La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra los exalcaldes de Santa Marta, Carlos Eduardo Caicedo Omar (2012 – 2015), y Rafael Alejandro Martínez (2016 – 2019), así como al exgerente de Infraestructura de la ciudad, Sánder Alfonso Rodríguez Peña (2016 – 2018), por presuntas irregularidades en la adecuación de 15 parques en la ciudad.
Sabemos de la animadversión de la actual Procuraduría General de la Nación hacia todo lo que tenga que ver con una administración o gobierno opuesto a los que tradicionalmente han saqueado al país, a los líderes políticos que proponen alternativas democráticas para defender los recursos públicos.
Pero en el caso que nos ocupa prima nuestra animadversión hacia la corrupción y hacia la pésima administración de los recursos de los colombianos.
Se trata del contrato 413 de 2015 correspondía a la adecuación de los parques de los barrios Colinas De Pando, Villa Marbella, 20 De Julio, Los Almendros Semáforo, Almendros (Cl. 10), Las Acacias, Barrial 17 De Diciembre, Chimila II, Nueva Galicia, Cristo Rey, Asocons, Vereda Nuevo México, Guachaca, Parque Lineal La Lucha Locomotora, Parque Lineal Sesquicentenario, Mamatoco Separador.
Las obras fueron inauguradas por el mandatario Rafael Alejandro Martínez acompañado del exalcalde Carlos Eduardo Caicedo, como gestor del proyecto. El entonces alcalde Caicedo Omar es investigado porque al parecer habría celebrado un adicional al contrato de obra, en el que modificó aparentemente de manera irregular el objeto de este y obvió los estudios previos necesarios.
Mientras que el exalcalde Martínez y Rodríguez Peña, este último en su condición de supervisor, habrían suscrito una segunda adición por $1.937 millones de pesos, con lo que incrementaron el valor del contrato.
El contrato inicial fue suscrito por $7.923 millones de pesos en septiembre del 2015, y tenía un plazo de entrega de obras cinco meses. Sin embargo, tuvo cinco prórrogas y le adicionaron $5.552 millones de pesos. Entonces, pasó de costar $7.923 millones a $13.475 millones de pesos.
Pese a esto, en febrero del 2017, siendo ya alcalde Rafael Martínez, la administración distrital, impuso una millonaria multa al consorcio Parques Para la Equidad 2015.
Para esa fecha solo había entregado las obras de los parques en Nueva Galicia y Los Almendros, y esperaban ser inaugurados Las Acacias, Colinas de El Pando y Asocom. Pero registraban atrasos en todos los demás parques: 17 de Diciembre, Chimila II, La Lucha sector de la Locomotora y Cristo Rey, Villa Marbella, 20 de Julio, Almendros (calle 10), Vereda Nuevo México, corregimiento de Guachaca, Trisesquicentenario y Mamatoco separador.
¿Fueron terminados?, se supone que sí, pero, en los documentos publicados en la página del Secop, no está publicado ningún registro documental sobre la liquidación y recibido a satisfacción de las obras contratadas por parte de la Alcaldía de Santa Marta. Tampoco hay documentación sobre los más de $5 mil millones que le adicionaron al contrato.
Según la Procuraduría, ambos ex mandatarios, infringieron los principios de economía, planeación, transparencia y responsabilidad, al suscribir el documento sin los estudios previos suficientes que permitieran demarcar el objeto de los trabajos a realizar.
Esto, porque sobrepasaron el límite máximo fijado por la ley para adicionar el valor de un contrato (50%). Como resultado, el valor de las obras pasó de $7.923 millones de pesos a $13.476 millones de pesos.
Ya en el 2019, la Fiscalía General de la Nación seccional Magdalena, le había abierto un expediente a Caicedo y Martínez por varios contratos, entre esos, el de Parques para la Equidad.
Por los lados de la Contraloría General de la República, el organismo archivó en septiembre del 2022, un proceso de responsabilidad fiscal contra los dos exalcaldes, por el presunto detrimento patrimonial en contratos del programa Parques de la Equidad.
Los contratistas incumplidos y corruptos
El Consorcio Parques para el Equidad, está integrado por tres personas naturales: Carlos Emiro Barguil Cubillos (80% de participación), Santander Eliécer Mafioly Cantillo (10%) y Gustavo Adolfo Ramírez Mendoza (10%).
En el 2018, el portal de periodismo investigativo Cuestión Pública reveló cómo Barguil Cubillos, quien es primo hermano del exsenador conservador, David Barguil, aportó a sus campañas de 2010 y 2018, a través de empresas o a nombre propio, y luego se volvieron contratistas. Uno de estos aportes lo hizo en 2010, por $50 millones, la sociedad Inversiones Barguil Cubillos Ltda. Empresa en la que están vinculados sus primos: Emiro Carlos, Nicolás Antonio y Luis Alejandro Barguil Cubillos.
Ya con el primo en el Senado, entre 2010 y 2015, Emiro Barguil estuvo detrás de ocho consorcios que obtuvieron contratos para interventoría técnica y mantenimiento de obras en Córdoba y Magdalena por un total de $36.209.634.229. Entre esos figura el de los parques en Santa Marta.
Además, participó en tres uniones temporales que celebraron contratos para la construcción de obras públicas e infraestructura en el departamento de Córdoba por $4.970.567.713.
Su otro primo Nicolás Antonio Barguil Cubillos, es actualmente representante a la Cámara por el departamento de Córdoba desde 2022, pero, también está vinculado a Inversiones Barguil y es representante legal de la Comercializadora Internacional de Fibras y Granos Ltda. En 2014, Nicolás Barguil suscribió un contrato de arrendamiento de oficinas a nombre de esta última empresa, con el Instituto Municipal de Transporte y Tránsito de Cereté, por $9.750.000.
De hecho, en un informe del 2017 de la Audiditoría General de la República, se le consideró como uno de los megacontratistas de la zona norte del país.
Nada mejor que esta radiografía de cómo funciona la corrupta alianza entre políticos y contratistas.
En cuanto a Mafioly, en abril de este año, también los de Cuestión Pública y del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística CLIP, integrantes de la alianza internacional de medios coordinada por Forbidden Stories, publicaron información relacionada con las investigaciones sobre contratación pública que había realizado el periodista asesinado Rafael Moreno, en los municipios de Puerto Libertador y Montelíbano (Córdoba).
En dicha publicación, reseñaron al ingeniero Santander Eliécer Mafioly, accionista de Consicivil SAS, la mayor socia del Consorcio Rivera Tierralta, que firmó un contrato para la recuperación de la ronda del Río Sinú en diciembre de 2021. Ya había sido sancionado por la Contraloría en febrero de 2021 por un detrimento fiscal a la EPS Acueducto y Alcantarillado del Tolima por $292 millones de pesos.
Según un líder político de la zona consultado por esta alianza, la obra de la ronda del Sinú contratada hace más de 15 meses, iba avanzando pero “la veo parada hace ratico”.
Mafioly, a la vez, como accionista de La Comerciala SAS, integra otro consorcio, el Pavimento de Puerto Libertador 2017. Este último consorcio obtuvo dos contratos distintos en ese municipio, pero curiosamente para cada uno se presentó con distintos socios.
Este mismo ingeniero ha pertenecido al Consorcio M-2 Civiles en Pasto y a otros en Sucre y Atlántico.
En ese entonces, Mafioly no respondió al cuestionario que esa alianza informativa le hizo llegar por correo electrónico, para que diera su versión sobre el aparente atraso en esta obra y su sanción por detrimento fiscal
Sobre el tercer integrante de la alianza, solo se constata que ha sido contratista desde hace algún tiempo, en Cartagena y municipios de Córdoba.
