Luego de permanecer algo más de tres meses preso, el exrepresentante a la Cámara, Roberto José Herrera Díaz, aceptó este martes cargos ante la Corte Suprema de Justicia por su participación en un escándalo de corrupción en los procesos de contratación de obras públicas en el departamento de Magdalena.
Herrera, quien había sido detenido en junio pasado, se acogió a una sentencia anticipada y aceptó los cargos de concierto para delinquir agravado, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.
De acuerdo a las investigaciones que adelantó la Corte Suprema de Justicia, El zar de las libranzas, como es conocido Herrera, recibió beneficios económicos de varios particulares por haber gestionado recursos ante entidades gubernamentales y haberles entregado estos recursos a varios contratistas.
Así, de forma ilegal, Herrera consiguió que dineros del erario público quedaran en manos de particulares que se presentaban como únicos ponentes en distintas licitaciones en municipios del Magdalena y Bolívar entre los años 2012 a 2016.
Herrara adelantaba gestiones ante el Invías, Fonade, Coldeportes, el Ministerio de Vivienda y otras entidades para obtener fondos que serían destinados a financiar varios proyectos en los departamentos de Bolívar y Magdalena. Por eso, la Corte señaló a Herrera de recibir sus coimas a través de pagos de deudas, compras de bienes y otros mecanismos, lo que terminó incrementando injustificadamente su patrimonio.
En junio de este año, el excongresista del partido Alas Equipo Colombia se entregó a la justicia después de que la Corte Suprema impusiera una medida de aseguramiento en prisión tras imputarle los delitos que acaba de aceptar.
En ese entonces, la Sala de Instrucción de la Corte afirmó que Herrera representaba un peligro para el desarrollo del proceso, ya que podría comprometer varias pruebas recogidas por la justicia.
El excongresista resultó salpicado dentro del escándalo de las libranzas en Colombia. En 2016 fue señalado de participar en un desfalco a miles de inversionistas a través de la empresa “Elite”, que captó cerca de $1.2 billones, haciendo que alrededor de 6.000 de sus inversores perdieran sus ahorros.
El desfalco se habría ejecutado a través de cooperativas que ofrecían pagarés falsos para quedarse con el dinero. De ahí su apodo de Zar de las libranzas.
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En estos últimos hechos relatados estuvo además implicada su esposa Delvis Sugey Medina, quien estuvo presa, pero quedó en libertad en el 2019 por vencimiento de términos.
Medina, fue acusada de ser una de las originarias de los bonos de libranza alterados. Durante su proceso la Fiscalía busca llegar a acuerdos con Medina Herrera y Ana Milena Aguirre Mejía, asociada inicial y miembro principal del Consejo de Administración de la Cooperativa Servicoop de la Costa, ambas investigadas por el escándalo de libranzas de Elite y poder de esa manera servir como testigos de cargo contra los directivos de Elite ya judicializados, los directivos de Vesting Group, Plus Values, Tu Renta, Optimal ABC Winner, entre otras firmas.
Sin embargo, los procesos han quedado empantanados tras el vencimiento de términos.
Por su parte, Herrera, tras aceptar los cargos por los que se le señala, quedó a la espera de que la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte profiera el fallo condenatorio que le corresponde. Debido a que aceptó acogerse a una sentencia anticipada, el exrepresentante a la Cámara renunció a las otras fases del proceso y por esto recibirá una rebaja de pena que será definida por la Sala
