Al menos en cinco ocasiones se ha intentado en distintas épocas crear una Superintendencia de Educación en Colombia. Pero este proyecto de ley nunca ha podido cristalizarse.

Los varios intentos han tenido de enemigo incluso a la Corte Constitucional. El asunto es que cada vez suenan más alto, las voces que reclaman la existencia de un organismo con poderes suficientes para vigilar y sancionar a quienes malgastan, roban, y hacen uso de forma indebida de los recursos públicos destinados a la educación superior en el país.

Y no es para menos pues cada cierto tiempo saltan a la palestra los escándalos de corrupción en universidades tanto públicas como privadas.

Dos casos recientes

La primera semana de mayo, en su columna de la revista digital Cambio, el senador por la Alianza Verde Centro Esperanza, Ariel Ávila, denunció la forma en que docentes de universidades públicas, en particular en  la Universidad Militar Nueva Granada. logran aumentar sus salarios a través de los llamados puntos docentes.

En lo que Ávila calificó como un carrusel, explicó el decreto 1279 de 2002, donde se favorece a directivos y a docentes de las diferentes instituciones educativas, teniendo en cuenta la manera en que se ayudan todos con todos.

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«Hace algunos años se saca un decreto, que es el decreto 1279 de 2002, un decreto que rige cómo se dan los salarios a los docentes universitarios. Hay un componente dentro de ese salario que corresponde a lo que llaman los puntos docentes, que los otorga y evalúa, el Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntajes (CIARP), que funciona al interior de cada universidad. Dicho Comité está integrado “por los mismos docentes, que evalúan a sus compañeros, que son designados por los directivos de las universidades, que a su vez necesitan los votos de los docentes, es decir, yo con yo», señala Ávila.

En este sentido, ese comité es el que se encarga de evaluar cuántos puntos se les asigna a los docentes de acuerdo con las evaluaciones de mecanismos presentados por los profesores, es decir, las publicaciones de libros o artículos y demás. «Así funciona en todo el país», agregó.

En el mencionado decreto se mencionan nueve tipos de producciones académicas: publicaciones en revistas especializadas, producción de videos cinematográficas o fotográficas, libros de producción de una investigación, libros de ensayo, premios nacionales o internacionales, traducciones de libros u obras artísticas, con las cuales puede un docente ir ascendiendo en su asignación salarial.

Y básicamente cada uno de los puntos que dan estas producciones académicas, representan o equivalen 16.000 pesos, por lo que el puntaje puede generar el incremento del salario del profesor.

Pero Ávila recalca que son cuatro los mecanismos de calificación en donde más se presenta corrupción.

Uno es la llamada coautoría, que se da cuando varios docentes que pueden ser cuatro, pero solo uno lo escribe y mete a los otros tres en ese artículo como coautores, de tal manera que al final del año un docente, supuestamente, solo hizo un artículo, pero aparece en otros tres. De acuerdo con esta modalidad, a un educador se le pueden asignar 15 puntos por publicación, es decir, en un año tendría 60 puntos, lo que significa un incremento de su salario en $960.000 pesos, aproximadamente. No obstante, esto es en el escenario de una publicación de un artículo anual, pero en caso de ser mensual la cifra se multiplicaría.

La otra manera de ganar más dinero es ejerciendo el rol de valuador, que según el senador del Partido Verde, “Es uno de los casos más complejos de corrupción interna porque los docentes, los decanos votan para elegir un rector. Ese rector, a su vez, nombra al vicerrector académico, que es el que tiene más influencia en los miembros del comité, lo que terminaba avalando cualquier porquería de artículo”, dando a entender que entre los mismos son los que se ayudan para estar en los cargos y así votar por ellos mismos y evaluar sus publicaciones.

Ávila considera que este es el propio yo con yo, vuelto un carrusel donde prácticamente “le pongo a mi amigo a que me evalúe”.

Las otras formas de aumentar salarios es el aprovechamiento que hacen los docentes del número de revistas avaladas por MinCiencias, que son supuestamente revistas indexadas, muchas de esas publican cualquier cosa y cobran por la publicación.

Para Ávila con estas publicaciones en masa se terminan avalando un montón de publicaciones piratas y artículos de mala calidad que en realidad no aportan nada novedoso a la labor investigativa o académica. Y por último destaca el aprovechamiento del trabajo de estudiantes que, según afirma, está ligada a la anterior, en la que los educadores mandan a hacer trabajos finales o entregar parciales y sobre estos construyen los artículos o publicaciones en dichas revistas avaladas.

Sindicatos respaldan

Y aunque la denuncia del Senador fue rechazada por los profesores de la Universidad Militar, fue totalmente respaldada por el sindicato mixto de trabajadores Sintraunal de las universidades públicas nacionales de Colombia (Sintraunal).

«En la Universidad Militar Nueva Granada se menciona y señala en un presunto carrusel de los puntos a 25 docentes de planta, quienes mensualmente ganan 463 millones aproximadamente (sin prestaciones sociales) y al año 5.561 millones de pesos. De esos 25 docentes, uno gana 50 millones, otro 34 millones, cinco 23 millones aproximadamente. y 18 entre 11 y 19 millones de pesos para un promedio de 14 millones de pesos. De 403 docentes de planta esos 25 docentes representan el 6 por ciento. El valor mensual de la nómina de los docentes de planta es de aproximadamente 2.944 millones, de los cuales, los 463 millones que se les pagan a esos 25 docentes representan el 15 por ciento del total de la nómina de docentes de planta», expresaron los sindicalistas en un documento que hicieron llegar al congresista.

El sindicato agrega que, si se analiza la información de los directivos, hay 27 directivos, incluido el rector que ganan un salario mensual entre $10 y $17 millones que en promedio equivalen a $12,2 millones de pesos. «Sin querer justificar a los presuntos docentes antiéticos que le hacen trampa a la universidad a través del decreto 1279, se podría analizar e interpretar esto como: Que hay más directivos que no producen nada y no le representan nada a la UMNG en términos de ranking, prestigio, ni en las métricas de producción intelectual y científica que posiciona a la UMNG; que docentes que presuntamente le hacen trampa al decreto».

Para los representantes de la unión sindical es importante que el Ministerio de Educación Nacional y al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, por intermedio del Congreso de la República se hagan las modificaciones, para quitarle el control de las universidades públicas a las mafias que las han condenado al atraso y al tercermundismo. Y el llamado también es para que se modifique el decreto 1279 de 2002 y se cierre la puerta a la trampa. 

«Son cientos de docentes que investigan honestamente y satanizar el trabajo de la gran mayoría, por siete docentes en la UMNG que presuntamente se han aprovechado de forma inmoral el sistema de puntos, es algo que no se debe permitir generalizar», concluyen los sindicalistas.

¿Corrupción desde la rectoría?

La corrupción en las universidades públicas no es nueva. Y las denuncias sobre actos de corrupción, generalmente se ventilan cada vez que se acerca un cambio en el rector de turno. Pero luego, una vez surtido el proceso de elección y ya posesionado el nuevo rector, las denuncias caen en el olvido.

Tal ocurrió no hace mucho con el rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD.

Allí, Jaime Alberto Leal Afanador fue reelegido en noviembre del año pasado por sexta vez, como rector de la Unad, para el periodo 2023 – 2027, pese a las denuncias e inconformidades, y aunque el Ministerio de Educación había suspendido el proceso de elección.

La universidad informó que Leal obtuvo ocho votos y una abstención en el Consejo Superior Universitario de la Unad, que contó con participación de la totalidad de los integrantes, y con el acompañamiento de representantes de la Procuraduría General de la Nación, la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Auditora de Transparencia Tecnológica DPHIR SAS.

El rector reelegido, quien lleva 18 años en el cargo, obtuvo 8.732 votos en la consulta pública, en la que participaron 12.662 personas entre estudiantes, docentes y egresados, siendo el candidato más votado, según la Secretaría General de la Unad.

Pero su reelección se dio en medio de varias polémicas en las que no es la primera vez que se ve envuelto. El proceso estuvo en entredicho luego de que en octubre, la edilesa de Usaquén, Lina García, denunciara la corrupción de Leal Afanador. Dice que contrató como directora del Centro de Idiomas de la sede de la Unad en Florida a su sobrina, Daiana López.

 «El rector tiene una red de apoyo significativa, parece que puede pagar favores políticos, él es muy poderoso porque tiene sedes administrativas en todo el país. El rector se ha asegurado de tener consejeros afines y esto lo logra nombrándole familiares en la universidad, por ejemplo, al representante de docentes y administrativos. Les ha nombrado a familiares. A la Decana de educación le tiene contratada a la hija», dijo García a la W Radio.

Ante este hecho, el 18 de octubre Andrés Idárraga Franco, secretario de Transparencia del Gobierno Nacional, informó que recibió “copia de denuncias en Fiscalía General de la Nación y Procuraduría General de la Nación, interpuestas por la edilesa Lina García, contra el rector de la Universidad Unad, Jaime Alberto Leal Afanador, y varios de sus directivos. He solicitado y acordado con el ministro Alejandro Gaviria la suspensión de la elección de rector”.

Pero nada frenó a Leal Afanador. Incluso, ya después de posesionado en marzo pasado anunció que denunciaría a Idarraga Franco por injuria y calumnia.

Lo curioso del caso es que el mencionado rector ha capoteado escándalos por corrupción desde el 2011.

Por ejemplo, durante su quinta candidatura a la reelección en dicha institución, Leal gastó $515 millones de pesos del presupuesto de la Unad, con el pretexto de evaluar la condición regional de la institución y recoger insumos para el plan de desarrollo 2019-2023.

También publicó en el noticiero del portal institucional una noticia en la que la Unad ocupaba el primer lugar en un ranking internacional de “compromiso social”, que nadie nunca encontró, para contrarrestar así la crítica condición de la universidad como una institución de alta cobertura con baja calidad, derivada de las posiciones ocupadas en el MIDE-U del Ministerio de Educación Nacional de Colombia, según las mediciones de los años 2016, 2017 y 2018, en las que ocupó los tres últimos lugares entre las 32 universidades públicas.

En el 2013, más de una década después de haber abierto una sede en Miami (la Florida- EE.UU), la Contraloría General de la República, cuestionó la actuación de las directivas de la institución, así como la inversión de $6.230 millones que realizaron para crear dicha sede en Florida “de naturaleza privada y regida por las leyes y normas de ese país”.

Según la Contraloría, tanto la junta directiva como el rector de la UNAD traspasaron el marco de las limitaciones establecidas. «Teniendo en cuenta que la sede en Florida es una corporación sin ánimo de lucro registrada y domiciliada en los Estados Unidos de Norte América, se evidenció un detrimento por $5.939,93 millones, por desembolsar recursos de la Nación para la creación y el mantenimiento de un tercero particular», señaló el ente de control.

Además de esta inversión, la Contraloría cuestionó el pago con recursos públicos de viáticos y comisiones a Florida para el rector y otros funcionarios, como también a empleados de esa sede, constituyendo un detrimento patrimonial en cuantía superior a los $290 millones.

Luego de esto, en enero del 2019, la Procuraduría General de la Nación, destituyó e inhabilitó por 12 años para ejercer cargos públicos al rector Leal.

Según la Procuraduría, Leal Afanador habría incumplido «el régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses«, porque contrató a Daiana López Leal como directora del Centro de Idiomas, en la sede de La Florida. Según evidenciaron las investigaciones de la entidad, Leal y López tienen parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad, es decir, López contrató a su sobrina.

El material probatorio recolectado por la entidad también evidenció que Afanador solicitó a la junta directiva de la Unad en la florida un auxilio educativo de US$8.427 dólares para Germán Posada Pinzón, hijo de la directora ejecutiva de la Unad.

La conducta del rector fue calificada como una falta gravísima, con culpa gravísima para el primer cargo, y como falta grave con culpa grave para el segundo cargo.

La vicerrectora de relaciones internacionales de la Universidad, Socorro Magdalena Pinzón Pulido, también fue inhabilitada, pues la Procuraduría demostró que «percibió doble remuneración del erario público, al fungir como directora ejecutiva de la Unad en Florida y, a su vez, como encargada de las funciones de vicerrectora de Relaciones Internacionales de la misma universidad«.

No obstante, en octubre del 2020, la Procuraduría, en segunda instancia revocó su propio fallo, y en una nueva decisión decidió absolver a Leal de los cargos disciplinarios que se le habían formulado

En ese fallo, la Procuraduría aseguró que no se estableció con certeza que Leal hubiera tenido conocimiento de la vinculación de una familiar suya, de tercer grado de consanguinidad, en la planta de la Unad, en La Florida, Estados Unidos.  Y que tampoco pudo establecer qué él hubiera hecho parte de un acuerdo con una de sus subalternas para que se diera ese nombramiento.

Así, la Procuraduría concluyó que Leal «no vulneró el régimen de inhabilidades e incompatibilidades«. 

Y no está de más mencionar la batalla que libró Leal con la entonces ministra de Educación Gina Parodi, que al final, ganó el primero porque se quedó en la rectoría.

El origen

Para especialistas en el tema educativo, la probable génesis de toda esta corruptela al interior de las universidades públicas, de la que incluso aprovecharon grupos paramilitares, se intensificaron desde que entró en vigencia la Ley 30 de 1992. Dicha ley introdujo cambios radicales en las relaciones entre el Estado, las instituciones de educación superior y la comunidad académica.

El más importante de estos cambios fue la desregulación por parte del Estado y la pérdida de sus anteriores funciones de control administrativo y académico sobre programas e instituciones; en su reemplazo se adoptaron nuevos criterios y mecanismos de “auto-regulación”, dentro del marco de una mayor autonomía institucional.

Aunque el Estado mantiene funciones en la vigilancia de la calidad y en el fomento de la investigación y la divulgación del conocimiento (artículos 3 y 31 a 33 de la Ley), la responsabilidad por la oferta y calidad de los programas recae ahora sobre cada institución educativa (artículo 28).

De esta manera los organismos estatales que antes ejercitaban el control y formulaban las políticas para el sector, desde entonces solo cumplen funciones de fomento e información, de secretaría técnica del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), y de ejecución de políticas definidas por el gobierno (artículo 37 y Decreto 1211 de 1993).

Así mismo a la Ley 1740 de 2014 se le critica, entre otras, porque  concentra en el Ministerio de Educación Nacional las funciones de fomento y de inspección y vigilancia de la educación superior, al igual  que  garantizar  la  prestación  del  servicio, lo cual, según expertos, le  restan  autonomía  e  independencia  a  la  entidad, pues conlleva una confusión del rol que está asumiendo la entidad como órgano reglamentario y vigilante, es decir hace de juez y parte, lo que evidentemente, evita una regulación y vigilancia efectiva, eficaz e imparcial.

Y ahí, cerca, pero no tanto, las entidades de control y vigilancia como Procuraduría, Contraloría o Fiscalía, poco o nada hacen para hacer un acompañamiento efectivo al Mineducación.

Por eso, lo más seguro es que se seguirán destapando escándalos como los de Leal Afanador, o el de los docentes de la Universidad Militar, mientras la calidad del estudiantado, será inversamente proporcional, a los bolsillos de quienes se aprovechan de los recursos de la educación superior.

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