Todo está dicho y bien claro en el proceso que llevó a cabo la Corte Suprema de Justicia contra el ex senador Eduardo Enrique Pulgar Daza. Se demostró quiénes eran los corruptos y quién el funcionario honesto.
Dos grupos claramente definidos en la reunión que se llevó a cabo frente al entonces Juez Promiscuo de Usiacurí – Atlántico. En del grupo de los delincuentes estaba el senador Eduardo Pulgar Daza y el alcalde de Usiacurí Ronald Emil Padilla, y el el grupo de los funcionarios honestos estaba solo, pero con una actitud valerosa, el juez Andrés Rodríguez Caez.
Por eso la corte suprema de justicia remitió por competencia a la Fiscalía general de la nación el expediente donde fue condenado Eduardo Pulgar Daza, correspondiéndole al fiscal 20 Seccional Atlántico, quien profirió órdenes de policía judicial contra, Ronald Emil Padilla Acuña con el objetivo de definir la su responsabilidad en el presunto delito de Tráfico de influencia de servidor público, por los mismos hechos que fue condenado el ex senador Eduardo Enrique Pulgar Daza.
El caso se conoció con la publicación que hizo el famoso periodista Daniel Coronell. Mediante unos audios reveló el intento de soborno del ex senador, quien pretendió corromper al entonces Juez Promiscuo de Usiacurí – Atlántico, Andrés Rodríguez Caez para favorecer a una familia que pretendía apoderarse de la administración de la Universidad Metropolitana, y en donde el exalcalde Ronald Padilla, participó como intermediario en la conducta antes sancionada por la Corte Suprema de Justicia.
A su vez, la Procuraduría Provincial de Barranquilla informó que en ese órgano de control se tramita una investigación disciplinaria contra Padilla Acuña, la cual se encuentra en etapa probatoria a fin sancionar el exalcalde.
En las grabaciones publicadas por el periodista Coronell queda evidenciado el papel desempeñado por Padilla Acuña, ficha política de Pulgar en ese entramado de corrupción y que continúa haciendo política con el senador condenado por corrupción.
Por ser un hecho público, notorio y comunicacional, según el Código Penal de hallarse culpable el ex alcalde Padilla Acuña, podría pagar una pena privativa de la libertad entre 64 y 144 meses de prisión. Además de ello, la inhabilidad para ejercer cargos públicos por el mismo tiempo; ya que por ser un delito de investigación oficiosa el operador disciplinario (Procuraduría General de la Nación) podría fallar con una sanción similar de drástica
