El pasado 28 de junio, justo antes de la entrada en vigor de la Ley de Garantías, la administración del alcalde de Ibagué, Andrés Hurtado, firmó un controvertido convenio con la empresa Infotic. Este acuerdo, que ha generado gran controversia, se presenta bajo la apariencia de modernización del Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP), pero su trasfondo y detalles han desencadenado serias interrogantes sobre posibles irregularidades y corrupción en la contratación pública.

El Convenio Infotic – SETP: Análisis detallado: El «Convenio interadministrativo 001 de 2023», ahora denominado «Convenio SETP-CD-055 de 2023», fue suscrito con la empresa Infotic con el objetivo de implementar herramientas tecnológicas para el control y gestión de la flota, recaudo centralizado e información al usuario del SETP. A pesar de su supuesto enfoque positivo, se han desatado controversias en torno a su ejecución y los beneficios reales que aportará a la ciudad.

Detalle de la controversia: El convenio, que abarca 16 años, ha llamado la atención por su cláusula de recaudo, donde Infotic y sus socios obtendrán el 13 % del recaudo total, lo que equivale a unos $524.000 millones. Esta cifra supera ampliamente el 7,5 % que, en teoría, debería recibir la empresa, gracias a diversas modificaciones y añadidos que favorecen al contratista.

El entramado detrás de Infotic: Aunque Infotic es presentada como una entidad, en realidad está controlada por un conglomerado de seis empresas privadas, algunas de ellas de dudosa constitución. Estas compañías, ubicadas en diferentes ciudades, ejercen un control sustancial sobre Infotic y su dirección estratégica.

El grupo Infotic está constituido, según registro de la Cámara de Comercio por las siguientes empresas: 

  •  Grupo VMS SAS , capital solo de $4 millones, de Cali. 
  •  Tecnologías y Finanzas SAS, también de Cali, capital de $600 millones.
  • Pazmiño López y Cia SAS, capital de $120 millones, igualmente de Cali.
  • Bussines Partners SAS, de Bogotá, al parecer sin cámara de comercio renovada y capital solo de $20 millones. 
  • JVP Peralta Construcciones, de Barranquilla.
  • ASINCON y Asociados SA, de Barranquilla, capital solo de $10 millones.

Impacto en los transportadores y usuarios: El convenio con Infotic ha generado fuertes críticas por parte de los transportadores tradicionales de Ibagué, quienes advierten sobre el impacto negativo que tendrá en la tarifa del servicio público de transporte. Además, se destaca que los usuarios podrían sufrir las consecuencias de un modelo de transporte masivo que ha acumulado pérdidas y quejas en otras ciudades donde ha sido implementado.

Suspensión y evaluación del proceso: Ante la creciente polémica, el Alcalde de Ibagué ha decidido suspender el convenio por cuatro meses, mientras los órganos de control investigan las denuncias y las presuntas irregularidades en el proceso de contratación. La suspensión busca aclarar las dudas en torno a la transparencia y legalidad del acuerdo con Infotic.

Antecedentes y cuestionamientos: Este no es el primer episodio de controversia en relación con Infotic. La empresa ha estado involucrada en proyectos previos que generaron preguntas sobre su capacidad y resultados. Además, contratos pasados han sido objeto de cuestionamientos legales y auditorías que revelaron irregularidades en su ejecución.

Conclusión: El convenio entre la administración de Ibagué y la empresa Infotic ha desatado una ola de críticas y cuestionamientos sobre su legitimidad y posibles prácticas corruptas. El proceso de suspensión y las investigaciones en curso son un recordatorio de la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la contratación pública, así como de la necesidad de proteger los intereses de los transportadores y usuarios en la implementación de proyectos de envergadura como el SETP.

 

Antecedentes 

A este panorama se suma que Infotic tiene un cuestionado pasado en Ibagué con el proyecto www.ibaguéparasentir.com, que tuvo una inversión de $2.150 millones para potenciar el sector turismo de la ciudad con una página web que no sirvió, unos quioscos digitales que se pusieron en hoteles y duraron unos pocos meses y unas capacitaciones de las que no se conocieron resultados. 

También en la administración de Guillermo Alfonso Jaramillo, Infotic resultó beneficiada con una serie de millonarios contratos adjudicados a dedo para que brindara soporte tecnológico a la Secretaría de Tránsito entre los años 2016 y 2017, y que tuvieron dificultades en su ejecución. Fueron $964.342.012 millones en tres contratos que recibió Infotic, y pese a los reiterados incumplimientos, logró que le desembolsaran alrededor del 90% de los recursos. 

Una auditoría de la Contraloría Municipal arrojó hallazgos relacionados con falta de planeación y presunta celebración y firma de los respectivos contratos sin el lleno de los requisitos exigidos por la ley de contratación pública. El ente de control halló que la Secretaría Administrativa de la Alcaldía, como la Secretaría de Transporte y Movilidad, celebraron lo contratos números 0562 de 2017 y 1302 de 2017 con Infotic, pese a las irregularidades evidenciadas en el contrato anterior, como las diferencias mencionadas dentro del mismo contrato 0562 de 2017 en cuanto al cumplimiento del  objeto contractual y las falencias de la plataforma. 

La auditoría también evidenció deficiencias en la supervisión del contrato 1303 de 2017, por cuanto se expidió certificado de cumplimiento a satisfacción del 100% de las obligaciones y se autorizó el pago de cuentas de cobro, cuando en realidad no se había finalizado la ejecución del contrato, siendo dichos pagos objeto de investigación de la Fiscalía. 

Años atrás, en el 2011, la Procuraduría General de la Nació en un fallo de segunda instancia, destituyó e inhabilitó por 14 años al entonces director administrativo de la Cámara de Representantes, Jairo Jaramillo Matiz, por las irregularidades presentadas en un contrato interadministrativo suscrito en noviembre de 2010 entre la Cámara e Infotic. 

También fueron sancionados Carlos Alberto Flórez Rojas, el jefe Jurídico, a 13 años de destitución e inhabilidad y Orlando Patiño Silva, gerente de Infotic S.A., sancionado con la culminación del contrato. 

Se les acusó de haber realizado contratación directa para celebrar un convenio por casi 12.000 millones de pesos entre la Cámara de Representantes y la sociedad Infotic S.A., que tenía por objeto la adecuación de una sistema informático para la Cámara, al parecer, y según el régimen de Contratación Estatal, requieren de la convocatoria a un proceso licitatorio. 

Adicionalmente, el estudio económico previo a la celebración del contrato no demuestra que la parte contratante haya acogido las recomendaciones iniciales formuladas por el organismo de control.

 

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