Una oscura trama de corrupción tiene nuevamente en el ojo del huracán a las administraciones municipales de Soledad y Malambo (Atlántico), de acuerdo a un informe presentado por la Contraloría General de la República y denuncias de veedores sociales, relacionado con la aplicación del Programa de Alimentación Escolar -PAE-, en donde se evidencia detrimentos patrimoniales por más de $25 mil millones de pesos entre los dos municipios.
El informe de la gestión del año 2021 de la Contraloría General de la República, indica –con cifras y costos– que las alcaldías de Soledad y Malambo presentaron datos sobre servicios de alimentación que no prestaron en su totalidad, ya que el país entero estaba –para las fechas de adjudicación de esos contratos– confinado por la pandemia y las escuelas –donde supuestamente se prestaron esos servicios– se encontraban cerradas.
Los datos de la Contraloría General de la República, contradicen un reporte del alcalde de Soledad Rodolfo Ucross Rosales, quien había dicho a los medios que: «33.200 raciones del Plan de Alimentación Escolar -PAE- le costaron al municipio de Soledad $13.709 millones de pesos y que se trabajó con una cobertura de más del 60 por ciento de la población estudiantil matriculados en escuelas y colegios públicos del municipio de Soledad en el año 2021».
La relación de las cuentas refrendadas por la secretaria de Educación de Soledad -para esa primera cuenta- y que se publicita el suministro de 33.200 raciones alimentarias es la siguiente:
| Servicios | Lugares | Tipos de alimentos |
| 8.832 rac | 23 colegios | En caliente |
| 5.162 rac | 16 colegios | Industrializados |
| 17.069 rac | 30 colegios | Jornada Única |
| 2.137 rac | 7 colegios | En caliente |
| 19.206 rac | 37 colegios | En caliente |
Lo que alarma a los investigadores y dirigentes sociales que presentaron las denuncias es la forma atropellada como, el 19 de mayo del 2021 se firmó el contrato SG-LP 03-2021-004 por esos $13.709 millones de pesos, entre la alcaldía de Soledad –representada por la secretaria general Amalfi Gaviria Ramos– y Kelly Primo Cabrera –en representación de la unión temporal Ribera del Rio– con el objeto de suministrar alimentos a 103.982 niños registrados en los programas de educación sectorial.
A ningún ente de control le interesó que –para la fecha de la firma de esos contratos– los estudiantes y sus familias se hallaban confinados en sus hogares por el acoso de la pandemia; y las cincuenta y una (51) escuelas públicas de Soledad, se hallaban cerradas.
Ya la firma Ribera del Rio, había sido noticia a nivel nacional por el manejo oscuro que se dio en los contratos con las dos alcaldías para el suministro de ayudas alimentarias a los habitantes de los estratos bajos de esos municipios con ocasión de la pandemia. Al parecer esas investigaciones no intimidaron a los directivos de la cuestionada ONG, porque volvieron por las suyas, estaba vez con el suministro de alimentos para los estudiantes.
Según información que reposa en manos de veedores cívicos que presentaron denuncias ante los entes de control, la misma ONG con el respaldo de Agrosocial ya había suscrito contratos por $2.900 millones de pesos con la alcaldía de Malambo, durante la administración de Efraín Bello. Con el actual alcalde Rummenigge Monsalve, ya ha suscrito contratos por $3.200 millones de pesos.
Para el caso de Soledad, la Contraloría advierte en su informe, que, del total de 103.982 niños registrados oficialmente como estudiantes de escuelas públicas -en el 2021- sólo hay registros de que la alcaldía haya prestado algún cuestionado servicio de alimentación a 34.117 niños, que corresponde a una cobertura del 32.8 por ciento.
Es decir, que la alcaldía dice haber “suministrado alimentos de alta calidad nutritiva” a 69.865 niños que no aparecen por ningún lado.
El primer contrato, numero SG-LP 03-2021-004 -para el suministro de alimentos a los escolares en escuelas públicas- fue firmado el 19 de mayo del 2021, para ser ejecutado en 119 días, y se le dieron los anticipos en tiempo récord, el 13 de julio, a través de la orden de pago número 901485868.
Luego sucedieron otros contratos por $2.073 millones (dos) y otro por $2.039 millones. Todos los pagos han sido debidamente gestionados y pagados en forma diligente por la alcaldía.
Facturas presentadas:
Sobre estas cuentas se emitió la orden de pago numero 901485868 a favor de la Unión Temporal Riberas del Rio, sobre la que se extendió la factura UTRR-2021, que fue cancelada en 20 días.
La Unión Temporal Ribera del Rio, está integrada por la Corporación para el Fomento del Bienestar Social FOMBISOL, cuya representante legal es Lilian Ordoñez Vergara y por la firma AGROSOCIAL, que tiene representación en la señora Aldelys Martínez Salas.
Todo este entramado tiene un componente común para todas las organizaciones que integran la Unión Temporal Ribera del Rio: Lilian Lucia Ordoñez Vergara, es representante legal de la Unión Temporal Bienestar Social y la vez hace parte de la junta directiva de Corporación para el Fomento del Bienestar Social, FOMBISOL, entidades que han resultado adjudicatarias de numerosos contratos que se han gestionado en la oscuridad en los municipios de Soledad y Malambo.
Según la denuncia que ya hace curso en la Fiscalía, Lilian Ordoñez Vergara, es dinámica y eficiente servidora del ex senador Eduardo Pulgar Daza, dicta ordenes, reúne a los funcionarios y dispone pagos urgentes de todos estos entramados dudosos.
Como si esto fuera poco, la ONG que “pone la cara” ante esas alcaldías para la recepción de contratos, Unión Temporal Ribera del Rio, registró en la Cámara de Comercio de Barranquilla una “sede habitual” ubicada en la calle 15 número 21-03 de Soledad, en donde funciona un pequeño apartamento habitado por dos ancianos que dijeron a los ciudadanos investigadores: “no tenemos idea ¿Qué es Ribera del Rio?”.
A pocos metros de ese apartamento esta la casa habitual de la ex presidente del concejo de Soledad Alcira Paola Sandoval Ibáñez, otra de las fichas fuertes del ex senador Eduardo Pulgar Daza. Los veedores comunitarios que dieron a conocer esta denuncia ante los entes de control dicen, sin atisbo de temor, que el ex senador Eduardo Pulgar Daza, cuñado del alcalde de Soledad, es quien estaría detrás de esta vulgar estrategia de saqueo.
En el caso del municipio de Malambo la Contraloría General de la República, a través de la Contraloría delegada para la Responsabilidad Fiscal ha emitido un fallo de segunda instancia –contra el ente territorial y los operadores– por cuantía de $113. 912.708 millones de pesos, dentro de las indagaciones por los malos manejos del Programa de Alimentación Escolar.
Según la Contraloría la alcaldía de Malambo no ha podido demostrar que se dio cobertura en el Plan Alimentario mayor del 50 por ciento de los 10.202 niños registrados en el sistema escolar. Sin embargo, el reporte del alcalde es el de un trabajo eficiente y detallado a la hora del reporte oficial.
La Contraloría General de la República detalló -que a nivel de la Costa Atlántica- se iniciaron indagaciones fiscales en Valledupar, Sucre, Sabaneta, Montería y Sahagún.
