De empresa pública a caja negra: El oscuro camino de Triple A Barranquilla, una historia de corrupción y saqueo en Colombia y España

Por Leonardo Gómez Díaz

La empresa originalmente creada por el Estado y la ciudadanía de Barranquilla en 1992 para solucionar los líos de saneamiento y abastecimiento de agua de la ciudad que arrastraba las Empresas Públicas Municipales EPM, terminó convertida en la caja menor de directivos y funcionarios para pagar sobornos y financiar irregularmente a políticos en Colombia y España.

Esa es la panorámica que presenta la demanda con la que la Fiscalía General de la Nación inició el proceso de extinción de dominio de la empresa de servicios públicos Triple A, que significó el secuestro y embargo judicial de la compañía y posibilitó, en diciembre de 2020, la firma de la compraventa de la empresa por el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo.

El documento, inédito por fuera de los despachos judiciales, data del 3 de abril de 2019 y enfiló contra Inassa, socio operador y propietario privado del 82,16% de Triple A. Así mismo, apuntó contra el contrato de asistencia técnica entre ambas compañías firmado en 2000 y que por años esquilmó a la compañía en al menos $236.800 millones de pesos, que indexados a 2012 corresponden a unos $414.500 millones de pesos.

Si bien no es novedad y la prensa en ambos lados del Atlántico ha informado profusamente sobre esta trama de corrupción transnacional, el escrito del fiscal 38 de Extinción de Dominio de Bogotá repara en la inexistente asistencia técnica proveída, cómo el cobro originalmente fue irregular, el desconocimiento de los directivos de la ejecución de dicho contrato y cómo se blindó la suerte de Inassa en caso de tener que vender su participación.

Gota a gota

La Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo –Triple A– opera estos servicios públicos en Barranquilla y algunos de ellos en 15 municipios del Atlántico. La justicia colombiana estableció que la compañía fue desangrada gota a gota durante 17 años mediante contratos ficticios que beneficiaron, en principio, a Interamericana de Aguas y Servicios S.A. –Inassa–, controlante de la empresa con 60,3 millones de acciones.

Para entonces los hilos de Inassa los manejó Canal Extensia América, firma privada basada también en Barranquilla, consorcio que aún conserva la participación en 14 empresas en América Latina y el Caribe para su matriz, Canal de Isabel II, operador público de servicios de agua de la Comunidad de Madrid gobernado por allegados al Partido Popular.

Si bien prominentes figuras de esa colectividad han sido llamadas desde 2016 a declarar por la justicia española en el marco de la operación Lezo  –algunas incluso detenidas preventivamente–, apenas en 2023 fueron citados al primer juicio 22 personas, entre las que se destaca el exgerente del Canal Arturo Canalda, que responderán por el supuesto sobreprecio de unos $19 millones de euros en la compra de Inassa en 2001. En total, la trama habría defraudado, preliminarmente, cerca de $63,8 millones de euros.

En el caso colombiano, denominado Acordeón, se han dado tres condenas, un directivo de Triple A y dos contratistas, luego de que el fiscal general Néstor Humberto Martínez anunciara en octubre de 2018 medidas cautelares –bajo el antigüo sistema penal– contra 10 presuntos responsables, explicara la magnitud del expolio ($236.000 millones de pesos vía contratos falsos) y revelara la incautación de las acciones de Inassa en Triple A con fines de extinción de dominio.

Sorpresa, sorpresa

Triple A arrancó en 1992 como un concesionario de capital mixto (88,7 % de la ciudad y 11,3 % de privados minoritarios) como remedio a las dificultades de un acueducto municipal que cubría apenas el 60 % de la demanda de agua de la ciudad, con mala calidad e intermitencia. Para 2006, el experimento naufragó con pérdidas anuales por $12.000 millones de pesos, lo que originó que se buscara un “socio calificado”.

La Alcaldía abrió este proceso con la asesoría de Corfivalle y ofreció un paquete accionario de 43,31 % (serie C), con lo que el Distrito redujo su participación a 50 % (serie A, aún mayoritaria) y el sector privado local a 6,69 % (serie B). Hubo polémica porque la junta de la empresa aprobó dichos cambios, pero no hay prueba de que el Concejo de la ciudad diera su visto bueno.

Llegaron propuestas de Ogden Yorkshire Water Co., Canal de Isabel II, Aguas de Barcelona (Agbar) y Lyonnaise des Eaux-Dumez, siendo la de Agbar la única precalificada, por su integralidad técnica y económica. Aún así, su oferta final trajo dos sorpresas: dió entrada a socios locales mediante la promesa de sociedad futura Inassa S.A. y la solicitud del pago de “costes de gerenciamiento” no contemplada en los términos originales, que revela en su análisis la demanda de la Fiscalía.

Ese valor adicional, que resultó ser de 4,5 % sobre facturación neta mensual, se aceptó como una figura con la que se «le permitía al nuevo socio recuperar parte de los costes en los que debía incurrir para generar y mantener el know-how que aportaría a Triple A», destaca el documento. Por otra parte, Agbar, dueño del conocimiento, no recibiría el pago sino Inassa, lo que se refrendó en un acta de acuerdo el 18 de octubre de 1996. Ambas cosas serían clave para el saqueo que vendría años después.

La clave

Un mes antes, el 19 de septiembre de 1996, día del cierre de la operación, los catalanes dieron vida a Inassa en la Notaría Quinta de Barranquilla, apenas con un millón de pesos de capital. A la firma del acta hubo otras cartas sobre la mesa: la empresa reformó sus estatutos y se capitalizó en 20.000 millones de pesos.

Pero la clave estuvo en que admitió que 48,7 % de su propiedad fuera a manos de empresarios allegados al Partido Conservador, entre ellos, Enrique Gerlein y Enrique Gerlein Jr, Luis Nicolella de Caro, Julio Luis Jácome y Luis Cárdenas Gerlein, bajo el fideicomiso Fidugán Inversionistas-Banco Ganadero –entidad financiera donde los Gerlein eran accionistas–. Agbar retuvo el 51%.

La llegada de Aguas de Barcelona implicó una sensible mejora de la calidad del líquido y de los procesos de gestión relacionados. Fue casi la única asistencia técnica que recibió Triple A.

La participación del socio calificado estaba atada a la suerte de Inassa, cuyas acciones no podían venderse sin perder sus privilegios –la operación y administración de Triple A–. El acuerdo señala que las acciones de serie C pasan a ser automáticamente A si el comprador era público o B si era privado. Si Agbar quería vender tenía solo dos caminos, venderle a sus socios colombianos o acordar con ellos la venta de Inassa a un tercero.

El inicio no fue sencillo: Triple A anunció pérdidas por $18.577 millones de pesos en el ejercicio del 1996. Los ajustes llegaron en septiembre de 1997, con el nombramiento de Francisco Olmos Fernández Corugedo como gerente –postulado por Inassa– y en octubre, con una nueva reforma a los estatutos de la compañía.

Los indicadores de servicio mejoraron. Para el 2000, la empresa logró aumentar la cobertura de acueducto al 94 % y la de alcantarillado al 80 %. Así mismo, pasó a registrar utilidades por $8.583 millones de pesos en 1999, redujo las quejas diarias de 50.000 a 1.000, y se planteaba extender la concesión por 20 años más, según reportó Semana.

Esas mejoras siempre han tenido un precio: por cada capitalización adicional que ha tenido Triple A el Distrito ha resignado una porción de su participación, que se redujo a 14 % y la de los socios minoritarios el 3,4 %. Inassa, en cambio, logró amasar el 82 %.

Cambio de tercio

Fue extraño que, en el mejor pico de la gestión de Triple A, Agbar hiciera maletas y vendiera su participación por $8 millones de euros a sus socios. Mientras la firma catalana argumentó que la operación no resultó ser tan buen negocio, el expediente judicial señaló diferencias irreconciliables con sus contrapartes locales.

Los colombianos, entretanto, constituyeron en marzo de 2000 la firma panameña Sociedad de Aguas de América (SAA), empresa que la Fiscalía señaló de ser una «intermediaria para adquirir» las acciones de Agbar y que estuvo vigente menos de dos años. En ese lapso «no fue una empresa operativa [...], ni realizó actividades comerciales, según la información entregada por las autoridades judiciales» de ese país.

Con la salida de los catalanes, Triple A perdió el soporte y la experiencia que permitieron mejorar la prestación de sus servicios. Pero eso no evitó que SAA, con 11 días de creada, celebrara un nuevo contrato que permitiera seguir cobrando. «Esta sociedad no prestó la asistencia en las áreas comercial, operativa, administrativa y técnica por cuanto no contaba con el personal para hacerlo», indicó el fiscal. 

Entretanto, en abril de 2001 se constituyó en Panamá la Sociedad Latinoamericana del Agua S.A. (Slasa), la virtual sucesora del fondo Fidugán-Banco Ganadero –que coincide con la venta de las acciones de los Gerlein del banco, en medio de acusaciones de lavado de activos–. Enrique Gerlein, Luis Nicolella de Caro (representante legal de Inassa) y Nelson Polo Carbonell destacan en el listado de accionistas de Slasa.

Un contrato posterior entre Triple A e Inassa, fechado en septiembre de 2000, precisa cómo se prestará la asistencia técnica en dichas áreas y pacta la entrega gratuita de un software especializado para la gestión comercial, «lo cual tendría como remuneración un pago equivalente a un porcentaje fijo del 4,5 % de los recaudos de Triple A», hasta el término de la concesión ampliada, en 2033, cobijando así a nuevos inversionistas.

Para ese entonces se perfilaba Canal de Isabel II como nuevo socio calificado para Triple A. Al fin, el 13 de diciembre de 2001 la filial Canal Extensia adquirió SAA (75 % de Inassa) por $83,6 millones de euros, 10 veces lo que pagaron los colombianos a Agbar por el 49% de las acciones. 

Este es un hito fundamental del caso Lezo español, que estalló en 2017, en el que la justicia estima la defraudación de unos 63,8 millones de euros de recursos públicos en 16 años de operación. Tan solo en la compra de SAA –que implicaba en última instancia la propiedad sobre TripleA– se habrían perdido más de 19 millones de euros. 

Un indicio de qué pasó en esa transacción lo da un video grabado por la Guardia Civil en un hotel de Madrid, en el que Rodríguez Sobrino conversa con el empresario colombiano José Manuel ‘Yuyo’ Daes y menciona que “se robaron $25 millones”, en alusión al sobreprecio que pagó la empresa española para hacerse con el control de SAA. 

La investigación de la justicia española evidenciaría que dicho dinero sirvió para pagar comisiones ilegales y para alimentar la caja negra del Partido Popular español. La grabación, publicada completa por la revista Semana en marzo de 2023, gira sobre la eventual venta de Triple A a inversionistas colombianos, de un lado la alcaldía de Alex Char y, de otra, los empresarios de Slasa, incluyendo a los Gerlein. 

“Bueno, es que tienen que ponerse de acuerdo […] yo no voy a pelear con mis amigos. Mis amigos son Enrique Miguel, Julio, Nicolella, los otros, también es Álex. Si hay una pelea, yo no entro. Si hay un acuerdo para comprar, yo entro”, señaló Yuyo Daes a su interlocutor.

Asistencia fantasma 

Toda esta situación se suma al hecho de que Canal de Isabel II y sus subordinadas, Canal Extensia e Inassa, tampoco cumplieron con el contrato de asistencia técnica con Triple A, según expuso el fiscal en su demanda de extinción de dominio. 

Un informe de policía judicial (agosto de 2017) halló en primera instancia “sospechosos” los «pagos realizados de Triple A a Inassa por el contrato de asistencia técnica», partiendo de que el Banco de la República registró un nivel récord de envío general de divisas al exterior.

Señala la demanda que «el producto correspondiente al pago periódico por concepto de la llamada asistencia técnica, recibida (sic) por Inassa, fue distribuida entre sus accionistas Canal Extensia, Slasa y demás accionistas con la fachada de haber suscrito contratos de asistencia técnica con ella misma, a través de giros de dineros realizados a una cuenta de compensación en Miami y de allí distribuida a esos socios y el porcentaje restante quedaba para los gastos operacionales de Inassa».

En otro análisis (octubre de 2017) referente a los datos contables y financieros de Inassa y de Triple A, la Fiscalía pescó una diferencia de $112.000 millones de pesos en el valor de las órdenes de servicios emitidas a favor de Recaudos y Tributos (R&T, filial de Inassa) y lo realmente registrado, que dejó entrever que Triple A realizó pagos por conceptos que no estaban relacionados en lo contratado. 

Un informe más (octubre de 2017) versó sobre otro contrato de asistencia técnica en gestión ambiental, pagado sin comprobantes ni registro de los abonos en las cuentas bancarias de los contratados. El director de contabilidad de Triple A, Friedrich Vence, aseguró que desconocía los pormenores del trato y el director de Gestión Ambiental, Carlos Juliao, no sabía de su existencia.

Una auditoría (noviembre de 2017) descubrió que el contrato de asistencia técnica entre Inassa y Triple A  fue en realidad ejecutado y desarrollado en varios aspectos por personal de la empresa, según dijo el ingeniero Pastor Arévalo, exgerente de Planeación de Triple A, con lo que ratificó que este fue usado para justificar el envío de recursos a Inassa.

En su indagatoria –cita el fiscal–, el exgerente administrativo de Triple A, David Enrique Chávez, confirma: “No puedo mostrar absolutamente ningún documento o algo que me sirva de soporte para evidenciar que esta asistencia se cumplía. Muy por el contrario, la asistencia era en sentido inverso, de Triple A hacia Inassa y sus filiales”.

Hasta Madrid

El fiscal hace un esfuerzo también por mostrar que toda la cadena de mando, desde Triple A en Barranquilla hasta los directivos de Canal de Isabel II en Madrid, así como los demás accionistas, estaban al tanto de que no se cumplía con las condiciones del contrato de asistencia técnica, lo que implicaba una inversión nula por un pago que, a cambio, si se recibió indebidamente.

“Es indiscutible que le asiste la culpa a cada uno de los accionistas de la sociedad Inassa S.A. En efecto, existe la obligación de velar por lo que estaba pasando al interior de esta sociedad , aunado a que es inverosímil que estos accionistas nunca se cuestionaron por qué estaban recibiendo semejantes sumas de dinero sin invertir un solo peso en el cumplimiento de la asistencia técnica que suscribieron con Triple A”, señaló.

Recuerda que los accionistas de Triple A e Inassa cumplieron roles como presidente, gerente o miembro de la junta directiva y por ello sabían los pormenores de la no ejecución de lo contratado. También carga contra las accionistas de Inassa, Canal Extensia y Slasa, a las que señaló por no contar con el músculo financiero o el personal para apoyar a Triple A.

“Lo que se tenía conocimiento es que quien ejercía el control al interior de la sociedad Inassa SA, como de Triple A, era la sociedad Canal de Isabel II, sociedad española propietaria de las acciones de Canal Extensia S.A. Prueba de ello lo han señalado (sic) cada uno de los funcionarios de Triple A E.S.P. que declararon en el proceso penal”, añadió.

Citó además los documentos allegados por Julia Margarita Serrano, exgerente financiera de Triple A, en su declaración juramentada. Se trata de la transcripción de sesiones de la Asamblea de Madrid, en la que directivos del conglomerado rinden cuentas de su gestión, de la inversión de los recursos y de los retornos.

En la sesión del 3 de marzo de 2015, el presidente de Inassa y de la junta directiva de Triple A, Edmundo Rodríguez Sobrino, manifestó: “Nosotros estamos trabajando, en gran medida, gracias al prestigio de Canal de Isabel II –empresa bastante conocida en América Latina– y con unos esfuerzos financieros insignificantes, muy bajos, no invertimos en capital fijo”. Añadió más adelante: “Respecto de la política de contratos, me autoriza Canal, a petición propia. Quien hace las propuestas soy yo, y Canal me dice sí o no”.

En sesión del 5 de abril de 2016, el presidente del Consejo de Administración de Canal de Isabel II, Ángel Garrido, manifestó, tras señalar que las infraestructuras que administraban usualmente eran construidas por las administraciones locales o nacionales de cada país en el que operaban, que “nuestras filiales se limitan, por tanto, a realizar pequeñas inversiones relacionadas con el mantenimiento de los equipos e instalaciones propiedad de las empresas”.

“Es más –agregó–: Canal Isabel II ha recibido un beneficio económico positivo [proveniente de sus filiales] de $61,71 millones de euros al cambio actual entre 2002 hasta 2015; creo que es una cifra suficientemente importante”. Es de destacar que, en el entramado empresarial de Inassa, Triple A aportaba el 66 % de los ingresos. 

En la sesión del 6 de marzo de 2018, Garrido, de hecho, mencionó que “solo los [ingresos] que provienen de Triple A de Barranquilla, la principal compañía del grupo en Latinoamérica, supone $5 millones de euros mensuales”. Calculó que al contemplar los 15 años que aún restaban de concesión los ingresos futuros “ascenderían a $75 millones de euros”.

Negocio sobre arena

El 3 de octubre de 2018 las acciones de Inassa en Triple A fueron incautadas por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), cesando a todos los miembros de la junta directiva de la empresa privada. La empresa volvió a los titulares el 3 de diciembre de 2021: el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Barranquilla concretaron la compraventa del 82,16 % de la participación de Triple A, incautada bajo la figura de “enajenación temprana” en el proceso de extinción de dominio iniciado dos años atrás por la Fiscalía.

“Nuestro papel no es vender, sino que haya un propósito de ciudad. Este es un voto de confianza, que se le muestre a la ciudadanía que la Triple A puede volver a la ciudad”, dijo el presidente Iván Duque en el acto de firma. El alcalde Jaime Pumarejo –de la Casa Char, aliada de Duque– solicitó en enero de 2021 que la ciudad adquiriera esa participación “sin comprometer su presupuesto o generar garantías bancarias por su compra”.

La venta se firmó por $565.000 millones de pesos, mientras que la empresa se valoró en unos $800.000 millones de pesos por Deloitte Corporate Finance en Colombia, que actuó como asesor de la SAE, y que dejó esta salvedad: «El proceso de valoración se hizo de acuerdo a los supuestos pedidos por contratistas y únicamente para el proceso de enajenación», algo que encendió alarmas entre los accionistas minoritarios de Triple A.

Por otra parte, el alcalde Pumarejo, para recibir las acciones, creó una nueva sociedad de economía mixta en la que participan la empresa Alumbrado Público de Barranquilla (Alubaq), en la que tiene acciones la Alcaldía en 65 % y los empresarios privados: William Vélez –el zar de las basuras, pero con intereses en varios servicios públicos en Colombia y Centroamérica– y los hermanos Daes.

Para asegurarse el paquete accionario, los privados financiaron la operación de compra de las acciones en poder de la SAE bajo el mecanismo de venta anticipada, “a partir de la cual la enajenación se irá pagando con parte de las utilidades futuras”, según explicó entonces el gerente de Área Metropolitana, Carlos Acosta. 

Sin embargo, nunca se habló del eventual enriquecimiento de los privados por la diferencia entre el valor de la venta y la valoración de los activos, que analistas conservadoramente situaron en $100.000 millones de pesos.  La controversia hizo que los hermanos Daes, dueños de Alutrafic, anunciaran la renuncia a su participación en Alubaq, y por consiguiente a Triple A, y su cesión a la ciudad.

No fue sino hasta diciembre de 2022, ya durante el gobierno de Gustavo Petro, que la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República denunció que tras la operación podría haber un detrimento patrimonial. 

Sobre esta negociación, el presidente de la SAE, Daniel Rojas, dijo que su denuncia buscaba  “salvaguardar el patrimonio público de los barranquilleros”. Las dudas del funcionario se centraban en la diferencias entre el valor pagado por la Alcaldía, los Daes y William Vélez, que diferían de las valoraciones hechas por Deloitte de $800.000 millones de pesos y la de la Superintendencia de Sociedades que era de $2,4 billones de pesos. 

La reculada de Rojas le costó ser suspendido por la Procuraduría, en cabeza de Margarita Cabello, una decisión cuestionada por la cercanía de la funcionaria con varios políticos de Barranquilla.

Finalmente, una mesa de trabajo convocada por el Ministerio Público destrabó el negocio que se dará condicionado a que los intervinientes solamente sean organizaciones del Estado, lo que abre las puertas a un gigante como Empresas Públicas de Medellín, que ya negoció su ingreso a la empresa y estaría finiquitando detalles para iniciar su labor de administración.

Entretanto, Canal de Isabel II no resigna su propiedad y convocó un arbitraje internacional para proteger su inversión ante el Ciadi, organismo del Banco Mundial. De llegar a perder, Colombia deberá pagar una millonaria compensación a la empresa, basada en su valor, lo que deberá ser determinado por ese tribunal. 

Otra historia es la tensión en las relaciones comerciales entre Bogotá y Madrid, que ya pasó un trago amargo en la millonaria disputa por Electricaribe, otra empresa de servicios públicos basada en Barranquilla, ganada por Colombia. 

La historia de Triple A aún está lejos de terminar, con muchas aristas y verdades que aún no ven la luz, pero que demuestra que el dinero público mal invertido, la ambición empresarial desmedida, la corrupción y la política son una mezcla explosiva en la que los daños son pagados al final por sus víctimas: contribuyentes, usuarios o los simples ciudadanos.