Sigue el deterioro financiero y la corrupción en la Universidad Autónoma del Caribe

Por: Héctor Tordesilla

Ahora, con la salida del que fuera catalogado por la comunidad universitaria de inepto y peligroso –con las finanzas ajenas– Ramsés Vargas, se empiezan a conocer los vericuetos integrales de su pésima aventura rectoral en la Universidad Autónoma del Caribe. Será menester, otra vez, refundarla hacia atrás, buscando la memoria del grupo de acompañantes históricos del finado Mario Ceballos Araujo, esta vez sin tanta alharaca publicitaria, sin tanta imagen construida a partir de la mentira, lides en que es experta la actual – inexperta “académica”- Sandra Devia Camacho en su labor de Presidenta de la Sala General.

Devia Camacho fue nombrada en el 2013 para el manejo de la Oficina Estratégica de Comunicaciones de la universidad con la misión de limpiar la imagen deteriorada de Ramsés Vargas tras su paso accidentado por varias oficinas del distrito de Barranquilla, entre ellos la Tesorería y Área Metropolitana. La sentencia de este malestar en la percepción ciudadana lo resumiría el Pibe Valderrama al llamarlo, en un rifirrafe de twitters, “rata”.

No vamos a repetir ahora la fama de serio, probo, académico, humanista e intelectual que le creó la Devia al frente de la Oficina Estratégica, conceptos todos que tampoco maneja muy bien la flamante presidenta de la Sala General pero que ella, en su fantasía de comunicadora social integral, cree intuirlos y crearlos artificialmente.

Con esa posición, con un gran nivel de confianza con la gestión de Vargas, logró encaramarse en la alta directiva de la universidad. Apoyada por él. Mano de confianza y auxilio cuando algunos periodistas barranquilleros trataban de indagar sobre los crecientes rumores de malos manejos en ese centro de educación superior.

Es inexplicable que Sandra Devia, manejando esa posición de la Oficina Estratégica de Comunicaciones, haya suscrito el 28 de marzo del 2016 un contrato con el Consorcio Integral de Comunicaciones- CIDEC- empresa bajo control de la misma Sandra Devia Camacho desde el 1 de abril de 2016 hasta el 31 de diciembre por un monto de $300 millones de pesos. La empresa creada hace 26 años fue definida como “una empresa especializada  en procesos de  comunicaciones estratégicas del país, que en compañía de su equipo de trabajo interdisciplinario, del que hacen parte experimentados profesionales de la comunicación social y de mercadeo, reitera como propósito el mantener el ejercicio de fortalecimiento de los postulados de la comunicación social como práctica en la construcción de sociedades líderes”.

Pero ese hecho de cobrar por un servicio que ya presta a nivel de contrato laboral no es ético ni es un paradigma de construcción de sociedades líderes. Todo lo contrario. Es un manifiesto, en todos los sentidos, del abuso de poder en una institución académica y la promoción de la corrupción administrativa como norma de comportamiento. Por el pago de estos servicios, el CIDEC de Sandra Devia tendría la responsabilidad de difundir en los canales de internet y redes sociales la imagen de la universidad –léase Ramsés Vargas- y pasar a revisar todos los planes de medios. Es decir, una reiteración en funciones de lo que ella ya producía a nivel laboral.

Una de las obligaciones contraídas fue el de la “mermelada” a los medios: la ordenación de la “pauta publicitaria a medios masivos y alternativos” lo que aclara el extraño silencio de los periodistas locales sobre el proceso de deterioro administrativo de esta universidad a la cual solo le dedicaban ditirambos, elogios, panegíricos endulzados con becas y puestos que causaban, cómo no, traumas irremediables en el sentido del oído y de la vista.

Otra de las funciones del CIDEC en este extraño contrato fue el de recomendar y coordinar la participación de “patrocinadores” (?) que en plata blanca significan contratos con otras entidades, tal es el caso de la gobernación del Atlántico, donde Devia tiene fuertes conexiones y ha tenido contratos similares a los de la Universidad. (Ver: http://corrupcionaldia.com/2018/01/30/la-conexion-devia-y-los-contratos-de-la-gobernacion-del-atlantico-con-la-universidad-autonoma-del-caribe/)

Una función que tiene relación con la pauta publicitaria repartida es una especie de monitoreo a ver si los beneficiarios con esta torta se portaban a la altura del contrato de difusión de la imagen de la universidad –léase Ramsés- definida escuetamente bajo “reporte de ejecución de pauta”. En relación con esa insistencia en el manejo de la pauta publicitaria, se encuentra la respuesta a la explicación sobre la imagen de Ramsés Vargas columnista, académico de talla internacional, opinador de temas “profundos” y buen padre de familia. Esa era otra de las obligaciones de este contrato entre la Universidad Autónoma del Caribe y el CIDEC: todo el control la administración de los recursos que invertía la universidad en las pautas publicitarias. Nada menos.

A todas estas, Sandra Devia, que dijo públicamente sentirse “engañada” por el pérfido Ramsés Vargas, sigue en su posición de Presidenta de la Sala General a sabiendas, ella y todos los que conocen su historia, del papel de cohonestadora en los desmanes de Vargas que tienen a esta importante universidad sumida en la peor crisis de su historia.

El caso Mr. Cool

Es hecho conocido y sufrido el pésimo estado de los aires acondicionados en el edificio de posgrados de la universidad. En su interior se percibe la antesala del infierno, una especie de gruta cerrada para momificar a los faraones de las pirámides de donde proviene el nombre Ramsés.

Pues bien, ante tanta calentura se decidió por parte de la universidad contratar una empresa que hiciese una reparación integral de los aires acondicionados llamada Mr. Cool por un monto de $80.563.000 (ochenta millones quinientos sesenta y tres mil pesos). Esta empresa, representada por Emilio Yaar, se encuentra domiciliada en la carrera 49B No.75-105 local 201 con el celular 3187347950. Pues bien, Mr Cool (Emilio Yaar) recibió de salida TODA LA SUMA –hecho grave e inusual en este tipo de contratos de mantenimiento- y desde entonces se dedicó a evadir su responsabilidad legal con el argumento que los equipos que necesitaba para la reparación los había pedido a Miami y no habían sido despachados. En otras palabras, poniendo a disponer su responsabilidad contractual en un tercero con el cual la universidad no había negociado.

Antes el anómalo hecho, el 5 de septiembre del 2017 se levanto el Acta 006 por parte de la dependencia de Mantenimiento en una reunión en donde concurrieron Pedro Sierra, Vicerrector Administrativo; Patricia Patiño, Gerente Administrativo; Sergio Vargas, de Mantenimiento y por supuesto Emilio Yaar de la empresa contratista Mr. Cool. Ante la imposibilidad del cumplimiento objeto del contrato se decidió “trasladar” la obligación a otra, encomendándole el servicio de limpieza de los aires de la universidad –la mayoría en mal estado- sin que para el cumplimiento de ese servicio trastocado hubiese un plan diseñado con su correspondiente monitoría de ejecución. En otras palabras, parece ser un elegante y jurídico contentillo para que el contratista no solo no devuelva el dinero –con sus intereses- del contrato incumplido sino el de brindarle una salida decorosa.

La dilapidación de los recursos para investigadores otorgados por Colciencias

En las publicitadas paginas a todo color, publicadas en El Heraldo, en donde además fungía de columnista y entrevistado de “rigor” en algunos temas, Ramsés Vargas relevaba, a través de estas órdenes publicitarias, la inclusión de la Universidad Autónoma del Caribe en los grupos de investigación de Colciencias. Todo un triunfo académico de su gestión en medio; decía él, de enemigos asolapados que pretendían enlodar los procesos de renovación en que estaba empeñado.

Puras mentiras publicitarias, como veremos. Resulta que en una comunicación del 15 de marzo del 2018 del equipo de Vicerrectoría de Investigación y Transferencias a la asesora de comunicaciones, directora de la oficina de comunicaciones, contratista de comunicaciones y Presidenta de la Sala General Sandra Devia le manifiestan que existen una serie de obligaciones por pagar a los investigadores de los recursos girados por la dependencia estatal Colciencias a la universidad señalando los montos recibidos y el estado en que se encuentran:

1. Proyecto 702: El primer desembolso de Colciencias fue el 24 de diciembre de 2015 por $142.613.060. El segundo fue el 31 de enero del 2017 por $142.613.060 quedando pendiente por pagar $8.631.280. Se debe devolver a Colciencias $45.318.107 aprox. Este proyecto debió cerrar en octubre del 2017.
2. Proyecto 744: El valor consignado por Colciencias de $200.616.942 el 24 de diciembre del 2016 de los cuales $181.980.000 corresponden a la ejecución del proyecto. Se han ejecutado $27.020.959 y quedan pendientes $154.959.050 con un plazo para ejecución del proyecto hasta el 20 de diciembre del 2018.
3. Proyecto 761: El valor consignado por Colciencias fue de $134.029.850 el 22 de mayo de 2017. De eso se han ejecutado $55.845.774 y se encuentran por pagar $49.640.689. La universidad debe un aporte al proyecto de $89.353.238 con un plazo de ejecución hasta el 28 de noviembre de 2017.
4. Proyecto 748: En calidad de co-ejecutores con la Universidad de la Guajira que, ante los problemas presentados en la Autónoma, no giró los recursos.
5. Proyecto 755: Congelado hasta junio del 2018
6. Proyecto 776: Congelado hasta junio de 2018

Además, se deben en el uso de patentes facturas por $21.049.036. El procedimiento de desvió de estos recursos sucede porque los investigadores, estudiantes, tutores, profesores de la universidad presentan sus proyectos en el marco legal de una institución que es en definitiva la que maneja estos recursos repartiéndolos según necesidades mensuales puntuales de los proyectos. Ante el desbarajuste financiero administrativo estos fondos se esfumaron.

Consultados algunos de los investigadores que pidieron reserva sobre sus nombres manifestaron que desde hace 5 meses no les pagan y que en la universidad nadie les da explicación sobre estos dineros públicos consagrados a labores de investigación –con esa especifica destinación- y que bajo ninguna excusa podían ser desviados. Ante la parálisis general de los proyectos y bajo el temor que la universidad escurra su responsabilidad depositándola en los investigadores, con todo lo que ello significa en materia penal y administrativa, han decidido proseguirlos con sus propios recursos para cumplir el compromiso con Colciencias.

El colmo de todo este disparate en que se convirtió la Universidad Autónoma del Caribe bajo el mandato de Ramsés Vargas –que hasta este momento le “resbalan” todas las graves sindicaciones que pesan sobre su responsabilidad- es que la Autoridad Nacional de Televisión, en sus labores de monitoreo, encontró que el Canal 23 de Televisión adjudicado a la universidad se encontraba apagado, fuera del aire, ante lo cual envió el respectivo reporte técnico en la primera semana de abril 2018 de gráficos del espectro electro magnético dándole un plazo perentorio a la universidad para reabrirlo en el termino de 10 días con multas. El canal fue “desmontado” en la rectoría de Vargas y entregado para laboratorio de prácticas –situación que se presupone es lo normal en un centro universitario con la carrera de Comunicación Social y Periodismo- y que se suma a la pérdida de audiencia de Radio Cultural Uniautonoma bajo la dirección de Silvia Motta quién ante la salida de su padrino Vargas y la crisis de la emisora –que incluso estuvo en algunos periodos largos fuera del aire por falta de mantenimiento- no le quedó otra sino pasar su carta de renuncia fulminante.

Todo un proceso de crisis en las dependencias de la universidad que tienen en alarma a los padres de familia que no ven recompensados el esfuerzo del pago de los semestres, en baja académica por la salida de valioso personal y en penurias económicas a profesores y trabajadores que se ven obligados a prestar dinero o pedir socorro para su supervivencia y las de su familia. Tan dramático son los hechos que algunos ni siquiera tienen el dinero para desplazarse en un bus a cumplir sus obligaciones laborales.

Y el Ministerio de Educación, alertado desde hace más de 2 años de las pilatunas de Vargas? Bien gracias. Y la Fiscalía? Evaluando el material probatorio. Y Ramsés? Dando vueltas por Barranquilla en su condición de “académico” desempleado, esperando que pase algo así como un alzhéimer colectivo para pedirle a sus padrinos políticos que lo reencauchen en otro puesto para así acudir al CIDEC de Sandra Devia que le invente una nueva historia de su vida.

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