Desde el pasado domingo se encuentra en Colombia una delegación de la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), para verificar las denuncias sobre violación a los derechos Humanos que se han presentado durante las jornadas de protestas que se iniciaron el 28 de abril en todo el país. 

En un principio, cuando las redes sociales se inundaron de denuncias por el uso excesivo y brutal de las fuerzas policiales contra los manifestantes, el gobierno rechazó de plano la visita de la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) y varios de sus miembros fueron devueltos desde el aeropuerto El Dorado, donde habían desembarcado del avión.

Cuando la vice presidenta Martha Lucía Ramírez estrenó su cargo de canciller del gobierno Duque, viajando a los Estados Unidos, al parecer le cantaron la tabla y le exigieron recibir la CIDH.

La primera reunión que sostuvo la misión fue con entidades del Estado (Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación y Fiscalía General de la República), que estuvo encabezada por la vicepresidenta Martha Lucía Ramírez, donde cada institución entregó una recopilación de los informes sobre la ocurrencia de hechos violatorios durante las manifestaciones, y que incluyeron los que el Gobierno considera actos de vandalismo.   

En la otra orilla, organizaciones sociales y de defensa de los derechos humanos, entregaron un informe a la CIDH donde recogen las diferentes denuncias sobre abusos policiales en medio de las protestas, incluidos homicidios, desapariciones forzadas y ataques a la prensa. 

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Temblores ONG, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) y el Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social (Paiis) entregaron el documento dividido en cuatro capítulos, y en él se presentan las nueve prácticas de violencia policial identificadas hasta el 31 de mayo por las organizaciones, dentro de las que se encuentran el uso de armas de fuego contra manifestantes, armamento de “letalidad reducida” contra el pecho y la cabeza, disparos horizontales con arma ‘Venom’ en lugares residenciales. 

Asimismo, detallan el lanzamiento de lacrimógenos al interior de viviendas, vulneración del principio de publicidad, imposición de medidas paralegales a las personas detenidas por la fuerza pública, violencia sexual, traumas oculares y desaparición forzada durante las protestas. 

“Estas prácticas ponen en evidencia que existe una intención de violentar y castigar a las personas que, en el legítimo ejercicio de su derecho a la protesta pacífica, han salido a las calles a manifestarse. Adicionalmente, estas demuestran que las actuaciones de los miembros de la fuerza pública violan sistemáticamente los protocolos internos de uso de la fuerza, así como los estándares internacionales de protección de los derechos humanos”, puntualizan las organizaciones en el documento. 

Las cifras registradas por las ONG, dan cuenta de que hasta el 31 de mayo de 2021 al menos 3.798 personas han sido víctimas de violencia por parte de la fuerza pública, y documentan al menos 41 homicidios presuntamente cometidos por miembros de la fuerza pública, 1.248 víctimas de violencia física, 65 víctimas de agresiones oculares y 25 víctimas de violencia sexual

Miembros de la Policía retienen por la fuerza a un hombre en medio de los enfrentamientos entre manifestantes e integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), durante una jornada de protestas en el marco del Paro Nacional en Bogotá (Colombia). EFE/Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo 

De igual manera, reportan 187 casos de disparos de arma de fuego, seis víctimas de violencia basada en género, 1.649 detenciones arbitrarias en contra de manifestantes y 705 intervenciones violentas durante las protestas del paro nacional. 

“Hemos registrado también casos de amenazas con desaparición forzada por parte de policías a las personas que son retenidas, complicidad de agentes de la fuerza pública con civiles que disparan armas de fuego, allanamientos y montajes judiciales contra líderes sociales, estudiantiles y juveniles, entre otras prácticas que han dejado un número muy elevado de personas afectadas tanto física como psicológicamente en el contexto del paro nacional”, denunciaron las organizaciones. 

Por último, realizaron una serie de recomendaciones a la CIDH, que se encuentra en el país para verificar las situación de derechos humanos en Colombia y para documentar los casos en los que se han violado durante las jornadas de manifestaciones, como recomendar al Estado de Colombia robustecer las instituciones que tienen a cargo la investigación de estos casos condenados por organizaciones internacionales. 

Defensoría del Pueblo 

Entre los informes que entregaron las entidades del Estado a la Comisión, el que más corrobora las denuncias de las organizaciones defensoras de derechos humanos es el que entregó la Defensoría del Pueblo. 

Los hechos que hizo públicos el defensor Carlos Camargo a la Comisión van desde el 28 de abril hasta el 3 de junio, tiempo durante el cual la entidad recibió 417 quejas por presuntas vulneraciones a los derechos humanos. De estas, “se contabilizan 584 violaciones a los derechos humanos, siendo la más recurrente la vulneración de derecho a la integridad personal, la libertad de reunión, el derecho a la vida, la libertad de circulación, libertad personal, libertad de opinión, expresión y buscar información, debido proceso y garantías judiciales, derecho a una vida libre de violencia contra las mujeres, derechos reconocidos a defensores y presuntos hechos de desaparición”, apunta. 

Para la Defensoría, son 489 personas afectadas entre ellas se encuentran jóvenes, estudiantes, mujeres, defensores de derechos humanos, integrantes de la Fuerza Pública, líderes sociales, menos de edad, sindicalistas, periodistas, campesinos e indígenas. 

De los casos, se presume que el 73% de estos los responsables de las afectaciones a los derechos es la Fuerza Pública, en su mayoría la Policía. 

Los casos más graves son los de presunto homicidio. “45 son reportes provenientes del Valle del Cauca, todos hombres y tres servidores públicos”. En cuanto a las desapariciones, la Defensoría acogió el término “personas sin ubicar” y señaló que les llegó 783 reportes. “Tras un proceso de depuración efectuado sobre 317 reportes, se han entregado a la Mesa Interinstitucional de Coordinación 465 casos, a fin de solicitar la activación del Mecanismo de Búsqueda Urgente”. 

De estos 465, se han localizado a 196 personas, se descartaron 153 casos y otros 91 siguen activos.De la información preliminar enviada por la Fiscalía sobre 101 personas localizadas, se puede concluir que el 64% de las mismas se encontraban en ausencia voluntaria, el 34% habían sido conducidos en el marco del denominado Traslado por Protección, y el 2% capturados para judicialización”. 

En cuanto a las agresiones personales y otras afectaciones de derechos, las denuncias han sido por el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía y el Esmad (puños, patadas, empujones, armas menos letales a corta distancia, entre otras acciones), gases lacrimógenos arrojados dentro de viviendas, la dispersión de manifestaciones` pacíficas, amenazas e intimidaciones y la tolerancia a acciones violentas por parte de terceros. 

Se menciona posibles hechos de privación ilegal y/o arbitraria de la libertad, los cuales en la actualidad son objeto de investigación por parte de la Fiscalía. Al mismo tiempo, resulta preocupante que muchas de las quejas recibidas por la entidad versen sobre actos de abuso que habrían sido cometidos durante el procedimiento denominado jurídicamente como ‘traslado de protección’”
Carlos Camargo
Defensor del Pueblo

Agregó el funcionario: “El traslado por protección sigue siendo, pese a nuestras advertencias y recomendaciones, una medida que se presta para abusos, incluso para fines de judicialización, cuando su objetivo no es otro que proteger a la persona conducida”

En el capítulo sobre violencia de género, la Defensoría manifestó tener conocimiento de 113 hechos de violencia por razón de género. Uno de estos la víctima es una uniformada, los demás son atribuidos a la Policía y el Esmad, en los que en su mayoría ocurrieron precisamente durante el traslado por protección. 

El defensor también abrió espacio para hablar sobre las vulneraciones al trabajo de la prensa. “233 periodistas y medios de comunicación en el cubrimiento del paro han sufrido 201 agresiones”, en los que el principal agresor en la Fuerza Pública. 

De los casos anteriormente expuestos, la Defensoría ha traslado 236 quejas por faltas que constituyen en delitos a la Inspección de la Policía, Procuraduría y Fiscalía. 

#Informar no es delito

Y tampoco dejó de hablar de las víctimas de la Fuerza Pública, de las que se reportan dos policías muertos, 1.240 agentes lesionados y 141 estaciones de Policía afectadas. Le sumó las afectaciones a la infraestructura, siendo el transporte público uno de los sectores más afectados. 

La magnitud de la violencia utilizada no es propia del ejercicio de la manifestación pública y pacífica, ni con la forma en que se habían desarrollado las protestas en años anteriores. Hemos realizado seguimiento a través de nuestra delegada para el Sistema de Alertas Tempranas sobre las posibles infiltraciones a las manifestaciones por parte de Grupos Armados”, dijo sin dar un informe sobre si se encontró o no participación de estos grupos. 

Finalmente aseguró que se han contabilizado más de 3.100 obstrucciones a las vías, las cuales han impedido el paso de elementos médicos y sanitarios, por lo que la institución a mediado en 36 procesos para que se deje circular oxígenos, ambulancias, pacientes, medicamentos, vacunas, jeringas, entre otros elementos. 

Y se revisan por lo menos 497 secciones del Esmad con las que se verificó la debida identificación del personal y los implementos a usar en caso de alteraciones al orden público. 

“La institucionalidad tiene una responsabilidad directa sobre la solución de la situación, pero no podemos olvidar que en estos casos la solución no es simplemente formal o de papel, sino que debe ser profunda y surgir desde la generación y consensos que puedan materializarse”, concluyó el defensor, agradeciendo la presencia de la delegación al país. 

Procuraduría: ¿persecución a la oposición? 

Entre tanto, el informe que entregó la procuradora Margarita Cabello, sobre las actuaciones de este organismo disciplinario, ha sido considerado como la evidencia de una presunta persecución a los funcionarios públicos que de alguna u otra manera han estado al lado de los manifestantes. 

En efecto, la Procuraduría, según el informe, no ha adelantado ninguna indagación contra funcionarios públicos que hayan permitido, por ejemplo, el abuso policial, sino por el contrario se han iniciado procesos contra quienes han estado de una u otra manera, alentando el paro. 

De las 143 actuaciones disciplinarias contra funcionarios de la fuerza pública, con ocasión de sus intervenciones en los actos de protesta (no habla la Procuraduría de abusos policiales), solo hay cuatro investigaciones disciplinarias, y las demás son indagaciones preliminares. 

Hay 8 expedientes contra otros funcionarios públicos, entre ellos una  investigación disciplinaria contra una funcionaria de la Defensoría del Pueblo por presunta obstrucción de procedimiento de policía. Y una indagación al gerente de la ESE Hospital San Joaquín del municipio de Nariño (Antioquia) por manifestaciones públicas contra manifestantes. 

Y lo que más llama la atención son las 20 actuaciones que adelanta la Procuraduría contra funcionarios públicos de elección popular todos de partidos opositores al Gobierno, por el presunto incumplimiento de sus deberes o extralimitación en el ejercicio de sus funciones, con ocasión de la actuación que según la Procuraduría “les es exigible de cara a las actividades de protesta.  

En palabras sencillas la Procuraduría les investiga por de alguna u otra manera “incitar” o permitir las manifestaciones. 

Por ejemplo les abrió procesos a los senadores Wilson Arias y Alexander López, del partido Polo Democrático y a la Representante a la Cámara, María José Pizarro de Colombia Humana. 

También a los alcaldes de Cartagena, Pasto, Cali, Pereira, Neiva, Medellín Villavicencio, Paipa y Zipaquirá y al gobernador del Magdalena. Todos estos mandatarios tienen algo en común: fueron elegidos por partidos contradictores al del Gobierno nacional y han sido desde sus comarcas, fuertes cuestionadores de las políticas que ha adoptado el nivel central. 

Por eso, apenas se conoció la apertura de dichas actuaciones, los referidos entablaron una denuncia ante la CIDH precisamente por persecución política a la oposición, lo cual es considerado violatorio de los derechos humanos en países democráticos. 

Según la Fiscalía los muertos son menos 

Finalmente también se conoció el informe de la Fiscalía General de la nación, que pretende esclarecer los crímenes ocurridos en el marco del paro nacional. 

El informe del ente acusador da cuenta de 21 homicidios cometidos en relación con el paro nacional, 11 casos más en verificación para determinar si tienen relación con el paro y otros 19 que sucedieron durante la jornada de paro, pero no con ocasión de la protesta. 

Entre las personas asesinadas en el marco de las protestas, desde el 28 de abril hasta el 5 de junio, se encuentran Marcelo Agredo, Cristian Alexis Moncayo, Miguel Ángel Pinto, Heinar Alexander Lasso, Edwin Villa,  Yinson Andrés Angulo, Joan Nicolás García, Juan Sebastián Briñez (policía), Jhon Erik Seir Larraondo, Fredy Bermúdez (funcionario del CTI) y Michael Andrés Aranda, quienes perdieron la vida en la capital vallecaucana. 

De los 21 casos enumerados, la Fiscalía aportó información solo sobre cuatro con resultados en la investigación, dos de ellos en poder de la entidad, y dos más en manos de la justicia penal militar, pero con un conflicto de competencias presentado por la Fiscalía. 

Estos casos han dejado tres civiles detenidos por la muerte de un capitán y la captura de cuatro uniformados por la muerte de tres civiles. 

El informe de la Fiscalía también explica la situación de los desaparecidos, que según un primer reporte de la Defensoría, eran 500. Según la Fiscalía, hasta ahora solo se han presentado 3 denuncias formales por el delito de desaparición forzada, dos en Antioquia y una en Valle, y las tres respecto de hombres que fueron reportados como aprehendidos en la vía pública. 

Sin embargo, aunque se ha ubicado a 328 personas, aún hay 91 respecto de las cuales está activado el mecanismo de búsqueda de personas desaparecidas. 

La Fiscalía también reportó 14 casos de violencia contra la mujer en el marco del paro nacional, 13 contra civiles y uno contra una integrante de la policía. En el caso de la joven de 17 años que se suicidó en Popayán luego de, según su denuncia, haber sido abusada, la Fiscalía informó que por este hecho ya está programada una audiencia de imputación contra un miembro del Esmad. 

Finalmente, el ente acusador también reportó a la CIDH la afectación de 38 peajes, la obstrucción de más de 300 vías y 23 casos de misiones médicas afectadas. 

La CIDH visita Colombia con una delegación integrada por la Comisionada Antonia Urrejola; y por los Comisionados Joel Hernández y Stuardo Ralón; con el apoyo de la Secretaria Ejecutiva, Tania Reneaum Panszi; la Secretaria Ejecutiva Adjunta de Monitoreo, Cooperación Técnica y Capacitación, María Claudia Pulido; el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Pedro Vaca; y personas del equipo técnico de la Secretaría Ejecutiva. 

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