Francisco Reyes, superintendente de Sociedades y, Mariana Gutiérrez, superintendente de Economía Solidaria, Gerardo Hernández, superintendente financiero. Foto: Juan Carlos Sierra / Supersolidaria / Alejandro Acosta

Iván Vásquez Uribe, 55 años, es una de las 26 personas fallecidas, pertenecientes al grupo de los 6.046 acreedores aprobados por la liquidadora de la comercializadora de títulos pagarés de Libranzas Élite International América S.A.S. Igual que los otros 25 que no resistieron el golpe mortal de la estafa más grande de la historia del país, había puesto todas sus esperanzas en la inversión que hizo en esta compañía “cinco estrellas”.

El impacto de haber sido víctima de esta megaestafa, de haber quedado en el aire, sin ninguna posibilidad de recuperar los ahorros de su vida y de saber que el gobierno, en todas sus estancias (Fiscalía, Procuraduría, Superintendencias y otras) estaba —y está— protegiendo a los delincuentes cerebros y propietarios de Élite International Colombia, llevó a Vásquez Uribe a abandonarse a las demoledoras garras de la depresión.

Dejó de comer y a pesar de haber sido hospitalizado, canalizado y tratado con todos los cuidados, murió.

Igual camino tomó Hugo Ospina, 45 años, diabético e insulinodependiente. No vio esperanzas por ningún lado muy a pesar del apoyo de sus compañeros estafados que iniciaban la lucha por recuperar lo que más pudieran de su dinero aparentemente perdido.

Ospina dejó de inyectarse la insulina y murió al poco tiempo.

No solamente han fallecido 26 en menos de dos años, también en este grupo de 6.046 estafados se ha disparado el número de personas afectadas por enfermedades degenerativas y alto costo. El estrés, la desesperanza y la mala situación económica hace de las suyas en familias que vendieron todo para recibir buenos intereses que le permitirían mejorar su calidad de vida.

Los tape tape de la corrupción estatal

 Sin la corrupción imperante tanto en el gobierno Santos como en el actual, en donde aún persiste, los delincuentes cerebros y propietarios de Élite International América S.A.S no hubieran podido prosperar en su cometido. Veamos en qué consiste todo este tape tape desde el inicio.

Para mejor comprensión dividamos este proceso en dos etapas:

  1. Antes de la intervención de la Superintendencia de Sociedades.
  2. Después de la intervención de la Superintendencia de Sociedades.

Primera Etapa

La primera etapa comprende los años, desde su creación (2011), en que operó la comercializadora Élite International América S.A.S hasta que fue intervenida (2016) por la Superintendencia de Sociedades.

Durante estos años, los socios de Élite, Francisco Javier Ordiozola Juan (31,19%), José Alejandro Navas Vengoechea (29,19%), Marino Constantino Salgado Carvajal (26,62%), cabecillas de este conglomerado delincuencial, lograron captar más de 6.500 clientes que invirtieron sus ahorros para respaldar el negocio de comercialización de pagarés de libranzas, lo cual les proporcionaría intereses mensuales atractivos por su dinero. https://corrupcionaldia.com/la-estafa-de-elite-international-se-abrigo-enla-corrupcion-imperante-en-el-pais-1era-parte/.

Élite logró recaudar más de $1.5 billones de pesos. Algunos analistas aseguran que llegaron a los $2 billones de pesos. De una modesta oficina pasaron a lujosos pisos, y de ellos se ocuparon revistas especializadas como Dinero para promocionarla como una de las mejores 5.000 empresas del país. Pero en todos estos años las autoridades encargadas del control de estas operaciones brillaron por su ausencia y se hicieron los ciegos. ¿Y quienes era las entidades encargadas de vigilar qué estaban haciendo estos delincuentes?

En primer lugar, la Superintendencia Financiera. El grupo delincuencial de Élite le aseguraba a sus clientes que eran vigilados por la Superintendencia Financiera, pero no se conoce ningún reporte de visita o requisición de documentos de esta entidad a Élite International Colombia, durante estos años. En este sentido el Superintendente Gerardo Hernández Correa debe responder por esta omisión y negligencia.

Gerardo Hernández Correa

En segundo lugar, la Superintendencia de Sociedades. Sobre esta entidad recae el mayor peso de la responsabilidad de control y vigilancia en sociedades como Élite que basaba sus operaciones en una Ley que no ha sido reglamentada, la Ley 1527 de 2012. Esta falta de reglamentación a las operaciones de libranzas dio pie para que avivatos y delincuentes como los socios de Élite montaran un negocio atractivo para todos aquellos ahorradores que buscan atractivos pagos de intereses a su dinero.

Élite se presentaba como una comercializadora, pero en realidad era una captadora de dinero, no era una entidad financiera, pero basaba sus operaciones en transacciones y pagos de intereses monetarios. Por lo tanto, la Superintendencia de Sociedades debió ejercer un control estricto, tal como lo socios de Élite lo pregonaban para convencer a sus víctimas, pero no, solo se limitaban a visitas protocolarias y de coctel. No se conoce un informe serio de control y vigilancia a esa sociedad de maleantes antes de la intervención definitiva.

Francisco Reyes, superintendente de Sociedades y, Mariana Gutiérrez, superintendente de Economía Solidaria, Gerardo Hernández, superintendente financiero. Foto: Juan Carlos Sierra / Supersolidaria / Alejandro Acosta

Por estas razones creemos que el superintendente de sociedades Francisco Reyes debe responder por omisión y negligencia muy a pesar de la intervención y liquidación decretada por esta entidad en 2016 contra Élite Internacional.

En tercer lugar, La Superintendencia de la Economía Solidaria, Supersolidaria. Como ya es ampliamente conocido, el negocio y posterior estafa de Élite no hubiera sido posible sin su fuente primaria proveedora del leitmotiv de su trabajo en el mercado: la organización que le proveyó los pagarés de libranzas. Se trataba de una organización criminal amparada en 9 cooperativas que funcionan en el caribe colombiano.

Durante esta primera etapa que estamos analizando de la empresa Élite, la Supersolidaria tuvo varios superitendentes, entre ellos Olga Lucía Londoño Herrera, Enrique de Jesús Valencia Montoya y Mariana Gutiérrez Dueñas. Estos funcionarios no tenían la menor idea de lo que estaba haciendo el grupo de cooperativas que lideraba el excongresista Roberto José Herrera Díaz con su esposa Delvis Sugey Medina Herrera y Ana Milena Aguirre Mejía, y que se asociaron a los cerebros de Élite para suministrarles pagarés de libranzas.

Según los datos que hoy tiene el grupo organizado de las víctimas de esta estafa, en los 4 años que duró el negocio de Élite, el 81.2% de los títulos eran falsos, apócrifos o gemeleados. Esto indica el nulo control y vigilancia que estos superintendentes ejercieron, permitiendo el desarrollo de estafas a gran escala con el negocio de las libranzas que negociaban estas cooperativas.

En su edición del 11 de mayo de 2016, la revista Semana publicó lo siguiente:

“Uno de los temas que más preocupa en esta quiebra es, justamente, el papel de las instituciones del Estado. En un principio, el escándalo no parecía tener un claro doliente, pues las superintendencias de Economía Solidaria, de Sociedades y Financiera se pelotearon la responsabilidad frente a lo sucedido.

Esto, a pesar de que estaban directamente involucradas cooperativas y sociedades comerciales y de que se trata de un negocio que se mueve en los linderos de las inversiones financieras.

Ahora, después de varios meses, hay quienes resumen el rol de estas tres instituciones de vigilancia de la siguiente manera: una superintendencia que se ha echado al hombro este caso (la de Sociedades), otra que reaccionó tardía y débilmente (la de Economía Solidaria) y otra que le ha sacado el bulto al problema (la Financiera)”.

Segunda etapa

Comprende el tiempo transcurrido desde la intervención de la Superintendencia de Sociedades a la firma Élite International América S.A.S, a mediados de 2016, hasta hoy. Un tiempo muy doloroso para las víctimas y muy oscuro para las familias que perdieron sus familiares a causa del golpe mortal que les causó la mega estafa de esta comercializadora de títulos de libranzas.

Además del proceso de intervención y todos sus intríngulis, en esta etapa se ubican los procesos judiciales que se desencadenaron y que hasta ahora no han hecho otra cosa que favorecer al grupo de delincuentes que llevó a cabo la operación de Élite.

En la próxima entrega analizaremos todos los detalles concernientes al papel de la liquidadora María Mercedes Perry, su ineficiente y pésima gestión para resolver  la devolución de los dineros a las víctimas, además del increíble comportamiento de los jueces con el grupo de delincuentes estafadores.

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