Desde que se comenzó a tramitar en el Congreso de la República la propuesta de reforma al actual sistema de salud por parte del gobierno de Gustavo Petro, las aseguradoras, es decir las EPS, uno de los actores del actual sistema, se han trenzado en una férrea ofensiva contra la propuesta, pues en ella, prácticamente quedan relegadas y sin el manejo de billonarios recursos públicos, como ocurre hoy día. 

Su estrategia para no ser sacadas del ‘juego’ se ha dado de diferentes formas, desde el lobby en el propio Congreso, buscando aliados para defender su posición, hasta achacar al actual Gobierno, problemas financieros que vienen de vieja data

Una de las últimas acciones fue en agosto pasado cuando las EPS Sura, Sanitas y Compensar, que juntas cuentan con poco más de 13 millones de afiliados, aseguraron que  había una crisis tal en el sistema que estaba a punto de colapsar la atención de los pacientes. 

Lo curioso es que los representantes de las tres EPS reconocieron que estas problemáticas “no obedecen únicamente a este último periodo, sino que se vienen acumulando desde varios años atrás por diferentes situaciones”, pero, advirtieron que hoy “requieren con urgencia ser atendidas y resueltas para evitar el colapso y daño irreversible que impacte a la población y al sistema”. 

La declaración generó una polémica que aún no termina y que incluso sacó a relucir el tema de las reservas técnicas que se supone deben tener todas las aseguradoras y que por lo visto, es un requisito con el que no todas vienen cumpliendo desde hace años atrás, violando la ley de manera flagrante. 

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En ese contexto, hace apenas unos días, tras la advertencia hecha por la farmacia Cruz Verde a la EPS Sanitas, de no seguir entregando medicamentos no cubiertos en el plan básico, si no le paga los $400 mil millones de pesos que le adeuda desde el 2020, la EPS Sanitas volvió a reiterar que era inminente la crisis. 

Sin embargo, en respuesta el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, señaló que esta cartera está al día con todos los pagos que se le deben hacer a Sanitas. En lo que va de 2023, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), el “banco” del sistema de salud, le ha girado a dicha EPS $7.8 billones

De este total, la mayor parte del dinero ($7.3 billones) se han girado para cubrir la UPC (Unidad de Pago por Capitación), que es el valor anual que el Estado reconoce por cada uno de los afiliados al sistema de salud, tanto en el régimen contributivo como subsidiado, para las prestaciones del Plan de Beneficios en Salud (PBS). 

Desde que se comenzó a tramitar en el Congreso de la República la propuesta de reforma al actual sistema de salud por parte del gobierno de Gustavo Petro, las aseguradoras, es decir las EPS, uno de los actores del actual sistema, se han trenzado en una férrea ofensiva contra la propuesta, pues en ella, prácticamente…

Los otros $500.000 millones de pesos, explicó Jaramillo, corresponden a los presupuestos máximos, que es el dinero que el Estado de paga a las EPS por cada usuario afiliado para la cobertura de medicamentos que no se encuentran dentro del PBS. Precisamente este es el punto de la discordia entre Cruz Verde y Sanitas

En otras palabras, agregó el ministro, la Adres está al día en lo que tiene que ver con UPC y presupuestos máximos frente a Sanitas. Eso sí, advirtió, a esta EPS le adeudan $90.141 millones de pesos por cuenta de los ajustes por recobros que Sanitas solicitó para 2022. 

Además que por lo visto no les ha valido de nada a las EPS, el significativo aumento que el gobierno de Petro le hizo a la UPC para el año 2023, en casi un 10% más del que normalmente recibían. 

Ni siquiera el gobierno de Iván Duque les aumentó tanto el valor que les paga el Estado por cada uno de los asegurados. 

Para el 2023, el gobierno de Petro les incrementó en 16,23% el valor de la UPC a los dos regímenes, contributivo y subsidiado, siendo histórica esta cifra. En el pasado, para el año 2019, ese incremento fue del 5,31% al contributivo y 9,40% al subsidiado. En el 2020 ese incremento fue del 5,36% para ambos regímenes y en el 2021 fue 5,42% para el contributivo y 6,33% al subsidiado. 

No están desfinanciadas: Contralor 

La aseveración del Minsalud, se corresponde entonces con las declaraciones dadas recientemente por el Contralor general de la República, Carlos Mario Zuluaga Pardo, al periodista Yamit Amath, en el sentido de que no se puede hablar de desfinanciación de las EPS, cuando el Estado ha girado de manera regular los recursos por UPC. “Si uno revisa los estados financieros que las EPS reportan a la Superintendencia Nacional de Salud, encuentra que en su mayoría reportan unas finanzas saludables. Luego, otra cosa es q las EPS tengan pretensiones de deudas mayores”. 

De hecho reveló en esa entrevista que desde la Contraloría se ha venido investigando el destino de los recursos de la UPC y ya se han realizado hallazgos fiscales por el orden de los $88 mil millones de pesos, por el uso irregular de recursos. 

Las EPS muestran finanzas, ingresos y ganancias, por lo tanto no pueden decir que están quebradas. Y eso está reportado en los informes que reposan en la Contraloría, donde hemos indagado sobre el destino que se le da a los giros por la UPC. Y lo cierto es que hay una debilidad en el manejo de los recursos, incluso de los que proceden de los presupuestos máximos, donde hemos encontrado pagos por mayores valores en contratos a prestadores”, afirmó. 

De la misma manera que acusó a las EPS de utilizar estos recursos en el pago de intereses moratorios y sanciones, lo que les está prohibido hacer. “Las EPS no pueden coger recursos públicos para pagar la ineficiencia en su gestión administrativa”. 

Al afirmar que se trata de una práctica recurrente entre los actores del sistema de salud, recordó el caso de la EPS Saludcoop, donde a través de los holding, utilizaban el dinero de la UPC para financiar la construcción de infraestructura que se convertía en patrimonio y activos de la EPS en diferentes países. 

Insistió en que las auditorías realizadas confirman que varias EPS están haciendo uso indebido de la UPC y que la entidad está ad portas de decretar medidas cautelares para que las empresas no se declaren ilíquidas. 

Y agregó que vale la pena revisar también qué ocurrió con los giros durante la pandemia, pues recibieron tanto los recursos para atender pandemia del Covid-19 y de la UPC, y se supone que éstos últimos están dirigidos a la atención primaria, a atención general y muchos de esos servicios se suspendieron total o parcialmente durante la pandemia. 

En medio de estas declaraciones, llama la atención que solo hasta la semana pasada fue que se pronunció el Superintendente nacional de Salud Ulahy Beltrán, quien requirió a la EPS Sanitas por 837 reclamos que han hecho los usuarios por no entregar medicamentos recetados. 

La entidad de control solicitó a Sanitas, el martes 31 de octubre, que diera solución a las quejas en un término de cuatro horas y que allegara cierta información para que fuera analizada por la Supersalud. En primer lugar, la EPS debía dar a conocer sobre los mecanismos que han implementado para la entrega de medicamentos a los usuarios, teniendo en cuenta que debe ser a tiempo y completa. 

También pidió información sobre estrategias para identificar y prevenir el reporte de entrega de medicamentos, aun cuando estos en realidad no han sido recibidos por los pacientes. 

A esto se suma el requerimiento de fechas y horas de entrega que se tienen establecidas para aquellos que todavía no han recibido sus medicamentos y que se han quejado al respecto. Adicionalmente, la EPS debe informar si cuenta con otros convenios para garantizar la entrega de los fármacos. 

No obstante, Beltrán no se ha pronunciado sobre los cuestionamientos que se han hecho sobre la realidad de las reservas técnicas de las EPS, o sobre la supuesta crisis financiera que las aqueja, aún, sabiendo que es esa entidad la encargada de hacer seguimiento permanente al tema. 

Queda entonces en el ambiente la duda de si el Ministro de Salud y el propio Contralor, y otros conocedores del tema ratifican que la aparente crisis no es tal, estarían entonces las EPS entregando información falsa, no solo a la ciudadanía, sino al propio Gobierno, en especial a las entidades encargadas de la supervisión de los recursos públicos del sector salud.  

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