EL APELLIDO CORROMPIDO: CÓMO EL CENTRO DEMOCRÁTICO CONVIRTIÓ LA CORRUPCIÓN EN TRADICIÓN FAMILIAR
La condena de 23 años al senador Ciro Ramírez no es solo la historia de un político corrupto. Es la radiografía de un partido que promovió, protegió y reeligió a un hombre que desvió al menos 90.000 millones de pesos destinados a obras públicas, mientras predicaba honestidad y atacaba al gobierno.
Cuando Ciro Alejandro Ramírez fue capturado en diciembre de 2023, dijo ser inocente. Hoy, 25 de marzo de 2026, la Corte Suprema de Justicia le respondió con 23 años de prisión. La justicia, que en Colombia muchas veces se mueve a ritmo de geología, acaba de pronunciarse con una claridad que debería avergonzar, de una vez y para siempre, a quienes lo postularon, acompañaron y aplaudieron.
El fallo de 438 páginas, aprobado por unanimidad con ponencia del magistrado Jorge Emilio Caldas, es un documento de anatomía criminal: describe cómo un senador de la República, desde su curul en el Congreso, diseñó y lideró una organización criminal que desvió cerca de $90.000 millones de pesos destinados a obras de infraestructura en cinco departamentos, a través del Departamento de Prosperidad Social durante el gobierno de Iván Duque. El mecanismo era elegante en su sencillez depredadora: contratos a dedo, sobornos del 10 al 15 por ciento, y apoyos electorales garantizados en Quindío, Caldas, Santander y Tolima.
El Centro Democrático, el partido que durante años se presentó como guardián de la transparencia, que acusó al gobierno Petro de corrupción cada semana, que convocó sesiones de control político con el rostro de la indignación moral, tendrá ahora que explicar cómo uno de sus senadores más activos pasó de la tarima electoral a la celda de prisión. Ese ejercicio de explicación, naturalmente, no ha comenzado.
EL CICLO SECRETO — CÓMO SE HEREDA LA CORRUPCIÓN
Para entender a Ciro Alejandro Ramírez Cortés hay que empezar por su apellido. No por cínica poesía, sino porque el apellido, en este caso, es evidencia. Su padre, Ciro Ramírez Pinzón, fue uno de los caciques políticos más influyentes de Boyacá durante décadas: llegó a la Cámara de Representantes en 1986, pasó al Senado en 1994 y se mantuvo allí hasta 2008. En febrero de 2007 fue capturado en el marco del escándalo de la parapolítica por sus nexos con el Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia. En 2011, la Corte Suprema de Justicia lo condenó a 90 meses de prisión.
Una condena no destruyó el clan. Como suele ocurrir en la política colombiana, el caudal electoral del padre fue absorbido y transferido al hijo. En 2014, Ciro Alejandro llegó a la Cámara de Representantes por Boyacá de la mano del recién fundado Centro Democrático. Para la coalición uribista, el apellido Ramírez en Boyacá era un activo electoral, sin importar que ese mismo apellido tuviera una condena por parapolítica como antecedente público.
Hay más. Ese mismo año de su debut político, el joven Ramírez contrajo matrimonio con Lorencita Builes, hija del exsenador Humberto Builes, también condenado por parapolítica. Los críticos dirían que fue un amor romántico. Los analíticos observarían que constituía una fusión de capitales políticos con antecedentes judiciales similares. En cualquier caso, el Centro Democrático no vio en esto ningún obstáculo para seguir proyectándolo como figura clave de la colectividad en Boyacá.
En 2022, Ramírez obtuvo más de 50.000 votos al Senado. Era la décima votación del partido. Fue designado vocero oficial. Era, según su propia colectividad, un líder respetable. Todo esto mientras, según la sentencia de la Corte Suprema, entre octubre y diciembre de 2021, acordó con Pierre García —entonces directivo del DPS— el pago de 1.000 millones de pesos a cambio de que la empresa Proyecta Quindío recibiera contratos de forma directa. Era senador en ejercicio durante el día y arquitecto de un entramado de corrupción el resto del tiempo.
Esto no es una anomalía. Esto es el Ciclo Secreto en funcionamiento: la transmisión dinástica del poder político, con sus métodos heredados, sus redes de influencia preservadas y sus códigos de impunidad transferidos de generación en generación. El padre lo hizo con los paramilitares. El hijo lo hizo con los contratos del Estado. Diferentes mecanismos, mismo propósito: usar la política como instrumento para el enriquecimiento privado.
EL MECANISMO EXPUESTO — CÓMO FUNCIONA UNA MARIONETA
El caso Marionetas tiene un nombre preciso porque su lógica es exactamente esa: el político jala los hilos y los contratistas bailan. El esquema original fue diseñado por el fallecido exsenador liberal Mario Alberto Castaño, quien perfeccionó durante años el arte de convertir las entidades del Estado en tiendas de contratos para uso privado. Castaño reconoció ante la Corte su culpabilidad, fue condenado a 11 años y 8 meses, y murió de un infarto en la cárcel La Picota en noviembre de 2023.
Ramírez no inventó nada. Simplemente franquició el modelo hacia el Departamento de Prosperidad Social. El eje del escándalo fue el Convenio Interadministrativo 670 de 2021, firmado entre el DPS y la Empresa para el Desarrollo Territorial Proyecta, por un monto de $48.660 millones de pesos, suscrito en la semana del 8 al 12 de noviembre de 2021, convenientemente justo antes de que entrara en vigor la Ley de Garantías, que limita la contratación directa. La Corte Suprema lo describe sin rodeos: ese convenio fue el eje de la repartición ilícita de proyectos de obra e interventoría, asignados mediante acuerdos previos y pagos de sobornos.
El modus operandi era impecable en su cinismo: Ramírez, desde su cargo de senador, utilizaba sus relaciones con funcionarios del DPS para asegurarse de que los contratos derivados del convenio cayeran en manos de contratistas previamente seleccionados. A cambio, estos contratistas pagaban coimas de entre el 10 y el 15 por ciento del valor total del contrato, y además garantizaban apoyo electoral en las regiones donde operaban. El dinero público destinado a vías, placas huellas y pavimentación en municipios de Tolima, Quindío, Caldas, Santander y otros departamentos, se convertía en votos y en efectivo para un senador que predicaba desde su curul sobre la necesidad de combatir la corrupción.
Las pruebas que llevaron a Ramírez a la condena no fueron especulaciones: fueron chats, declaraciones judiciales, registros de visitas al DPS, testimonios de su propia asistente Katherine Rivera, documentos de inspecciones judiciales a Proyecta, evidencias fotográficas de eventos políticos donde los contratistas beneficiados aparecen junto al senador. La Corte reconstruyó con paciencia forense cómo, en octubre de 2021, el contratista Pablo César Herrera —exgerente de Proyecta— y el senador Ramírez se reunieron con Pierre García para planear la firma del convenio. Una reunión de trabajo, sin duda. El tipo de trabajo que cuesta 23 años.
EL IMPACTO REAL — LO QUE SE DESHIZO CON 90.000 MILLONES
Noventa mil millones de pesos. El número es suficientemente grande para que el cerebro lo trate como abstracción. Hagamos el ejercicio de no tratarlo así.
Esos recursos estaban etiquetados para obras de infraestructura en municipios de Purificación, Mariquita, Villarrica, Melgar, y otros en Tolima, así como proyectos en Quindío, Caldas y Santander. Proyectos viales, placas huellas, pavimentación. El tipo de obras que en el papel significan que los campesinos pueden sacar sus cosechas antes de que se pudran, que los enfermos llegan al hospital antes de que sea demasiado tarde, que los niños pueden ir al colegio sin cruzar un río a pie. En la práctica, según la Corte Suprema, esas obras existían principalmente como líneas en contratos diseñados para generar coimas y votos.
El Departamento para la Prosperidad Social —cuyo nombre, en circunstancias como estas, merece un aplauso por su ironía involuntaria— fue convertido en un instrumento de prosperidad muy específica: la prosperidad del senador Ramírez y su red. Los recursos que el Estado colombiano destina a reducir la pobreza en sus regiones más vulnerables fueron canalizados, según la sentencia, hacia el fortalecimiento del proyecto político de un congresista que ya en 2022 tenía curul asegurada.
También hay que poner en perspectiva las coimas directas: más de $1.000 millones de pesos comprometidos. Con esa cifra se podrían haber financiado más de 20 becas universitarias completas anuales durante una década. O construido un centro de salud rural de mediana complejidad. O dotado de computadores y conectividad a 50 escuelas rurales. En cambio, esos recursos, según la Corte, fueron a parar a los bolsillos del senador y su red, al servicio de una campaña de reelección.
EL SISTEMA QUE LO PERMITE — EL CENTRO DEMOCRÁTICO COMO ESTRUCTURA DE IMPUNIDAD
Aquí viene la pregunta que nadie en el Centro Democrático quiere responder: ¿cómo es posible que un partido fundado con la promesa de la transparencia haya postulado, elegido, reelegido y dado vocero oficial a un hombre que, según la Corte Suprema, organizó y dirigió un entramado criminal con vocación de permanencia?
La respuesta —que incomoda pero es necesaria— es que el partido lo sabía, o pudo saberlo, y decidió que los votos valían más que la ética. Ramírez era un productor de votos en Boyacá. Había heredado el caudal político de su padre, ampliado sus redes, consolidado alianzas regionales. Para una colectividad obsesionada con la aritmética parlamentaria, eso era suficiente. El hecho de que su padre hubiera sido condenado por parapolítica, que su esposa fuera hija de otro condenado por parapolítica, que los indicios de irregularidades en contratación comenzaran a circular en 2023, no fueron obstáculos. Fueron convenientemente ignorados.
Vale la pena recordar lo que Ramírez hizo cuando recuperó la libertad en 2025: regresó al Congreso. Siguió ejerciendo como senador, votando leyes, participando en debates de control político, haciéndose parte de las decisiones del país. El Centro Democrático no lo expulsó, no lo suspendió, no lo instó a renunciar. Lo recibió de vuelta con la normalidad de quien regresa de unas vacaciones imprevistas. El Estado Profundo colombiano no es un ente oculto: es exactamente esto, una red de intereses que actúa coordinadamente para preservar privilegios sin importar el costo social.
Ahí está el núcleo del problema que ninguna condena individual resuelve: en Colombia, la corrupción política no es el desvío de una trayectoria, es la trayectoria misma para ciertos clanes y ciertas estructuras. Como señala el jurista Alejandro Nieto en El desgobierno de lo público, la corrupción estructural no es un problema de casos aislados sino una práctica sistemática integrada al funcionamiento del Estado. El caso Ramírez no es la excepción. Es el ejemplo.
Mientras el Centro Democrático financiaba campañas con la imagen de Uribe como antídoto a la corrupción, uno de sus senadores más activos firmaba acuerdos criminales con funcionarios del gobierno de su propio partido para desviar recursos públicos. Si esto no constituye complicidad institucional, es, como mínimo, una negligencia de proporciones catedralicias.
LA CONEXIÓN PERDIDA — LO QUE COLOMBIA PIERDE CON CADA CIRO RAMÍREZ
Existe una dimensión del caso Ramírez que va más allá de los $90.000 millones, las coimas y los contratos. Es la dimensión de la confianza destruida.
Cada vez que un ciudadano colombiano paga sus impuestos con la esperanza de que ese dinero se transforme en una carretera en Tolima o en un acueducto en Caldas, y ese dinero termina en el bolsillo de un senador y sus cómplices, algo se rompe en el pacto social. Ese algo es dificilísimo de reparar. Es la convicción de que el Estado existe para servir al ciudadano, no para expoliarlo.
James Buchanan, Premio Nobel de Economía, definía la sociedad civil como la comunidad de ciudadanos que vigila el poder y exige rendición de cuentas. En Colombia, esa sociedad civil existe y está activa: son los periodistas que publicaron los primeros indicios del caso Marionetas, los magistrados que construyeron un expediente de 438 páginas con rigor implacable, los ciudadanos que exigen que sus votos no sean mercancía para redes criminales. Hoy, esa sociedad civil tiene una victoria. Parcial, porque la condena es de primera instancia. Parcial, porque otros actores del entramado siguen libres. Y parcial porque el partido que lo promovió todavía no ha dado ninguna explicación.
Los sesgos cognitivos que nos impiden enfrentar esta realidad son tan peligrosos como la corrupción misma. El sesgo de confirmación nos lleva a excusar a nuestros políticos corruptos mientras condenamos a los ajenos. El sesgo del statu quo nos hace creer que esto siempre ha sido así y siempre lo será. Romper estos sesgos es tan urgente como reformar los códigos penales.
CIERRE
Hoy, 25 de marzo de 2026, la Corte Suprema de Justicia le dijo a Colombia que Ciro Alejandro Ramírez Cortés es un criminal condenado. 279 meses. Una multa de más de $22.000 millones de pesos. Una inhabilitación de 280 meses para ejercer cargos públicos. El fallo fue unánime.
La pregunta que Colombia tiene que hacerse ahora no es cómo fue posible que Ciro Ramírez llegara hasta aquí. La pregunta es cuántos Ciro Ramírez más hay operando en el Congreso, en las alcaldías, en los ministerios, con sus redes intactas, sus contratos activos y sus apellidos protegidos por partidos que prefieren los votos a la dignidad. Y si el país no exige esa respuesta, la corrupción ya ganó.
La herencia política del clan Ramírez en Boyacá durará exactamente lo que tarde la ciudadanía en decidir que un apellido condenado dos veces por la Corte Suprema no es un título de nobleza sino una advertencia. La verdad ya no está oculta. Está en 438 páginas firmadas por unanimidad por los magistrados del tribunal más alto del país.
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