El reconocido columnista Ramiro Bejarano asegura que ya los bugueños han perdido toda esperanza, y así lo ratifican las diferentes organizaciones sociales de veeduría y control social que en la llamada Ciudad Señora han logrado subsistir y persisten a pesar de la amenazas y la persecución con artimañas judiciales.

Hoy, desde la Confederación Colombiana de Ciudadanos Contra la Corrupción hacemos un llamado a los organismos de control y anticorrupción para que con seriedad y transparencia cumplan la Ley y tomen las riendas necesarias en las series de denuncias que desde su columna Bejarano ha venido evidenciando. De igual manera, atiendan los clamores de las veedurías, que sin descanso vienen demostrando la administración delincuencial de los recursos públicos en Buga.

Esta desesperanza que vive la comunidad bugueña es alimentada por la percepción generalizada de que la corrupción ha inundado todas las instancias estatales de Buga, allí todo está cooptado, incluso los medio de comunicación, de los cuales Bejarano asegura:

Lo están también los medios con la sola excepción del periodista William Vianey Solano, a quien ahora a las volandas le han montado un proceso atroz por una supuesta injuria, porque se atrevió a criticar a un controvertido concejal que hace parte del grupo dominante. Son comunicadores con agenda politiquera, contratados ellos o sus familiares por el municipio, dispuestos a calumniar a quien cuestione la dudosa ética de esa mafia empotrada en la Alcaldía.

¿Por qué se ha llegado a esta situación tan preocupante? En Buga, todos los ojos decentes están puestos en una camarilla siniestra que maneja como propia la hacienda pública. Bejarano ya lo había denunciado: “el anterior burgomaestre, John Harold Suarez Vargas, a través de unas elecciones bastante cuestionadas, logró imponer a su sucesor, Julián Latorre, hoy su títere. En la práctica siguen mandando Suárez y su tenebroso grupo, y nada les pasa porque Fiscalía y Procuraduría locales están cooptadas por la administración”.

En el ojo de este huracán está el exalcalde John Harold Suárez Vargas, quien hoy es senador gracias a una extraña alianza con el Centro Democrático. El paso de Suárez por el Congreso ha sido anónimo, pues según Bejarano su experticia es la intriga y los arreglos burocráticos, no el trabajo serio.

Como congresista llevó a su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) personas que causan toda clase de suspicacia en Buga, como la cónyuge del actual alcalde, “un amanuense del flamante senador Suárez Vargas”, señala Bejarano.

Los bugueños no saben que votaron para elegir a quien, como senador, lo único que ha hecho desde esa posición es reproducir en el Congreso el esquema clientelista que le ha permitido ascender con sus segundos en la vida política. Hoy Suárez Vargas está arropado con la manta de la distribuidora de la mermelada tóxica, Susana Correa, directora de Prosperidad Social, a quien le nombró a uno de sus exasesores en el Congreso.

ASÍ NUNCA PROSPERARÁN LA DENUNCIAS DE CORRUPCIÓN

Las investigaciones de Bejarano son claves para entender por qué las investigaciones por corrupción no prosperan en Buga. Veamos lo que el periodista anota el 13 de enero de 2019:

A lo anterior se agrega un nombramiento sospechoso, de los muchos que silenciosamente se hacen en diciembre para que pasen inadvertidos. Se trata del doctor Eduar Alirio Calderón Muñoz, quien ha sido encargado como director seccional de la Fiscalía en el Valle del Cauca, mediante Resolución 1537 del pasado 18 de diciembre firmada por Néstor Humberto Martínez. ¿Quién es este personaje y por qué los bugueños sienten desilusión de que hoy esté encargado de la Fiscalía del departamento?

El doctor Calderón Muñoz ha sido fiscal 21 en Buga, precisamente el mismo despacho donde se vienen tramitando exhaustivas investigaciones al entramado de corrupción de la ciudad, sin que haya habido una sola acusación contra los protagonistas de la corruptela. En Buga se comenta que en ese despacho se han recaudado evidencias que no dejan duda de la gigantesca podredumbre que allá impera, y por eso no entienden el silencio judicial. Lo único que oyen con frecuencia mis coterráneos es que muy cerca de Suárez Vargas, del actual alcalde y de todo ese cartel poderoso de la ciudad está el senador Carlos Fernando Motoa, a quien le atribuyen la audacia de haber conseguido que el discreto fiscal 21 de Buga, que no entregó resultados en las investigaciones que le fueron asignadas en esa ciudad pequeña, hoy tenga sobre sus hombros la responsabilidad de toda la Fiscalía en el Valle del Cauca, justo ahora que se avecina una campaña electoral para que se perpetúen en el poder los grupos políticos que mandan en las alcaldías y en general en la región. Del poder de Motoa en la Fiscalía no tengo duda, porque hace algunos meses fui citado en tono amenazante por un fiscal en Bogotá que atendía una denuncia penal del senador para que este columnista informara dónde se encontraban unos audios que revelé sobre la dramática corrupción que comprometía a Suárez Vargas y varios de su entorno, y en los que curiosamente aparece la voz de Motoa cumpliéndole a su “gente”. Si bien la querella no era directamente en mi contra, sí tenía ese sabor y ese propósito, como lo admitió el funcionario que me interrogó. Entonces la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez sí corrió y funcionó ante la elíptica querella de Motoa, uno de sus copartidarios de Cambio Radical, y todo indica que lo sigue haciendo ahora que el investigado John Harold Suárez Vargas es senador, al encargar la Fiscalía vallecaucana a quien antes como fiscal 21 dejó intacta la corrupción en la ciudad donde todo está perdido. El eje siniestro de Motoa y Suárez en la Fiscalía del Valle del Cauca está andando y con éxito. Mejor dicho, como dicen en Buga, “apague y vámonos”.

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