La empresa que «se comió la plata» de una comunidad indígena en Casanare tiene el mismo ADN que el entramado que saqueó la gestión del riesgo en Colombia. El caso AREMCA ya no es solo un escándalo caribeño: es una radiografía del Estado colombiano capturado.
Hay frases que valen más que mil auditorías. El 22 de abril de 2026, en plena audiencia de imputación, el fiscal Andrés Vásquez reveló una interceptación que resume, con una brutalidad descarnada, lo que es el caso AREMCA en su esencia más cruda. Luis Soto Caraballo, uno de los nueve directivos capturados, habría dicho, refiriéndose a un contrato de reforestación con comunidades indígenas en Casanare: «Esa plata se la comieron con los indios.» No era una metáfora. Era un reporte de gestión.
Lo que vino después es la historia de una empresa —Mopen SAS— que adjudicó ese contrato por 6.759 millones de pesos para mejorar la calidad de vida del Resguardo Caño Mochuelo en Paz de Ariporo, Casanare. Y que resulta ser, a la vez, parte del consorcio que AREMCA contrató para construir un relleno sanitario en Tame, Arauca, por 20.000 millones de pesos. Y que además tiene como figura central a un hombre — Camilo Ernesto Díaz Carrillo — cuyo número de teléfono estaba en manos de la asesora estrella del entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y quien habría sido señalado como contacto clave para mover convenios millonarios a través de la UNGRD.
En corrupcionaldia.com hemos cubierto el ascenso y la caída de AREMCA desde sus primeras señales de alarma. Hoy, con la revelación de El Tiempo sobre Mopen SAS y el nexo UNGRD, la fotografía completa empieza a revelarse. Y lo que muestra no es un caso de corrupción. Es un sistema.
El Mecanismo Expuesto — La Arquitectura del Saqueo
Para entender a Mopen SAS hay que entender primero cómo opera la Red Subterránea que este caso está exponiendo. AREMCA —la Asociación Regional de Municipios del Caribe— era, en apariencia, una figura legítima del derecho público colombiano: un esquema asociativo de municipios diseñado para aunar capacidades administrativas y ejecutar proyectos en comunidades pequeñas. En teoría, exactamente lo que necesitan municipios de sexta categoría que no tienen personal técnico para contratar obras.
En la práctica, según la Fiscalía, era una máquina de direccionamiento. Una vez que AREMCA lograba ser designada ejecutora por alcaldes o gobernaciones —muchas veces en violación del Registro de Esquemas Asociativos Territoriales (REAT)—, sus directivos activaban un «manual de contratación prohibido» con el que repartían contratos a dedo entre un banco cerrado de contratistas. Ciento un proyectos. Más de 496.000 millones de pesos en recursos del Sistema General de Regalías. Doce departamentos. Una sola red.
El contrato del Resguardo Caño Mochuelo es emblemático no por su monto —que es relativamente pequeño dentro del universo AREMCA— sino por lo que representa: la corrupción llegando al eslabón más débil de la cadena, a comunidades indígenas que el Estado ni siquiera puede monitorear con facilidad. La directora de AREMCA, Emilia María Álvarez Guerrero —hoy capturada—, firmó la resolución de adjudicación a Mopen SAS el 23 de enero de 2024. Sesenta meses de plazo. El contrato lleva más de un año sin cargar ningún documento que acredite su ejecución.
¿Y el audio? Según el expediente, Soto Caraballo lo dice con la tranquilidad de quien informa una operación normal. Porque para él, al parecer, lo era.
Los Actores y Sus Roles — El Hilo que Conecta Todo
Mopen SAS no es una empresa fantasma. Es una firma de construcción creada en 2003 en Casanare, con objeto social en obras de ingeniería civil y transporte de carga. Aparentemente, una empresa regional, pequeña, de provincia. Lo que la Fiscalía encontró es otra cosa: Mopen SAS tiene el 90% de participación en el consorcio Brisas del Cravo, que AREMCA contrató para construir el relleno sanitario de Tame (Arauca) por 20.000 millones de pesos en agosto de 2022.
Y Brisas del Cravo tiene un representante legal: Camilo Ernesto Díaz Carrillo.
Aquí comienza el nexo que la Corte Suprema de Justicia está verificando. El teléfono de Díaz Carrillo estaba en poder de María Alejandra Benavides, identificada como la «asesora estrella» del entonces ministro de Hacienda Ricardo Bonilla. Y Benavides habría enviado el contacto de Díaz Carrillo a Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, para gestionar convenios por 92.000 millones de pesos en Saravena (Arauca), Cotorra (Córdoba) y El Carmen de Bolívar (Bolívar).
El mismo nombre. Los mismos municipios. Las mismas regalías. El mismo sistema.
Cuando El Tiempo contactó a Juan José Cepeda Pérez, representante legal de Mopen SAS, para preguntarle sobre las interceptaciones y su relación con Díaz Carrillo, la empresa pidió una reunión presencial. Y no fue. Alegó «problemas de orden público». Una respuesta que, en el contexto de este caso, resulta tan elocuente como el audio de Soto Caraballo.
Los directivos de AREMCA, entre tanto, niegan las irregularidades. El abogado Alfredo Ballestas declaró en su momento que «todas sus actuaciones eran legales» y que no tenían nexo con la UNGRD. La Fiscalía tiene una caleta en la cocina de su sede, 350 certificaciones falsas emitidas por un software inexistente y el DVR de seguridad con los conectores cortados para decir lo contrario.
El Impacto Real — Lo Que el Resguardo Nunca Tuvo
El Resguardo Caño Mochuelo está en uno de los territorios más remotos de Casanare. Lo habitan comunidades indígenas de al menos nueve etnias diferentes —Sikuani, Saliba, Tsiripu, Yamalero, Masakare, Amorúa, Piapoco, Cuiba y Chiricoa— que llevan décadas reclamando condiciones mínimas de vida digna. Acceso a agua potable. Salud. Educación. Soberanía alimentaria.
Los 6.759 millones de pesos adjudicados a Mopen SAS para «reforestación productiva» estaban destinados, según el contrato, a implementar acciones que mejoraran precisamente esas condiciones de vida. Con ese dinero se podían haber sembrado más de 500 hectáreas de especies nativas productivas, generado empleo rural indígena y construido capacidad alimentaria sostenible para cientos de familias. En cambio, no hay un solo documento de ejecución desde 2024. Las actas del contrato ni siquiera tienen firmas, según la Fiscalía.
El «costo de oportunidad» —esa categoría analítica fría que los economistas usan para lo que se dejó de hacer— tiene aquí una cara concreta: son niños del Resguardo Caño Mochuelo que siguen bebiendo agua contaminada. Son mujeres indígenas que siguen esperando un programa alimentario que nunca llegó. Son comunidades enteras a las que el Estado colombiano les prometió desarrollo y les mandó a Mopen SAS.
Y mientras tanto, según las interceptaciones, alguien registraba ese desvío con la más absoluta normalidad.
El Sistema que lo Permite — Por Qué Siempre Es el Mismo Ciclo
James Buchanan —Premio Nobel de Economía, citado en los documentos de referencia de esta plataforma— lo explicó con precisión clínica: cuando los incentivos institucionales premian la captura del Estado por encima del servicio público, la corrupción no es la excepción al sistema. Es el sistema.
El caso AREMCA-UNGRD-Mopen SAS es un manual de ese principio. Los esquemas asociativos de municipios fueron creados para fortalecer la capacidad administrativa de los territorios más débiles. Son una herramienta legítima del diseño institucional colombiano. Pero en un contexto donde la supervisión es mínima, donde el REAT puede ignorarse con impunidad durante años, donde los asesores del Ministerio de Hacienda intercambian contactos de contratistas con el subdirector de la UNGRD como si fueran tarjetas de presentación, esa herramienta se convierte en un mecanismo de concentración del saqueo.
Lo que la Fiscalía está desenredando no es una conspiración espontánea. Es una red que lleva décadas construyéndose, refinándose y extendiéndose. AREMCA nació en 1995. Mopen SAS aparece en Casanare desde 2003. Los mismos actores, los mismos flujos, los mismos departamentos periféricos donde nadie vigila y las comunidades más vulnerables pagan la cuenta.
Alejandro Nieto, el jurista español cuyo análisis sobre el «desgobierno de lo público» resuena con amarga precisión en el contexto colombiano, lo describió así: el Estado no ha sido capturado por accidente. Ha sido capturado por diseño, por una clase política y burocrática que construyó las reglas del juego para su propio beneficio y luego convenció a la ciudadanía de que esas reglas eran el orden natural de las cosas.
La buena noticia —si es que hay alguna en este panorama— es que la Fiscalía, esta vez, parece haber encontrado el hilo correcto. La Corte Suprema está verificando el nexo con la UNGRD. Hay nueve capturados. Hay interceptaciones. Hay una caleta. La pregunta que queda es si el proceso judicial tendrá la fortaleza institucional para no colapsar bajo el peso de los mismos intereses que construyeron esta red.
Hay algo profundamente revelador en la frase «nos comimos la plata con los indios». No en la brutalidad de su contenido —eso ya lo sabíamos— sino en su tono. En la normalidad con la que se dice. En la ausencia total de culpa o de miedo. Eso no es la voz de alguien que sabe que hace algo malo. Es la voz de alguien que lleva tanto tiempo haciéndolo que ya no lo percibe como malo. Es la voz de un sistema que se ha normalizado a sí mismo.
El Resguardo Caño Mochuelo sigue esperando. Sneyder Pinilla está siendo investigado. Camilo Ernesto Díaz Carrillo no contesta el teléfono. Y AREMCA, que construyó un imperio de medio billón de pesos sobre la figura jurídica de una pequeña asociación de municipios caribeños, tiene ahora a la Fiscalía revisando cada uno de sus 101 contratos.
La pregunta no es si hubo corrupción. Esa ya está respondida con audio incluido. La pregunta es cuántas empresas más, cuántos consorcios más, cuántos Camilo Díaz más siguen operando en la red subterránea que este caso apenas está comenzando a iluminar.
En corrupcionaldia.com seguiremos el rastro. Porque la corrupción no solo se denuncia. Se disecciona.
