de entonces, y calificó de «poca transparencia» la publicación de información por parte de Alcaldía y Concejo. En dos años, no hay registro público de que la administración haya adoptado un programa anticorrupción, publicado tableros de contratación o implementado mecanismos de vigilancia ciudadana sobre los procesos. La Contraloría Departamental de Bolívar practicó una auditoría fiscal al municipio en 2024 —el documento existe en el repositorio de informes de la Contraloría—, pero sus hallazgos no son de acceso público en la web, lo que impide contrastarlos; este portal dará cuenta de ellos cuando estén disponibles. La suma de una licitación mal publicada, contratos cuestionados en prensa y la ausencia de política anticorrupción configura el componente de transparencia más débil de esta calificación: 4,0 sobre 10.

Los ODS: el termómetro internacional de una promesa local

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible no son un adorno de discurso: son metas medibles que Colombia suscribió y que los planes municipales deben concretar. En el ODS 3 (salud y bienestar), el indicador disponible —el IDI de la ESE municipal, 32,46— coloca al servicio de salud de Soplaviento entre los más rezagados del país, mientras el flujo del subsidio ($12.333 millones en dos años) transita sin que mejore visiblemente el acceso que las comunidades denuncian. En el ODS 6 (agua limpia y saneamiento), hay avance real y verificable —el acueducto al 80 por ciento—, pero impulsado por el departamento, y el alcantarillado, la mitad inseparable de la meta, sigue sin proyecto municipal identificable. En el ODS 9 (infraestructura), las cifras de regalías en vías son espectaculares en el papel e imposibles de verificar en la práctica, por las anomalías ya descritas. En el ODS 11 (ciudades y comunidades sostenibles), el municipio sigue sin cuerpo de bomberos y la seguridad —prioridad comunitaria empatada en el primer lugar— no tiene presupuesto identificable. Y en el ODS 16 (instituciones sólidas), el veredicto es el más duro: IDI de 45,15, desacato judicial sancionado en el primer año, reportes duplicados al CHIP y una plataforma de transparencia municipal mínima. De seis ODS examinados, ninguno alcanza cumplimiento pleno; dos avanzan con motor externo; cuatro están en rezago evidente.

La calificación: 4,6/10 — MEDIOCRE

Con todos los insumos anteriores se construye la calificación final del bienio. El componente FURAG obtiene 4,5 sobre 10 (IDI de 45,15 trasladado a escala decimal, corregido a la baja por la posición relativa en el departamento). La ejecución presupuestal CUIPO obtiene 5,5: reconoce la alta proporción de inversión y la fluidez de pagos —el 96,2 por ciento de los compromisos de 2024 se pagaron—, pero penaliza el gasto comprometido por encima del recaudo, el crecimiento del funcionamiento, la financiación de déficit con partidas de inversión, los $701,6 millones en sentencias sin explicación y, sobre todo, las fallas de integridad del dato. El avance del Plan de Desarrollo obtiene 4,5: hay acueducto —con motor departamental— pero sin métricas públicas de cumplimiento. La transparencia SECOP obtiene 4,0; el cumplimiento de ODS, 4,5; y la percepción ciudadana, reconstruida a partir de prensa regional, sanción judicial por desacato confirmada en abril de 2024, quejas documentadas sobre el servicio de energía y la deuda con Bancóldex, y la circulación de denuncias no verificadas de nuevos desacatos, obtiene 4,0.

Tabla 2. Calificación final ponderada de la gestión 2024-2025 del alcalde Ángel Antonio Orozco Vega

En la escala de este portal —0,0 a 2,9 pésimo; 3,0 a 4,9 mediocre; 5,0 a 6,9 regular; 7,0 a 8,4 bueno; 8,5 a 10,0 excelente—, la gestión de los dos primeros años del alcalde Ángel Antonio Orozco Vega obtiene 4,6: MEDIOCRE, en la franja naranja de «preocupante», a 2,4 puntos del estándar de «bueno». No es pésima: hay gobierno, hay ejecución contable, hay una obra estructural avanzando —con motor departamental—. Pero está por debajo del estándar mínimo exigible, con señales de ineficiencia administrativa en cada una de las seis dimensiones medidas y con un expediente de integridad de la información que, por sí solo, bastaría para retirarle al municipio el beneficio de la duda.

Figura 12. Radiografía de la gestión 2024-2025 por componentes. La línea roja (Soplaviento) queda íntegramente por debajo del estándar mínimo aceptable (línea discontinua, 7,0). Elaboración propia.

El análisis jurídico: ¿prevaricato por omisión?

La metodología de este portal es explícita: cuando la calificación final es igual o inferior a 6,9, corresponde desarrollar el análisis del delito de prevaricato por omisión, tipificado en el artículo 414 del Código Penal (Ley 599 de 2000), que sanciona con prisión al servidor público que «omita, en violación de la Constitución o de la ley, los actos o conductas impostergables en que deba ejercer autoridad, cumplir un deber expreso, o que le sean requeridos por autoridad competente». El tipo penal exige tres elementos: la existencia de un deber funcional expreso e impostergable, la capacidad concreta de cumplirlo y la omisión dolosa —voluntaria y consciente— de hacerlo. Lo que sigue es un ejercicio analítico-periodístico sobre indicios documentales; corresponde exclusivamente a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría determinar la existencia de conductas punibles, y toda persona investigada goza de presunción de inocencia.

Con esa advertencia, el expediente documental de estos dos años contiene al menos cinco hechos que encajan en el patrón de «deberes expresas e impostergables» no cumplidos. Uno: el deber legal de reportar información veraz, completa y oportuna al Sistema de Administración del Riesgo Fiscal a través del CHIP —deber expreso de la Ley 819 de 2003 y del régimen de responsabilidad fiscal de la Ley 42 de 1993—, cuya presunta violación estaría evidenciada por el reporte duplicado, al centavo, de la totalidad de las cifras de regalías de 2024 como si fueran de 2025, así como por los formularios de vigencias futuras y renta pignorada reportados en blanco. Dos: el deber de contabilizar compromisos presupuestales con respaldo real, cuya aparente ruptura se observa en los $13.866 millones de compromisos de regalías 2024 que nunca se convirtieron en obligaciones. Tres: el deber de adoptar y publicitar el programa de lucha contra la corrupción que exige el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, cuya ausencia dos años después de iniciado el período está documentada públicamente. Cuatro: el deber de servicio de bomberos en los términos de la Ley 1575 de 2012, cuya inexistencia en el municipio está reconocida en el propio Plan de Desarrollo, en un territorio donde las comunidades pusieron la seguridad como prioridad número uno. Y cinco —el antecedente ya judicialmente confirmado—: el desacato declarado al alcalde en abril de 2024 por incumplir un fallo de tutela que ordenaba reintegrar a un empleado municipal, sanción confirmada por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Cartagena con arresto de dos días y multa: un servidor público que desacata una orden judicial constituye, precisamente, el patrón de conducta que el artículo 414 castiga cuando se repite frente a los deberes del cargo.

¿Es esta gestión «criminal o delictuosa» en los términos que este portal se ha preguntado en casos anteriores? Los indicios documentales son suficientemente graves para que la pregunta deje de ser retórica: cinco deberes funcionales en aparente incumplimiento, un índice institucional en el 6,4 por ciento más rezagado del país, $26.987 millones de regalías cuya trazabilidad real es imposible de establecer con los datos oficiales del propio municipio y una sanción judicial por desacato ya en firme. No son suficientes —aún— para afirmar la existencia del delito, que exige probar el dolo. Pero sí son suficientes para que la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría —que ya practicó una auditoría en 2024 cuyo contenido debe hacerse público— abran y agoten las indagaciones correspondientes. El silencio institucional, en estos casos, siempre es cómplice del número que no cuadra.

Cierre: el bajo que no acompaña

En la música vallenata, el bajista sostiene la armonía: es el instrumento que no se nota hasta que desafina. Ángel Orozco Vega llegó a la alcaldía desde ese oficio y prometió reconstruir su municipio. Dos años después, los números oficiales que su propia administración reportó al Estado describen otra cosa: un presupuesto alquilado en un 96 por ciento, $26.987 millones de regalías que entran y salen sin dejar obra verificable, un tercio de los compromisos sin respaldo, dos formularios en blanco, un reporte duplicado que rompe la memoria fiscal del municipio, la quinta peor gestión institucional de Bolívar y un hospital público en el fondo del país. La obra más importante —el acueducto— avanza porque la pagó y la contrató la Gobernación de Bolívar.

Quedan dos años de gobierno y una hoja de ruta que cabe en una frase: que los números vuelvan a coincidir con las obras. Que el CHIP deje de repetir 2024 en 2025. Que las vigencias futuras existan. Que la renta pignorada se reporte. Que la licitación aparezca adjudicada donde debe. Que la auditoría de la Contraloría sea pública. Que los bomberos tengan parque. Que el predial vuelva acobrarse y el alumbrado deje de ser la vaca lechera de un municipio pobre. Que cada uno de los cinco problemas priorizados por las comunidades tenga un indicador, una meta y un tablero público. Nada de eso requiere plata: requiere la voluntad de ser auditado. La pregunta no es si Soplaviento merece mejor suerte después de ser reconocido como víctima del conflicto por la JEP. La pregunta es quién va a responder por los $68.000 millones que ya pasaron por sus cuentas.

La corrupción no siempre roba: a veces solo se queda mirando cómo el dinero pasa de largo. Y cuando un servidor público omite lo impostergable, el artículo 414 del Código Penal tiene un nombre para eso.

Hipólito Palencia · corrupcionaldia.com

Este artículo es un ejercicio de periodismo de investigación basado exclusivamente en documentos públicos. Ninguna afirmación constituye imputación penal. Las personas mencionadas gozan de presunción de inocencia. Se ofrecen las fuentes para verificación ciudadana.

Anexo A. Ejecución del presupuesto ordinario (CUIPO)

Ingresos y gastos consolidados por vigencia (sumas de las secciones administración central, Personería y Concejo). Fuente: CHIP, formularios B_EJECUCION_DE_INGRESOS y D_EJECUCION_DE_GASTOS.

Anexo B. Regalías: detalle de asignaciones y ejecución

Sistema General de Regalías, reporte diciembre-diciembre. La vigencia 2025 replica idénticamente estos valores (duplicidad de reporte). Fuente: CHIP, formularios EJECUCION_DE_INGRESOS y EJECUCION_DE_GASTOS del SGR.

Anexo C. Deuda pública

Créditos vigentes según FUT_DEUDA_PUBLICA del CHIP. Ambos reestructurados el 7 de febrero de 2024. Renta pignorada: formulario sin información en ambas vigencias.

Anexo D. Índice de Desempeño Institucional (FURAG 2025)

Posición relativa de Soplaviento. Fuente: Departamento Administrativo de la Función Pública, resultados de Desempeño Institucional vigencia 2025.

Anexo E. Metodología, calificación y fuentes

La calificación final (4,6 sobre 10, MEDIOCRE) es el promedio ponderado de seis componentes en escala 0-10: FURAG (25%), ejecución presupuestal CUIPO (20%), avance del Plan de Desarrollo (20%), transparencia SECOP (15%), cumplimiento de ODS (10%) y percepción ciudadana (10%). La escala evalúa la gestión frente al punto de partida del municipio y los recursos disponibles; los estándares mínimos de transparencia y legalidad son, en cambio, universales. Al resultar inferior a 7,0, la metodología obliga al análisis del prevaricato por omisión incluido en el cuerpo del artículo. El cruce se realizó sobre cinco fuentes independientes:

Ministerio de Hacienda — plataforma CHIP (chip.gov.co): formularios CUIPO de ingresos y gastos, FUT Deuda Pública (créditos, créditos por sector, renta pignorada), FUT Vigencias Futuras (autorizaciones) y Sistema General de Regalías (ingresos y gastos), vigencias 2024 y 2025.

Departamento Administrativo de la Función Pública — Resultados de Desempeño Institucional FURAG, vigencia 2025 (consolidado territorial de 1.099 alcaldías y demás entidades).

corrupcionaldia.com · Investigación: Soplaviento (Bolívar) · 2024-2025

Alcaldía de Soplaviento — Plan de Desarrollo Municipal «Soplaviento con Mejor Futuro 2024-2027» (documento oficial de 142 páginas) y Plan de Acción 2025, publicados en el sitio institucional soplaviento-bolivar.gov.co.

SECOP I y SECOP II / Colombia Compra Eficiente, contrastados con prensa regional: El Universal (adjudicación del acueducto, 20-01-2025; avance de obra, 05-05-2026), Caracol Radio (elección del alcalde, 01-11-2023), 724Noticias (sanción por desacato, 04-04-2024) y Arenal Noticia (contratos por $2.600 millones, 25-07-2025).

Jurisdicción Especial para la Paz — Caso 08, comunicado 171 (21-11-2024): reconocimiento del territorio del Canal del Dique como víctima; DNP (TerriData, listado PDET); Codhes y CNMH (contexto del conflicto en Montes de María y el Canal del Dique).

Notas de verificación: (i) los formularios CHIP de regalías 2025 son idénticos al centavo a los de 2024 (ENVÍO 4571612 del 20-03-2025 frente a ENVÍO 4656796 del 20-02-2026); (ii) los formularios de vigencias futuras y renta pignorada aparecen sin información en ambas vigencias; (iii) la auditoría fiscal de la Contraloría Departamental de Bolívar a Soplaviento (vigencia 2024) existe en el repositorio oficial pero su contenido no está publicado en la web; (iv) las denuncias de un «tercer desacato» del alcalde (agosto de 2026) circulan en redes sociales sin documento judicial verificable y se reportan aquí únicamente como percepción, no como hecho.