Pese a las múltiples advertencias que analistas, investigadores, veedores y medios de comunicación, entre ellos Corrupcionaldia.com, hicieron sobre la alta probabilidad de que candidatos inhabilitados, cuestionados, con dudosos antecedentes y apoyos, o ya inmersos en procesos penales, fiscales y disciplinarios, por temas de corrupción y hasta de violencia, llegaran a cargos públicos en las elecciones del pasado 29 de octubre, nada evitó que esto se diera.
Ni el Consejo Nacional Electoral, ni la Fiscalía, Procuraduría o Contraloría, tuvieron en cuenta los múltiples procesos que los ahora mandatarios regionales tienen en su haber; y hoy, pasados varios días de los comicios, comienzan a conocerse los nombres de estos impresentables que con el aval de miles de ciudadanos, vuelven a tener la posibilidad de seguir exprimiendo los dineros públicos.
Entre estos ganadores se encuentran Dumek Turbay Paz, nuevo alcalde de Cartagena, quien arrasó en las urnas logrando 159.524 votos. Se inscribió por el movimiento En Marcha del exministro Juan Fernando Cristo, el Nuevo Liberalismo del exsenador Juan Manuel Galán y el partido afro Demócrata Colombiano.
A sus electores poco les importó que a su elegido la Corte Suprema de Justicia le adelante 14 procesos: 11 por los delitos de peculado por apropiación y 3 por celebración indebida de contratos, contratar sin el lleno de requisitos legales, prevaricato por omisión y enriquecimiento ilícito. y otros y 16 más la fiscalía de Bolívar. Y aparece en el registro del sistema penal con 17 noticias criminales inactivas y 16 más en la Fiscalía regional Bolívar, 8 procesos en acción.
Uno de los procesos más sonados y que aún sigue activo, es el que se le adelanta por presunta corrupción en la empresa de servicios públicos “Aguas de Bolívar”, cuando era gobernador. Audios revelados por medios de comunicación dan cuenta, de que el gerente de Aguas de Bolívar Miguel Torres Scaff (sobrino de Vicente Blel Saad y primo de Vicente Blel) afirmaba que en Cartagena el negocio político se movía alrededor del pago de comisiones de aproximadamente el 15% para la adjudicación de contratos”.
En Montelíbano
En Montelíbano, sur de Córdoba, nuevamente Gabriel Alberto Calle Demoya tomará las riendas del municipio tras sumar 19.210 tarjetones marcados a su favor de los 42.320 votos depositados por el electorado de esta localidad del alto San Jorge. Calle Demoya le ganó por 820 votos a su contendor más fuerte, Cesar Emilio Cura Vergara, quien alcanzó 18.390 sufragios.
El candidato del partido Liberal y padre del actual presidente de la Cámara Andrés Calle y del excandidato a la Gobernación, Gabriel Enrique Calle, será por segunda vez alcalde del municipio de Montelíbano. El primer mandato fue entre 2012 y 2015.
El grupo político liderado por Calle Demoya, quien también fue diputado de Córdoba, lleva una década en el poder. Este patriarca acumula varias investigaciones por celebración indebida de contratos, enriquecimiento ilícito, prevaricato por acción y falsedad ideológica en documento público. Además, su primo César Cura Demoya ha estado vinculado al narcotráfico, fue condenado en Estados Unidos por contrabando de estupefacientes y lavado de activos.
Para entender cómo este grupo maneja la contratación pública, primero es necesario saber que a la Alcaldía de Montelíbano vienen subordinadas al menos otras dos entidades: la E.S.E. Hospital Local y Jaguazul S.A. E.S.P., la encargada del acueducto y el alcantarillado. Esta última fue constituida en 2008 por el alcalde Edinson Rangel Aguas, primo de Carmen Aguas, la esposa del patriarca Calle.
Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por acción y falsedad ideológica en documento público, a las siguientes personas:
En el 2019, la Fiscalía General de la Nación estableció que 51 convenios habrían sido direccionados para que quedaran en manos de algunas fundaciones sin experiencia. De esta manera se pusieron en riesgo 59 mil millones de pesos de Montelíbano (Córdoba). Tales irregularidades de contratación se habrían presentado durante las administraciones municipales desde 2012 hasta la fecha.
De acuerdo con los elementos recopilados, 51 convenios que contemplaban obras de relevancia para la población como redes de acueducto, malla vial y plaza de mercado, fueron adjudicados de forma directa, es decir ‘a dedo’.
Los imputados fueron Francisco Daniel Alean Martínez (alcalde en ese momento de Montelíbano), Gabriel Calle Demoya (alcalde de Montelíbano periodo 2012 – 2016), Esteban Sossa Uparela (secretario de infraestructura de Montelíbano) y Jaime Ruiz Calle (gerente Empresa de Acueducto Jaguazul S.A. E.S.P.).
La Fiscalía solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario contra los cuatro procesados; sin embargo, el juez con funciones de control de garantías de Montería consideró que estas personas seguirán vinculadas al proceso mediante el cumplimiento de medidas no privativas de la libertad.
Al sur del país
Al otro extremo del país, en el municipio de Barbacoas (Nariño), el nuevo alcalde es Mario Alexander Hurtado Quiñones, quien obtuvo el 58% de la votación con 7.806 sufragios. Avalado por el Partido Conservador y el Movimiento Alternativo Social Mas, su padrino político es Juan Carlos Quiñones, exalcalde de Barbacoas (2001-2003).
En el 2010, este par de personajes se asociaron para crear la empresa certificadora IVS Compañía de Certificaciones SAS. Las empresas certificadoras se encargan de verificar ante el Ministerio de Minas y Energía que las distintas estaciones cumplen con los requisitos de ley para entrar en funcionamiento.
En gran número de municipios, en especial fronterizos, estas empresas dieron certificaciones a estaciones de gasolina inexistentes o de papel permitiendo la venta ilegal del combustible enviado para estas. La empresa de Hurtado presuntamente participó de este fraude en el municipio de Barbacoas, lo que habría causado que el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (Onac) la suspendiera de manera total, por manejos irregulares en las emisiones de certificaciones en el 2018.
Resulta que en septiembre de 2013, los investigadores de la Policía, descubrieron que Juan Carlos Quiñones Landázuri, a cambio de $30 millones hacía las ‘vueltas’ para conseguir los permisos de las estaciones de servicio fantasmas.
Por cada certificado tramitado legalmente, se cobraba $1’800.000 más IVA. Pero para certificar una estación fantasma se cobraban $7 millones. Para esa época las autoridades ya daban cuenta de 17 certificados expedidos irregularmente en 2010.
Las autoridades calculan que, en lo que se había indagado hasta el 2013, el Estado había perdido unos $3.300 millones por venta en el interior del país de combustible destinado para la frontera.
El colmo: Escobar Concejal
Otro impresentable candidato que ganó el pasado domingo fue el ahora concejal de Cali, Andrés Escobar, quien mantiene abierta una investigación penal en su contra por portar y disparar a manifestantes en medio de uniformados de la Policía, el 28 de mayo del 2021, en el marco del paro nacional en Ciudad Jardín, sur de la ciudad.
El aval político que recibió Escobar para aspirar al Concejo de Cali, fue por parte del partido Centro Democrático y obtuvo 11.857 votos. Durante su campaña, su discurso se centró en reforzar la seguridad de los caleños y dijo que trabajaría desde la institución anteriormente mencionada para derribar los símbolos de la delincuencia.
Cuando fue acusado el concejal electo publicó en sus redes sociales un video en el que pidió perdón y aseguró que las armas no eran el camino, además enseñó en el metraje las facturas de compra del arma de fogueo, junto con documentos de importación y contó que en los hechos por los que fue señalado no resultó ningún civil herido.
El proceso penal que enfrenta se encuentra en etapa de preparatoria de juicio oral, pero el ahora funcionario público no se presentó a la audiencia programada para el pasado 30 de agosto en Cali. Se espera una nueva citación para los primeros días de diciembre.
Durante su campaña al Concejo, Escobar, recibió el apoyo de 130 pastores de iglesias cristianas.
“Vamos a representar en el Concejo de Cali los valores cristianos: la defensa de la familia en su diseño original, la protección de la vida desde la concepción, la solidaridad fraterna con los necesitados y el respaldo a nuestras autoridades”, dijo Escobar.
La Fiscalía le formuló cargos a Escobar por los presuntos delitos de usurpación de funciones públicas, empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos, y amenazas agravado en forma desproporcionada.
Clan Gnecco sigue reinando en el Cesar
Elvia Milena Sanjuán Dávila, la candidata del clan Gnecco en el Cesar es la nueva gobernadora de ese departamento; Sanjuan, quien contó con el apoyo del Partido de la U, Liberal, Conservador y Cambio Radical, logró ganar con el 44,13% de los votos (231.219), por encima de la uribista Claudia Margarita Zuleta Murgas, hija del cantautor de vallenato poncho Zuleta, que obtuvo el 35,03%.
Sanjuán Dávila, con juventud y belleza, es sin dudas el alfil político del Clan Gnecco, pues el principal apoyo a su candidatura lo obtuvo de Cielo Gnecco Cerchiaro, hoy prófuga de la justicia. Además del bloque de congresistas del Cesar, como lo son: el senador del partido de la U Jose Alfredo Gnecco, Didier Lobo Chinchilla senador de Cambio Radical, el representante a la Cámara, José Eliecer Salazar del partido de la U. Así como de los representantes conservadores, Alfredo Ape Cuello y Libardo Cruz Casado, el primero vinculado al escándalo de OCAD PAZ y el segundo al escándalo de Odebrecht; y el representante Liberal, Carlos Felipe Quintero.
Adicionalmente toca recordar que en agosto del 2020, la Fiscalía 12 seccional del Cesar le imputó cargos Sanjuan Dávila, por presuntamente celebrar de manera irregular un contrato de compraventa de un lote a favor de la administración municipal con un contratista inhabilitado, cuando era alcaldesa del municipio de San Diego (2016-2019).
Para el ente investigador, la exmandataria direccionó la compra de un lote que haría la Alcaldía hacia el ciudadano Juan Gerardo Arzuaga Rubio, quien es representante de la firma familiar contratada Inversiones Arzuaga Sociedad.
Según la Fiscalía, Sanjuan Dávila mediante invitación pública convocó a los habitantes, propietarios de inmuebles en el corregimiento Las Flores a presentar propuestas u ofertas durante el 22 de enero y el 21 de marzo de 2017 para adquirir un lote de 12 hectáreas. Sin embargo, el mismo 22 de enero en una solicitud invitó a Juan Gerardo Arzuaga a presentar la propuesta que en poco tiempo fue aceptada.
“En los estudios previos no se contemplaron otras alternativas en el sector denominado Los Mega Flores, pero sí se observa que la Secretaría de Planeación e Infraestructura, a cargo de Fanny Padilla, integró hábilmente a los estudios previos un evaluó de predio en suelo de expansión urbana realizado por el arquitecto Rubén Darío Carillo, en el predio denominado Sagrado Corazón de Jesús, con fecha de expedición 26 de octubre de 2016 y a solicitud de Juan Gerardo Arzuaga; con base en ese avalúo anacrónico, es decir fuera de toda fecha para la época del contrato, la administración de San Diego celebró la compraventa con la firma familiar Inversiones Arzuaga sociedad y Compañía”, explicó el fiscal Gentil de León de Mármol.
“Se observa además el afán de dirigir la contratación hacia Arzuaga Rubio toda vez que fue a la única persona a la que le mandaron invitación, tomando la administración como propio un evalúo realizado con anterioridad a la contratación y por solicitud del mismo contratista, burlando lo establecido en las normas”, agregó De León Mármol.
Por estos hechos, en audiencia virtual el fiscal le imputó los delitos de violación del régimen legal o constitucional y celebración de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales.
Pero también tiene abierto otro proceso por el delito de intervención política, donde según la investigación, Sanjuan Dávila en el tiempo de campañas políticas trató que un aspirante al Concejo de ese municipio renunciara a sus aspiraciones para que apoyara a los candidatos que la funcionaria estaría respaldando tanto para el Concejo como para la Alcaldía.
En Casanare tampoco se cansan de elegir corruptos
En el sur del país, en Casanare, con un total de 44.498 votos, logró la alcaldía de Yopal, Marco Tulio Ruiz Riaño, un comerciante quien fue Concejal de esa capital entre 1998 y el 2000, diputado en la Asamblea de Casanare (2020 – 2023) y Gobernador de Casanare (2013 -2015).
En estas elecciones, Ruíz Riaño fue elegido por la coalición “Yopal para todos”, conformada por Cambio Radical, Conservador, Nuevo Liberalismo, AICO y ASI.
En el 2018 la Procuraduría General de la Nación le abrió pliegos de cargos a Ruíz Riaño y al exsecretario general del departamento, Fabio Pinilla, por presuntas irregularidades contractuales en el concurso de méritos para la interventoría del transporte escolar.
Según el Ministerio Públicl, el proceso presentó condiciones factiblemente restrictivas a la libre concurrencia de oferentes y la selección objetiva.
Asimismo, la Contraloría de la República le abrió un proceso de responsabilidad fiscal por un presunto daño patrimonial al departamento de Casanare por un contrato de adjudicación de obra.
La Fundación Paz y Reconciliación señaló que Ruíz Riaño “En su pasada administración fue avalado por el partido Afrovides, posteriormente 100% Colombia, dirigido por el parapolítico Yahir Acuña, mismo partido que avaló al inhabilitado gobernador Nelson Mariño Velandia, quien a su vez es cercano a los hermanos Rodolfo y Miguel Ángel Pérez. El primero fue dos veces representante a la cámara por el departamento de Casanare, el segundo fue condenado por parapolítica, en específico por el apoyo a las ACC”.
Además, Ruiz fue nombrado por alias Otoniel en su juicio ante la JEP.
Villamizar no cede el poder en Norte de Santander
William Villamizar Laguado, fue nuevamente elegido gobernador de Norte de Santander con más de 259.000 votos y cumpliría en este período más de 20 años en el poder.
Villamizar tiene más de 67 procesos abiertos en la Procuraduría, de los cuales 9 siguen activos, así como tiene 11 más se mantienen abiertos en la Fiscalía General de la Nación, varios de ellos relacionados con la empresa de economía mixta Niu Telco, dirigida por Villamizar, que está señalada de irregularidades en los procesos de licitación y cumplimiento de sus contratos con el departamento.
También existen cuestionamientos frente al caso de la empresa mixta El Faro del Catatumbo, creada por el actual gobernador Silvano Serrano (pupilo de Villamizar), que ha contratado de manera irregular con el departamento (recibiendo contratos cuyo valor en sumatoria representan casi el 40% del presupuesto departamental) y que tiene en sus cargos directivos a figuras relacionadas con Villamizar y con Ramiro Suárez, exalcalde de Cúcuta y jefe de su propio clan.
En síntesis, según el informe de la Fundación Pares, los partidos que más avalaron y coavalaron a candidatos cuestionados en estas elecciones fueron el Partido Liberal Colombiano, con 15 avales y coavales; le sigue el Partido Conservador Colombiano, con 13; Partido Cambio Radical, con 12; y Partido de la U, con 8. De los partidos que lograron coavalar a otras candidaturas, el informe señala que 18 de los 35 partidos actuales con personería jurídica lo hicieron.
